En medio de expectativas, esperanzas y también incertidumbres, por la promesa de un gobierno de cambio en favor de los intereses populares, el coronel (r) Lucio Gutiérrez asume el 15 de enero la conducción del Ecuador, un país con problemas internos críticos y, es más, en un contexto internacional poco favorable. Las expectativas y esperanzas de cambio ante todo tienen que ver con los actores y fuerzas que respaldaron electoralmente al nuevo mandatario: su partido político -la Sociedad Patriótica 21 de Enero (SP21E)-, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País -cuya columna vertebral es la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador)- y una amplia gama de organizaciones sociales y políticas. Esta confluencia de fuerzas tiene un denominador común: la participación en la rebelión popular del 21 de enero de 2000, que concluyó con el defenestramiento del entonces presidente Jamil Mahuad -evento que, precisamente, permitió que Gutiérrez adquiera presencia pública en su condición de líder del contingente militar que se sumó a ese levantamiento-, en la cual primó el rechazo generalizado a la corrupción -sobre todo al salvataje bancario-. Diálogo Nacional Las expectativas y esperanzas de cambio también tienen que ver con los procesos nuevos que se están generando, entre los que destaca la participación de la sociedad civil en la construcción de una agenda nueva de gobierno. Esta dinámica arrancó el 8 de noviembre con la conformación de 16 mesas temáticas, coordinadas por la alianza Sociedad Patriótica - Pachakutik, que se han encargado de formular propuestas para los primeros 100 días de gobierno y lineamientos programáticos a ser implementados por las diversas carteras de Estado. A partir de esta primera experiencia, el nuevo gobierno tiene previsto instalar, el 20 de enero, las mesas del "Diálogo y Unidad Nacional" con la participación de unos/as 500 delegados/as de los diversos estamentos de la sociedad para articular consensos sociales, básicamente en torno a la lucha contra la corrupción, la competitividad y la reactivación productiva, la inseguridad, la política internacional y la lucha contra la pobreza y la exclusión. Se trata de "una nueva forma de hacer política de manera participativa", sostiene Augusto Barrera, quien dirigirá la flamante Subsecretaría de Planificación y Diálogo Nacional. Consulta popular En el espacio del Diálogo Nacional, según anticipó el presidente Gutiérrez, también se analizará la convocatoria a consulta popular para, entre otros puntos, reestructurar las funciones Legislativa y Judicial. El tema de la consulta popular se ha constituido en uno de los puntos críticos en la confrontación que tempranamente se ha abierto con los partidos políticos tradicionales, a raíz de la instalación del nuevo parlamento (5 de enero). En éste se impuso una mayoría de oposición, constituida sobre la base de un acuerdo entre el Partido Social Cristiano -PSC- y la Izquierda Democrática -ID-, en alianza con otros partidos, para repartirse dignidades parlamentarias y nominaciones a puestos de control, excluyendo a los partidos de gobierno. Sin embargo, el procedimiento de instalación fue ilegal. De acuerdo con la Constitución, la presidencia del actual Congreso correspondía a un miembro del PSC (por contar con el mayor número de escaños), pero su líder, el ex presidente y diputado recién electo, León Febres Cordero, dispuso que el partido no acepte tal responsabilidad. Para sortear la disposición constitucional, el bloque de mayoría optó por saltarse la nominación de presidente, para designar como primer y segundo vicepresidente a Guillermo Landázuri y Ramiro Rivera, de la Izquierda Democrática y Democracia Popular, respectivamente. A posteriori, ante el rechazo generalizado a tal procedimiento, Landázuri fue principalizado como Presidente. El nuevo mandatario, tras cuestionar la legalidad de la actuación de la mayoría parlamentaria, dejó entender que no juramentaría ante el Congreso, si bien luego aclaró el sentido de su afirmación, y a partir de entonces no ha escatimado ocasión para fustigar a los partidos tradicionales, ratificando a la vez que cumplirá con su promesa de campaña de llamar a una consulta popular sobre algunos temas trascendentales para la refundación del sistema político en la perspectiva de una ampliación y profundización de la democracia. En las esferas oficiales prácticamente se da por descartada la posibilidad de que el parlamento dé su visto bueno a la consulta, por lo que están barajando otras opciones que serán puestas a consideración en las mesas del Diálogo Nacional. El 13 de enero quedó conformado el Gabinete del nuevo gobierno, que incluye a dos indígenas: Nina Pacari como Ministra de Relaciones Exteriores (constituyendo una primicia en América Latina) y Luis Macas como Ministro de Agricultura. En cambio los ministerios de Economía y Comercio Exterior permanecerán en manos de personas vinculadas al sector privado.