A la comunidad nacional e internacional Nosotros, venezolanos, representantes de distintas organizaciones profesionales y técnicas, de la sociedad civil y clase media, atentos a los daños que ha causado a la Nación el paro patronal indefinido convocado por representantes de FEDECAMARAS, CONFEDERACION VENEZOLANA DE TRABAJADORES, Asociación Bancaria, grupos militares golpistas; medios privados de prensa, radio y televisión; gerentes de la Nómina mayor de la industria petrolera nacional; grupos políticos de la sociedad civil, y otros representantes de la Venezuela del pasado, como el único objeto de estrangular la actividad económica y productiva de la Nación, y provocar el derrocamiento de Hugo Chávez Frías, Presidente Constitucional de la Republica Bolivariana de Venezuela. CONSIDERANDO Primero. Que quienes suscriben el presente documento estamos en la obligación de dirigimos a la comunidad nacional e internacional para denunciar nuestra repulsa al vil sabotaje y ola de terror que se esta sintiendo actualmente en la actividad productiva de Venezuela, y especialmente contra la industria petrolera con el objeto de lograr el derrocamiento de Hugo Chávez Frías, y causar danos perversos a un alto costo, no solo a las instituciones oficiales sino también a la Nación en general. Segundo. Que Hugo Rafael Chávez Frías, es el legitimo Presidente Constitucional de la Republica Bolivariana de Venezuela. Tercero. Que la Constitución Bolivariana de Venezuela promulgada en 1999, nació del seno de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue aprobada mediante referendo constituyente por todos los venezolanos, lo cual evidencia un ejemplo de la democracia participativa inédita en América Latina. Cuarto. Que la Constitución Bolivariana de Venezuela prevé la revocabilidad del mandato de los funcionarios públicos elegidos. Ya que en su articulo 72 estipula, que "todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables", transcurrida la mitad del periodo para el cual los funcionarios fueron elegidos. Quinto. Que la revocatoria del mandato al presidente Hugo Chávez Frías, podrá realizarse el próximo mes de agosto del 2003 por medio de un referendo revocatorio, en concordancia a lo establecido en nuestra Carta Magna. Sexto. Que el presidente Chávez ha afirmado públicamente que se someterá a ese instrumento constitucional, y en tal sentido, ha convocado a mediadores internacionales como el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Cesar Gaviria, quien ha insistido en que el mecanismo adecuado para resolver los problemas del país es la vía institucional. Séptimo. Que la aventura golpista que esta en marcha ahora en Venezuela, esta representada por los mismos actores quienes buscan repetir los hechos del fracasado y corto golpe fascista del pasado 11 de abril de este ano, quienes anularon la Constitución Bolivariana de Venezuela; decretaron la eliminación del Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, y el Poder Ciudadano; y además desarrollaron una ola de terror contra ciudadanos inocentes, así como también, ordenaron la persecución y detención de diputados, gobernadores y alcaldes seguidores del gobierno de Hugo Chávez Frías. Octavo. Que los medios de comunicación televisivos, radioeléctricos e impresos solo están sirviendo para desarrollar programas mediáticos que generan confusión y danos a la salud mental (disociación psicótica) y un desencadenamiento de una histeria colectiva en la ciudadanía con la intención de captar mas adeptos para las organizaciones que adversan al gobierno. En consecuencia, invocando a nuestra Suprema Carta Magna, resguardo de los derechos humanos, la consolidación y desarrollo de la paz, la libertad, la justicia social y de la democracia participativa y protagónica reinante en Venezuela. DECLARAMOS: Primero. Que la solución a la inestabilidad y bloqueo económico que acontece actualmente en la Republica Bolivariana de Venezuela, debe buscarse necesariamente en los propios mecanismos institucionales prescritos en el ordenamiento jurídico interno y en la normativa internacional vigente, lo cual garantiza la continuidad constitucional del sistema democrático nacional, regional y continental. Segundo. Que condenamos y rechazamos el mal llamado paro cívico ya que el mismo es un ACTO de TERRORISMO y sabotaje, tipificado mediante las acciones de piratería en barcos petroleros que llevan productos y crudo a los mercados internacionales; la paralización de refinerías, la disminución de suministro de gas a la industria nacional y el cierre de estaciones de llenado de combustible; la semiparalización de la actividad bancaria con miras a desencadenar olas de violencia en los ahorristas y comerciantes. Tercero. Que los hechos de violencia y terror descritos anteriormente no son los instrumentos civilizados para el dialogo y la negociación, ni las armas para dirimir los problemas políticos del país, ya que los mismos solo contribuyen a crear zozobra, angustia e inestabilidad emocional en todos los estratos de la población venezolana. Cuarto. Que la propaganda política adversa al gobierno, impulsada por los medios televisivos, radioeléctricos e impresos viene cargada de mensajes subliminales de terror y angustia que solo sirven para generar daño a la salud de la población; profundizar un clima de intolerancia e irracionalidad en el seno de nuestra sociedad; lograr la búsqueda del pensamiento único en las familias y comunidades; incrementar la desesperación y zozobra en el sector laboral y empresarial de la mediana y pequeña industria y comercio; y promover la siembra de odio y rencor en la población mas vulnerable a sufrir cambios de conducta (niños y jóvenes) para que también estos sean portavoces de lemas que dinamicen los cambios políticos deseados por los adversarios al gobierno. Quinto. Que la gestión y esfuerzo realizado con notable dedicación por el Dr. Cesar Gaviria, Secretario General de la Organización de Estados americanos (OEA), como mediador en los intentos de dialogo y de negociación llevados hasta el presente por las partes en conflicto, conforma una esperanza que permitiría finalmente la aplicación operativa a la Carta Democrática Interamericana. Sexto. Que nos colocamos en disposición incondicional para facilitar las jornadas de dialogo y de concertación en nuestras comunidades a objeto de alcanzar una reconciliación activa, para así transitar ineludiblemente hacia la convivencia productiva y humana de la democracia participativa venezolana. Séptimo. Que exhortamos a los organismos nacionales e internacionales para que condenen el terrorismo y la violencia instaurada por los sectores minoritarios y poderosos de Venezuela; que depongan su actitud golpista y se acojan a lo establecido en nuestra Carta Magna como único medio disponible para dirimir los asuntos políticos de la Nación. De esta manera, toda la comunidad venezolana podrá marchar hacia las conquistas de este proceso; a la instrumentación de un plan económico y social para las mayorías; y una justa distribución de la riqueza para que así podamos vivir en un país donde impere la democracia participativa y reine la justicia y la equidad, por la que siempre hemos anhelado. Octavo. Hacer llegar el presente Acuerdo al Presidente Republica, Presidente y demás miembros de la Asamblea Nacional, Presidente y demás miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Defensor del Pueblo, Fiscal General, Fundación Carter, Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Parlamento Europeo y demás organizaciones no gubernamentales de América Latina, Estados Unidos y Europa vigilantes de los derechos de los pueblos del mundo. En la ciudad de Puerto La Cruz( Venezuela), a los doce días del mes de diciembre del ano dos mil dos. Nombre y Apellido - Profesión u Oficio
Jorge López Palma - Profesor universitario UDO
Soris Moyega - Acive Profesional Administrativo UDO
Ernestina Duque - Docente-Investigadora UDO
Gilberto José López - Docente Investigador UDO
Carmen del Valle López - Ama de Casa
Ramón Yánez - Arquitecto
Júpiter Figuera Yibirin - Profesor Universitario UDO
Eudes Vera Tovar - Profesor Universitario UDO (J) Rodolfo Magallanes
Instituto de Estudios Políticos
Universidad Central de Venezuela