El Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto promovido por Estados Unidos desde la Cumbre de Miami de l994, constituye el más reciente capítulo de la doctrina panamericana preconizada por Washington desde los tiempos de James Monroe. En la pos-Guerra Fría, la necesidad estratégica estadounidense de conformar su propio bloque económico (el "área americana") como soporte de su hegemonía político- militar mundial explican el interés de la Casa Blanca por impulsar ese plan unionista. El gobierno de George W. Bush le ha conferido un impulso fundamental al proyecto con la reciente aprobación por el Congreso del texto denominado Autoridad para la Promoción Comercial (TPA o "vía rápida"), ley que le faculta a negociar acuerdos comerciales bilaterales sin el requisito anterior de la mediación parlamentaria. ¿Qué hay detrás de la urgencia de Bush para que el acuerdo integracionista opere a plenitud a partir del cercano 2005? Al parecer, las tres razones siguientes: enjugar la recesión estadounidense, contener la influencia europea en la región y neutralizar políticas proteccionistas al sur del Río Grande y, finalmente, camuflar en las negociaciones económicas el remozado intervencionismo militar norteamericano. Desglosemos estos factores. El auge de la economía norteamericana durante la era Clinton –el más importante en la posguerra después del "boom" Kennedy-Johnson- colapsó a fines del 2000, envuelto en la debacle de la Nueva Economía. Esta inflexión del ciclo económico norteamericano estuvo signada no solo por la caída de las inversiones sino también por un espectacular descenso de las exportaciones, tendencia que se agudizó en el 200l. En el segundo trimestre de este último año –poco antes del ll-S- las ventas externas de Estados Unidos cayeron el l2%, lo que determinó que la administración republicana enfatizara en la conveniencia de acelerar la conquista de nichos comerciales en América Latina y el Caribe. El segundo motivo tiene que ver con el hecho de que Washington y las corporaciones de EE. UU. no se encontraban precisamente felices con los acuerdos comerciales suscritos por los europeos en el marco de las cumbres iberoamericanas. Igualmente les incomoda una eventual consolidación del MERCOSUR, proyecto de integración que reivindica principios de proteccionismo comercial y financiero. Para desalojar a los intrusos y para que el libre mercado funcione conforme a las prescripciones de Washington, nada mejor que presionar por el ALCA, cuyas bondades para Estados Unidos han sido ampliamente demostradas por el Tratado de Libre Comercio (TLC), convenio en el cual se inspira el instrumento en ciernes. Finalmente, las razones político-militares no son extrañas a la propuesta washingtoniana. El investigador argentino Claudio Katz las expone de modo convincente: "Desde hace varios años una escalada de rebeliones populares conmueve a muchos países de América Latina. Estos movimientos acentúan la erosión de distintos sistemas políticos, que han perdido legitimidad por su incapacidad para satisfacer los reclamos populares. El descreimiento en los regímenes vigentes precipita la interrupción de mandatos (Perú), la disgregación de gobiernos (Ecuador), el colapso de estados (Colombia) y la desintegración de partidos tradicionales (Venezuela, México). A través del ALCA se intenta reforzar la intervención militar encubierta de Estados Unidos en Colombia, el rearme regional asociado a 'lucha contra el narcotráfico', los ejercicios bélicos tipo Vieques y la presión diplomática para alinear a los gobiernos latinoamericanos en sanciones contra los países demonizados por la Casa Blanca". En esta vertiente habría que inscribir las presiones del Departamento de Estado para que algunos países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, confieran patente de corso frente a la Corte Penal Internacional a tropas y funcionarios estadounidenses por crímenes de guerra que pudieran cometer en estos territorios. * René Báez Tobar, Facultad de Economía de la PUCE