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Los pueblos indígenas y el desarrollo sustentable Nosotros, los pueblos indígenas, hemos contribuido en la conservación de los recursos naturales de México a través de diferentes prácticas de uso y manejo tradicional. Estas prácticas se sustentan en el conocimiento que sobre el ambiente tenemos y forman parte de nuestras culturas. Mismas que incluyen tanto nuestras formas de organización como la concepción integral del ambiente y la economía basada en el intercambio equitativo. Nosotros entendemos el desarrollo sustentable como la forma práctica de armonizar las actividades sociales, económicas, políticas y culturales con el respeto a los ciclos naturales para asegurar la calidad de vida presente y futura. Consideramos que para lograr el pleno establecimiento del desarrollo sustentable se requiere de una serie de condiciones que incluyen: 1. El reconocimiento constitucional de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. 2. La reforma de las instituciones, de manera que los pueblos indígenas participen activamente en todos las áreas que impliquen la toma de decisiones que nos afecten o en que podamos incidir. 3. Las políticas públicas, así como las reformas institucionales y constitucionales relacionadas con los pueblos indígenas, deberán realizarse con base en la consulta y la amplia participación de nosotros. Dicha consulta deberá elaborarse, instrumentarse y sistematizarse con la colaboración de los pueblos indígenas. 4. Las políticas públicas deberán evitar el deterioro y la perdida de la biodiversidad y las culturas asociadas. 5. Debido a que los pueblos indígenas representamos una población de más del 15 % de la registrada en México, se debe asignar el 15 % del PIB para promover nuestro desarrollo integral. Esta asignación se justifica además por la deuda histórica que el Estado nacional tiene con nuestros pueblos. 6. Se debe asegurar un pago económico a los pueblos indígenas por los servicios ambientales que prestan a particulares, municipios, estados o regiones, gobierno federal y países. 7. Se deben rescatar y fomentar las tecnologías tradicionales y aquellas que son amigables con el ambiente natural y que contribuyen en su preservación. Después de 10 años de que el gobierno mexicano se comprometió a implementar el desarrollo sustentable, no es posible constatar que se haya avanzado en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos indígenas y mucho menos en la preservación del ambiente. En este sentido, el Estado mexicano ha incumplido en lo general, los compromisos internaciones relacionados con el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas, establecidos en múltiples documentos como el convenio 169 de la OIT, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Agenda 21, entre otros. Los pueblos indígenas nos manifestamos por la paz, la justicia, la equidad, el respeto y por el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos a nivel nacional e internacional. Así mismo, manifestamos nuestra preocupación por el deterioro que ha ocasionado el proceso de globalización sobre la diversidad biológica y las culturas asociadas. Mesa 2
Importancia del conocimiento tradicional A partir de la Cumbre Mundial de Río de Janeiro en Junio de 1992, se derivan unas serie de acuerdos y compromisos de los Estados nacionales, instrumentados en Convenios, Convenciones y Tratados Internacionales, entre ellos el Convenio de la Diversidad Biológica, la Agenda 21, y en los antecedentes reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entre estos acuerdos figura la importancia del conocimiento tradicional de nuestros pueblos indígenas, en especial en el artículo 8 (j) del Convenio de Diversidad Biológica. Al abordar este tema, se plantearon principalmente estas interrogantes: ¿Cuál es la importancia para nuestros pueblos indígenas del conocimiento tradicional? y ¿Cómo incorporarlo por su importancia a las discusiones en la Cumbre Mundial en Johannesburgo, para que los Estados asuman su reconocimiento y compromisos jurídicos y de políticas públicas?. Al respecto, el pleno llegó a las siguientes observaciones y aportaciones: - El conocimiento tradicional ha sido subvalorado y poco apoyado para su continuidad por parte de las instituciones responsables. Además, las políticas indigenistas han propiciado en el tiempo su lenta desaparición. Sin embargo, es el reconocimiento y el valor comercial que le han dado las empresas trasnacionales y particulares lo que ha motivado su importancia, pero esto ha llevado a la bioprospección y la biopiratería. - El conocimiento tradicional no solo incluye el tratamiento y el conocimiento de la medicina tradicional a través de las propiedades curativas de la tierra, agua, flora y fauna, sino también lo espiritual y el manejo integral de los recursos naturales; conocimientos heredados de generación en generación, concebido también como sabiduría indígena, y por lo tanto sagrado. - El conocimiento tradicional lo entendemos como un conocimiento colectivo, por lo tanto el derecho a su uso y usufructuó lo reservamos a la decisión de los pueblos indígenas. - Una forma de preservar y rescatar una gran parte de nuestro conocimiento tradicional es demandar la devolución a los pueblos indígenas de sus códices y objetos sagrados que se encuentran dentro y fuera del país. - El conocimiento tradicional no solo debe reconocerse como un elemento de utilidad, sino como elemento de conservación de los recursos naturales; además de tener implicaciones mas allá de lo técnico y científico. - El CDB, como instrumento internacional, debe servir como instrumento a través del cual se debe reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y no solo como partes interesadas, porque los pueblos indígenas somos los titulares y garantes de la conservación de la biodiversidad que existe en nuestros territorios. En este contexto, deben surgir regímenes alternos que obedezcan a las necesidades y particularidades sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas. - Se propone revisar las experiencias de otros países donde ha habido avances y reconocimientos legislativos del conocimiento tradicional como los casos de Perú y Bolivia. - La medicina tradicional, como expresión del conocimiento tradicional, es parte del conocimiento pedagógico comunitario además de ser la alternativa de la medicina alópata. - El conocimiento tradicional es transversal, puesto que incide en la salud, la educación, el arte, la cultura, formas de gobierno; por lo tanto, debe de otorgársele un reconocimiento oficial y un tratamiento integral en las políticas públicas de los países. - Las propuestas para incorporar derechos sobre el conocimiento tradicional en las Legislaciones, debe darse el trato adecuado, sobre todo cuando se habla de consulta y de distribución de beneficios. ¿A quiénes y cómo se consulta? y ¿A quiénes y cómo se distribuyen equitativamente los beneficios?. También se llegó al siguiente consenso: - Demandar el cumplimiento y plena vigencia de los convenios y tratados internacionales hasta hoy firmados por el Gobierno de México. - Exigir en las instancias y espacios internacionales participación equitativa de los representantes de los pueblos indígenas. - Se demanda que se detengan las iniciativas de investigación sobre Recursos Genéticos, en tanto no se consulte a los Pueblos y no se tenga la información sobre estos fines, porque detrás de ellos traen la Bioprospección y Biopirateria del conocimiento tradicional y de los recursos naturales. - Demandar se etiqueten por parte de las instancias internacionales y nacionales recursos financieros para los Proyectos de Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, y éstos se canalicen directamente sin la intermediación de los Estados y ONG´s. Se hace una evaluación general, que tal vez lo aquí aportado pudiera ser mas completo con la participación de expertos indígenas (médicos, parteros y curanderos tradicionales),así como los ancianos de nuestros pueblos. Mesa 3
Agenda 21 y los pueblos indígenas La agenda 21 se circunscribe junto a la declaración de río como programa de acción para hacer frente a las principales problemáticas ambientales y en general para la promoción del desarrollo sustentable. En México la aplicación de la agenda 21 a nivel local y en especifico en los territorios de los pueblos indígenas ha sido rara o casi nula. Si bien el gobierno mexicano ha ratificado tratados y convenios internacionales es necesario mencionar que éstos son no vinculantes, lo que significa que no necesariamente son obligatoriamente ejecutables y puestos en práctica por el gobierno, sino mas bien queda a su consideración y libertad. Esto no quiere decir, que no tenga compromiso para responder a su aplicabilidad. El principio 22 de la Declaración de Río: "Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y practicas tradicionales. Los Estados deberían de conocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible". La posición de los pueblos indígenas de México, en un contexto general, es que no existen suficientes medios de difusión de la agenda 21, sobre todo en las áreas naturales protegidas de México. En las ANP hay saqueo de flora, fauna de vida silvestre y de suelos. Ejemplos: el Parque Nacional Miguel Hidalgo conocido como La Marquesa, la Reserva de la Biosfera de Kalakmul y la Selva Lacandona presentan grave deterioro y baja participación interinstitucional y de comuneros y ejidatarios pertenecientes a pueblos indígenas que viven dentro de estas áreas. La Selva Lacandona, patrimonio de la humanidad, se ha visto reducida en casi 50% de su superficie original. Se nota claramente que las autoridades no han aplicado debidamente la impartición de justicia ambiental. Por ello, se hace necesario cumplir con los compromisos internacionales ratificados por el gobierno mexicano. Se ha considerado que la relación entre ONG´s y los pueblos indígenas, no es garantía para el desarrollo pleno de nuestros pueblos, puesto que muchas de esas organizaciones responden a meros intereses económicos como su modus vivendus. Por lo tanto, se requieren de mecanismos que aseguren el desarrollo de los pueblos y las comunidades a través de financiamiento directo. Se asegura que es necesaria la unidad de las organizaciones y las comunidades indígenas. Por lo tanto, urge articular acuerdos entre los pueblos indígenas y mas tarde con el gobierno federal y locales para cumplir plenamente con los convenios y tratados internacionales. Por ejemplo, se proponen trabajar conjuntamente con el gobierno y la sociedad civil para cumplir con los programas de la agenda 21. La gente de los pueblos indígenas a nivel local y regional desconoce del instrumento de la agenda 21. Por ello, se plantea exigir que los gobiernos cumplan con la difusión y aplicación de los convenios y tratados internacionales. Las instancias nacionales como el INI, la Oficina de Representación de la Presidencia para el Desarrollo de los Pueblos indígenas, INAH, SEMARNAT, CONANP, INE, SAGARPA, y otras no han respondido a las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas. Estas instancias no tienen calidad moral para hablar en nombre de nuestros pueblos. Los proyectos en general, impuestos y ejecutados en territorio de pueblos indígenas traen conflictos sociales, ambientales y económicos. Por lo anterior, se llego al acuerdo que la difusión de la agenda 21 ha sido casi nula. Las comunidades que viven dentro de las ANP, no están enteradas por lo tanto no comparten ni beneficio ni responsabilidades. Por ello, se solicita al gobierno federal hacer parte a los pueblos indígenas en las políticas de participación social. Recomendamos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAT, realice foros para enterar a las comunidades que viven dentro de un ANP y se cumpla con la Agenda 21. En materia de transferencia de tecnología no existe una transferencia de ésta que sea amigable con el medio ambiente. Por lo que pedimos que se transfiera y se promueva tecnologías limpias, amigables con el ambiente. Referente al consentimiento fundamentado previo, hay escasa información acerca de los proyectos que se ejecutan en las comunidades. Tales son los casos Plan Puebla Panamá,, ICBG- MAYA, Tollocan Mexiquense, entre otros. En cuanto a la distribución de beneficios, éstos no existen para las comunidades y pueblos indígenas. Contradictoriamente, sólo se administra miseria dentro de altas zonas con riqueza de biodiversidad. Es decir, en los territorios de mayor riqueza natural en donde habitan los pueblos indígenas existe la mayor pobreza extrema. Esta situación debe cambiar. Para la ejecución de la Agenda 21, estamos de acuerdo en que se realicen en nuestros territorios, los siguientes medios de ejecución: A) Financiación y evaluación de los costos. Se hizo un estimado de tres millones de dólares a titulo de donación en condiciones de favor, estos datos son meras estimaciones que tendrían que ser afinadas por cada uno de los estados participantes B) Mecanismos jurídicos y administrativos. Los gobiernos y colaboración con las poblaciones indígenas afectadas, deberían incorporar los derechos y responsabilidades de las poblaciones indígenas y sus comunidades a la legislación de cada país. C) Desarrollo de los recursos humanos. Los organismos de desarrollo internacional y los gobiernos deberían destinar recursos financieros y de otra índole a la educación y la capacitación de las poblaciones indígenas y sus comunidades para que pudieran lograr su desarrollo autónomo sostenible. Reconociendo que los pueblos indígenas somos sociedades holísticas, se necesita un nuevo dialogo y acuerdo institucional, fundado en la cooperación internacional. Se ha llegado a la conclusión que en materia de desarrollo sustentable y la aplicación de la agenda 21 hay un atraso de 10 años. Y aunque debemos de asumir la responsabilidad completa porque estamos preocupados por la tierra los gobiernos deben reconocer la participación plena de los pueblos indígenas y nuestro derecho a la libre determinación. Por último, exigimos el cumplimiento por parte de los Estados nacionales y en especial de los países desarrollados, de los tratados y convenios internacionales como el Protocolo de Kyoto, el CDB y otros que tienen que ver con la biodiversidad, su conservación y uso alternativo. Asimismo se dote con recursos económicos suficientes para resarcir el daño que se han causado a la biodiversidad y a nuestra Madre Tierra. Toluca, México. Sábado, 27 de julio de 2002.