Ya que está de moda hablar de obispos, hablemos, pero de los canadienses. Porque la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá, mediante su Oficina de Asuntos Sociales, ha publicado un excelente documento sobre el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Su título entraña ya una toma de posición bien clara: Vendiendo el futuro: una reflexión sobre la relación entre inversionistas y Estado en el TLCAN y su expansión al resto de América Latina. El Episcopado canadiense sostiene una larga tradición de vigilancia y de opinión crítica sobre problemas sociales y económicos. Con energía puso en tela de juicio desde 1987 el Acuerdo de Libre Comercio entre su país y Estados Unidos; cuestionaron duramente el Acuerdo Multilateral de Inversiones, abortado en 1998, y apoyaron la reunión de la sociedad civil celebrada paralelamente a la Cumbre de las Américas en Québec, en abril del año pasado. La preocupación central de los obispos en este documento es "(dentro de los acuerdos de libre comercio) la capacidad de las compañías privadas de poner demandas a los estados en el contexto de aparentes pérdidas de ganancias. Estas demandas o reclamaciones afectan en primer lugar la condición soberana de los estados; en segundo la capacidad de proteger legalmente el ambiente y, por último, la participación democrática del pueblo en su futuro gobierno". El documento hace una evaluación sumaria de los efectos del TLCAN, considerando que el ALCA sólo pretende una expansión del mismo. A pesar de cierto crecimiento de la economía y del comercio en los tres países socios, se da en ellos un distanciamiento creciente entre los ricos y los pobres, un aumento de las dificultades e incertidumbres para las mayorías, "mientras que un número cada vez menor de inversionistas, ejecutivos y profesionistas se vuelve cada vez más rico". Dan algunas cifras: en los siete años del TLCAN, Canadá vio disminuir de 3.8 a 3.1 por ciento los ingresos del 20 por ciento más pobre de su población, en tanto que el 20 por ciento más rico vio incrementarse sus ingresos de 41.9 a 45.2 por ciento. En ese mismo lapso en Estados Unidos se eliminaron 760 mil oportunidades de empleo. Y en México, durante los años noventa el poder adquisitivo del salario mínimo se redujo casi a la mitad. Reseñan las 15 demandas que diversas corporaciones han presentado en el contexto del TLCAN para atacar la capacidad de los gobiernos de producir orientaciones políticas y salvaguardar la soberanía nacional, en particular en lo referente a la protección ambiental. Un ejemplo, el pleito de la trasnacional Metalclad contra el gobierno de México por casi 17 millones de dólares por la planta de tratamiento de desechos tóxicos en Guadalcázar, San Luis Potosí. Para los obispos canadienses, el ALCA es "el tratado de comercio y de inversión más arrollador de la historia". Las negociaciones del mismo se han hecho excluyendo del debate a la ciudadanía y a los grupos populares. Se trata de dar libre flujo por todo el hemisferio a los capitales, pero de ninguna manera a la fuerza de trabajo. Y lo más preocupante: hay serios indicios de que dentro de él "lo comercial y la inversión podrían desligarse de cualquier forma de control ciudadano y de la autoridad de los gobiernos", como expresa el capítulo 11 del TLCAN. El objetivo de éste es "limitar la capacidad del gobierno de proteger el ambiente, la salud y otros valores públicos frente a los intereses comerciales". Certeramente apunta el documento que los tratados comerciales deben asegurar el respeto a los derechos humanos básicos, los derechos laborales, el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas "como han sido definidos por protocolos internacionales (y que) tienen precedencia sobre los derechos de los inversionistas". Insisten en que las negociaciones del ALCA se hagan con transparencia y con la participación de los ciudadanos y sus líderes para que enfrenten el impacto social y ecológico. Terminan diciendo que "en lugar de extender las fallas del TLCAN a todas las Américas, los líderes deberían sentarse a diseñar un modelo de integración económica que trabaje en beneficio del mundo laboral del continente". Los obispos canadienses sacan la cara por la soberanía nacional, por los derechos civiles y sociales, por un desarrollo "que respete la dignidad de los individuos y comunidades". ¿Les harán caso nuestros católicos gobernantes? Aunque no les besen el anillo.