El gobierno de Eduardo Duhalde parece decidido a frenar en seco la protesta social que desde hace seis meses jaquea a su gobierno, aún a costa de despertar viejos fantasmas y generar una escalada que puede contribuir al ascenso de sectores todavía más autoritarios. Es imposible condenar a la mitad de la población al hambre y a la vez mantener en pie un sistema de libertades democráticas. Más difícil aún cuando se trata de una población que hasta no hace mucho tiempo vivió en un país industrializado, con amplio acceso a la salud y la educación, que conquistó derechos ciudadanos de organización y libre expresión, y que puso en pie una sociedad civil amplia, diversa y heterogénea. Desarmar todo ese andamiaje social sólo puede hacerse a costa de un desaguisado mucho mayor que el perpetrado por la última dictadura. O, dicho de otro modo, si el genocidio de los militares encabezados por el general Jorge Rafael Videla no pudo desarticular el tejido social -en vías de reconstrucción en la última década y media-, sólo cabe rendirse a la evidencia o insistir con el remedio. La primera opción supone dar un vuelco a la política económica y social que se viene implementando desde 1975, que llevaría a romper con los organismos financieros internacionales y vivir con lo puesto; la segunda es mucho más dramática: reiterar la receta, pero en dosis infinatamente mayores, en vista del escaso resultado conseguido. O sea, preparar una represión mucho más amplia que la ensayada entre 1975 y 1983. Carlos Ruckauf, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno presidido por Eduardo Duhalde, la tiene clara. Una semana atrás, ante un auditorio de oficiales de la fuerza aérea puso en negro sobre blanco su pensamiento. Dijo sentirse orgulloso de haber firmado en 1975, como ministro de Trabajo de Isabel Perón, el decreto que ordenaba la "aniquilación" del terrorismo. Y agregó -este es el dato esencial-, que volvería a hacerlo "sin vacilar", en vistas de que se avecinan "tiempos difíciles" y que tanto la policía como la Gendarmería se verán "desbordadas" por las protestas sociales en curso que pueden desembocar en un estallido social. Tanto más grave que las declaraciones de ese funcionario, es que ningún otro del gobierno de Duhalde, ni el mismo presidente, haya salido a desautorizarlo. Y peor aún, otros varios, entre ellos el comandante en jefe del ejército, coincidieron con el punto de vista expresado por Ruckauf. Volver a los setenta Parece claro, entonces, que no se trató de un caso aislado. Ruckauf no es un recién llegado y representa el estado de ánimo de una parte de la dirigencia política y empresarial argentina y de un sector del gobierno de George W Bush. El ministro se ufana de las excelentes relaciones que mantiene con el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell. Vale la pena recalcar que ideas como las del canciller argentino son defendidas, por ejemplo, por el ex ministro de Defensa y brevísimo ministro de Economía Ricardo López Murphy, un hombre con sólidos vínculos en el mundo empresarial trasnacional y financiero, pero también con empresarios y militares locales. En precampaña electoral, López Murphy defiende, nada menos, que una "reforma estructural del Estado" para darle más atribuciones a las "fuerzas de seguridad y a los organismos de inteligencia". Carlos Menem, por su parte, en plena luna de miel con Washington, no oculta ni sus objetivos de retornar al poder ni sus planes represivos. Hace pocos días sentenció que la calle está tomada por "marxistas" y agitadores, adelantando lo que puede esperar si llegara a retomar las riendas del poder. Sin embargo, los "tiempos difíciles" que los defensores de una salida represiva defienden, en nada se parecen a la situación que llevó al golpe de Estado de 1976. En aquellos años, recuérdese, se argumentó que la intervención de las fuerzas armadas era necesaria para combatir a la guerrilla que amenazaba con destruir la convivencia entre los argentinos y hasta ponía en peligro la existencia de la nación. Ahora, se habla de un posible estallido social, del "desborde" que provocaría la presencia permanente de piqueteros y asambleistas en las calles. En suma, la célebre "teoría de los dos demonios", la que suponía que había una guerra entre dos ejércitos, era apenas un mal argumento. ¿O era sólo un argumento? El hecho de que siete de cada diez desaparecidos fueran sindicalistas y no guerrilleros, desmiente la tesis oficial de que el golpe y la brutal represión se dieron para frenar a la subversión. El argumento es tan débil como el de quienes quieren ver en los piqueteros, o en cualquier otro movimiento social, un factor desestabilizador. Un país que condenó a 14 millones de personas, de un total de 36 millones, a una situación de pobreza extrema, sabe que no puede apelar a ninguna legitimidad política. Sobre todo, si esos millones eran antes ciudadanos y se los condena ahora al papel de marginados. Represión anunciada Los dos muertos, los sesenta heridos -muchos de ellos de bala- y los 160 detenidos que provocó la indiscriminada represión en el puente Pueyrredón, fueron largamente preparados durante por lo menos una semana, desde el mismísimo gobierno. Son varias las fuentes. El periodista Miguel Bonasso escribió en Página 12 que se preparaba una violenta represión contra los piqueteros en el puente Pueyrredón, uno de los accesos de la zona sur a la Capital Federal. La filtración provenía de un magistrado que lo había escuchado de boca de funcionarios policiales, quienes aseguraban que ese día iban "a meter bala". El dirigente piquetero de La Matanza, en el Gran Buenos Aires, Luis D´Elía, también supo que se descargaría una dura represión sobre los que cortatan el puente. No era ningún secreto. Pero Duhalde había hecho su apuesta: si los piqueteros salían a la ruta, lloverían balas, lo que significaba una dura advertencia hacia el resto de los protestones; si los amedrentaba y desistían, conseguía bajarle el pico a la protesta. En cualquiera de los casos sería un triunfo político, ya que "las cosas no pueden seguir así". La forma como se implementó la represión, habla por sí sola acerca de la voluntad expresa de aniquilar a los piqueteros. La policía no se limitó a despejar el puente y disolver a los 3.000 manifestantes. La mayoría de los heridos se produjeron a varias cuadras del foco del enfrentamiento, los muertos en la estación ferroviaria, a cientos de metros del puente. Además, la policía allanó la sede de Izquierda Unida, un partido del arco parlamentario, tirando la puerta abajo a patadas; policía federales ingresaron en territorio de la Capital, cosa que tienen prohibida y, lo más grave, ingresaron a los golpes al Hospital Fiorito, donde se atendía a los heridos, donde secuestraron a varias personas y se llevaron ropas ensangrentadas que podían utilizarse como prueba en su contra. Puede preguntarse -como han hecho algunos periodistas, varios políticos de la oposición y todo el gobierno- por qué los piqueteros insistieron en realizar una acción como el corte de un puente "estratégico" pese a todas las advertencias recibidas. Las respuestas son múltiples. Ese mismo puente había sido cortado en varias ocasiones, desde hace varios años, por los mismos grupos. El año pasado, un piquete de casi una semana en el puente Pueyrredón se había saldado con la entrega de cientos de planes Trabajar por parte del gobierno de Fernando de la Rúa. En suma, el corte en ese lugar no era ninguna novedad. Represión sistémica Por otro lado, las organizaciones de desocupados de la zona sur están integradas en su inmensa mayoría por jóvenes de menos de 25 años. Ese sector de la sociedad que no tiene la menor posibilidad de conseguir un trabajo digno, ni siquiera uno mal remunerado, los "cabecitas negras" que sobreviven en asentamientos precarios, en zonas en las que los niños se alimentan con sapos y carne de caballo, según un informe publicado por Página 12 hace una semana. Esos jóvenes no sólo no tienen futuro, tampoco tienen presente, no existen en los planes oficiales y, para colmo, los subsidios suelen serles negados si no son jefes o jefas de hogar. Son carne de "gatillo fácil", una modalidad que en los últimos años se cobra un promedio de casi una víctima por semana. Los datos recogidos por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) son escalofriantes. Los abogados de la institución (www.derechos.org/correpi) han hecho un minucioso seguimiento de los casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, desde 1983 hasta noviembre de 1998. Los casos relevados excluyen los enfrentamientos reales y se concentran en fusilamientos enmascarados, tortura seguida de muerte, desapariciones y muertes de terceros causadas por la policía en enfrentamientos. En 15 años fueron 470 homicidios policiales. Un promedio de 31 por año, 2,6 por mes hasta 1997. Dos datos a retener: en 1998, cuando comenzó la actual oleada de protestas sociales, los homicidios policiales ascendieron a 39; del total, el 47 por ciento se produjo en la provincia de Buenos Aires, que reúne sólo al 25 por ciento de la población del país. La cifra debe haber trepado en los años siguientes, para los que no existe relevamiento. Sólo el 19 y el 20 de diciembre de 2001 se registraron 32 muertos por la policía en todo el país. Cuando era gobernador de la provincia, el actual presidente consideraba a su policía como "la mejor del mundo". Quizá haya querido decir, "la más asesina y corrupta del mundo", como señalaron periodistas y organismos defensores de los derechos humanos. Esos jóvenes fueron los que protagonizaron los enfrentamientos del 20 de diciembre en las inmediaciones de plaza de Mayo. Y muchos de ellos estuvieron el miércoles 25 en el puente Pueyrredón, enfrentando a la policía, ostentando palos, con las caras cubiertas, en un mano a mano en el que siempre salen perdiendo. Como en las entradas de las discotecas y los recitales, en las canchas de fútbol los domingos, en las barras que se juntan en las esquinas de sus barrios, todos los días. "Quién va a tener el coraje de decirles que sean prudentes? Que no se "regalen" ante una policía homicida (¿etnocida?). Ellos saben, y nadie en su sano juicio puede desmentirlos, que son muertos en vida, que este sistema de acumulación decretó su desaparición de cualquier ciudadanía el mismo día de su nacimiento. Viraje improbable El jueves 27, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) realizaron un paro general en rechazo a la represión. A grandes rasgos, el movimiento social, y muy en particular el piquetero, está dividido en dos grandes vertientes: una mayoritaria que fue reconocida por el gobierno como interlocutor, pero que mantienen fuertes discrepancias sobre la forma como se están implementando los planes de empleo, y otra que descarta la negociación. Esta última tiene a su vez dos vertientes: la vinculada a los partidos de izquierda y la independiente, que es la mayoritaria en la zona sur, en Quilmes y Lanús en particular, articulada en torno a la Coordinadora Aníbal Verón. Se trata del más independiente y menos previsible del universo piquetero, cuyos orígenes habría que rastrear en comunidades eclesiales de base de la zona de Quilmes que trabajan en proyectos productivos y de servicios comunitarios. Contra este sector, donde se aglutinan gran cantidad de jóvenes, es que se enfiló el gobierno duhaldista. La violenta represión fue una forma de advertir y atemorizar al universo piquetero, pero sobre todo al movimiento de asambleas barriales, de qué les espera si persisten en seguir ocupando la calle. Coincidentemente, hace dos domingos la prensa informó sobre la amenaza de autoacuartelamiento de la Armada en caso de que el Senado no aprobara el ascenso de un oficial acusado por su participación en la represión en la Escuela de Mecánica de la Armada, centro de detención, tortura y desapariciones durante la dictadura. Sin embargo, pese a las amenazas, parece improbable que se esté a las vísperas de un golpe de Estado. Sería un pésimo negocio para los militares que, además, podría redundar en divisiones internas agudas. El escenario más probable parece consistir en un endurecimiento de la actividad de las fuerzas represivas, esperando frenar la protesta masiva a la espera de que vengan tiempos mejores. Ese plan cuenta a su favor con las divisiones en el movimiento social, el cansancio después de meses de una escalada de protestas -más de 500 cortes de ruta en mayo, dos mil caceroleos desde diciembre- y la creciente pauperización que desgasta la protesta. Pero también es posible que las cosas no queden allí. Un análisis editorial del diario La Nación, del jueves 27, oscila entre considerar que el movimiento piquetero "no existiría sin un contexto socioeconómico como el de los últimos años" a emparentar los cortes de ruta con "la subversión de los años ´70". En lo fundamental, el diario erigido en portavoz de las elites empresariales y políticas, señala: "Más que una manifestación de la crisis social, el movimiento piquetero es una manifestación fronteriza -y por cierto violenta e inaceptable- de la política". Con lógica implacable, nadie se hace cargo de las consecuencias de una política económica que ha provocado, en el país que fue granero del mundo, que un 40 por ciento de la población pase hambre. Siempre que se encara este debate, los responsables de turno hacen vagas referencias a "los mercados", a lógicas económicas que parecen leyes -o castigos- divinos caídos del cielo, a los que no hay más remedio que aceptar con resignación. Parece, por el contrario, hora de quitarle el velo casi místico a la economía, por lo menos a esa pesudociencia que sirve de excusa para los exabruptos que se sufren en este continente. Un intelectual brasileño, Walter Porto Gonçalves, amigo y colaborador de Chico Mendes, puso el dedo en la llaga en su reciente libro Geo-grafías: "La lógica económica -dice parafraseando a Clausewitz- es la lógica de la guerra por otros medios". La política, y los políticos, parecen destinados a servir esa lógica económico-militar.