Evaluación del Informe de la Comisión de la Verdad y Nuevas Perspectivas de Lucha Contra la Impunidad Después de 15 meses de labor la Comisión de la Verdad ha entregado su Informe “La Verdad os hará Libres”, El Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego, COFADEPA-HG, considera su deber hacer un análisis de este histórico e importante documento, así como sentar nuestra posición en torno al mismo, e informar sobre los pasos que nos proponemos dar en nuestra digna e inclaudicable lucha contra la impunidad. 1. La responsabilidad que cabe al gobierno de EE.UU. en torno al golpe militar del 11 de octubre de 1968 y la consolidación del mismo, queda plenamente demostrado con los documentos desclasificados que provienen del Departamento de Estado de EE.UU. Esto se expresa en las misiones militares, los informes de inteligencia, la asistencia militar (armas, equipo, entrenamiento), los asesores militares y los cursos de la Doctrina de la Seguridad Nacional impartidos en la Escuela de Las Américas que funcionaba en la antigua Zona del Canal. El golpe de Estado se da como consecuencia de una tendencia generalizada en el continente de imponer regímenes militares, como fueron los casos de Brasil (1964), Argentina (1966), Perú (1968) y Chile (1973). Estos hechos confirman nuestra tesis de que EE.UU. necesitaba en Panamá un gobierno fuerte capaz de: a.- Solucionar la crisis de hegemonía entre los sectores burgueses en pugna en aquel entonces, implantar el nuevo modelo de acumulación y ejercer la función asignada a Panamá como plataforma de servicios transnacionales (Centro financiero internacional, centro de seguros y reaseguros, centro de funcionamiento de empresas y sociedades anónimas de papel para sobre y subfacturar, paraíso fiscal, ampliación de la Zona Libre de Colón, facilidades portuarias, de comunicación, etc.) b.- Imponer los fracasados tratados Robles-Johnson de 1967, mejor conocidos como los “3 en 1”. c.- Frenar el ascenso del movimiento popular, patriótico y revolucionario que se expresa crecientemente a partir de los años finales de la década del 50. Movimiento estudiantil de mayo de 1958, alzamiento armado de Cerro Tute (1959), marcha del hambre y la desesperación (Colón, 1959), operación soberanía y siembra de banderas en la Zona del Canal (1958- 1959), huelgas bananeras de Puerto Armuelles y Bocas del Toro (1969- 1962), gesta del 9 de enero de 1964, marcha de cañeros coclesanos (1965), múltiples luchas obreras, campesinas, indígenas, estudiantiles, docentes, etc., y surgimiento de organizaciones de izquierda revolucionaria. 2. Se constata que la represión contra los panameños se dio durante todo el período del régimen militar (1968-1989), pero esta fue más marcada en los años iniciales (1968-1972) y finales (1987-1989). La mayoría de los encarcelamientos ilegales, destierros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos se dieron contra humildes campesinos (Chiriquí), jóvenes y estudiantes (Coclé y Panamá), y contra obreros y militantes de izquierda (Chiriquí, Panamá y Cerro Azul), en la etapa inicial de implantación del golpe militar (1968-1972) bajo el mando del General Omar Torrijos Herrera. 3. Es evidente que durante el régimen militar no existían garantías constitucionales, ni respeto a los derechos humanos. El Órgano Judicial y el Ministerio Público no sólo carecían de independencia sino que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los jueces, el Procurador General de la Nación, los fiscales y personeros eran nombrados y removidos libremente por los comandantes de la Guardia Nacional (G.N.) Durante este período -y aún después de la caída del régimen militar- se han empleado subterfugios y tecnicismos “legales” como las amnistías, los indultos, la llamada obediencia debida, los sobreseimientos, los juicios amañados y las prescripciones, para propiciar la impunidad. Han sido verdaderos actos de complicidad y encubrimiento por parte de funcionarios del Ministerio Público y del Organo Judicial, así como del pasado gobierno del PRD, impidiendo que la justicia alcance a los responsables de los crímenes de la era de la dictadura militar. 4. De los 110 casos sobre los cuales informa la Comisión de la Verdad, que incluyen 70 asesinatos y 40 desapariciones forzadas, debemos señalar que no son los únicos casos presentados, ni los únicos que debieron ser documentados, pues no todos los casos cerrados por la Comisión de la Verdad (66) debieron cerrarse. Además existe una lista de 30 casos sobre los cuales no se obtuvo información alguna, tal vez por temor de los familiares o de los posibles testigos. Lamentamos que otros casos no fueran siquiera considerados por interpretaciones legalistas del decreto que creo la Comisión de la Verdad. Hacemos referencia particularmente a dos casos de panameños inmolados al convertirse en teas humanas como protesta contra el régimen militar, su entreguismo y carácter represivo. Leopoldo Aragón y Rolando Pérez Palomino, ambos víctimas de bárbaras torturas del régimen militar, se inmolaron, el primero frente a la sede de la Embajada de Estados Unidos en Suecia en septiembre de 1977 a raíz de la firma de los tratados canaleros, y el segundo, en enero de 1984 frente a la Embajada Norteamericana en Panamá como protesta por el reinicio de las operaciones militares conjuntas “fuertes caminos” del Ejército de EE.UU. y las Fuerzas de Defensa de Panamá en territorio panameño. 5. Un factor que ha dificultado que resplandezca toda la verdad ha sido la ausencia de colaboración de los involucrados en los crímenes denunciados. Sólo ellos conocen a plenitud las circunstancias de las torturas y asesinatos y la ubicación de las tumbas clandestinas o forma como dispusieron de los restos de sus víctimas. Mientras no haya confesión, arrepentimiento y propósito de enmienda de parte de los victimarios, el dolor de los padres, madres, hijos (as) y hermanos (as), no se ahogará y las heridas no cerrarán. No obstante, corresponde al Ministerio Público someterlos a investigación, pues los nombres de muchos de ellos aparecen en el informe de la Comisión del a Verdad. Es importante anotar que en el preciso momento en que se entrega el Informe de la Comisión, resurgen las gestiones de inscripción del sarcásticamente llamado partido ADN integrado por antiguos miembros de las Fuerzas de Defensa, FF.DD., como una forma de zaherir a los familiares de sus víctimas y como un reto a la sociedad panameña. 6. Los criterios de la Comisión de la Verdad para la agrupación de casos no siempre resultan adecuados o atenidos a los acontecimientos. La clasificación bajo el rótulo de “intimidación”, “escarmiento” y “uso indebido de la fuerza” resultan verdaderos eufemismos frente a las campañas de persecución, represión y exterminio desatadas por la Guardia Nacional de Omar Torrijos y las Fuerzas de Defensa de Manuel A. Noriega. Hay un tímido reconocimiento a los grupos guerrilleros que tuvieron el valor de enfrentar a la GN con las armas en la mano en condiciones de inferioridad táctica y técnica, ejerciendo el derecho y el deber de combatir a un gobierno ilegítimo e inconstitucional. Por otro lado, se llegó a citar fuentes de crédito dudoso, lo cual desmerita un trabajo como el que comentamos. Además, en aras de una supuesta objetividad legalista se le da un trato sibilino o ambiguo a algunos casos repitiendo versiones encontradas de las víctimas y los victimarios. Otra omisión del informe es no haber consignado claramente el papel de los civiles cómplices, copartícipes o encubridores de la represión y crímenes de los militares, algunos actuando como funcionarios del Estado, otros organizados como brazo político de los cuarteles en el PRD, o bien , como paramilitares o “pie de guerra” en el F-8, en los llamados “batallones de la dignidad” y los “codepadis”, involucrados muchos de ellos directamente en diversos casos de violación a los derechos humanos, incluso asesinatos. 7. Las apreciaciones y opiniones que aquí formulamos se deben al sentido crítico con el cual analizamos y evaluamos el informe de la Comisión de la Verdad. Con ese mismo sentido crítico señalamos que el trabajo de la Comisión significa un importante avance en la búsqueda de la verdad, pues contribuye a esclarecer las circunstancias y el carácter del golpe militar de 1968, da acceso a nuevos e importantes documentos de valor histórico, amplía y logra obtener nuevos testimonios y evidencias que justifican plenamente reabrir los casos por parte del Ministerio Público. En este sentido es importante aclarar que el Informe, al abordar los casos individuales, presenta un perfil de la víctima, reseña los hechos en cada caso (el grueso de la información se encuentra en los expedientes llevados por la Comisión), informa si hubo o no actividad judicial en torno al mismo y concluye dando sus “consideraciones”. Hechas estas observaciones estimamos conveniente la más amplia divulgación y discusión del informe de la Comisión de la Verdad de Panamá, “La Verdad os Hará Libres” para que todo panameño y la comunidad internacional conozcan esta trágica etapa de nuestra historia, se condenen moralmente los crímenes señalados, se investigue y castigue judicialmente a los que resulten culpables, acabemos con la impunidad reinante y evitemos la repetición de hechos de esta naturaleza en nuestro país. 8. Los múltiples obstáculos puestos en el camino por parte del Procurador General de la Nación para investigar los crímenes de la dictadura, para permitir o facilitar las excavaciones en los momentos iniciales y los oscuros laberintos de la contratación de los servicios de un laboratorio ineficiente, pues contaminó las muestras que debió analizar, han retrasado la labor de búsqueda de restos de desaparecidos y su posible identificación mediante análisis comparativo de ADN mitocondrial. Los familiares esperamos ansiosos los resultados positivos del esfuerzo incansable del Equipo de Antropología de la Comisión, de los antropólogos forenses argentinos y norteamericanos, del can Eagle y de quienes luchamos por lograr se contratara los servicios de un laboratorio serio y eficiente. No obstante, todavía es grande el trabajo por realizar en materia de información sobre fosas clandestinas, su localización, excavación e identificación de los restos encontrados o por encontrar. Esta labor no debe detenerse por ningún motivo. 9. La Comisión de la Verdad hace particularmente dos recomendaciones cuyo apoyo nos parece pertinente. a.- Que haya un mayor control sobre los cuerpos de seguridad y orden público a manera de impedir se repitan las violaciones a los DD.HH. de los panameños. Para esto será necesario legislar al respecto y educar a los agentes de la Policía Nacional (PN), la Policía Técnica Judicial (PTJ) y al Servicio de Protección Institucional (SPI), sobre el debido respeto a estos y todos los derechos de los ciudadanos. b.- La creación de una fiscalía especializada en investigar casos de violación a los derechos humanos. Otras recomendaciones que hace la Comisión ya fueron consignadas en planteamientos anteriores de COFADEPA- HG y seguiremos trabajando e insistiendo en ellas. 10. Desde este momento anunciamos nuestra Campaña por el respeto a la dignidad y los Derechos Humanos. Esta campaña consistirá en elevar cuatro solicitudes o denuncias al Organo Ejecutivo y al Organo Legislativo, acompañadas de firmas de apoyo y acción urgente de organizaciones fraternas y defensoras de los DD.HH. a nivel nacional e internacional a. Exigir que se cumplan los convenios internacionales sobre derechos humanos que señalan que el delito de desaparición forzada es imprescriptible. Este delito debe ser tipificado de esta manera en la legislación panameña para evitar los subterfugios de la prescripción. De no hacerse así, se estarán burlando los anhelos de justicia de los familiares, de los panameños y de la comunidad internacional. b. Reforzar la enseñanza de los derechos humanos a todos los niveles del sistema educativo nacional e incluir en los textos de estudio este período de nuestra historia a la luz del Informe de la Comisión de la Verdad. c. Que el 9 de junio, día de la desaparición forzada del padre Héctor Gallego, sea decretado por ley, Día del Desaparecido en Panamá. d. Que se erija un monumento como forma de honrar la memoria de las víctimas de la violación a los derechos humanos. Igualmente estaremos haciendo formal solicitud a la Procuraduría General de la Nación y a las instancias que correspondan, para que abran o reabran, según el caso, los expedientes relativos a estos crímenes de Lesa Humanidad. Esperamos que la Procuraduría en cumplimiento de su deber constitucional y legal ponga todo el empeño necesario en realizar estas investigaciones que buscan impedir la impunidad de los responsables de las detenciones ilegales, torturas, destierros, asesinatos y desapariciones forzadas de tantos panameños. 11. Un sector que no ha recibido el reconocimiento merecido en estas jornadas por la Verdad y la Justicia, es el de los periodistas que desde septiembre de 1999 han mostrado interés y profesionalismo al dar cobertura tanto a nuestra irrenunciable lucha contra la impunidad, por encontrar a nuestros seres queridos y por lograr se haga justicia, como posteriormente a los trabajos de la Comisión de la Verdad. Aprovechamos el momento para expresarles nuestro más sincero agradecimiento y manifestarles nuestra confianza en que seguirán con esta conducta cívica en los momentos en que nos proponemos iniciar nuevas jornadas de lucha. 12. Hoy más que nunca agradecemos e invocamos nuevamente la solidaridad de todos aquellos que nos han acompañado en la búsqueda de la verdad: gremios, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones religiosas y particulares. De manera muy especial queremos agradecer a la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEHUPA, y al padre Conrado Sanjur por el apoyo y acompañamiento permanente que nos brinda desinteresadamente. Por nuestra parte, renovamos nuestro compromiso de mantener en alto las banderas de la libertad, la democracia, la soberanía nacional y la justicia social por las que entregaron sus vidas muchos de nuestros familiares. Renovamos nuestro compromiso con la Verdad, la Justicia y contra la Impunidad. Es con la finalidad de cumplir con este compromiso que COFADEPA-HG, ha dado dos importantes pasos: a.- Hemos gestionado y obtenido nuestra personería jurídica en calidad de Fundación. b.- Nos hemos afiliado formalmente a la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos, FEDEFAM, organización internacional de Derechos Humanos que cuenta con el reconocimiento de la O. N. U. Ciertamente estos importantes pasos han de contribuir grandemente a reforzar el arduo y noble esfuerzo en el cual estamos empeñados. ¡ POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA, NO A LA IMPUNIDAD¡ Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego, COFADEPA- HG. Panamá, 2 de mayo de 2002.