I. ¿QUÉ ES UNA DEUDA EXTERNA?

Un país necesita tener medios de pago internacionales (divisas) para afrontar diversos tipos de obligaciones:

1. el pago de los insumos importados necesarios para sus industrias locales;

2. el pago de la importación de artículos de consumo (alimentos, productos manufacturados, etc.);

3. el pago de las regalías que se deben a empresas extranjeras por la utilización de patentes y marcas;

4. el pago de intereses y amortizaciones de préstamos contraídos en el extranjero;

5. la remisión al exterior de los beneficios obtenidos en el país por empresas extranjeras y

6. por último, el pago de los armamentos adquiridos en el extranjero, que a veces alcanzan sumas enormes y desproporcionadas, en detrimento de las necesidades económicas y sociales del país.

Para obtener las divisas necesarias destinadas a afrontar todos esos pagos o remisiones de divisas al extranjero, un país espera contar con distintas fuentes:

1. en primer lugar el producto de sus exportaciones;

2. algunos países (los económica y financieramente más desarrollados) pueden contar con las regalías cobradas en el extranjero, con las remisiones de beneficios de sus empresas implantadas en el extranjero, con los intereses de los préstamos concedidos a otros países, etc.;

3. otro recurso para obtener medios de pago es el ahorro interno, es decir el ahorro de los ciudadanos, el del Estado por medio de los impuestos y el de las empresas en forma de beneficios. Para que exista un monto apreciable de ahorro interno es necesario que la economía del país dado marche más o menos bien y que el nivel de ingresos de la población sea suficientemente alto, como para permitirle ahorrar;

4. para los pagos internacionales puede también recurrirse a las reservas de divisas que tiene el país;

5. y, si finalmente esas fuentes no son suficientes o están indisponibles el país recurre a nuevos préstamos en el exterior para cumplir con sus obligaciones internacionales.

Hasta aquí todo es normal o más o menos normal. Es por ejemplo normal que un país contraiga deudas en el extranjero para realizar inversiones productivas y también es normal que un Banco internacional le preste porque tiene cierta certeza de que será reembolsado con los beneficios que produzca la inversión. Pero como en la economía intervienen diferentes áleas, puede ocurrir que no todo acontezca como estuvo previsto y el deudor no pueda reembolsar en los plazos estipulados y deba negociar nuevos plazos a la espera de tiempos mejores.

Pueden crearse, por ejemplo, situaciones extremadamente difíciles en este terreno a raíz de guerras internacionales, guerras civiles o grandes catástrofes naturales.

Pero la realidad de los hechos ha escapado ampliamente a esta descripción más o menos teórica de la deuda externa y el planeta está actualmente enfrentado a lo que se denomina “el problema de la deuda externa”, especialmente el de la deuda externa de los países pobres, llamados poco desarrollados o del Tercer Mundo.

Dicho problema consiste en que la deuda de dichos países crece año tras año de manera desmesurada, que esos países están dentro de una espiral infernal en la cual deben contraer nuevos préstamos para pagar los intereses de los préstamos anteriores, (ya casi no se encara la posibilidad de amortizar parte del capital adeudado) y que sus obligaciones internacionales crecen mucho más rápidamente que la capacidad de pago generada por su actividad económica interna y por sus intercambios internacionales, todo lo cual apareja consecuencias sociales sumamente graves.

II. ¿CÓMO SE HA LLEGADO ESTA SITUACIÓN?

En julio de 1944, la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods acordó la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRD).

Estas instituciones "(...) tenían como finalidad fomentar tipos de cambio estables, estimular el crecimiento del comercio mundial y facilitar la circulación internacional de capitales... Hubo una falta de atención casi inevitable a los intereses de los países en desarrollo. La mayoría de éstos eran aún colonias y por lo tanto no estuvieron representados en Bretton Woods... En general se soslayó al Tercer Mundo y poco se tomaron en consideración sus intereses" (Comisión del Sur, 1991, pág. 37).

Ya en 1943, cuando comenzaba a vislumbrarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses y los ingleses comenzaron a discutir las bases de la organización de la economía mundial en la posguerra.

John Maynard Keynes, encargado por las autoridades británicas de participar en las deliberaciones, propugnaba la creación de una cámara de compensación mundial (Clearing Union) que permitiría hacer todas las transacciones internacionales a un tipo de cambio fijo referido a una moneda internacional emitida por la Clearing House, el "bancor". Se trataba de un verdadero sistema monetario internacional regulador de las finanzas internacionales, que conservaba la simetría entre las partes, con mecanismos de control y eventualmente de financiación para los países deficitarios y una participación de cada país en función de sus capacidades financieras. Sería una especie de Banco a escala internacional en el que los "clientes" serían los Estados.

Pero esta propuesta no fue aceptada por los Estados Unidos, en ese momento en la cumbre de su poderío económico como único gran beneficiario de la Segunda Guerra Mundial, que impuso en Bretton Woods sus puntos de vista: un sistema de cambios fijos (con una elasticidad del uno por ciento en más o en menos sobre la paridad establecida entre las monedas) y la paridad establecida en relación con el oro o con el dólar de los Estados Unidos (artículo IV de los Estatutos del FMI, antes de la reforma de 1978).

Y en lugar de un Banco o "Clearing House" internacional, un Fondo en el cual los países miembros depositan una suma (cuota), en parte en oro y en parte en moneda nacional. Cuando un país miembro se encuentra en dificultades financieras tiene derecho a recibir en diversas monedas una suma equivalente a su cuota en oro, sin condiciones. Para recibir una suma superior, debe ajustarse a las condiciones que le impone el Fondo en materia de política económica, monetaria y presupuestaria.

Así es como en la práctica se institucionalizó el dólar como moneda internacional, obligando a todos los países a acumular reservas en dólares para hacer frente a las fluctuaciones de sus respectivas monedas, resultante del estado de su balance de pagos. Con este sistema, la Reserva Federal de los Estados Unidos no tiene necesidad de defender el dólar ("un dólar siempre es un dólar") pues los Bancos Centrales de los otros países tienen que hacerlo para mantener la paridad de su moneda respecto del dólar.

"El Banco Central de los Estados Unidos no tiene que defender el tipo de cambio del dólar: los otros lo hacen en su lugar. ¿Esto sigue siendo cierto en caso de déficit del balance de pagos estadounidense? Absolutamente. ¿En caso de déficit muy importante? Lo mismo. ¿En caso de déficit ilimitado? También. ¿Qué ocurre si los Estados Unidos están en déficit? En primer lugar, ellos pagan a sus acreedores en dólares, mientras que los otros países en general no pueden pagar con su moneda nacional. Pero esto no es lo importante. Si el acreedor exige que se le pague en marcos, el Banco estadounidense venderá dólares contra marcos. Lo importante es que los dólares destinados a pagar el déficit pesarán sobre el tipo de cambio dólar-marco, dólar-yen, dólar-franco, etc. Esta presión bajará la cotización del dólar por debajo de la paridad oficial, y cuando se llegue al punto de intervención obligatoria del Banco Central interesado, éste comprará dólares con su moneda nacional. El déficit estadounidense puede, literalmente, ser ilimitado. Por convención, por regla de juego, los dólares emitidos para financiarlo deben ser adquiridos a tipo de cambio fijo por los Bancos centrales de los países que tienen un excedente frente a los Estados Unidos" (Denizet, 1980, pág. 6).

El sistema de Bretton Woods estableció pues un privilegio exorbitante a favor de los Estados Unidos en materia de pagos internacionales, que en los hechos, sirvió para que el resto del mundo financiara su déficit presupuestario.

"La creación de dólares está al servicio de la política económica estadounidense, sin tener en cuenta su impacto sobre las relaciones internacionales" (Lelart, 1993, pág. 55).

Los Estados Unidos tenían en 1992 una deuda neta de 521 mil millones de dólares y una deuda bruta de más de 2 billones 500 mil millones de dólares (total de los dólares transferidos a no residentes) que corresponde a una creación de moneda internacional por los Estados Unidos, que ha progresado a un ritmo anual del 14 por ciento de 1978 a 1992 (Lelart, págs. 95-97).

"Si los Estados Unidos importan más de lo que exportan, es porque consumen más de lo que producen, gastando un ingreso que no han ganado... Es así como el país más rico se alimenta del ahorro de los otros, incluido el de los países en vías de desarrollo, cuando estos llegan a reembolsar una parte de su deuda" (Lelart, pág. 97).

Esta fue la base de un desorden creciente del sistema monetario internacional que se institucionalizó en 1975 con el abandono del sistema de tipos de cambios fijos (reforma del artículo IV de los Estatutos del FMI, vigente desde 1978), que un economista especializado definió con la frase: "usted puede hacer todo lo que quiera con la condición de avisar con una nota al cuartel general del FMI" (Pascallon, citado por Lelart).

Es decir, se abandonó un principio ordenador del sistema monetario (el sistema de cambios fijos) pero se mantuvo en los hechos al dólar como moneda internacional, de manera que todo el resto del mundo continuó subvencionando la economía de los Estados Unidos, pues los Bancos centrales de los otros países siguieron interviniendo para evitar la baja del dólar.

Es cierto que las intervenciones de los Bancos centrales son cada vez más inocuas, pues poco pueden hacer frente a las sumas fenomenales puestas instantáneamente en juego en el mercado financiero internacional para especular con las monedas nacionales.

La CNUCED en su informe anual publicado en setiembre de 1995 se refirió a los "riesgos sistémicos de los productos financieros derivados" y "el peligro que encierran de provocar una crisis que podría desorganizar completamente el sistema financiero"... (CNUCED, 1995).

Este es el sistema financiero – cuyas ideas centrales son la desregulación y la libre circulación de capitales- que acompañó un cambio profundo de la economía mundial a partir del decenio de 1970, momento que marca el fin del estado de bienestar, caracterizado por la producción en masa y el consumo de masa, impulsado este último por el aumento tendencial del salario real, de la seguridad social y de otros beneficios sociales. Es lo que los economistas llaman el modelo “fordista”, de inspiración keynesiana.

El agotamiento del modelo del Estado de bienestar obedeció a varios factores entre los que cabe citar que la expansión económica iniciada con la reconstrucción de la posguerra encontró sus límites, el consumo de masas tendió a estancarse lo mismo que los beneficios empresarios y al mismo tiempo entraron en escena las innovaciones tecnológicas (robotización, microelectrónica, etc.). Se hizo necesario entonces incorporar la nueva tecnología a la industria para dar un nuevo impulso a la economía y eso requirió grandes inversiones de capital.

Se inicia así la época de la austeridad y de los sacrificios (congelación de los salarios y aumento de la desocupación) que acompañaron a la reconversión industrial. Al mismo tiempo, la revolución tecnológica en los países más desarrollados impulsó el crecimiento del sector servicios y se produjo el desplazamiento de una parte de la industria tradicional a los países periféricos, donde los salarios eran –y son- mucho más bajos.

Con la incorporación de las nuevas tecnologías la productividad aumentó enormemente, es decir que con el mismo trabajo humano la producción pasó a ser mucho mayor.

Se abrieron entonces dos posibilidades:

O se incitaba el consumo de masa de los bienes tradicionales y de los nuevos bienes a escala planetaria con una política salarial expansiva, una política social al estilo del Estado de bienestar, se reducía la jornada de trabajo en función del aumento de la productividad para tender a una situación de pleno empleo y se reconocían precios internacionales equitativos a las materias primas y productos de los países pobres, o se tendía a aumentar los márgenes de beneficio manteniendo bajos los salarios, el nivel de ocupación y los precios de los productos de los países del Tercer Mundo.

Quienes detentan el poder económico y político a escala mundial eligieron esta última alternativa, con lo que se cerró la puerta a la posibilidad de aumentar significativamente la inversión productiva, aumentar así la producción en general y facilitar la colocación de ésta aumentando la capacidad adquisitiva global de los consumidores.

Hay que precisar que esta opción tuvo como rasgo dominante acentuar las desigualdades sociales en el interior de cada país y en el plano internacional, con lo que creó una neta diferenciación en la oferta y demanda de bienes y servicios. La producción y oferta de bienes se orientó no a la gente en general sino a los llamados “clientes solventes”. Fue así como la oferta de bienes de lujo aumentó enormemente y la oferta de nuevos productos como ordenadores y teléfonos portátiles encontró una gran masa de clientes en los países ricos y muchos clientes en la primera periferia no demasiado pobre. Los bienes esenciales para la supervivencia (alimentos, salud, medicamentos) quedaron prácticamente fuera del alcance del sector más pobre de la población mundial. La idea de servicio público y de un derecho irrevocable a los bienes esenciales para vivir con un mínimo de dignidad, fue reemplazada por la afirmación de que todo debe estar sometido a las leyes del mercado.

La distribución geográfica de estas desigualdades es compleja, pero se podría esquematizar diciendo que está formada por círculos concéntricos con un centro que consume hasta el despilfarro (aunque en él hay áreas más o menos grandes de pobreza) y sucesivos círculos exteriores en los que la satisfacción de las necesidades básicas por parte de la mayoría de la población es cada vez menor ( y las áreas de pobreza y extrema pobreza son cada vez mayores) hasta un círculo final que es un verdadero océano de extrema pobreza en los que hay pequeños islotes de riqueza (e incluso de enorme riqueza).

Se optó entonces por ritmos de crecimiento económicos bajos, a causa de que un mercado relativamente estrecho imponía límites a la producción y surgió el fenómeno de las grandes masas de capitales ociosos (incluidos los petrodólares), puesto que no podían ser invertidos productivamente.

Pero para los dueños de dichos capitales (personas, bancos, instituciones financieras) no era concebible dejarlos arrinconados sin hacerlos fructificar.

Es así como el papel tradicional de las finanzas al servicio de la economía , interviniendo en el proceso de producción y del consumo (con créditos, préstamos, etc.) quedó relegado por el nuevo papel del capital financiero: producir beneficios sin participar en el proceso productivo, a través de la especulación financiera, la especulación con divisas, con los llamados productos financieros derivados, con las tomas de participación de los fondos de pensiones y de los fondos de compañías de seguros en las industrias y en los servicios, etc.

El dinero comenzó a reproducirse sin ayudar a crear valor o, como en el caso de las participaciones en industrias y servicios, obteniendo una renta muy elevada fundada en la degradación de las condiciones de trabajo en esas industrias y servicios. Es bien conocido el fenómeno de que cuando una empresa anuncia despidos sus acciones suben.

Era la única manera de que el capital en general mantuviera una alta tasa de beneficios con un crecimiento económico lento y un mercado restringido, pese a las enormes posibilidades de expansión económica y bienestar social creadas por las nuevas tecnologías y los enormes capitales disponibles.

Pero el problema es que el dinero NO ES un valor sino que REPRESENTA un valor. Y que el valor se crea sólo en la producción y el dinero por sí mismo no puede generar valor y producir beneficios.

El 26 de junio del 2001, el señor Sergio Tchuruk, presidente de Alcatel, una gran sociedad transnacional francesa, anunció su intención de crear una empresa sin fábricas.

Comentando esta declaración en el diario francés Le Monde del 3 de julio de 2001, el señor Jean-Marie Harribey, profesor de ciencias económicas y sociales de la Universidad de Bordeaux IV, decía que la frase de Tchuruk era la expresión más exacta de la utopía capitalista actual, que teoriza sobre la creación de valor por el accionista.

Tales empresas no son una utopía sino que ya existen en la realidad: son las que guardan para sí la actividad financiera y subcontratan o controlan la actividad productiva que realizan otras empresas.

El profesor Harribey dice que tales empresas son las que se dice que crean valor por el accionista, que no es otra cosa que el valor creado por la economía real del que se apropian las empresas financieras. Esa apropiación de valor, dice Harribey, adopta dos formas. La primera corresponde a un empeoramiento de las condiciones de empleo (bajos salarios, horarios de trabajo flexibles, empleos precarios, desocupación) lo que permite que el aumento de la productividad no beneficie a los trabajadores y solo redunde en el aumento de la ganancia del capital.

La segunda forma en que se produce esa apropiación de valor es a través de una repartición desigual entre el capital productivo y el capital financiero, en beneficio de este último. Pues los gestores de capitales financieros que tiene participaciones en actividades productivas exigen un plafond mínimo de renta que en muchos casos no pueden obtenerse manteniendo condiciones decentes de trabajo y una distribución equitativa de los beneficios entre el capital productivo y el capital financiero.

Hace unos meses que se viene hablando de que la economía estadounidense ha perdido impulso por no decir que ha entrado en un período de recesión. Las cifras de desocupación o de paro parcial han comenzado a aumentar, incluso en las industrias de tecnología avanzada. Pero lo curioso es que, por ahora, el consumo popular no se estanca ni disminuye (“Le Figaro Economie”, Paris , 7-8 de julio 2001).

Se puede suponer que la estabilidad de la demanda de las familias en los Estados Unidos (dejando de lado el efecto negativo sobre la misma producido por los atentados del 11 de setiembre) se debe a que una parte de la población de Estados Unidos completa sus ingresos con el beneficio de acciones u otros productos financieros colocados en industrias extranjeras. Es decir, para decirlo de manera esquemática , que una parte de las familias de Estados Unidos mantienen su nivel de consumo recibiendo parte del valor producido por los trabajadores de industrias europeas, por ejemplo. Es decir que, como citábamos hace un rato, el país más rico del mundo se alimenta del ahorro de los otros.

En síntesis, el capital financiero transnacional está funcionando como una bomba aspirante del valor y las riquezas producidas por el trabajo en todo el mundo, riqueza que de esta manera se concentra en pocas manos y en ciertas regiones del planeta, particularmente en los Estados Unidos.

Es particularmente ilustrativo al respecto un artículo de Ronald Mc Kinnon, profesor titular en el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de Stanford, publicado en junio de 2001 en el boletín trimestral Finances et Développement, del Fondo Monetario Internacional.

Dice el profesor McKinnon:

“Durante el último decenio, el ahorro de las familias [en Estados Unidos] ha disminuido más de lo que el ahorro público (expresado por los excedentes presupuestarios) ha aumentado en el mismo periodo. El enorme déficit del balance de pagos de las transacciones corrientes de Estados Unidos , de alrededor del 4,5% del PNB en el año 2000, refleja ese desequilibrio del ahorro. Para financiar un nivel normal de inversión interior –históricamente alrededor del 17% del PNB- los Estados Unidos han debido utilizar ampliamente el ahorro del resto del mundo. “Malas” reducciones de impuestos – las que reducen el ahorro público sin estimular el ahorro privado – podrían incrementar esa deuda con el extranjero. Desde hace más de veinte años, los Estados Unidos recurren ampliamente a las reservas limitadas del ahorro mundial para sostener su alto nivel de consumo – la de la administración federal en los años 1980 y la de las familias en los años 1990. Las entradas netas de capitales son actualmente más importantes que en el conjunto de los países en desarrollo. Es así como como Estados Unidos, que era acreedor del resto del mundo a comienzos de 1980, se ha convertido en el más grande deudor mundial: unos 2 billones 300 mil millones de dólares en el año 2000. Los balances de las familias y de las empresas en Estados Unidos muestran el efecto acumulado de los préstamos privados obtenidos en el exterior desde hace diez años. La deuda de las familias alcanza ahora un record de 1,1 veces los ingresos disponibles y la deuda de las empresas es también muy elevado con relación a su flujo de fondos (cash- flow) . ¿Los estadounidenses deben inquietarse? Con todo, el dólar sigue siendo fuerte y los Estados Unidos se encuentran en una situación única que consiste en que disponen de una línea de crédito prácticamente ilimitada, en gran parte en dólares, frente al resto del mundo. En consecuencia, los Bancos y otras instituciones financieras de los Estados Unidos están relativamente al abrigo de los riesgos de las tasas de cambio; sus activos, que consisten en buena medida en préstamos interiores, y sus pasivos (depósitos), una parte substancial de los cuales corresponde a inversores extranjeros, son en dólares. En cambio, otros países deudores deben acomodarse a las disparidades de las monedas: los pasivos internacionales de sus Bancos y de otras empresas son en dólares y sus activos en moneda nacional. El origen de la crisis monetaria en Asia en los años 1997-98 es precisamente esta disparidad. ¿La invulnerabilidad de los Estados Unidos a las crisis monetarias se debe simplemente a la fuerza de sus mercados financieros y a la sabiduría de sus autoridades de reglamentación? No. No es por azar el hecho de que Estados Unidos sea el deudor internacional preferido . ¿Cómo se produjo este accidente de la historia?”…

A continuación el profesor Mc Kinnon explica brevemente los mecanismos financieros, a partir de los acuerdos de Bretton Woods, que llevaron al dólar a convertirse en la moneda internacional, en una especie de “patrón-dólar”, tema que hemos desarrollado en las páginas precedentes.

La deuda externa es en parte el resultado de este mecanismo de captación parasitaria de las riquezas, por un lado y, por el otro, forma parte de dicho mecanismo.

III. LA DEUDA EXTERNA: MECANISMO DE DESPOJO PERMANENTE DE LOS PUEBLOS DE LOS PAÍSES POBRES.

La deuda externa del Tercer Mundo llegaba en 1982 a 780 mil millones de dólares, continuó creciendo los años subsiguientes hasta llegar a un billón trescientos mil millones en 1987, se mantuvo estacionaria hasta 1989 y volvió a crecer desde 1990, llegando en 1993 a un billón seiscientos mil millones de dólares. Actualmente se estima la deuda externa de los países del Tercer Mundo en algo más de 2 billones de dólares.

En 1993 la deuda externa representaba el 40,6% del PNB en América Latina, el 29,4% en Asia y el 71,4% en Africa (el 107,3 en Africa subsahariana) y los servicios de la deuda el 30,0; 8,6 y el 21,6 por ciento respectivamente, de las exportaciones. La relación relativamente baja servicios de la deuda-exportaciones en Africa se explica porque los países de la región tienen importantes atrasos en el pago de los servicios.

La deuda externa tiene como resultado una transferencia neta de recursos del sur hacia el norte: en 1998 los 41 países pobres más endeudados (PPME) transfirieron al norte 1.680 millones de dólares más de los que recibieron y en el mismo año el conjunto de los países del Tercer Mundo realizaron una transferencia neta de recursos al norte de 114.600 millones de dólares (Toussaint, junio 2001, págs. 211-212).

Los mecanismos específicos del crecimiento acelerado de la deuda a partir del decenio de 1980 fueron básicamente cinco:

1) La oferta indiscriminada de créditos por parte de los Bancos transnacionales, que disponían de gran liquidez a causa de la acumulación de petrodólares y de que los Estados Unidos inundó con sus dólares todo el mundo para que éste subvencionara su economía.

2) El continuo deterioro de los términos del intercambio, que obligó a muchos países del Tercer Mundo a solicitar préstamos para pagar sus importaciones;

3) La inflación;

4) El aumento de la tasa de interés de los préstamos;

5) Las políticas proteccionistas de los países desarrollados, que han mantenido cerradas sus fronteras a muchos productos de los países del Tercer Mundo.

Además, el origen de una parte de la deuda, es total o parcialmente ilícito: algunos préstamos fueron ficticios y sólo sirvieron para disimular maniobras financieras irregulares realizadas de común acuerdo entre los Bancos acreedores y los supuestos deudores.

Así en Argentina , las repatriaciones de fondos depositados en exterior (por ejemplo para financiar un negocio) se hacían aparecer como préstamos, de común acuerdo entre el propietario de los fondos y el Banco extranjero. Aparecía así una deuda particular ficticia. Estas deudas privadas ficticias y otras reales terminaron estatizándose por medio de diversas mecanismos (seguros de cambio, etc.). Es decir que distintas maniobras que permitieron el enriquecimiento de unos pocos, terminaron convirtiéndose en una deuda pública que tiene que pagar todo el pueblo con su trabajo.

Por otra parte, los gastos y las comisiones por la negociación de los préstamos alcanzaron cifras desproporcionadas y también los acreedores impusieron a los deudores cláusulas contractuales que comportaron vicios del consentimiento, como por ejemplo la renuncia a la jurisdicción nacional del deudor para las cuestiones litigiosas que se pudieran suscitar, etc.

También se establecieron intereses usurarios, muy por encima de la tasa del mercado financiero internacional: mientras la tasa de interés efectivo a largo plazo en seis países industrializados fue, como promedio, en el periodo 1985-1989, del 4,35 %, la tasa de interés efectivo sobre la deuda externa pagada como promedio por seis países deudores en el período 1980-1985, fue del 16,8 % (PNUD). Y cuando los deudores comenzaron a estar en mora, los intereses adeudados se acumularon al capital, de modo que los acreedores comenzaron a cobrar intereses sobre los intereses, lo que en la legislación de algunos países es ilegal.

En algunos países (Brasil, México) los préstamos se utilizaron, por lo menos en parte, en inversiones productivas, pero en la mayoría de ellos se utilizaron en la especulación financiera, en la acumulación de enormes fortunas personales en Bancos extranjeros (Marcos, Mobutu, Duvalier, etc.) en inversiones suntuarias e improductivas y, por supuesto, en el pago de los intereses usurarios, comisiones y amortizaciones de la misma deuda.

En materia de transferencia de capitales del Sur al Norte, a fines de 1985, el valor de los activos que poseía el Sur en el Norte ascendía a 511.000 millones de dólares, de los cuales 278.000 millones correspondían a países con problemas a causa de la deuda externa (Sabri Abdalla, 1989).

Según el Morgan Guaranty Trust Co., entre 1977 y 1987, los cinco países más endeudados del área latinoamericana transfirieron a Bancos extranjeros más de 210.000 millones de dólares en depósitos privados. Los mayores montos correspondieron a México (84.000 millones) Venezuela (58.000 millones) y Argentina (46.000 millones)(Revista Comercio Exterior, 1989, pág. 411).

Según la misma fuente, si no hubiera habido fuga de capitales, la deuda externa de Argentina sería de sólo unos 1.000 millones de dólares.

Desde 1984 hasta 1990 la transferencia neta de recursos financieros Norte Sur fue negativa para el Sur. Pero en 1991 y 1992 se invirtió la tendencia, con un flujo neto favorable al Sur del orden de los 50 mil millones de dólares (sin tener en cuenta el intercambio desigual: materias primas y productos del Tercer Mundo baratos por productos, tecnología y servicios caros de los países altamente industrializados. Teniendo en cuenta este aspecto, el balance siguió siendo desfavorable para el Sur).

Pero discriminando por región se advierte que la mayor parte de las transferencias financieras (siete octavos) en 1991 fueron a Asia occidental especialmente a Kuwait y Arabia Saudita, a fin de hacer frente a los gastos de la guerra del Golfo y a la reconstrucción de Kuwait. El conjunto de Africa, en cambio, tuvo en 1992 una transferencia negativa de 1600 millones de dólares (Africa subsahariana tuvo un saldo positivo de 10000 millones) y América Latina y el Caribe una transferencia positiva de 6900 millones (Naciones Unidas, 1993, págs. 98-99).

El saldo positivo de 6900 millones en América Latina y el Caribe se explica por las privatizaciones. Dichas privatizaciones (aconsejadas por el FMI) que se hacen en condiciones extremadamente desfavorables para el patrimonio nacional de los países donde tienen lugar (se venden empresas y fuentes de recursos naturales a precios muy por debajo de su valor real), cuentan con el asesoramiento técnico y la financiación del Banco Mundial.

En Argentina, entre 1989 y 1993 se recaudaron como resultado de las privatizaciones 9910 millones de dólares en efectivo y 13.239 millones en títulos de la deuda, que representan 5270 millones en efectivo (39,8% del valor nominal de los títulos). Si se hubiera utilizado el efectivo también para rescatar títulos de la deuda, ésta tendría que haber disminuido de 57.000 millones de dólares en 1989 a 20.000 millones en 1994. Sin embargo, la deuda externa de Argentina no disminuyó sino que aumentó, pues alcanza actualmente a más de 150.000 millones de dólares. Es decir que la deuda externa en Argentina se ha casi triplicado en 12 años.

En el período de acumulación acelerada de la deuda, muchos gobiernos de los países deudores (en no pocos casos dictaduras abiertas o encubiertas) actuaron de manera irresponsable y en el sólo beneficio de minorías corruptas, endeudando a sus respectivos países mucho más allá de su reales posibilidades de reembolso. El Fondo Monetario Internacional, que según el art. 1 de sus Estatutos debe : ..."facilitar el crecimiento equilibrado del comercio internacional contribuyendo de ese modo al fomento y mantenimiento de altos niveles de ocupación y de ingresos reales y al desarrollo de la capacidad productiva", y que de acuerdo con la decisión de su Consejo de Administración del 29 de abril de 1977 debería vigilar que los Estados realicen una política financiera sana que les permita un desarrollo sostenido y socialmente equitativo, cumpliendo al mismo tiempo sus obligaciones internacionales, se abstuvo en esa época de alertar a los gobiernos que se estaban endeudando improductiva y excesivamente. La razón es que el FMI respondió en ese momento -como lo hace siempre- a las estrategias de las grandes potencias y del gran capital, que tenían interés en colocar el excedente de dólares, aunque fuese en condiciones riesgosas.

Para determinar las responsabilidades por ese crecimiento vertiginoso de la deuda que contó con la complicidad por omisión del Fondo Monetario Internacional, como acabamos de ver, en 1982 se presentó una denuncia ante los tribunales argentinos.

En julio del 2000 se dictó sentencia en dicha causa y en las conclusiones el Juez dice:

“Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación...Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados...Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de los seguros de cambio...la existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976 no podían pasar desapercibidos a las autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones económicas”...

El juez decidió el archivo de las actuaciones porque el único procesado resultó sobreseído por prescripción, pero remitió copia de la resolución al Congreso de la Nación a fin de que éste adopte las medidas que estime conducentes en la negociación de la deuda “que ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976"... (Causa Nº 14467, “Olmos, Alejandro, s/denuncia, Juzgado Federal Nº 2 de Buenos Aires).

IV. LAS POLÍTICAS DE AJUSTE.

El Fondo Monetario Internacional, impone a los países deudores, bajo distintos nombres, las llamadas políticas de ajuste que son económicamente recesivas y socialmente regresivas, pues el único objetivo real del Fondo es que los deudores paguen los servicios de la deuda a los acreedores. Con tales políticas la espiral de la deuda sigue creciendo porque la economía de los países deudores permanece estancada o crece lentamente, con lo que se les hace aún más difícil cumplir con los acreedores, y se deben contraer nuevos préstamos para pagar los servicios de los préstamos anteriores. Así la deuda externa no deja de crecer y se convierte en deuda eterna.

Las políticas de ajuste están destinadas, por una parte, a asegurar que continúe la remisión de los servicios de la deuda a los acreedores y, por otra, a imponer a los países deudores su integración al sistema económico -financiero mundial dominante, caracterizado por la concentración en pocas manos de las riquezas producidas a escala planetaria .

Cuando la magnitud de la deuda y el retraso en los servicios de la misma puso de manifiesto la imposibilidad para los países del Tercer Mundo de pagarla en las condiciones pactadas, el Fondo Monetario Internacional (que como vimos, se abstuvo de intervenir para tratar de evitar un incremento irresponsable de la deuda) propuso como solución las políticas de ajuste. Estas políticas son la condición que se impone a los países deudores que necesitan imperativamente renegociar la deuda y seguir teniendo acceso a los mercados financieros internacionales.

De modo que el Estado que quiere tener acceso al crédito internacional debe ajustarse a los "principios directores" del FMI que, de manera general, son los siguientes:

1)..."apertura de los sectores que han estado protegidos frente a la competencia del mercado y la eliminación de subvenciones..."

2)..."reducir las presiones inflacionarias, alentar la repatriación del capital y fomentar la inversión extranjera directa..." (Comunicado del Comité Provisional de la Junta de Gobernadores del FMI, Comunicado de Prensa Nº 89/44, del 25/9/89);

3)..."contener la demanda global...";

4)..."saneamiento de las empresas públicas...";

5)..."flexibilización del control de precios y de las restricciones comerciales" (acuerdo con Mauritania);

6)..."revisión de la escala de derechos de importación y de los precios agrícolas..." (acuerdo con Costa Rica, Bulletin du FMI, 5 juin 1989, p. 174).

Estos "principios directores" se han incluido en los acuerdos celebrados con numerosos países, en el marco de la llamada "estrategia reforzada de la deuda" y de las "facilidades de ajuste estructural reforzadas". Estas propuestas de ajuste estructural del FMI, difieren de las "políticas de estabilización" precedentemente preconizadas por el FMI, en que éstas se orientaban a presionar a los países deudores para que realizaran una política financiera que asegurara el reembolso de la deuda, mientras que la “estrategia reforzada de la deuda” implicó una injerencia total en las políticas financieras, económicas y sociales de los países deudores.

Desde diciembre de 1999, las políticas de intervención del FMI en los países del Tercer Mundo tienen un nuevo nombre: “Facilidades de crecimiento y de reducción de la pobreza”. Estas “facilidades” consisten en que los países pobres más endeudados entrarán en la lista de los que podrán beneficiarse de una reducción de la deuda siempre que los respectivos gobiernos adopten medidas de lucha contra la pobreza. Dicho de otro modo, el FMI, que con sus políticas de ajuste contribuyó ampliamente a sumir en la pobreza total a la mayoría de la población de los países pobres muy endeudados, ahora le pide a los gobiernos de dichos países que luchen contra la pobreza para poder beneficiarse eventualmente con una reducción de la deuda. Una lógica elemental indica que el orden debería ser inverso: primero reducir o anular la deuda y después (o en todo caso simultáneamente) exigir a los gobiernos beneficiados que adopten medidas de lucha contra la pobreza.

En la lista de países candidatos a beneficiarse con una reducción de la deuda (la Iniciativa para aliviar la deuda de los países pobres más endeudados) había al comienzo 41 países (dos tercios de ellos africanos) , que luego se redujeron a 32 y de los diez primeros seleccionados (ocho africanos, Bolivia y Honduras), todos, salvo Uganda y Bolivia , continúan esperando. No obstante, se ha prometido que a los diez primeros países seleccionados se sumarán otros diez. En este “formidable” esfuerzo del mundo rico a favor de los países pobres, si se llevara a buen término, representaría 30.000 millones de dólares en varios años. Una vez y media la fortuna de la familia más rica de Francia.

Esta nueva política de las instituciones de Bretton Woods (que consiste en haber sumado la selectividad a la condicionalidad) se decidió en la reunión del G7 de 1995 en Halifax, donde se dijo que teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias de los países donantes, los recursos debían orientarse prioritariamente a los países más necesitados y que hubieran demostrado la capacidad de utilizarlos eficazmente.

La reunión de setiembre del 2000 en Praga del Banco Mundial y del FMI consagró las orientaciones propuestas en el Informe de abril del 2000 de la Comisión Meltzer del Congreso de los Estados Unidos: que el FMI sea prestamista a corto plazo y a interés elevado y que los préstamos se otorguen a los países donde haya una fuerte presencia de la banca privada internacional, como garantía de su estabilidad financiera.

El G8, reunido en Génova a fin de julio del 2001, se limitó a ratificar la Iniciativa para los países pobres más endeudados (Arnaud Zacharie, 2001).

¿Cuál es el balance a mayo del 2001 de esta iniciativa a favor de los países pobres más endeudados lanzada en Halifax en 1995?

En 1996 el total de la deuda de los 41 países que figuraban en la lista era de 205 mil millones de dólares y en 2001 es de 215 mil millones de dólares. Es decir que la deuda aumentó, en lugar de disminuir (FMI, World economic outlook, www.imf.org).

Ya hemos dicho que en 1998 los 41 países pobres más endeudados (PPME) transfirieron al norte 1.680 millones de dólares más de los que recibieron (World Bank, Global Development Finance, 2000) y en 1999 el conjunto de los países del Tercer Mundo realizaron una transferencia neta de recursos al norte de 114.600 millones de dólares.

En realidad, la anunciada reducción o anulación parcial de la deuda de los países más pobres es una pura superchería, como dice Eric Toussaint, un especialista en la materia. Toussaint agrega que …”es igualmente útil precisar que las sumas destinadas por los Estados industrializados al alivio de la deuda son utilizadas para indemnizar empresas privadas alemanas, francesas, belgas…que han participado en la realización de “elefantes blancos” en los países actualmente aplastados por el peso de la deuda”… (Toussaint, junio 2001, págs. 206 y ss.).

El último informe de la OCDE al respecto (Estadísticas de la deuda externa, 2001, citado por Eric Toussaint, mayo 2001) no puede ser más claro: “La iniciativa para los países pobres más endeudados no se traducirá por una reducción nominal del valor de la deuda porque las quitas consistirán en lo esencial en condonación de intereses y donaciones destinadas a financiar el servicio de la deuda y no en reducciones directas de la deuda”.

“La iniciativa –dice Eric Toussaint- consiste en disminuir un poco el peso de la deuda sobre las finanzas de los países más pobres a fin de que el sistema de la deuda perdure”.

Señala Toussaint que las condiciones impuestas son tan insoportables que en el año 2000 Laos y Ghana rechazaron formar parte de la lista de países supuestamente beneficiarios de la iniciativa (Toussaint, mayo 2001).

Podrían resumirse las políticas de las instituciones de Bretton Woods diciendo que la ayuda que proporcionan a los países pobres pertenece al reino de la fantasía pero que la injerencia en las políticas financieras, económicas y sociales de dichos Estados es bien real y sus consecuencias son económica y socialmente catastróficas.

V. ¿CÓMO SE REFLEJAN LAS POLITICAS DE AJUSTE IMPUESTAS POR EL FMI Y EL BANCO MUNDIAL EN LAS POLITICAS DE DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS, DE EMPLEO, DE SALUD, DE EDUCACION, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE FISCALIDAD, DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, DE VIVIENDA Y EN LA SITUACION DE LA MUJER ?

1. Distribución de los ingresos

En el decenio de 1980, según un Informe del UNICEF, el ingreso medio por habitante en muchos países de Africa y de América Latina disminuyó entre el 10 % y el 25 % (UNICEF, 1989).

Pero los más afectados fueron los sectores más vulnerables. Por ejemplo, en dicho decenio, en América Latina y el Caribe, el consumo per cápita del sector empresarial aumentó el 16 % en tanto que el del sector asalariado disminuyó el 25% (UNRISD, 1991, pág. 21).

La diferencia de ingresos entre el quinto más rico y el quinto más pobre de la población mundial, tomada por bloques de países, pasó de una proporción de 30 a 1 en 1960 a 59 a 1 en 1989 y tomando en cuenta la distribución de ingresos en el interior de cada país, la diferencia entre los más ricos y los más pobres a escala mundial se elevó a 140 a 1 (PNUD, 1992, págs. 86 y ss.).

La cantidad de pobres, en cifras absolutas y relativas, no cesa de crecer: por ejemplo en América Latina y el Caribe el número de pobres aumentó de 136 millones en 1980 a 266 millones en 1992, o sea del 41% al 62% de la población (Conferencia regional gubernamental de América Latina sobre la pobreza, Quito, Ecuador, 1990).

Ante esta clara tendencia a la concentración de la riqueza y a la expansión de la pobreza y cuando se plantea agudamente la necesidad de emprender una política de redistribución de los ingresos, el Banco Mundial dice que la redistribución de los ingresos "puede ser perjudicial y, en todo caso, sucede con frecuencia que los beneficios los perciben los menos necesitados" (Banco Mundial, 1991, pág. 11).

El ex Director del FMI, señor Michel Camdessus, expresó una opinión similar en su alocución a la 78a. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 10 de junio de 1991.

2. Política de empleo.

El FMI no cesa de recomendar la flexibilidad laboral, es decir el trabajo precario y el alto nivel de semiocupación y desocupación que ello implica.

En mayo de 1995, el FMI, a través de su director Michel Camdessus, se declaraba satisfecho de la situación en México, felicitando a dicho país por haber ..."aceptado disminuir en un 10 por ciento el poder de compra de los asalariados [en realidad el porcentaje es mucho mayor] y permitido que un millón de personas pierdan su empleo"...[los empleos perdidos serían "solo" medio millón], desde la crisis financiera de diciembre de 1994 (Bertrand La Grange, 1995).

En general, las políticas preconizadas por el FMI y el Banco Mundial, particularmente las privatizaciones y las economías en el sector público, provocan un aumento de la desocupación (Anne Trebilcock, 1994).

En Argentina, por ejemplo, que ha seguido al pie de la letra las directivas del FMI y del Banco Mundial, la tasa de desocupación en 1995 ascendía al 18,6 por ciento de su población activa, la más alta de su historia. Y en ese mismo país, el salario real, tomando 1985 como base 100, en 1992 era solo 40,1 (OIT, 1994).

Esto no impide que el FMI continúe imperturbable con sus orientaciones antisociales: en su Informe Anual de 1995, publicado en setiembre de 1995, el FMI sugería a Francia que rebajara el salario mínimo y las cargas sociales para reducir el desempleo (FMI, 1995), es decir seguir el modelo de Estados Unidos, donde los empleos que se crean son no calificados y mal remunerados (CNUCED, 1995, cap. III).

3. Salud

El informe del UNICEF "La situation des enfants dans le monde 1989" señalaba que a la disminución de los ingresos familiares de los sectores más desfavorecidos se suma el recorte, en el marco de las políticas de ajuste, de los gastos estatales en materia social: en los últimos años, decía el informe, en los 37 países más pobres los gastos en salud pública han disminuido en un 50%. Una de las consecuencias es que la tendencia a la disminución de la tasa de mortalidad infantil se ha hecho más lenta en algunas regiones, en otras se ha detenido o, peor aún, se ha invertido y la tasa de mortalidad infantil ha vuelto a aumentar. "Se puede estimar en por lo menos 500.000 la cantidad de niños muertos en los últimos doce meses como consecuencia de la desaceleración o de la inversión del progreso económico en los países en desarrollo" (UNICEF, 1989).

Cabe hacer una observación acerca de las estadísticas sociales, que a veces dan una imagen distorsionada de la realidad, tomando periodos largos, por ejemplo 1960 1990, haciendo aparecer así progresos en materia de mortalidad infantil, alfabetización, etc. pero ocultando de ese modo la tendencia inversa en el período 1980 1990, tendencia negativa que continuó después.

Es lo que se hace en el Informe del UNICEF "Estado mundial de la infancia 1995", donde por ejemplo en la Tabla 10, se comparan las cifras de mortalidad infantil de 1960 y de 1993, apareciendo así una neta disminución entre ambas fechas pero ocultándose la tendencia a la estabilización o al empeoramiento que se advierte desde comienzos de 1980, como lo señalaba el mismo UNICEF en su informe de 1989.

El Banco Mundial, por su parte, en su informe de 1993 (Banque Mondiale, 1993), preconizaba la privatización de los servicios de salud, lo que tiene por resultado convertir a este derecho humano fundamental en una fuente de lucro para unos pocos (como ya lo es en buena parte a través de la industria farmacéutica) y en un lujo inalcanzable para los más pobres.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud decía : "En el mundo en desarrollo mueren cada año 12,2 millones de niños de menos de cinco años, la mayoría de ellos por causas en muchos casos evitables por unos pocos centavos de dólar. La pobreza ha sido y seguirá siendo el mayor obstáculo al desarrollo de la salud. La pobreza es quizás el principal determinante, tomado aisladamente, de la salud individual, de la familia y de la comunidad. La cantidad de gente pobre se ha incrementado substancialmente, tanto en el mundo en desarrollo como entre los grupos y comunidades marginales del mundo desarrollado, especialmente en los barrios pobres (bidonvilles) de las grandes ciudades" (OMS, 1995).

4. Educación

En 1990 había en el mundo 948 millones de adultos analfabetos, encontrándose las tasas más altas de analfabetismo en los países pobres y, dentro de cada país, entre los pobres, especialmente las mujeres y las niñas (UNESCO, 1991).

La afirmación de que el analfabetismo en el mundo tiende a decrecer es relativamente inexacta, pues si bien es cierto que disminuye globalmente en porcentaje, no disminuye en cifras absolutas (Ali Hamadache, 1990).

Además, la pobreza creciente de amplios sectores de la población y el recorte de los gastos sociales en muchos países como consecuencia de las políticas de ajuste, ha hecho aumentar la deserción escolar. El informe del UNICEF "La situation des enfants dans le monde 1989", señalaba la disminución en un 25% de los gastos en educación en los 37 países más pobres y afirmaba que en ..."cerca de la mitad de los 103 países en desarrollo sobre los que existen informaciones recientes, la tasa de inscripción en la escuela primaria de los niños de 6 a 11 años está en neta regresión" (Informe citado, pág. 1).

Y en los que se refiere a las niñas, "...la creciente tendencia en muchas zonas a mantener a las niñas fuera de la escuela para que ayuden en las tareas de sus madres, virtualmente asegura que otra generación de mujeres crecerá con menores perspectivas que sus hermanos. En Africa por ejemplo, "es cada vez mayor el número de niñas que abandonan la escuela tanto primaria como secundaria o que no asisten a ella debido a la creciente pobreza", según dice la señora Phoebe Asiyo, del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer"(Jodi Jacobson, 1992).

..."Las políticas de ajuste están generalmente acompañadas de una disminución del gasto público, de las tasas brutas de escolarización y de la calidad de la enseñanza, especialmente en el primer nivel"... "En el sector de la educación parece ser más fácil, durante el proceso de ajuste, reducir el gasto público en el nivel primario que en el nivel superior"... "A largo plazo, todo esto perjudicará gravemente la calidad de la educación"(Jandhyala Tilak, 1992).

5. Seguridad social y redes de seguridad social

El FMI impulsa la privatización de la seguridad social, lo que se está haciendo en muchos países del mundo en detrimento de los sectores de más bajos ingresos.

La seguridad social presenta en los países de bajo nivel de ingresos diversos problemas de naturaleza estructural:

a) abarca sólo a una parte de la población, en particular a los que trabajan en el sector estructurado, quedando generalmente al margen los trabajadores del sector no estructurado o informal;

b) las cotizaciones de los trabajadores del sector estructurado son pocas y bajas a causa de los bajos salarios, lo que no permite cubrir con ellas a los otros sectores, etc.

A estos problemas se ha agregado el de la privatización de los servicios de seguridad social, que margina a los trabajadores con más bajos ingresos y por lo tanto los más necesitados, a causa de que las cotizaciones son muy elevadas. Además, el porvenir de los sistemas privados es incierto y los trabajadores que pertenecen a ellos corren el riesgo de encontrarse en el futuro sin protección.

Muchos especialistas en seguridad social han dado su opinión contraria a la privatización de los sistemas de seguridad social y ya se pueden comprobar las consecuencias negativas para los trabajadores con más bajos ingresos en los países donde se ha puesto en práctica.

En el párrafo 44 del documento de la OIT "Protección social y redes de seguridad" de la Comisión sobre el empleo del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, refiriéndose a la experiencia de Chile en materia de privatización de los sistemas de seguridad social, se dice:

"Los datos sobre los costos operacionales de las cajas de pensiones del sector privado (AFP) en este país son fragmentarios pero se informa que en 1989 dichos costos representaron el 25 por ciento de los ingresos procedentes de las cotizaciones; de esta suma, una proporción considerable consistió en costos de comercialización y ventas. (Colin Gillion y Alejandro Bonilla, 1992). Las cajas privadas tampoco parecen ser muy capaces de asegurar el cumplimiento de la legislación: la proporción de afiliados que paga regularmente las cotizaciones como lo requiere la ley, fue en 1990 de un 53 por ciento. Esto sin embargo no constituye un gran problema para las cajas de pensiones, ya que las cotizaciones no pagadas no confieren derecho a la prestación; pero puede crear problemas importantes en el futuro para el Estado, que tendrá que pagar a los trabajadores jubilados una prestación mínima garantizada."(OIT, 1992).

El FMI, por el contrario considera que "Chile muestra el camino"(G.A. Mackenzie, 1995).

Con la privatización de los sistemas de seguridad social (que es una forma de acumulación de capital y de concentración de beneficios en pocas manos privadas) se está repitiendo de alguna manera el proceso que llevó a la acumulación de la enorme deuda externa de los países del Tercer Mundo: los préstamos que dieron origen a la deuda sirvieron para que unos pocos acumularan capital y ahora la deuda es una pesada carga que agobia a la gran mayoría de la población de los países deudores. Podría llegar a ocurrir más adelante que la Cajas privadas quiebren o desaparezcan y que el pago de las jubilaciones de sus afiliados deba asumirlo el Estado, es decir los contribuyentes.

Estas privatizaciones de los sistemas de seguridad social forman parte de las políticas de ajuste recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. El FMI, refiriéndose a las reformas al sistema de la seguridad social en Argentina (que incluye la privatización) dice: "esta reforma se imponía"(FMI, 1994).

Para compensar los efectos sociales negativos del ajuste estructural el FMI y el Banco Mundial proponen establecer "redes de seguridad social".

La reducción del gasto público recomendada por el FMI como parte de las políticas de ajuste, limita seriamente el alcance y la eficacia de tales redes de seguridad destinadas a la protección de los sectores más vulnerables (entrega directa de alimentos, precios subvencionados para algunos artículos de primera necesidad, etc.).

A título de ejemplo: el 22 de octubre de 1992 se dictó en Perú el decreto ley 25572, modificando la ley de presupuesto de 1992, aprobada por el Parlamento antes del golpe de Estado de Fujimori. Entre las modificaciones figuraba la reducción de los gastos sociales en un 42 por ciento, o sea 217 millones de soles, lo que afectó programas del vaso de leche, de apoyo alimentario de emergencia y de lucha contra las epidemias. Por otro lado, la modificación del presupuesto incrementó los fondos destinados al pago de la deuda externa en 316 millones de soles. Eso en un país donde el número de personas en situación de pobreza crítica pasó de 7 a 12 millones de personas en el solo año 1991, sobre una población total de 18 millones.

6. Preservación del medio ambiente

En 1974, se publicó el Modelo Mundial Latinoamericano, un informe preparado por un grupo de sociólogos y economistas latinoamericanos, con un enfoque crítico y diferente del informe preparado por Dennis Meadows para el Club de Roma, que se había publicado en 1972 con el título de "Los límites del crecimiento".

Aludiendo a este último informe, en el Modelo Mundial Latinoamericano se decía que la catástrofe ecológica prevista en otros modelos para un futuro más o menos lejano, era una realidad actual para buena parte de la humanidad (Herrera, 1977).

En efecto, hace ya tiempo que la deforestación está produciendo daños incalculables, que industrias contaminantes (muchas de ellas desplazadas de los países desarrollados a los países del Tercer Mundo) envenenan la atmósfera, el agua y la tierra y que enormes cantidades de desechos tóxicos son también exportados de los países industrializados a los países menos avanzados (Ouhachi-Vesely, 2001).

Por ejemplo en América Central, desde 1960 se han reducido las áreas boscosas del 60 al 30 por ciento del total del territorio. Se estima que actualmente se pierden en esa región 350.000 hectáreas de bosques por año, lo que significa una tasa anual de deforestación del 1,5 por ciento, una de las más elevadas del mundo, con graves consecuencias ecológicas, como por ejemplo la escasez de agua para el riego y para el consumo de las poblaciones urbanas. Esto es la consecuencia de un proceso así llamado de modernización por un lado y de estrategias de supervivencia por el otro. La modernización ha consistido en la tala indiscriminada para vender la madera, extender las tierras de pastoreo para producir carne destinada a la exportación (lo que se ha llamado la "hamburger connection") producir bananas, café y algodón también destinados a la exportación, explotar minas, etc. (Utting, 1991).

Las consecuencias sociales han sido el desplazamiento de sus tierras de los campesinos pobres y de los pueblos indígenas quienes, al ocupar nuevas tierras más alejadas, practican estrategias de supervivencia, talando árboles para usar la madera como combustible y también para venderla. Cuando los campesinos pobres y los indígenas quieren resistir el despojo de sus tierras, la represión y las matanzas no se hacen esperar. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo financian estos procesos de "modernización", cuyo resultado es la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, el enriquecimiento de las elites locales incluidos los jefes militares, enormes beneficios para empresas transnacionales y el empobrecimiento y la degradación de las condiciones de vida de grandes sectores de la población, en un marco de deterioro acelerado del medio ambiente.

No ha sido ni es muy diferente la situación en Africa, donde a primera vista se pueden atribuir las hambrunas a las condiciones meteorológicas y a las guerras, pero un análisis más profundizado pone de manifiesto el papel funesto desempeñado por la colonización europea, que devastó enormes extensiones de bosques para apropiarse de las maderas y fomentó los cultivos de exportación, como el café, el cacao y el maní. Con el agravante que este último reseca fuertemente la tierra donde se cultiva. Se marginaron los cultivos de subsistencia y se modificaron los hábitos agrícolas de los pueblos africanos, tales como el desplazamiento de los cultivos, la rotación y la acumulación de reservas, aptos para afrontar sin hambrunas los períodos de sequía, etc.

En Asia la situación tampoco es diferente y por ejemplo Nepal, que tiene maderas muy cotizadas en sus bosques, tiene además el triste privilegio de exhibir la tasa de deforestación más elevada del mundo, el cuatro por ciento anual (Solon Barraclough y Krishna Guimire, 1990).

El Banco Mundial manifiesta preocupaciones ecológicas y financia reforestaciones con eucaliptus, que tiene alto y rápido rendimiento económico pero que deseca las tierras, haciéndolas inutilizables para los cultivos de subsistencia (Vandana Shiva, 1990).

En ciertos aspectos, la problemática ecológica de las naciones del Este europeo es comparable a la de los países en desarrollo. En setiembre de 1990 se efectuó una conferencia en Stuttgart que reunió a empresarios eurooccidentales con científicos euroorientales. En esa ocasión, un especialista de la Academia de Ciencias Económicas de Poznan dijo que, desde el colapso del régimen anterior, lo que estaba de moda en Polonia no era la protección del ambiente, sino más bien las latas de cerveza, las bolsas de plástico, los plaguicidas y las usinas para incinerar basuras. En esa situación, precisó, muchas empresas euroocidentales desempeñan un papel muy distinto del que proclaman. La exportación a Polonia de desechos industriales, la venta de productos contaminantes y el traslado a ese país de industrias problemáticas, agregó, experimentaban en ese momento un auge extraordinario (Leopoldo Mármora, 1992).

7. Política fiscal

Siguiendo los consejos del FMI y del Banco Mundial, muchos países han introducido reformas a sus políticas fiscales, que han tenido por consecuencia el aumento de los impuestos al consumo, que paga por igual toda la población y afecta especialmente a los más pobres, y la disminución de los impuestos al patrimonio, a la fortuna y a las transacciones financieras.

El FMI se congratula de lo que llama "un enfoque radical de la reforma fiscal en la Argentina" a la que califica de "una de las más revolucionarias de América Latina", que ha consistido, según se explica, en suprimir impuestos a las transacciones financieras y a la exportación y en concentrarse en la TVA (impuesto al consumo), convirtiendo a éste en un impuesto sumamente remunerador (Parthasarati Shome, 1995).

En el mismo artículo figura un cuadro donde se puede ver la evolución de la composición de la recaudación fiscal en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, tomados en conjunto, entre 1980 85 y 1992. Allí se muestra que en el total de la recaudación fiscal, los impuestos al consumo aumentaron del 34,4% al 43,5% y los impuestos al patrimonio y a la fortuna disminuyeron del 19,1% al 12,2%.

Es decir que el FMI promueve una política fiscal que en lugar de contrarrestar, contribuye a acentuar la tendencia generalizada a la concentración de la riqueza en pocas manos por un lado y a la extensión de la pobreza, por el otro, política que incluye la desgravación de la especulación financiera.

8. Derecho a la vivienda

Son bien conocidos los efectos sobre el derecho a la vivienda de megaproyectos financiados por el Banco Mundial que tienen por resultado el desplazamiento masivo de poblaciones. Pero en un contexto más general, las políticas de ajuste recortan o eliminan todos los gastos sociales, entre ellos los destinados a la construcción de viviendas populares. Además, la inversión del dinero de la droga en la propiedad urbana con fines de blanqueo y la especulación inmobiliaria encarecen la vivienda y la hacen aún más inaccesible para la gente de escasos recursos.

Por su parte, Estados Unidos sostuvo en la Conferencia Internacional Habitat II que no existe un derecho a la vivienda. Ello, pese a que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11, inciso 1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen expresamente el derecho a la vivienda.

9. Situación de la mujer.

Cabe decir que la mujer ocupa, junto con los niños, el primer rango entre las víctimas de la política antisocial. En ningún país del mundo la mujer cobra el mismo salario que el hombre por un trabajo igual, lo que constituye una discriminación manifiesta.

Y en los esfuerzos encarnizados por abaratar la mano de obra para lograr una mayor competitividad, se ha acentuado la explotación de la mujer trabajadora, junto con la explotación del trabajo infantil.

"Hoy todavía, el 70% de los pobres y las dos terceras partes de los analfabetos en el mundo son mujeres. Las mujeres solo ocupan el 14 % de los puestos de responsabilidad y administrativos, el 10% por ciento de las bancas parlamentarias y el 6% de los cargos de ministros...Trabajan a menudo más horas que los hombres, su trabajo es sin embargo en gran parte ignorado, no reconocido y desvalorizado"...(PNUD, 1995).

VI. ÁFRICA, EL CONTINENTE MÁS AFECTADO.

Diversas razones han hecho que África sea el continente que más ha sufrido las consecuencias de los cambios en la economía mundial de los últimos decenios y particularmente, de las políticas de ajuste.

África entró en la fase de crisis siendo el continente menos industrializado tanto en términos de producción industrial como de estructura. Este bajo nivel de industrialización es la herencia más visible del colonialismo. Las políticas coloniales impidieron que África iniciara el proceso de sustitución de importaciones tanto durante el período de la depresión como durante la Segunda Guerra Mundial, como pudo llevarse a cabo en otras regiones del Tercer Mundo, por ejemplo en América Latina.

Así África ha continuado siendo extremadamente vulnerable a los factores externos.

Hasta fines del decenio del 70 muchos países africanos realizaron progresos de orden económico y social. Pero la subordinación de las elites dominantes de la mayoría de los países africanos a las potencias neocoloniales, dio lugar al progresivo deterioro económico-social de buena parte del continente, deterioro que se agravó en el decenio del 80 con las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI.

Por ejemplo, en Uganda, tomando como base 100 el salario mínimo real en 1972, en 1984 era solo 9, es decir más de diez veces inferior y si en 1972 hacía falta el 60 por ciento del salario real para comprar los alimentos para la familia, en 1984 hacía falta el 450 por ciento de dicho salario para ese mismo fin, lo que en términos no estadísticos quiere decir hambre. En un trabajo del UNRISD (Thandika Mkandawire, 1991) se dan varios ejemplos de industrias ugandesas totalmente dependientes de materias primas, sistemas de fabricación, maquinarias y hasta envases extranjeros, de los cuales tomaremos uno solo.

Mukisa Biscuits, reconstruida en 1982 con fondos del PNUD y con el asesoramiento técnico de UNIDO, había funcionado en los años 50 utilizando materias primas locales. Una vez reconstruída con la ayuda de los dos organismos de las Naciones Unidas citados, Mukisa Biscuits utiliza solo el agua local para cocinar materias primas importadas, corta el producto en moldes extranjeros y los envasa en papeles y cajas importadas también del extranjero.

Uganda, como la mayor parte de los países africanos, debe pagar al exterior mucho más de lo que recibe en calidad de préstamos o por sus exportaciones.

Así es como en 1992 la deuda externa representaba el 100,1% del PNB en Africa en general y el 108,1% en Africa subsahariana. En diez años se duplicó en Africa la relación deuda PNB (Naciones Unidas, Estudio económico mundial, 1993).

Mientras en el periodo 1965 1980, la tasa media de crecimiento del PIB en Africa subsahariana fue del 5,6%, en el periodo 1980 1986 fue cero (Mkandawire).

En "L'Afrique vers la reprise économique" del UNICEF, se dice: "Al fin del decenio, el FMI y el Banco Mundial se convirtieron en beneficiarios netos de los recursos provenientes de Africa, encontrándose en la situación anormal de socavar la viabilidad financiera de sus propias políticas de ajuste estructural" (UNICEF, 1992).

El mismo documento del UNICEF dice que Africa "necesita urgentemente otra estrategia de desarrollo" (pág.9).

La 7a. Conferencia de la CNUCED, celebrada en 1987, previó situaciones trágicas como las de Ruanda, si no se cambiaban rápidamente las orientaciones en materia económico social en los países agobiados por la deuda y las políticas de ajuste.

Otro factor que empobreció a los países africanos fue la caída de los precios de sus productos de exportación. Por ejemplo el precio del café, que constituye el 77% de las exportaciones de Ruanda, disminuyó casi en un 50% en pocos años.

Uno de los golpes asestados al nivel de vida de varios pueblos africanos fue la devaluación del franco CFA. Esa devaluación, impuesta por el FMI y aceptada por los respectivos gobiernos, afectó gravemente los consumos básicos de la población, pues muchos de esos países son importadores de alimentos, como consecuencia de la liquidación de sus estructuras productivas tradicionales. Por cierto que las víctimas de la devaluación no fueron consultados.

La Octava Conferencia Regional Africana de la OIT (Mauricio, 19 26 de enero de 1994) se declaró "Alarmada por los efectos dramáticos que ha tenido la devaluación en el nivel de vida de la población y especialmente de millones de trabajadores y sus familias, muchos de los cuales han sufrido ya una fuerte caída del ingreso real y una pérdida del poder adquisitivo"... (OIT, 1994).

El FMI, por el contrario, se declaró satisfecho de los primeros resultados de la devaluación del franco CFA: "Durante los nueve primeros meses de 1994 el franco CFA se desvalorizó alrededor del 33% en valor efectivo real, grosso modo como estaba previsto. Los costos salariales expresados en dólares  otro barómetro de la competitividad  bajaron alrededor del 40 por ciento". Para "consolidar los progresos logrados", el FMI recomienda a los gobiernos "un control más estricto de los gastos públicos"..."una política salarial prudente" y "liberalizar el sistema de precios, el mercado de trabajo y el comercio exterior" (Jean Clément, 1995). Es decir que el FMI aprobó que el salario real de los trabajadores de Africa de habla francesa hubiera caído en pocos meses un 40 por ciento y aconsejó a los respectivos gobiernos "consolidar los progresos logrados".

Según el Estudio Económico Mundial de las Naciones Unidas, el conjunto de Africa tuvo en 1992 una transferencia negativa de recursos de 1600 millones de dólares. Este resultado no impidió al subsecretario del Tesoro de los EEUU del Presidente Clinton, señor Lawrence Summers, declarar refiriéndose a África que "la comunidad internacional no puede mantener de manera permanente el nivel de ayuda actual" (Africa Relance, 1993).

El señor Summers adquirió cierta notoriedad cuando siendo economista jefe del Banco Mundial, en un memorándum interno expresó que el Banco debía estimular la exportación de industrias contaminantes al Tercer Mundo y agregó que descargar los desechos tóxicos en los países de más bajos ingresos era de una lógica económica impecable, porque la vida de un habitante del Tercer Mundo, en términos de esperanza de vida y de ingreso per cápita, vale mucho menos que la de un habitante de un país desarrollado (The Economist, 15-21 de febrero 1992).

Los objetivos del capital transnacional en Africa fueron expresados claramente por el señor George Moose, ex subsecretario de Estado para asuntos africanos de los Estados Unidos en un discurso ante el Senado de su país: "Nosotros debemos asegurar nuestro acceso a los inmensos recursos naturales de Africa" (Le Monde Diplomatique, julio 1993).

Los tremendos dramas que se producen en Africa: guerras civiles, luchas interétnicas, desplazamientos masivos de población, hambrunas, se pueden explicar en buena parte por estas políticas de las grandes potencias, las empresas transnacionales y los organismos de Bretton Woods.

Por ejemplo en Ruanda, el crecimiento medio económico en el período 1980 1991 fue negativo ( 2,4), la tasa de mortalidad infantil es de más de 110 por mil y la proporción de médicos era en 1990 la más baja del mundo: un médico cada 72990 habitantes, más desfavorable aún que en 1970 (Banco Mundial, Rapport 1993). Entre 1980 y 1991 la deuda externa de Ruanda creció del 103 al 591 por ciento de sus exportaciones (Banco Mundial, rapport sur le développement dans le monde,1993, cuadro 24). Y la tasa anual de deforestación en Ruanda entre 1981 y 1985 fue del 2,3 por ciento, una de las más elevadas del mundo.

En Africa en general, los bosques fueron arrasados para proveer de maderas exóticas a los mercados de los países llamados civilizados. Entre 1930 y 1970 se estima que fueron destruidos entre el 25 y el 30 por ciento de los bosques húmedos de Africa. Sobre todo en los últimos decenios, esta elevada tasa de deforestación con consecuencias ecológicas catastróficas (sequía y erosión) obedece en buena parte a la transformación de los bosques en tierras de cultivos de exportación, en un intento desesperado de obtener divisas para pagar los servicios de la deuda (Barraclough y Guimire).

Las "ideas" del señor Summers y las políticas del FMI, del Banco Mundial, de las empresas transnacionales y de las grandes potencias en Africa, se llamarían en lenguaje hitleriano "la solución final del problema africano".

VII. ¿QUÉ HACER CON LA DEUDA?

1. Los antecedentes históricos.

Para analizar las posibles soluciones al problema de la deuda, hay que remitirse en primer lugar a los ejemplos de la historia, que demuestran que, sobre todo las grandes potencias, nunca o casi nunca han pagado sus deudas .

Decía Keynes: “...los incumplimientos por gobiernos extranjeros de su deuda externa son tan numerosos y ciertamente tan cercanos a ser universales que es más fácil tratar sobre ellos nombrando a aquéllos que no han incurrido en incumplimiento, que aquéllos que lo han hecho. Además de aquellos países que incurrieron técnicamente en incumplimiento, existen algunos otros que pidieron prestado en el exterior en su propia moneda y permitieron que esa moneda se depreciara hasta menos de la mitad de su valor nominal y en algunos casos a una fracción infinitesimal. Entre los países que actuaron así cabe citar a Bélgica, Francia, Italia y Alemania.” (Keynes, 1924).

John Kenneth Galbraith (1995) cita varios ejemplos de deudas externas (sobre todo de los países llamados desarrollados) que nunca fueron pagadas.

Sergio Bitar, en el prólogo a un libro de Gonzalo Biggs (Biggs, 1987) cita a Andrew Mellon, que fué Secretario del Tesoro de los Estados Unidos a fines de los años 1920, quien dijo: “La insistencia en el cumplimiento de un convenio que supere la capacidad de pago de una nación le serviría de justificación para negarse a cualquier arreglo. Nadie puede hacer lo imposible… quienes insisten en cláusulas imposibles están propiciando en última instancia el repudio completo de la deuda”. Esto lo decía Mellon para justificar la firma de 15 convenios para reprogramar las deudas de guerra de los países europeos con Estados Unidos. Pese a esta reprogramación, Alemania y otros países europeos suspendieron más adelante el pago de las deudas de guerra con Estados Unidos.

En su libro, Biggs cita numerosos precedentes históricos de países que no han pagado sus deudas externas, entre ellos los Estados Confederados del Sur después de la Guerra de Secesión. Dicha deuda fue anulada mediante la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos , del 16 de junio de 1866, que dice : “…ni los Estados Unidos, ni ninguno de los Estados reconocerán o pagarán deuda u obligación alguna que se haya contraído para ayudar a una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos…; estas deudas, obligaciones y reclamaciones serán consideradas ilegales y nulas”. (Biggs, págs. 101 y 102).

Dice Biggs que si los países latinoamericanos recibieran un trato similar al de Alemania y otros países europeos después de la primera guerra mundial (que finalmente no pagaron sus deudas) la deuda latinoamericana debería reducirse en más del 50 por ciento y prorrogar los plazos de vencimiento de la misma hasta después del año 2050 (Biggs, pág. 171).

El profesor José Antonio Alonso, en un artículo publicado en el diario español “El País” del 17 de abril de 2001, después de indicar el elevado costo económico y social de la deuda de los países en desarrollo, señala que después de la Segunda Guerra Mundial se fijó como cuota máxima para el pago de la deuda alemana el 4,6% de sus exportaciones, con el objeto de “no dislocar la economía” y “no drenar indebidamente sus recursos”. Es decir que Alemania, después de haber provocado la hecatombe humana más grande de la historia, recibió mejor trato que el que reciben actualmente los países deudores pobres.

Biggs dice que la experiencia histórica muestra que en todas las crisis financieras internacionales , los acreedores o sus gobiernos debieron asumir una parte importante de las pérdidas resultantes de sus préstamos o inversiones y que la única excepción a esta regla ha sido la latinoamericana (pág. 28). Podría agregarse que actualmente la excepción alcanza no sólo a los países latinoamericanos sino a todos los países deudores pobres.

2. Los aspectos económicos financieros.

Desde el punto de vista económico-financiero, si se hiciera un estudio actuarial descontando las deudas ficticias, los intereses usurarios, los intereses de los intereses, los gastos y comisiones desproporcionados y la fuga de capitales, se llegaría a la conclusión de que la deuda ha sido totalmente pagada y probablemente se vería que los presuntos deudores son en realidad acreedores.

Un documento del 25 de junio de 2001 de Jubileo Sur, una red internacional por la anulación de la deuda, dice que en 1980 los países del sur debían 567 mil millones de dólares, que desde entonces se han pagado 3 billones 450 mil millones, es decir seis veces el monto de la deuda de 1980 y que sin embargo se deben actualmente algo más de dos billones, es decir tres veces y media más que en 1980.

3. Los argumentos y los mecanismos jurídicos contra la deuda externa.

Los Estados de los países ricos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los grandes Bancos transnacionales, la gran mayoría de los Gobiernos de los países del Tercer Mundo y otras personas realizan distintas actividades que convergen a una finalidad común consistente en expoliar a los pueblos del Tercer Mundo apropiándose de sus riquezas, de sus recursos naturales y de los frutos de su trabajo.

Y que uno de los principales mecanismos que utilizan para lograr ese propósito es la deuda externa.

Hablamos de los Estados de los países ricos y en cambio decimos Gobiernos de los países deudores, porque los primeros tienen una responsabilidad internacional como Estados por los daños causados a los países pobres, y en el caso de los Gobiernos de los países supuestamente deudores, los individuos que han formado sucesivamente parte de esos Gobiernos tienen una responsabilidad política ante sus propios pueblos y una responsabilidad civil y penal por la cual deben responder ante los tribunales de justicia.

En tales actividades, los Estados de los países ricos, las instituciones financieras públicas y privadas, ciertos Gobiernos e individuos, están involucrados como autores, coautores o cómplices en la comisión de diferentes delitos y crímenes, que van desde los fraudes y la malversación de caudales públicos, hasta la violación de los derechos humanos fundamentales.

Desde el punto de vista jurídico, se ha reconocido el derecho de un gobierno constitucional a desconocer las deudas contraídas por un gobierno dictatorial anterior, con fundamento en la mala fe del acreedor (que prestó sabiendo el destino ajeno al interés público del préstamo) y en la falta de representatividad del deudor. El general Tinoco había asumido el poder mediante un golpe de Estado en Costa Rica en 1917 y su gobierno contrajo una deuda con el Royal Bank of Canada. Dicha deuda fue desconocida por el gobierno constitucional posterior. En 1923, el juez Taft de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que actuó como juez-árbitro entre el Royal Bank y el Gobierno de Costa Rica, rechazó la demanda de reembolso de la deuda, con los fundamentos mencionados (Patricia Adams, 2000).

En este sentido, hay que tener en cuenta que una buena parte de los préstamos que han originado la actual deuda externa fueron a parar al bolsillo de los dictadores de turno y de otros gobernantes y funcionarios corruptos, quienes los depositaron en Bancos extranjeros, o se utilizaron en obras inútiles o suntuarias, en la compra de armas y en financiar la represión y, por supuesto, en el pago de los intereses usurarios, comisiones y amortizaciones de la misma deuda.

Es decir que los gobiernos de los países ricos, los Bancos privados, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no sólo manejaron de manera irresponsable y fraudulenta el crédito internacional sino que financiaron regímenes dictatoriales y facilitaron y consintieron con pleno conocimiento de causa el desmesurado enriquecimiento personal y la megalomanía de individuos como Mobutu, Duvalier, Marcos y otros de similar catadura.

Quizás el caso más grosero y flagrante fue la financiación del régimen del “apartheid” en Africa del Sur.

En efecto, pese a la existencia de la Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen de \u?apartheid\u? y a las sanciones adoptadas por la Asamblea General de la ONU contra el régimen criminal de Africa del Sur, varias grandes potencias y numerosas sociedades y Bancos transnacionales continuaron colaborando con el régimen de \u?apartheid\u? .

En 1986 y 1987, un grupo de tres miembros de la Comisión de Derechos Humanos, nombrados a requerimiento de la Asamblea General, estimó que las sociedades transnacionales que continuaban colaborando con el régimen de África del Sur, deberían considerarse cómplices del crimen de \u?apartheid\u?, de conformidad con el artículo III, inciso b) de la Convención. La Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1987/11, decidió señalar a la atención de los Estados la opinión expresada por el \u?grupo de los tres\u? y encomendó a éste el estudio de las acciones legales que podían emprenderse contra las sociedades transnacionales en el marco de la Convención. La Asamblea General, en su resolución 42/56 de 30 de noviembre de 1987, adoptó una resolución similar a la de la Comisión de Derechos Humanos.

El Banco Mundial fue una de las instituciones que continuó financiando al régimen del « apartheid » pese a las decisiones de la Asamblea General y al dictamen del servicio jurídico de las Naciones Unidas, quien, como el Banco Mundial continuaba operando con África del Sur aduciendo que sus estatutos no le permitían intervenir en política, dijo que el Banco , como organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, estaba obligado a respetar las sanciones contra Africa del Sur resueltas por la Asamblea General (Jonathan Cahn, 1993).

Ya se vio precedentemente que se contrajeron deudas simuladas y que durante largos periodos los intereses cobrados fueron usurarios, hechos que entran en la esfera delictiva . Además, los intereses no cobrados se incorporaron al capital adeudado, de manera que se devengaron intereses sobre los intereses (anatocismo), lo que está prohibido en las legislaciones de muchos países.

El despojo sistemático de los pueblos del Tercer Mundo, tiene por consecuencia la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de dichos pueblos, violaciones que implican también la violación del derecho a la dignidad inherente a la persona humana y del derecho a no sufrir tratamientos inhumanos o degradantes, derechos todos ellos consagrados en diversos instrumentos internacionales y en numerosas legislaciones nacionales.

Las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales pueden configurar también el crimen de genocidio, pues el artículo II, inciso c) de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio se refiere al ...“sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

Las violaciones a los derechos humanos que ha acarreado la expoliación de los pueblos del Tercer Mundo han alcanzado tal gravedad y magnitud que también se los puede calificar como crímenes contra la humanidad.

En resumen, en el proceso de acumulación de la deuda externa diversas instituciones y personas han incurrido, ya sea como autores, coautores o cómplices en la mayor parte de los siguientes delitos o en todos ellos:

1. fraude, consistente en simular deudas inexistentes;

2. malversación de caudales públicos, consistente en la desviación para beneficio privado de préstamos recibidos por el Estado y en la utilización de los fondos del Estado para pagar deudas privadas (reales o ficticias);

3. usura;

4. extorsión, consistente en imponer condiciones leoninas para consentir la renegociación de las deudas;

5. estafa, consistente en seguir cobrando una deuda inexistente;

6. violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales;

7. violación de la dignidad inherente a la persona humana y tratamientos inhumanos o degradantes;

8. complicidad en el crimen de “apartheid”;

9. complicidad en la violación masiva de los derechos humanos cometida por diferentes dictaduras en distintas épocas.

10. Genocidio y

11. Crímenes contra la humanidad

Los partícipes en este proceso con vertientes delictivas tienen responsabilidades específicas.

Responsabilidades de los Estados presuntamente acreedores o donde tienen su sede los acreedores privados (Bancos, etc.).

El derecho al desarrollo y al goce progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales comporta obligaciones de la comunidad internacional y de cada uno de los Estados miembros, respecto de sus propios pueblos y de los seres humanos en general. Las obligaciones de los Estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales existen no sólo respecto de sus propios pueblos sino de la sociedad humana en general. Son los llamados "derechos de la solidaridad", consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos; en la Carta de las Naciones Unidas y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando se refieren a la cooperación internacional.

Hay pues, en esta categoría de derechos, una obligación activa universal de los Estados de garantizarlos y una obligación pasiva universal de respetarlos. Los Estados pueden incurrir entonces en violación por omisión, al no garantizarlos, o en violación activa, al no respetarlos, por ejemplo, mediante políticas económicas y sociales regresivas respecto de sus propios pueblos o imponiendo tales políticas a terceros Estados.

En cualquiera de ambos casos, los Estados son jurídicamente responsables de tales violaciones, cuando han sido cometidas por sus funcionarios y/o sus órganos.

Y también son responsables por las violaciones cometidas por los particulares que están bajo su jurisdicción, cuando no ha adoptado las precauciones necesarias para evitarlas y para proteger a las víctimas.

De la responsabilidad del Estado deriva su obligación de reparar el daño causado a las víctimas, de dar seguridades de que no se repetirá la violación y, tratándose de un crimen internacional (como son a nuestro juicio las violaciones graves y masivas a los derechos económicos, sociales y culturales), la posibilidad de ser objeto de sanciones por parte de la comunidad internacional hasta que cesen las violaciones y se repare el daño causado.

Este es, en líneas generales, el enfoque de los artículos del proyecto elaborado por la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad de los Estados, aprobado en primera lectura en el año 2000.

Estos principios generales sobre la responsabilidad de los Estados son aplicables a los Estados donde tienen su sede los acreedores privados de la deuda externa, porque dichos Estados no sólo no han adoptado las precauciones para evitar los daños y violaciones causados por particulares (los Bancos acreedores) que están bajo su jurisdicción, sino que colaboran activamente con los acreedores, en forma directa como Estados e indirectamente a través del Fondo Monetario Internacional, ejerciendo fuertes presiones sobre los países deudores, a fin de que se sometan a las exigencias de aquéllos.

De esta manera, los Estados donde tienen su sede los acreedores privados se han hecho cómplices de éstos y de las autoridades de los países deudores por las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, Y, por cierto, son directamente responsables como autores de estas violaciones cuando el Estado mismo es el acreedor.

Dos ejemplos de la participación activa de las autoridades de los Estados de los países ricos en la expoliación de los pueblos del Tercer Mundo y de su propósito de perseverar en esa política criminal lo han dado recientemente dos dirigentes notorios de dichos Estados.

Uno es el presidente Bush, quien el 21 de diciembre de 2001, al reclamar a las nuevas autoridades argentinas que refuercen las medidas de austeridad recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, con la arrogancia del que se siente omnipotente y con la brutalidad que lo caracteriza, declaró textualmente lo siguiente:

"Espero que el nuevo presidente adopte las medidas necesarias para proteger a los acreedores, incluyendo al FMI el cual, según entiendo, está dispuesto a prestar más dinero, si se toman las medidas de austeridad".

Y agregó: "..el FMI planteó muchas exigencias duras, pero muchas de ellas fueron realistas y muy necesarias en lo que concierne al dinero, y es por eso que el gobierno de la Argentina debe reestructurar su política fiscal y su programa tributario". (Agencia EFE, 22/12).

El otro dirigente de un Estado acreedor es el ministro de economía de Francia Laurent Fabius, quien comentando el mismodía 21 de diciembre en una entrevista televisiva (TV francoalemana Arte, 19h.50) la crisis argentina, dijo que ella se debía fundamentalmente a la paridad peso –dólar, lo que había provocado el incremento de la deuda externa argentina a causa del aumento de la cotización del dólar. El señor Fabius aparenta ignorar que no hay relación alguna entre la paridad peso-dólar y el monto de la deuda externa pues, de todas maneras, haya paridad o no, todos los países pagan su deuda en dólares, que es la moneda dominante en las relaciones internacionales y en ningún caso pagan en su moneda nacional. Pero además el señor Fabius declaró que la comunidad internacional (es decir el conglomerado de países ricos dirigidos por Estados Unidos) estaba dispuesta a ayudar a Argentina a través del Fondo Monetario Internacional. Dicho en otras palabras, para el señor Fabius, si Argentina quiere nuevos préstamos , debe someterse a las exigencias nefastas y expoliadoras del agente financiero de las grandes potencias.

Responsabilidades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

En julio de 1944, la Conferencia de Bretton Woods acordó la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En el artículo 1º de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional se enuncian los seis objetivos del Fondo, entre ellos ..."facilitar el crecimiento equilibrado del comercio internacional contribuyendo de ese modo al fomento y mantenimiento de altos niveles de ocupación y de ingresos reales y al desarrollo de la capacidad productiva" .

En 1947 el Fondo y el Banco pasaron a ser formalmente instituciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas y, como tales tienen el deber, según lo establece la Carta de las Naciones Unidas (arts. 55, 56, 57, 58, 63 y 64), de promover la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo y de respetar, en tanto personas de derecho internacional, los derechos humanos.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son personas jurídicas internacionales y tienen patrimonio propio. En consecuencia, son jurídicamente responsables de las violaciones que cometan, sea por omisión o por acción, de los derechos económicos, sociales y culturales y tienen la obligación de reparar los daños causados, de cesar las violaciones y de no reincidir.

Como personas jurídicas, el Fondo y el Banco pueden incurrir en responsabilidades penales, pero también son individualmente responsables las personas que integran los órganos que toman las decisiones.

La responsabilidad penal de los funcionarios nombrados por los Estados en ambas instituciones, no exime a esos Estados (en particular a aquéllos que detentan estatutariamente el poder de decisión en virtud del voto ponderado), de su responsabilidad jurídica como Estados, en los términos expuestos precedentemente.

En un debate que se suscitó en la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU en agosto de 2001, el representante del FMI afirmó tranquilamente que dicha institución no tiene mandato para tomar en cuenta los derechos humanos en sus decisiones y que no está obligada por las diferentes declaraciones y convenciones relativas a los derechos humanos .

Esta afirmación provocó vivas réplicas de varios miembros de la Subcomisión, afirmando uno de ellos que “no es admisible que el FMI no se someta al derecho internacional”.

En el seno del FMI, el poder de decisión, a través del voto ponderado (tantos dólares, tantos votos), pertenece a un puñado de países ricos que reúnen la mayoría de los votos. Además, un solo país, los Estados Unidos, puede bloquear ciertas decisiones importantes (por ejemplo el restablecimiento de un sistema internacional de cambios fijos) porque dispone de un porcentaje de votos(18 por ciento) superior a la minoría de bloqueo, que es del 15 por ciento. La gran mayoría de los países y pueblos del mundo sólo pesan en el Consejo de Administración del FMI algo más del 25 por ciento de los votos.

De modo que es un pequeño grupo de países económicamente poderosos, quienes imponen al resto de la comunidad internacional las orientaciones de la política económica a través del Fondo Monetario Internacional. Y en el caso particular de la deuda externa y de las políticas de ajuste sucede lo mismo, de manera que las "recomendaciones" y "principios directores" del FMI se imponen extorsivamente a los países que quieren renegociar la deuda u obtener préstamos del sistema financiero internacional.

El FMI y el Banco Mundial son en la práctica meros instrumentos y mandatarios de las grandes potencias y del gran capital.

De modo que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y sus respectivas autoridades tienen responsabilidades propias y también como mandatarios de la grandes potencias y del gran capital en los delitos cometidos en la gestión de la deuda externa de los países del Tercer Mundo.

Responsabilidades de los Bancos transnacionales y de los individuos que participan en las operaciones delictivas relacionadas con la deuda externa.

El artículo 29, inciso 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice:

"Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad…” y en el artículo 30 agrega: "Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración" .

Los deberes que imponen los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo alcanzan a entidades tales como las empresas transnacionales, las asociaciones de productores, los sindicatos, etc., como se desprende de la Declaración de Filadelfia de 1944, incorporada a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración de Principios Tripartita sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, de la Organización Internacional del Trabajo.

El derecho internacional vigente considera ilícitas e incrimina en tratados y convenios diversas actividades realizadas por entidades o personas privadas (por ejemplo el tráfico de drogas) y no hay razón alguna para excluir de tales incriminaciones las violaciones graves y masivas a los derechos humanos que, con sus políticas y actividades, cometen los Bancos transnacionales e individuos particulares.

Es obvio que deben responder por los delitos de derecho común, como la malversación de caudales públicos, estafa, usura, etc.

Además, el Estatuto para una Corte Penal Internacional aprobado en Roma en 1998, si bien ignora totalmente la violación de los derechos económicos, sociales y culturales y no contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ha implicado el reconocimiento de la responsabilidad internacional de las personas privadas por graves violaciones a los derechos humanos.

Responsabilidades de los Gobiernos de los países deudores.

Dice Biggs: “La iniciativa para exigir la revisión sustancial de las negociaciones…corresponde a los países deudores y no puede suponerse que, para ello, éstos habrán de contar necesariamente con el apoyo o comprensión de las demás partes. Pero el temor a la antagonización no puede justificar la prolongación e intensificación de un gravamen irreversible sobre la seguridad y el bienestar de las actuales y futuras generaciones latinoamericanas” (págs. 33 y 34).

Los Gobiernos –y los pueblos – de los países deudores tienen argumentos irrefutables para declarar, incluso unilateralmente, la inexistencia o nulidad de la deuda. Esos argumentos son, fundamentalmente:

1. Los precedentes históricos prácticamente invariables, de no pago de la deuda externa. En particular las grandes potencias prácticamente jamás han pagado sus deudas.

2. La ilegitimidad y la ilegalidad de la deuda, especialmente si ha sido mayoritariamente contraída y malversada por una dictadura (doctrina de la deuda odiosa);

3. El hecho de que la deuda ha sido saldada con los pagos de intereses usurarios y las amortizaciones ya realizados;

4. Subsidiariamente, la fuerza mayor o el estado de necesidad, fundados en que lo que es esencial para el pueblo y para invertir no está disponible para transferir al exterior.

5. También en el plano jurídico cabe hacer valer el principio rebus sic stantibus, es decir el derecho a no cumplir una obligación cuando las condiciones de la misma han cambiado de manera tal que su cumplimiento resulta de una onerosidad extrema (Borges, Serrano) e invocar el enriquecimiento sin causa de los acreedores (derecho de reclamar la devolución y obligación de devolver lo que se ha percibido sin derecho, como figura por ejemplo en los arts. 784 y siguientes del Código civil argentino, 1895 y siguientes del Código civil español y 1376 y siguientes del Código civil francés) (Marín López).

Cuando las autoridades de un país deudor, sin tener en cuenta los precedentes históricos prácticamente invariables, la ilegitimidad de la deuda actual y que lo que “es esencial para el pueblo y para invertir no está disponible para transferirlo al exterior”, no sólo no negocian firmemente con los acreedores amenazándolos con repudiar totalmente la deuda, sino que acatan sumisamente sus exigencias, incurren en una grave responsabilidad política y jurídica.

Bitar, en el prólogo al libro de Biggs, señala que: “ Una extracción de recursos tan cuantiosos de las naciones pobres por las naciones ricas, obedece en definitiva a las condiciones de poder. Pero al final tiene un límite: la capacidad de pago del deudor. Y este concepto depende de una decisión nacional: lo que es esencial para el pueblo y para invertir no está disponible para transferirlo al exterior” (pág. 18).

Pero la voluntad para negociar firmemente con los acreedores de los gobiernos de los países deudores en defensa de los intereses de sus propios pueblos parece ser nula, pues se comportan como meros ejecutores de las políticas dictadas desde los centros del poder mundial y como representantes incondicionales de los intereses del gran capital local.

En ese caso, tanto los funcionarios gubernamentales que así actúen y los parlamentarios que consientan, por acción u omisión, tal política pueden ser acusados del delito de traición.

Las bases jurídicas para tal imputación existen en general en las legislaciones nacionales.

Por ejemplo, según el Código Penal argentino, comete traición quien “ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad” (artículo 215, inc.1º) y la Constitución argentina califica de “infames traidores a la patria” a quienes “formulen, consienten o firmen” actos por los que “la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna" (artículo 29).

Ello, sin perjuicio de otros delitos en los que hayan incurrido, como la malversación de caudales públicos, fraudes y estafas y, por cierto, la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos fundamentales de sus propios pueblos

Un hecho de un trágico simbolismo en esta responsabilidad criminal de los Gobiernos de los países supuestamente deudores, es lo que ocurrió en Argentina a fines de 2001: mientras la policía reprimía salvajemente al pueblo en la calle, el Gobierno que dos días después renunció hizo dos pagos a los acreedores: uno de 57 millones de dólares el 17 de diciembre y otro de 84 millones el 19 del mismo mes. Los gobernantes optaron por darle balas al pueblo que reclamaba sus derechos fundamentales y dólares al capital financiero internacional, que cobra intereses usurarios por una deuda inexistente.

Los mecanismos judiciales disponibles

En un trabajo nuestro reciente (Teitelbaum, 2001) refiréndonos a los mecanismos judiciales disponibles contra la violación de los derechos económicos sociales y culturales, decimos:

"En el estado actual del derecho internacional el enjuiciamiento y eventual condena de los imputados por violaciones a los derechos económicos sociales y culturales corresponde a los tribunales nacionales.

"Si se instala la Corte aprobada en Roma habrá que hacer el intento de que se ocupe de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales aunque son muy lejanas las perspectivas de que lo haga. Por ello es importante utilizar también el principio de la jurisdicción universal para el juzgamiento de dichas violaciones por los tribunales nacionales.

"Las Convenciones contra el Genocidio, contra el Apartheid, contra la Tortura, contra el reclutamiento de mercenarios, la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura y numerosas legislaciones nacionales (Constituciones, códigos penales, códigos de procedimientos penales, etc.), de América Latina y de Europa contienen excepciones al principio territorial de aplicación de la ley penal o establecen claramente el principio de jurisdicción universal. El país más avanzado en la materia es Bélgica, con sus leyes de 1993 y de 1999.

"Hay casos de jurisprudencia en distintos países (Argentina, México, España, Gran Bretaña, Estados Unidos, etc.), donde se ha aplicado en alguna forma el principio de jurisdicción universal, jurisprudencia que conviene tener en cuenta con miras a demandar ante los tribunales nacionales la sanción de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales".

Estas indicaciones pueden ser aplicables para llevar ante los tribunales a los responsables de la situación creada por la deuda externa.

4. Finalmente desde un punto de vista ético habría que poner la presunta deuda en un platillo de la balanza y en el otro platillo la deuda social, ecológica e histórica que los acreedores tienen con los presuntos deudores. Es decir poner en ese platillo el enorme daño social causado con las políticas de ajuste, el daño ecológico provocado con industrias contaminantes, con los desechos tóxicos transportados a los países del Tercer Mundo, con la devastación de los bosques y la deuda histórica contraída con los presuntos deudores durante siglos de despojo de sus riquezas y recursos humanos.

Puede afirmarse que la deuda externa de los países del tercer mundo es jurídica, económica y financieramente inexistente y éticamente insostenible y que su subsistencia forma parte del sistema mundial dominante caracterizado por la hegemonía del capital financiero parasitario que funciona como una bomba aspirante del trabajo y el ahorro de los pueblos de todo el mundo, siendo los más afectados los países pobres y dentro de ellos, los sectores más desfavorecidos de la población.

Dice Biggs: “El costo de mantener la vigencia de estas obligaciones a través de su constante ajuste y reprogramación proporciona una especie de renta perpetua a los acreedores y, al mismo tiempo, representa un drenaje permanente para la economía de los países deudores” (Biggs, pág. 24).

El buen sentido y la racionalidad económica indican que para cortar la espiral del endeudamiento es preciso:

1) condonar la deuda existente porque ya ha sido pagada, en buena parte es de origen espúreo y de todos modos está claro que es imposible pagarla.

2) realizar en los países ex deudores, con los fondos que queden disponibles y con nuevos créditos concedidos a ese fin, una política de crecimiento económico, que para que sea durable tiene que estar acompañada de una política de redistribución de los ingresos, de pleno empleo y de ampliación de los servicios sociales, es decir exactamente lo contrario de las políticas que impone el Fondo Monetario Internacional.

3) reconocer a las materias primas y productos manufacturados de los países pobres un precio internacional equitativo.

Todo esto significa por cierto un cambio fundamental en las actuales orientaciones predominantes en la economía mundial y poner fin a la hegemonía del capital financiero especulativo y parasitario.

Pero mientras los pueblos afectados no impongan la negociación con actos masivos de rebeldía contra los sucesivos ajustes y sacrificios, esta situación no tiene miras de cambiar.

Esto también lo saben los acreedores, pues estiman que pueden seguir expoliando a los pueblos de los países deudores mientras la paciencia de dichos pueblos no se haya agotado. En efecto, la Heritage Foundation, en el caso de México, afirmó en junio de 1987 que la circunstancia de que el gobierno de ese país hubiera eliminado los subsidios al consumo, aumentado drásticamente los impuestos y reducido en un 50 por ciento los salarios reales, “sin una rebelión masiva” de su población, indicaría que el gobierno aún tendría espacio para profundizar esa política y realizar, también sin obstáculos, la reforma y privatización completa del aparato económico del Estado (The Heritage Foundation. “Deja vu on Policy Failure: The new $ 14 billion Mexican debt bailout”, Backgrounder, Nº 588, p. 11, 25 de junio de 1987. Washington, D.C., citada por Biggs, págs. 31 y 32).

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