Con un trasfondo de agudización de la crisis económica, que ha provocado una honda recesión, las movilizaciones sociales, que han sido una constante de los últimos meses, han vuelto al primer plano desde fines del mes de junio. En abril fueron los cocaleros y luego los jubilados. (Ver ALAI 331 y 332). Tomaron el relevo la movilización de los pequeños prestatarios morosos, el bloqueo de caminos por los campesinos en el Departamento de La Paz, huelgas de hambre de presos a favor de extender el indulto del Jubileo 2000 y del magisterio jubilado por mejorar sus condiciones económicas. Tras 100 días de movilizaciones en favor del alivio de sus deudas y contra la usura, el lunes 2 de julio, un grupo de unos 100 pequeños prestatarios aumentó su presión con la ocupación y toma de rehenes, durante 17 horas, de la Superintendencia de Bancos. La medida aceleró la negociación de un acuerdo, firmado dos días después con las asociaciones de financieras, ASOBAN, ASOFIN y FINRURAL, gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Conferencia Episcopal. El acuerdo establece un período de conciliación de deudas, caso por caso, para las personas que contrajeron préstamos de hasta US$ 5000. Se considerará la remisión de multas, mas no la condonación de capital ni intereses ordinarios. La Superintendencia de Bancos atenderá las denuncias de cobros ilegales, reprogramaciones unilaterales y demás abusos. Se estima que existen en la actualidad unos 30.000 pequeños prestatarios, cuya deuda totaliza 20 millones de dólares, que se ven en dificultades o imposibilidad de pagar los créditos contraídos con bancos o entidades financieras, con el consecuente riesgo de perder sus pocos bienes. En muchos casos, las instituciones financieras han cobrado tasas usureras de 28 o 38%, sin que la ley lo impida. Según informes de prensa, hay casos donde por un crédito inicial de 500 dólares, ya se ha pagado $2.500 y todavía se debe otros 5.000. Se reportan más de 30 suicidios por tales motivos. El acuerdo otorga garantías civiles y penales para quienes hayan protagonizado la toma de la Superintendencia. No obstante, las fuerzas del orden procedieron a detener al menos 12 personas y el Ministro de Justicia tipificó como terrorismo y secuestro las acciones del 2 de julio, lo cual podría significar sentencias de 10 a 20 años de cárcel. Instancias de derechos humanos han pedido a las autoridades que respeten el acuerdo. Bloqueo de caminos A partir del 21 de junio un sector del movimiento campesino declaró un bloqueo nacional de caminos, debido a la violación de uno de los puntos básicos de los acuerdos firmados con el gobierno el año pasado. La medida, decidida en abril, en el Congreso que realizó un sector de la dividida Confederación Sindical Unica de Trabajadores del Campo de Bolivia (CSUTCB), liderado por Felipe Quispe, tuvo eco principalmente en el departamento de La Paz. El 1 de julio, Quispe dispuso la intensificación de la medida, con el desabastecimiento de productos agrícolas a la capital y el endurecimiento de la interrupción del transporte entre Bolivia y Perú. Tres campesinos han muerto como resultado de los enfrentamientos con las fuerzas del orden. El 4 de junio el gobierno del Presidente Hugo Banzer dio a conocer que no se desplazaría a dialogar en la zona del conflicto, como lo exigen los campesinos, quienes han presentado un nuevo pliego de peticiones de 40 puntos, que incluye la derogatoria de un decreto de flexibilización laboral y de la reforma educativa, la creación de un Banco Agrícola, la elección directa de subprefectos, restablecimiento de la justicia comunitaria, entre otros. La medida cuenta con el apoyo del magisterio rural y del transporte interprovincial, pero algunos otros sectores organizados de la zona, entre otros, comunarios y sindicales, se han pronunciado en contra. Sectores de algunos otros departamentos están amenazando unirse al bloqueo. El sector campesino no deja de ser, desde hace algún tiempo, el más fuerte y combativo del movimiento social boliviano. El año pasado, como resultado de las movilizaciones, logró un acuerdo de 50 puntos con el gobierno, de los cuales, según este último, se habrían cumplido 47, incluyendo la condonación de deudas de más de 20 millones de dólares a indígenas, colonos y campesinos. Pero su división interna, principalmente entre el sector liderado por Quispe y el del dirigente cocalero Evo Morales, ha debilitado su capacidad de movilización y de convocatoria. Así, al momento del Congreso de abril, las federaciones del Trópico ya estaban preparando bloqueos, pero el Congreso puso la fecha para el 1 de mayo, y la víspera se cambió para el 21 de junio, lo cual provocó una desmovilización. Finalmente, solamente una parte del Departamento de La Paz se sumó a la medida y el gobierno no parece dispuesto a tomarlo muy en serio. Deuda externa y condicionamientos La economía boliviana, desde hace un año o más, afectado por la desfavorable situación económica internacional, ha entrado en una recesión que se sigue profundizando, dando lugar a una reducción de la producción, reestructuración de empresas, empresas en quiebra, despidos, endeudados morosos, entre otros efectos. Si bien la cifra oficial del desempleo es del 6,7%, se estima que el desempleo real (incluido el sector informal empobrecido) supera el 40% de la población económicamente activa. El Fondo Monetario Internacional ha aprobado recientemente la Estrategia Boliviana de Lucha contra la Pobreza (que previamente tuvo luz verde del Banco Mundial y del BID), con lo cual ha abierto el camino para el segundo programa de alivio de la deuda externa para el país. Este programa se inserta en el marco de la iniciativa a favor de los Países Pobres Altamente Endeudados, aprobado por los países más desarrollados como resultado de la campaña Jubileo 2000. Significará para Bolivia un monto de 1.300 millones de dólares, que se destinarán a la reducción de la pobreza (preferentemente en los rubros de salud y educación), durante los próximos 15 años (o sea, de 80 a 90 millones anuales). Se prevé que el 88,2% se destine fuera de las ciudades capitales. Entre las condiciones para efectivizar el programa están la aprobación de la llamada Ley del Diálogo y un nuevo Código Tributario. La Ley del Diálogo es muy contestada por el magisterio y los municipios, porque entre sus principales propósitos está la descentralización de los sectores de educación y salud, que han sido objeto de constantes conflictos laborales desde hace muchos años, debido a la escasez de recursos. Se estima que el proyecto apunta esencialmente a transferir las escaseces, y por ende los conflictos, al ámbito local. A mediano plazo, apuntaría a la privatización. El gas: ?bonanza para quienes? Otra condición de las instancias multilaterales, y tema de potencial conflicto es la liberación del precio de los combustibles. El precio fue congelado por un año a partir del 7 de julio del 2000. Al 5 de julio de este año, el gobierno todavía no había anunciado si alzaría los precios de la gasolina y el diesel para compensar la inflación del 3,4%. Si lo hace, los choferes han amenazado aumentar el precio de los pasajes, lo cual podría desatar una reacción popular. Entretanto, el gobierno busca mejorar la economía del país mediante acuerdos comerciales con Brasil y EE.UU. Ha logrado un primer acuerdo de venta de gas natural a Brasil, y con EE.UU. está negociando una ampliación bilateral del régimen de preferencias, particularmente para el mercado energético y textil. En este último, queda en discusión si se aceptará la solicitud andina de respetar la producción de textiles en el país, o si EE.UU. insistirá en el sistema de maquila, que implica la confección de prendas con textiles importados, para luego reexportarlas. El gas natural promete ser para Bolivia, en los próximos 20 años o más, lo que fue la minería de estaño en décadas pasadas. Se han descubierto enormes yacimientos -con reservas de 48,6 trillones de pies cúbicos- que hacen de Bolivia el segundo país más rico en gas de América Latina. No obstante, la forma de aplicar la legislación vigente podría estar privando a Bolivia de grandes recursos. La legislación actual diferencia, para fines de impuestos, entre los yacimientos descubiertos bajo el régimen anterior de contratos de operaciones, que pagan regalías cercanas al 50%, y los descubiertos posteriormente bajo el actual sistema de "capitalización", que pagan solo el 18%. La mayoría de yacimientos fueron descubiertos antes del cambio de la ley. No obstante, por la formulación ambigua de la legislación, se ha interpretado que al menos uno de los yacimientos más grandes -el de San Alberto en Tarija- sea considerado como "nuevo", significando un tremendo perjuicio para el país. Cuando Bolivia acaba de ser designada en la lista de Transparencia Internacional como el país más corrupto de América Latina, según mediciones de percepción ciudadana, es evidente que el manejo de la nueva riqueza que podría constituir el gas inspira poca confianza. Por algo, el gobierno se ha visto obligado a anunciar la creación de un organismo de anticorrupción, independiente y ajeno a la administración pública. Otra opción en consideración, luego de realizar consultas, sería la redacción de una Ley de Anticorrupción, que establezca la creación de Fiscales especializados, agentes encubiertos y tribunales ciudadanos de justicia, que tendrían la facultad de procesar a presidentes de la República, ministros de Estado, diputados y senadores.