Congreso congelado
Firmas para Consulta Popular
07/08/2000
- Opinión
Con el respaldo de una multitudinaria marcha, representantes de
los pueblos indígenas y de los movimientos sociales entregaron
al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el pasado 2 de agosto, las
carpetas con un millón y medio de firmas de respaldo para que
este organismo convoque a una consulta popular. Entre otros
puntos, plantea la reestructuración del Congreso Nacional,
institución que precisamente el día anterior fue escenario de
una bochornosa sesión con ocasión de la renovación de sus
dignidades.
La Consulta Popular, impulsada por la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordinadora
de Movimientos Sociales (CMS) y otros organismos de la sociedad
civil, contempla seis preguntas que recogen los planteamientos
del levantamiento indígena y popular del 21 de enero que puso
término al gobierno de Jamil Mahuad.
Esta iniciativa ciudadana, además de la reestructuración del
Congreso, al igual que de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, pide que se consulte al electorado
sobre la prohibición de bases militares extranjeras en
territorio ecuatoriano, en referencia específica a la presencia
de militares estadounidenses en la Base de Manta; la marcha
atrás en el proceso de la dolarización de la economía; la
devolución inmediata de los fondos de las cuentas que se
encuentran congelados en la banca; el no pago de la deuda
externa; la negativa a la privatización del agua, petróleo,
electricidad, telecomunicaciones, educación, seguridad social y
salud; y el pleno cumplimiento de la amnistía para los civiles,
militares y policías que participaron en el levantamiento del 21
de enero.
Luego de la entrega de firmas en el TSE, la marcha se dirigió
hasta el Tribunal Constitucional para presentar la demanda de
insconstitucionalidad del Acuerdo de la base de Manta y la "Ley
de Promoción de las Inversiones y Participación Ciudadana",
conocida como "Ley Trole 2", que contiene un paquete de medidas
para acelerar el proceso de privatizaciones. Ésta fue enviada
por el presidente Gustavo Noboa al Congreso con el carácter de
urgente, por lo que de no ser aprobada hasta el 13 de agosto
entrará en vigencia por el ministerio de la Ley. Por tal
motivo, la marcha llegó también hasta el Congreso con el pedido
de que este proyecto de Ley sea devuelto al Ejecutivo y se abra
un amplio debate nacional.
Días atrás, estos sectores presentaron una propuesta
alternativa, que la bautizaron como "Ley Trole 3", que aboga por
un "proceso de modernización del Estado que tenga en cuenta las
particularidades y la realidad del pueblo ecuatoriano en su
conjunto y propenda como objetivo fundamental el desarrollo
equilibrado del país. Modernizar el Estado, no significa la
privatización o el cambio de dominio de las empresas estatales
hacia el capital privado, sino la construcción de una
alternativa que considere los principios de eficiencia,
eficacia, mejoramiento de la calidad de productos, bienes y
servicios y mayor y mejor cobertura de los mismos, bajo el
principio irrenunciable de justicia social".
Trifulca congresil
En el país político, entre tanto, la atención se ha centrado en
la disputa que se comenzó a librar en el Congreso desde el 1 de
agosto, día establecido para la renovación de sus autoridades.
Por una sui generis disposición introducida en la nueva
Constitución, en esta ocasión la presidencia le correspondía a
un miembro del segundo partido con mayor votación, en las
circunstancias al derechista Social Cristiano (PSC). Sin
embargo, hilando fino con la imprecisión de tal norma, éste
inflexiblemente pretendió imponer un candidato único, Xavier
Neira, que a la postre terminó por aglutinar a las demás
fuerzas.
Al entrar a las votaciones y percatarse de que se había
conformado una mayoría adversa al candidato único, la bancada
socialcristiana perdió los estribos y armó una tremenda gresca,
abonando al descrédito que tiene el Congreso ante la opinión
pública. La nueva mayoría, también al límite de las
interpretaciones legales, designó como presidenta del Parlamento
a la diputada Susana González, quien días atrás se había
desafiliado del PSC. Las dos vicepresidencias recayeron en José
Cordero de la Democracia Popular y Antonio Pozo de Pachakutik.
El PSC volvió a la carga al día siguiente, trasladando la
disputa al plano judicial con un recurso de Amparo
Constitucional que fue acogido por un juez próximo a sus filas,
quien dispuso la suspensión de los efectos jurídicos de las
elecciones del 1 de agosto. Las nuevas autoridades, tras
rechazar el pronunciamiento del juez, por no tener competencia
para juzgar actos legislativos, anunciaron que acudirán al
Tribunal Constitucional cuyo fallo será definitivo.
El gobierno, dando un giro a su posición inicial expresada
públicamente a favor de Neira, ha preferido tomar una prudente
distancia señalando que "no es juez ni árbitro para calificar o
descalificar" las designaciones del Congreso. No obstante,
varios sectores de opinión consideran que el Ejecutivo no es
ajeno al pedido del recurso de Amparo interpuesto por el PSC
pues, al momento, lo que le interesa es ganar tiempo para que la
"Ley Trole 2" entre en vigencia por el ministerio de la Ley.
Así, mientras desde el país real se reactivan las movilizaciones
en torno a la consulta popular, el país político sigue sumando
puntos para aumentar el descrédito de la institucionalidad.
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