Fuertes manifestaciones se han registrado en diversas partes de Costa Rica, en rechazo al proyecto de ley de apertura y modernización del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Esta Ley, que fue aprobada en primera lectura por el Parlamento, el 20 de marzo, abre a la empresa privada el negocio de las telecomunicaciones y la electricidad, que han sido manejados en exclusividad por el ICE desde hace 50 años. La iniciativa de ley es impulsada por el gobierno conservador de Miguel Angel Rodríguez, y cuenta con el apoyo del principal partido de oposición, Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata), y el respaldo de la empresa privada y los medios de comunicación. Según el gobierno, permitirá la modernización del monopolio estatal de las telecomunicaciones y la energía eléctrica mediante la eliminación de una serie de "trabas" que impiden la participación de empresas privadas en la prestación de servicios. Además, convertirá al ICE en dos empresas regidas por el derecho privado. Los opositores a la Ley consideran que en la práctica significa la privatización de la entidad, medida altamente impopular y que se estima redundará en alzas de tarifas. En un intento por calmar las protestas, el presidente Rodríguez salió en televisión el martes 21 en la noche para anunciar que no se trataba de vender el ICE. Además, el gobierno retiró todos los proyectos de ley de las sesiones extraordinarias del Parlamento y declaró un cierre técnico temporal de éste, con lo cual la votación final de la Ley quedó pendiente. Las movilizaciones de estudiantes y trabajadores iniciaron el 17 de marzo y continuaron durante toda la semana siguiente. El lunes 20, el Parlamento quedó rodeado por miles de manifestantes y policías antimotines fuertemente armados, durante la votación. Cuatro estudiantes se declararon en huelga de hambre. El día siguiente, fueron paralizadas las calles de la capital, San José, y bloqueadas las principales carreteras interurbanas y el acceso a los puertos del Caribe, que se encontraban además sin comunicaciones telefónicas. Se estima que en San José los manifestantes alcanzaron entre 15 y 20 mil, hecho que no se ha visto desde 1970. No solo en la capital, sino también en Liberia y Puntarenas hubo enfrentamientos con piedras y gases lacrimógenos entre manifestantes y la Fuerza Pública, resultando en decenas de detenciones y heridos. Se registraron al menos 40 actos de protesta en todo el país, la mayoría pacífica. En el curso de la semana, diversos sindicatos de trabajadores/as se han ido sumando al movimiento de protesta y algunos se declararon en paro, incluidos los taxistas, educadores, empleados públicos, petroleros, seguro social y muelleros.