La necesidad de un Foro que aborde la temática de los 5000 pueblos indígenas, con unos 300 millones de habitantes en todo el mundo, en el ámbito de Naciones Unidas es una tesis que ningún gobierno cuestiona abiertamente. No obstante subsisten fuertes discrepancias entre los representantes de los pueblos indígenas y de los gobiernos acerca de los objetivos, las atribuciones y el peso específico que debe tener este Foro.

Tras ocho días de intensas, complicadas y largas discusiones, que se desarrollaron en Ginebra del 14 al 23 de febrero, el trabajo del "grupo ad- hoc" que aborda el establecimiento del "Foro Permanente para las Poblaciones Indígenas", culminó sin consensos sobre temas de fondo como son la denominación del Foro, al mandato, la composición, la manera de elegir a los miembros, la financiación y su ubicación en el sistema de Naciones Unidas.

El nombre no es lo de menos...

Los gobiernos señalaron que debe denominarse "foro permanente sobre asuntos indígenas"; los indígenas, en cambio, "foro permanente para los pueblos indígenas". La discrepancia es de fondo y es motivo de controversia por lo menos desde hace más de 15 años en las distintas instancias de Naciones Unidas que abordan las temáticas indígenas.

Varios Estados han expresado sus reparos a la denominación de pueblos, pues, según ellos, el concepto implicaría el derecho a la libre determinación, incluido el derecho a procurar la independencia, la separación o secesión del resto de la sociedad. Prefieren emplear términos como "poblaciones", "etnias" o "minorías".

 Estados Unidos, a fines de 1998, incluso puso objeciones al término minorías, y planteó que se debía hablar de "personas pertenecientes a minorías".

Los representantes indígenas han afirmado reiteradamente la importancia de utilizar el término "pueblos indígenas" en Naciones Unidas, porque engloba, de mejor manera, su derecho de autodeterminación en las dimensiones colectiva, política, económica, social y cultural. Esta posición la han reiterado al discutirse la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 Sin embargo, la autodeterminación, según ellos, no debe considerarse como una amenaza a la integridad territorial de los Estados, sino más bien como la posibilidad de decidir sobre sus propios asuntos, culturas, lenguas y territorios.

La postura indígena señala que Naciones Unidas debe aplicar sus propias normas ( la Carta Naciones Unidas) de manera equitativa y otorgar los mismos derechos a todos los pueblos sin prejuicios raciales ni discriminaciones.

Mandato

Algunos gobiernos consideran que el Foro debe ser un canal de comunicación entre los organismos de Naciones Unidas involucrados en las temáticas indígenas, y un mecanismo de coordinación y evaluación de las actividades operativas de la ONU.

Los indígenas van mucho más lejos, y en distintos encuentros, han planteado que el mandato del Foro debe ser lo suficientemente amplio y abarcar todas las áreas que conciernen a los pueblos indígenas, incluidos los derechos culturales, civiles, políticos, sociales y económicos, la salud, la mujer, el niño, los territorios, los derechos humanos y la solución de los conflictos.

El "caucus" indígena, en un documento de consenso, señaló que el mandato del Foro debe estar basado en los artículos 62 y 63 de la Carta de las Naciones Unidas y tener, entre otras, la atribución de "servir como el Foro central para la discusión de asuntos de los pueblos indígenas y formular recomendaciones políticas sobre estos asuntos dirigidas a los Estados miembros y al sistema de Naciones Unidas".

 Los representantes indígenas consideran que el grupo central del Foro debe estar conformado por un número igual de representantes indígenas y gubernamentales seleccionados de acuerdo con sus respectivos criterios y procedimientos. Esto implica sentarse a discutir de igual a igual con los Estados, aspecto que muchos gobiernos no aceptan. Entre más alto se encuentre el Foro en el sistema de Naciones Unidas mayor será su influencia. Por ello, los indígenas plantean que "el nivel más bajo aceptable es el nivel del Consejo Económico y Social ECOSOC".

 Consideran que la sede debe estar en Nueva York, que debe ser financiado con el presupuesto regular de las Naciones Unidas y por un fondo especial, y que los puestos claves del secretariado del Foro deben estar ocupados por personas indígenas.

Los indígenas, especialmente de América Latina, piensan que los delegados al Foro deben concurrir en representación de sus respectivos pueblos, para que rindan cuentas de sus actos, en cambio los gobiernos creen que el Foro debe estar compuesto por expertos que actúen a título individual. En este punto, los indígenas, en función de no empantanar la discusión, aceptaron que sus representantes vayan a título individual y de expertos, pero propusieron sus propias reglas para poder elegirlos.

Margarita Gutiérrez, de la Asamblea Nacional de Indígenas por la Autonomía, ANIPA, de México, no oculta su decepción por los resultados hasta aquí alcanzados. "Entre los pueblos indígenas y los gobiernos hay un abismo, por más que digan que se quiera reconocer ciertos derechos, las causas que subyacen, que no salen, es seguir manteniendo el paternalismo, por más que se diga que en los espacios de Naciones Unidas se está luchando por preservar la paz, la justicia, la igualdad, pero no es cierto", manifiesta.

Y agrega: "a veces quisiéramos el ciento por ciento, yo sé que eso no es posible, pero cuando hay voluntad política todo es posible, porque ahora muchos gobiernos se ajustan a la estructura establecida en Naciones Unidas pero se rehúsan a crear algo diferente, a revolucionar las estructuras de Naciones Unidas, es decir, se lee la ley pero no se lee el espíritu de la ley".

El camino hacia Naciones Unidas

Aunque la presencia de un primer jefe indígena en los organismos internacionales se remonta a la década del 20, es en la década del 70 que se da "el desafío de las primeras naciones de Estados Unidos y Canadá, de los navajos, de los sioux, de los jopis, de los lacotas, que viajaron a Ginebra con sus pasaportes indígenas y desafiaron a las autoridades norteamericanas y suizas", cuenta la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en su libro "Rigoberta: La Nieta de los Mayas".

Con sus tambores y sus pitos, los indígenas realizaron una marcha desde el aeropuerto de Ginebra hasta la sede de Naciones Unidas y allí dijeron que venían en son de paz y que querían ser recibidos, pero advirtieron que si no los dejaban pasar entrarían de todos modos, incluso a patadas.

Viendo la firme determinación de los indígenas, un representante de Naciones Unidas no tuvo más que acceder a sus demandas: lo que pedían era guardar un minuto de silencio y rezar en los asientos que ocupan los gobernantes que toman las decisiones en su nombre.

 "Se sentaron ahí, rezaron un minuto y se salieron", señala Rigoberta Menchú, quien pasó varios años en los pasillos de la ONU bregando por sus hermanos indígenas.

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue una de las primeras instancias que se ocupó de la temática indígena. En 1921 inició estudios sobre "trabajadores indígenas", y hasta 1955 aprobó cuatro convenios relativos al reclutamiento, condiciones laborales y abolición de las sanciones penales por incumplimiento del contrato de trabajo por indígenas.

En 1957, bajo las ópticas "integracionistas" y "etnocentristas", la OIT aprobó el Convenio 107 "Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes".

Este Convenio, tras ser cuestionado por fomentar la desaparición de los pueblos indígenas, fue reemplazado en 1989 por el Convenio 169 que enfatiza, entre otros aspectos, sobre la importancia especial que tienen para las culturas y los valores espirituales de los pueblos indígenas su relación con la tierra y los territorios.

Hasta 1998, el Convenio 169 había sido ratificado por 12 gobiernos y ha constituido uno de los instrumentos internacionales, que si bien no recoge todas las demandas indígenas, ha potenciado la lucha de varios movimientos indígenas nacionales de América Latina. De menos a más El punto de entrada de los pueblos indígenas al sistema de Naciones Unidas ha sido el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, establecido en 1982.

Este Grupo de Trabajo está compuesto por cinco expertos, y los gobiernos y delegados indígenas asisten en calidad de observadores. Ya en los dos primeros años, los/as indígenas, convirtieron a este Grupo de Trabajo en una importante tribuna para exponer su situación.

Hacia el año 1984 había adquirido tal presencia, que hubo intentos de cancelarlo supuestamente por falta de fondos. La presión internacional hizo que se mantuviera e iniciara en 1985 la elaboración de una Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que deber servir para "terminar el etnocidio, las masacres, la destrucción y el desprecio que vivimos", según Rigoberta Menchú.

1989, año de la caída del Muro de Berlín, marca un nuevo momento en la lucha de los pueblos indígenas pues éstos recobran o fortalecen sus identidades, diluidas, muchas veces, por las concepciones clasistas de izquierda que los consideraba como campesinos subordinados a la clase obrera. De esta forma, indígenas no solo de Europa del Este sino del Asia (Japón, Tibet, Tailandia) y África buscan el espacio internacional y se unen al Grupo de Trabajo que se ve fortalecido.

Las reuniones del Grupo de Trabajo, que se realizan en el mes de julio, se han convertido en un espacio de participación de gran número de organizaciones indígenas, representantes de gobiernos y ONGs no indígenas. Este Grupo, sin embargo, tiene un bajo perfil, recibe pocos recursos, no está facultado para recibir quejas o denuncias y se limita exclusivamente a considerar algunas cuestiones relativas a los derechos humanos, en circunstancias que la temática indígena abarca el medio ambiente, el desarrollo, la salud y la cultura y otros campos.

Varias organizaciones y programas de Naciones Unidas como el Fondo de las Naciones para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial, la Comisión de Desarrollo Sustentable, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) realizan actividades que involucran a los pueblos indígenas, sin embargo las voces de los indígenas no se escuchan y mucho menos cuentan a la hora decidir sobre su presente y su futuro.

Todo esto ha llevado a plantear la necesidad del Foro internacional que refleje los intereses de los pueblos indígenas y contribuya a solucionar sus graves problemas de pobreza, despojo de sus territorios y recursos naturales, pirateo de su biodiversidad, irrespeto a su cultura y racismo institucionalizado. La concreción del Foro fue recomendada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993 y luego por la Asamblea General de la ONU en 1995, como una forma de culminar el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (que se extenderá hasta el año 2004) con resultados concretos.

La presencia en el "grupo ad hoc" que trata sobre el Foro de delegados de 40 países y de 2 países observadores da la medida de la importancia que le han asignado a la temática. Los gobiernos interesados en "bajarle el perfil al Foro" están encabezados por Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Argentina, en tanto que han mostrado apoyo e interés, entre otros, Dinamarca, Noruega, Guatemala, según fuentes indígenas.

 Las organizaciones indígenas de América Latina que participan son: el Consejo de Todas las Tierras y la Confederación Regional de Comunidades Mapuche de Chile; la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA; la Federación de Ayllus del Sur de Oruro y el Movimiento de Liberación Tupaq Katari de Bolivia; la Asamblea Nacional Indígenas por la Autonomía, ANIPA, de México; Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala, COPMAGUA; Consultorio Jurídico de los Pueblos Indígenas de Panamá, y varias ONGs indígenas con estatus consultivo en la ONU. Por distintos motivos no estuvieron presentes delegaciones de Ecuador, Honduras, El Salvador, Brasil y otros.

Anexo

Aucán Huilcamán, Consejo de Todas las Tierras: La autodefinición como pueblos es un derecho inalienable

"Los Estados ven a los indígenas todavía como una amenaza, no los ven como una contribución a la humanidad y ese es el temor subyacente por el que intentan frenar cualquier posibilidad de incluir a los pueblos indígenas en el sistema de Naciones Unidas", dice Aucán Huilcamán, de la organización mapuche chilena Consejo de Todas las Tierras

- ¿Qué es lo que temen los Estados?

 Los Estados, especialmente en América Latina, que se han constituido mediante fuerza y violencia, temen que los indígenas podrían empezar un proceso de negación de los Estados y desintegración de los mismos, porque ellos saben que no hay consentimiento indígena, ellos saben que hasta el momento la relación ha sido de opresión y que esa situación también es insostenible; en algún momento los indígenas, en la medida que acumulen fuerza política autónoma, pueden cambiar la situación, entonces creo que la protección de la figura de Estado es la que les hace creer que hay un fantasma indígena que los podría poner en una situación débil.

 - ¿Permite el ámbito de Naciones Unidas la participación de los pueblos indígenas?

Cada vez más hay una conciencia internacional sobre la situación de los pueblos indígenas, pero a la vez los Estados se están coordinando con mayor eficacia para impedir que los pueblos indígenas sean reconocidos como sujetos colectivos, que pongan en riesgo el derecho internacional que ha sido monopolio de ellos. Aquí no hay una apertura, hay una inclusión de un tema con el objeto de llevar a los pueblos indígenas a un Foro que podría hasta burocratizarse con el tiempo. Si este no es un espacio para que los pueblos indígenas vengan a plantear sus problemas, éste no es un verdadero espacio permanente. Hay que ser claros, el interés de los Estados es seguir manteniendo un marco de subordinación de los pueblos indígenas hacia los Estados. Y eso se siente, por ejemplo cuando los Estados dicen "poblaciones" y no pueblos indígenas, ellos saben lo que están diciendo, están negando derechos colectivos, el derecho a la autodeterminación, el derecho al territorio y un conjunto de derechos.

 - ¿Ustedes van a dar el brazo a torcer en la denominación de pueblos indígenas?

 Eso es innegociable, eso no es transable. Aquí se ha recomendado que mejor no se hable de pueblos indígenas, que es un tema a discutir, un tema a definir, pero ese es un tema que lo define la práctica, lo define la realidad, no lo define un órgano internacional. Aquí se ha recomendado que el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que resuelva si somos o no pueblos indígenas, eso no cabe, los pueblos indígenas somos sujetos colectivos que tenemos que participar en esa definición, y la autodefinición es un derecho inalienable de la colectividad y no se comparte con otros.

- ¿En qué puntos estuvieron de acuerdo con los gobiernos?

 Hay un punto de acuerdo en la idea de crear un organismo que lleve la temática indígena más arriba del sitio marginal en que está actualmente en la ONU. Pero todavía no hay una idea única, porque los gobiernos hicieron todo lo posible para llevar varias ideas, varios mandatos, varias propuestas, porque esa es la forma de diluir, de boicotear incluso el proceso. Aquí no es que mientras más propuestas mejores resultados, al contrario, en este sistema, en la medida en que hay más propuestas más confusión se crea. Varios gobiernos latinoamericanos y asiáticos están comprometidos en esa postura, porque aquí nunca podrán decir no estamos de acuerdo, sino la forma de no estar de acuerdo es presentando más propuestas.

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