Con la firma del acuerdo interino sobre acuerdos comerciales, que tuvo lugar el 23 de marzo en Lisboa, Portugal, quedó despejado el camino para la implementación del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, que entrará en vigor el primero de julio próximo. En México, no obstante que una amplia coalición de organizaciones sociales y ciudadanas había formulado serios reparos al contenido de tal acuerdo, exigiendo transparencia y participación de la sociedad en el proceso, al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al derechista Partido Acción Nacional (PAN) les bastó 4 horas para ratificar el tratado en el senado (20 marzo). Para las organizaciones de la sociedad civil, "el TLC-EU-MEX es peor que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pues además de que incluye las peores reglas de la OMC, también incluye, entre otras cosas, un clon del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), carece de acuerdos vinculantes en materia laboral y ambiental, varias violaciones a la constitución mexicana, a las directivas europeas sobre Política de Desarrollo y la pretensión de reforzar la discrecionalidad de la Comisión Europea -vía un Consejo Conjunto-adminstrador del TLC- por encima del poder de los ciudadanos europeos y de sus parlamentos nacionales". Estas inquietudes fueron recogidas en la Declaración de la Consulta Ciudadana de México, en los siguientes términos. Declaración del Foro de Consulta Ciudadana A los pueblos de México y de Europa Al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos Al Congreso de la Unión El anuncio hecho por el gobierno mexicano de que en las próximas semanas podría consumarse el acuerdo de libre comercio que ha venido negociando con la Unión Europea, está muy lejos de representar una buena noticia para el pueblo de México. La pretensión de que el Senado de la República apruebe al vapor y sin conocer a estas alturas el texto definitivo y legal del Acuerdo, viene a coronar un proceso caracterizado por la ausencia de información, de consulta y de participación de la sociedad mexicana en un asunto que será de gran trascendencia para nuestro país. Las expectativas que pudieran haber existido en el sentido de que un Acuerdo con la UE podría ser distinto en forma y fondo respecto al TLC de Norteamérica, con tan graves consecuencias para nuestro país, se han visto frustradas por completo: no sólo por la forma antidemocrática en que se ha negociado, sino porque el modelo de exclusión social y de falta de consideración de las desigualdades entre las naciones se repite, y amenaza con profundizar y ampliar las condiciones desventajosas en las que México viene insertándose en la globalización. A pesar de que, a diferencia del TLCAN, en este Acuerdo se incluyen los capítulos II y VI sobre Diálogo Político y sobre Cooperación, tales capítulos constituyen meras declaraciones carentes de la instrumentación y mecanismos de sujeción jurídica que sí tienen los referentes al comercio y la inversión. En particular, la Cláusula Democrática contenida en el Acuerdo está muy lejos de representar una posibilidad de protección de los derechos sociales, laborales, étnicos, ambientales, de género y humanos en general entre los países firmantes, al carecer de referencias explícitas a tales derechos y a los mecanismos concretos para garantizar su preservación, y mucho menos a las instancias que permitirían la participación y supervisión de la sociedad civil, pues todo se deja en manos de los gobiernos. No se contemplan siquiera las disposiciones sociales y de participación de organismos de la sociedad civil que sí se consideran en la propia Unión Europea. Se trata, pues y en esencia, de un nuevo tratado de libre comercio e inversión que sólo puede profundizar la exclusión y la polarización sociales crecientes en nuestro país desde que se inició la apertura neoliberal de nuestras fronteras. De esta forma, el gobierno mexicano ha hecho gala una vez más del desafortunado prestigio que se ha ganado a pulso a nivel internacional como uno de los más acérrimos opositores a que los derechos humanos, sociales y ambientales sean considerados en cualquier acuerdo o instancia internacional. Lo más grave de todo es que, de la misma manera que sucedió con el TLC con Estados Unidos y Canadá, el gobierno mexicano ha negociado el acuerdo con la Unión Europea de rodillas, con torpeza, sin apego a los intereses nacionales y en beneficio exclusivo de las grandes trasnacionales y de sus socios en México. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE, como lo llamaremos en adelante porque eso es) no considera realmente las asimetrías entre la UE y México como país en desarrollo. Del análisis del texto disponible hasta hoy, se desprende que éste no refleja un trato recíproco, equilibrado y justo que beneficie a México. Por el contrario, la UE obtuvo un trato preferencial y acceso más rápido al mercado mexicano, en condiciones superiores a las ofrecidas hasta ahora por México a otros países. Es decir, México cedió más que la UE. En el corazón del TLCUE se encuentra, como en el TLCAN, el principio del "trato nacional" entre los socios. Es decir, en lugar de reconocer las asimetrías en el desarrollo, de establecer los mecanismos compensatorios que las reduzcan, de que México contara con un trato especial, diferenciado y preferencial, como lo posibilita incluso la OMC para los países en desarrollo, se da un trato igual a economías absolutamente dispares. Como es sabido, trato igual entre desiguales es igual a más desigualdad. Claramente, México no ha salido ganando. Tampoco el TLCUE expresa el compromiso de los países industrializados de promover que sus empresas e instituciones confieran incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados, así como ofrecer "la flexibilidad apropiada para que los distintos países en desarrollo abran menos sectores, liberalicen menos tipos de transacciones, aumenten progresivamente el acceso a sus mercados a tenor de su situación en materia de desarrollo", criterios establecidos incluso en el GATT-OMC y a los que México ha renunciado inexplicablemente tanto en el TLCAN como ahora en el TLCUE. Es claro que los negociadores no han pensado ni en el país ni en los mexicanos. Es increíble que los países menos desarrollados de Europa tengan trato especial dentro de la Unión Europea, y que se podría haber conservado este derecho para México, y "nuestros" negociadores no hayan aprovechado esta circunstancia. La supuesta gradualidad en la apertura alegada por el gobierno mexicano es absolutamente insuficiente para compensar las asimetrías. Con esta misma lógica, el gobierno mexicano ha aceptado que para que los bienes puedan circular libremente en ambas partes no se requiere un determinado contenido nacional, sino que basta que tengan componentes de la UE o de México, es decir, reglas de origen regionales. Estas reglas fácilmente podrán ser cumplidas por la UE, que tiene una industria integrada, pero no así por México, cuya industria usa cada vez más insumos de Norteamérica, con lo que sólo puede esperarse que se profundice el desmantelamiento de la planta productiva nacional. En materia de inversiones, al igual que en el TLCAN, en el acuerdo con la UE se renuncia a regular la inversión tanto directa como especulativa. No se le puede exigir requisitos de desempeño, estamos obligados a darle trato nacional, se otorga máxima protección a los intereses extranjeros, se da una libertad plena a los flujos de inversiones y hace imposible orientarlas para que jueguen un papel positivo en el desarrollo nacional. Ello sólo puede traducirse en una mayor inestabilidad del crecimiento económico, en vulnerabilidad financiera y cambiaria, y en la ampliación de las desigualdades regionales, sectoriales y productivas. Es particularmente grave que el TLCUE se base en los Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones (APRI'S) que se están firmando bilateralmente con los países europeos y que establecen que aún produciéndose un rompimiento serán vigentes durante al menos 20 o 25 años. Esto representa un verdadero candado para cualquier intención de cambio en la política económica. Por si lo anterior fuera poco, de la lectura del Acuerdo resalta que se trata de una negociación en muchos puntos inconclusa y en donde se determina que habrá nuevas negociaciones para profundizar la liberalización posteriormente. El acuerdo otorga completa discrecionalidad al poder ejecutivo para "adecuar" el Acuerdo en el futuro y para modificar las leyes que sean necesarias, en violación flagrante a lo establecido en nuestra Constitución. El TLCUE deja puntos sustanciales como el sector agropecuario y el de compras gubernamentales pendientes de negociación y pretende que se otorgue poderes a los representantes gubernamentales para acordarlos sin someterlos a ratificación por el Senado. El Consejo Conjunto se erige como autoridad supranacional por encima de nuestra Constitución y del Poder Legislativo. La arbitrariedad va más lejos: se adhiere a México a cuando menos otros tres convenios internacionales sobre propiedad intelectual sin haber consultado al Senado de la República. Todavía más: en su artículo 35, el Acuerdo nos obliga a revisar toda nuestra legislación en materia de inversiones en un lapso de tres años para compatibilizarla con los acuerdos internacionales de inversión, sin precisar a qué acuerdos se refiere. La anticonstitucionalidad del Acuerdo es flagrante. Por todas las consideraciones anteriores, las organizaciones sociales, organismos no gubernamentales, senadores y diputados, ciudadanos y ciudadanas participantes en este foro de consulta demandamos y nos proponemos: 1) Que el Senado de la República, en un acto de patriotismo y de cumplimiento de sus deberes elementales, rechace aprobar al vapor un Acuerdo internacional que desconoce. 2) Que el senado inicie una amplia discusión con todos los sectores de la población, de la que seguramente surgirá la necesidad de volver a la negociación orientada desde un proyecto nacional consensado. Es decir, no debe aprobarse en su contenido actual. 3) En lo particular, llamamos al Senado de la República al menos a corregir todas aquellas disposiciones del Acuerdo que otorgan poderes supraconstitucionales al Consejo Conjunto. Ello puede resolverse con una declaración que forme parte del acuerdo en el que se afirme que los representantes gubernamentales están obligados a someter futuras negociaciones a ratificación por parte del Senado. 4) De la misma manera, debe incluirse una cláusula que precise que todos los acuerdos internacionales a los que se hacer referencia en este Acuerdo y que por ello forman parte de él obligarán a México con las limitaciones establecidas en las cláusulas de reserva y excepciones con los que nuestro país se adhirió a ellos. 5) Pedimos a nuestras contrapartes europeas que exijan a sus gobiernos y parlamentos restituyan un verdadero proceso democrático, y que reconsideren los términos de la negociación para que estén apegados a los criterios sociales y sobre asimetrías considerados en la propia Unión Europea. Pedimos que retomen las recomendaciones del Bundestag y de otros parlamentos para incluir un mecanismo vinculante de participación de organismos ciudadanos europeos y mexicanos en el monitoreo, vigilancia y reporte sobre el respeto de la cláusula democrática, así como que se establezca el compromiso expreso de darle, en tiempo y forma, contenido al capítulo de cooperación. Las y los participantes en este foro de consulta nos proponemos actuar en consecuencia, construyendo a la vez la acción conjunta con los hermanos pueblos europeos que también saldrán afectados, para intentar revertir los efectos sociales perniciosos que puede traer consigo un tratado de esta naturaleza. No somos "globalofóbicos": buscamos una globalización en beneficio de la humanidad y no de unas cuantas grandes corporaciones mundiales. Si los gobiernos no han acabado de entender la lección y el significado de Seattle, la sociedad civil sí: la globalización no prosperará mientras esté basada en la antidemocracia, la exclusión social y un orden mundial injusto. México, febrero del 2000