Tras varias semanas de intensas movilizaciones lideradas por el Frente Sindical y Social y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, el 30 de marzo el gobierno del presidente Luis González Macchi terminó por suscribir un acuerdo en el que se compromete a atender las demandas presentadas por dichas fuerzas sociales. Tanto el Frente Sindical y Social (FSS) como la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) han venido trabajando en la definición de una estrategia clara y coherente para consolidar un bloque fuerte de oposición, que obligue al gobierno a cumplir los acuerdos a los que se lleguen, ya que la mayoría de las veces éstos quedan en el papel. El FSS está integrado por los trabajadores del Estado que se oponen a las privatizaciones, mientras que de la MCNOC hacen parte más de 86 organizaciones del campo de distintas regiones y departamentos del Paraguay. Para consolidar ese polo de oposición, el FSS y la MCNOC convocaron a un Congreso Popular, que tuvo lugar el 13 y 14 del pasado mes de febrero, con la participación de diversos sectores sociales (juveniles, sindicales, campesinos, indígenas, etc.), el cual se constituyó como un órgano de consulta y resolución que garantiza el ejercicio pleno de la soberanía popular. La plataforma de lucha adoptada por el Parlamento Alternativo tiene tres puntos fundamentales: la implementación de una Reforma Agraria Integral que permita mejorar la forma de distribución de la tierra, la oposición a las privatizaciones de los sectores estratégicos del Estado, y la defensa de la soberanía nacional. En tal sentido, este Parlamento decidió llevar adelante una serie de acciones (movilizaciones, marchas campesinas y obreras, vigilias, tomas de tierras) para obligar al ejecutivo a un cambio de rumbo en la conducción económica sobre la base de los tres puntos básicos referidos en la plataforma de lucha. En este contexto, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (SITRANDE) decidió, el 22 de febrero, iniciar una huelga indefinida por el incumplimiento del contrato colectivo y el conflicto de intereses con la ANDE y el gobierno, y en rechazo al Proyecto de Ley General de Reorganización y Reformas de entidades públicas, más conocida como "La Ley del Decretazo", que faculta al régimen la privatización de los bienes públicos a través de decretos y la derogación de los contratos colectivos vigentes. Descontento generalizado En un año de gestión, el descontento frente al gobierno de González Macchi se ha generalizado. Según las encuestas, éste apenas cuenta con la aprobación del 11% de la población. A las voces de descontento se unió también la Iglesia Católica, a través de una Carta Pastoral en la que pidió al mandatario que ponga fin a la marginación de los pobres y los campesinos. La Carta fue leída durante un acto organizado en conmemoración del asesinato de los siete jóvenes que hace un año realizaban una vigilia por la democracia frente al Congreso. "Los obispos creemos indispensable decir bien alto que esto tiene que empezar por el cambio de cada uno de nosotros y que tiene que llegar a la conversión y al cambio de toda esta sociedad que nos duele", expresó el monseñor Jorge Livieres Bank, presidente de la Conferencia Episcopal del Paraguay. Los obispos señalan que durante el último año sólo hubo frustrados intentos de recuperación social y económica por parte del gobierno, que no logró descifrar el hambre de la población. Además, advierten que "las reiteradas protestas nos hablan de un malestar que reclama urgentes soluciones" y piden respetar los derechos humanos ante la denuncia de numerosos casos de violaciones a los mismos. Marcha contra el Hambre El pasado 27 de marzo tuvo lugar la denominada "Marcha contra el Hambre y el Neoliberalismo" convocada por el Congreso del Pueblo con dos propósitos centrales: apoyar la huelga indefinida, decretada SITRANDE, el pasado 22 de febrero, y exigir la realización de una Reforma Agraria Integral que permita a los campesinos y labriegos una redistribución de la tierra más justa e igualitaria. De hecho, la movilización se inició dos días antes con concentraciones campesinas que luego tomaron la ruta hacia la capital. En Santa Rosa de Aguaray, al norte del país, mientras se realizaba un evento cívico, la Policía Nacional reprimió violentamente a los participantes, dejando un saldo de siete heridos de bala y dos en estado crítico. Este incidente hizo que la Marcha se transforme en acciones de protesta y repudio tanto a la represión como a la política económica del régimen. Llega el acuerdo Tras trece horas de intensas negociaciones, que se prolongaron por dos días, el 30 de marzo el gobierno llegó a un acuerdo con los sindicalistas de la ANDE y los dirigentes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas. Acto seguido, los campesinos abandonaron la plaza que está frente al Congreso y los trabajadores de SITRANDE levantaron la huelga de 37 días. El ejecutivo se comprometió otorgar a los campesinos asistencia técnica y crediticia por un total de 12 millones 150 mil dólares (42 mil 525 millones de guaraníes). Los líderes campesinos en días pasados entregaron un documento en el que reclamaban 42 millones de dólares, más la compra de 170 mil hectáreas de tierra. El gobierno manifestó que el Estado no dispone de la cantidad de dinero exigida por los trabajadores rurales, y realizó una contraoferta que, finalmente, fue aceptada por los campesinos. El documento indica que la adquisición de tierras para nuevos asentamientos se realizará previo un estudio de cada caso en forma conjunta por las partes. Agrega que el ejecutivo se compromete a concretar la entrega de los títulos de propiedad, libres de toda deuda, derivados del proceso de condonación aprobado por ley en marzo del año pasado. El acuerdo también contempla el compromiso de las autoridades gubernamentales a instalar puestos de salud, centros de enseñanza, sistemas de electricidad trifásicos, sistemas de agua potable y caminos vecinales. Además, obliga al ejecutivo a facilitar ante las instituciones financieras del Estado los créditos que serán destinados a pequeños productores. En cuanto a los trabajadores de SITRANDE, el acuerdo ratifica varios puntos del contrato colectivo y estipula la conformación de una mesa negociadora para examinar el caso de los 18 electricistas residentes que fueron suspendidos por su participación en las manifestaciones en la sede de la ANDE en el mes de febrero. Ahora se abre un compás de espera entre el gobierno y las organizaciones sociales. Los voceros de la CNOCN anticiparon que el documento suscrito con el Ejecutivo será revisado en tres meses y no descartaron otras movilizaciones si los acuerdos alcanzados no se concretan. (Recuadro) La Lucha por la tierra Paraguay tiene actualmente aproximadamente seis millones de habitantes con una superficie de 22 millones de hectáreas de tierra apta para la agricultura, de las cuales el 78% está en manos de 351 personas. Esto significa que en manos de 0.1 de las explotaciones se concentra el 40% de las tierras. En el otro lado, el 50% de las explotaciones tienen menos de dos hectáreas. La mayor parte de los productores se dedica al cultivo de algodón, con escasa rentabilidad y poca asistencia crediticia y técnica. De las 200 mil familias que se ocupan de este cultivo, aproximadamente 150 mil productores quedan al margen del sistema de prestación estatal. Cerca del 70% de los campesinos obtienen préstamos de los acopiadores en condiciones de injusticia, lo cual significa la desaparición gradual de los pequeños productores. Esta es la realidad del Paraguay de hoy, la lucha por la tierra es dramática, la apropiación y concentración indebida de la tierra por parte de los terratenientes es una práctica común, situación que se ve agravada por la incapacidad del gobierno para implementar una política agraria clara que permita el desarrollo social. Por ello la conformación de la MCNOC en 1995 fue un hecho histórico y gravitante en defensa de las conquistas de los trabajadores rurales del país. La MCNOC considera que una reforma estructural en el sector agrícola es una necesidad imperiosa para asegurar un reparto coherente y equitativo de las tierras y, por esa vía, garantizar la seguridad alimentaria de la población. Un sector agrícola en desarrollo incrementa la renta de los agricultores, acrecienta la demanda de bienes y servicios producidos por la industria y por el sector terciario y además afianza el poder adquisitivo de quienes, a pesar de vivir en zonas rurales, no trabajan en el sector agrícola.