Terminó el circo electoral. Acabó, por fin, la pantomima fraudulenta que el fujimorismo montó desde 1996 con la "ley de interpretación auténtica", auténtica piedra angular del proyecto continuista y anticonstitucional del régimen. Cerró vergonzosa y vergonzantemente, con la "elección" nacional entre el dictador y un candidato inexistente, retirado de la contienda, al igual que todos los observadores nacionales e internacionales, para no dar asoma de legitimidad a lo imposible de legitimar: la trampa electoral. El trabajoso armado -por años- de las piezas del fraude, la cuidadosa elaboración de los instrumentos electorales y legales para darle curso, la inmisericorde eliminación de todos los obstáculos que se presentaban en la ejecución del plan no sirvieron de nada cuando pusieron en escena el acto final de la parodia: no convencieron a nadie. Pero, ciertamente, han cerrado un período político, marcado por la vía electoral como opción de cambio y democratización del país, y han abierto otro, marcado por la acción política de masas y la desobediencia y la resistencia cívica, como vía para el cambio que la mayoría anhela. La maniobra del régimen fujimorista, a efectos de imponer al país un tercer gobierno anticonstitucional de Alberto Fujimori, terminó desatando una auténtica guerra política. El desarrollo de los acontecimientos se ha agudizado a tal punto que ya nadie pretende negar la marcada polarización del país entre las fuerzas democráticas y descentralistas, que aspiran a un desarrollo nacional con empleo y justicia social, por un lado, y las fuerzas que sostienen -o son alineadas por el chantaje, el miedo o el clientelismo tras de- la opción cívico-militar, prepotentemente autoritaria y centralista, ajena a todo compromiso con la reactivación económica y con la redistribución de la riqueza, que encarna Fujimori. Pero, la prepotencia autoritaria y fraudulenta del régimen, le ha cerrado al país la opción de canalizar la solución de la polarización por la vía electoral. Desobediencia Civil, Resistencia Ciudadana, Insurgencia Democrática Alejandro Toledo lo percibió prontamente cuando, el 26 de mayo, llamó a los hombres y las mujeres del Perú a desarrollar un masivo proceso de resistencia y a impulsar la Marcha Nacional por la Democracia, para impedir que Fujimori instale este 28 de julio un tercer mandato ilegítimo. Los partidos y movimientos políticos democráticos lo comprenden claramente cuando el 30 de mayo pasado condenan "por írrita y violatoria de las más elementales garantías electorales y democráticas la inconsulta votación del 28 de Mayo que ha consumado el proceso de fraude electoral y ha creado un clima de confrontación política que compromete la convivencia de la sociedad peruana". Por ello, afirman: "consideramos que la segunda vuelta es nula, rechazamos sus resultados y desconocemos, en consecuencia, el gobierno que pretenda emerger de él. Anunciamos, en concordancia con el art. 46 de la Constitución, el inicio de la resistencia civil pacífica para recuperar la democracia en el Perú, a través de un nuevo proceso limpio y libre". La oposición democrática no deja lugar a dudas: no reconoce el ilegítimo gobierno que se pretende instalar y llama a resistirlo y luchar por nuevas elecciones democráticas. El Frente Amplio Cívico Nacional, que integra a la CGTP, la CUT, el SUTEP, la CCP, Construcción Civil y otras fuerzas gremiales y partidos políticos de izquierda y centro izquierda, ha afirmado, desde el movimiento social: "Ante la crisis desatada en el país, desconocemos este proceso fraudulento, exigimos la nulidad de las elecciones efectuadas y demandamos la convocatoria a nuevas elecciones con autoridades electorales imparciales y sin la candidatura inconstitucional e ilegítima de Alberto Fujimori. Frente a este régimen ilegítimo, asumimos la lucha que el pueblo ha iniciado para una desobediencia civil y patriótica consagrada en la Constitución. Llamamos a apoyar e impulsar la Marcha Nacional para el 26, 27 y 28 de julio, jornada que estará precedida por marchas y paros, mítines y plantones, ...". Desde el movimiento popular se prepara también una Jornada Nacional de Lucha para este 19 de julio, preámbulo de la Marcha por la Democracia. Los frentes regionales y movimientos descentralistas reactivan sus movilizaciones de cara al 28 de julio y a la decisión de enfrentar las pretensiones del régimen de establecer su investidura el próximo 28 de julio. Tal es el llamado de la Asamblea Regional del Cusco que se suma a la movilización nacional, a la Jornada Nacional de Lucha y levanta las banderas descentralistas enfrentando la revocatoria de los alcaldes y regidores oficialistas y la demanda de elecciones regionales ahora. Por supuesto exige también a los parlamentarios democráticos constituir un sólido bloque capaz de imponer la nulidad de las elecciones e impedir la instalación del tercer fujimorismo. Similar posición van asumiendo otros frentes regionales en camino a la reunión de la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales. Los vigorosos movimientos juveniles que han sacudido al país en todos los rincones con valientes demostraciones de dignidad y convicción democrática han iniciado las acciones de desobediencia civil con plantones en las principales vías de la capital, movilizaciones y mítines en plazas y calles del país, y con la firme decisión de incorporarse al impulso de la Marcha Nacional por la Democracia que impida jurar al dictador. Así, las principales fuerzas democráticas del país están claras: cerrada la vía electoral, por obra del fraude fujimorista que hasta los observadores internacionales han constatado, sólo queda la acción política, masiva, pacífica, decidida y firme de la ciudadanía para ponerle freno al régimen y llevarlo a una crisis política que le ponga fin y de curso a la transición democrática que la nación anhela. Cinismo fujimorista: maniobra confusionista Asombrado por la vigorosa respuesta nacional desatada en todo el país y agobiado por el aislamiento internacional al que lo ha conducido la maniobra fraudulenta testimoniada por innumerables observadores extranjeros y nacionales, el régimen pretende protegerse tras una cínica careta democratizadora. El mismo Fujimori ha salido en televisión, casi dulzón para comprometerse con el inicio de un proceso de institucionalización y democratización política. Se ha apresurado a presentar a Joy Way proponiendo, a estas alturas, la cínica reincorporación al Tribunal Constitucional de los tres vocales arbitrariamente sancionados; lo que estos han rechazado enérgicamente; ha ordenado a Blanca Nélida Colán prometer que en pocos días terminará la comisión interventora del Ministerio Público, mientras -en la práctica- la Fiscal Trabucco acusa a quienes denunciaron la falsificación de firmas y protege a los responsables del fraude jugando en pared con la hipócrita comisión investigadora del Congreso de la República. Fujimori quiere confundir a sectores poco informados y lanzar mensajes de distracción al exterior. Le preocupa la enérgica reacción norteamericana y canadiense, acompañada por Costa Rica en la OEA que demandaron la aplicación de la resolución 1080 para sancionar un régimen que ha violentado el orden democrático. Internamente Fujimori quiere garantizar su juramentación el 28 de julio imponiendo una mayoría dicta al régimen al nuevo congreso, para ello ha manoseado los resultados en la ONPE para imponer 52 congresistas de Perú 2000 y colocar a sus adeptos, ocultos o abiertos, en otras listas como el FREPAP, Avancemos o Solidaridad Nacional (como es el caso de Eduardo Farah). Bolsas de monedas para comprar a los Judas en el congreso, se combinan con chantajes y presiones de todo tipo. La insurgencia democrática y la batalla por el Congreso Las fuerzas democráticas somos concientes de que el nuevo congreso emanado de este ilegítimo proceso electoral no puede resultar un instrumento de legitimación de la dictadura. Los peruanos organizados en partidos y movimientos políticos, en colegios profesionales y gremios sindicales, en movimientos juveniles, femeninos o fuerzas regionalistas debemos dejar en claro que el congreso que se instalaría y elegiría su directiva el próximo 26 de julio sólo puede asumir una posición democrática: declarar la nulidad del proceso electoral, convocar nuevas elecciones generales democráticas, sin la candidatura inconstitucional de Alberto Fujimori, reorganizar el JNE, la ONPE y el sistema electoral y establecer un gobierno de transición encabezado por el Presidente del Congreso hasta la realización del proceso electoral. No cabe duda que esas elecciones debieran implicar también la conformación de un Congreso Constituyente y Legislativo a la vez, para asumir el desmontaje del régimen autoritario y centralista construido en los últimos años. La presión popular, manifiesta en múltiples pronunciamientos de organizaciones políticas y sociales exige de los parlamentarios democráticos electos un compromiso expreso y público de su actuación en ese congreso. Dicho de otra forma la suscripción y anuncio público de un proyecto de resolución legislativa del Congreso Nacional, previamente publicado a efectos de declarar la nulidad del proceso electoral fraudulento y el consecuente impedimento de Alberto Fujimori a juramentar la Presidencia de la República a un tercer período, desconociendo cualquier derecho legal en este sentido. Dicha resolución debería convocar a elecciones generales democráticas en el plazo de 120 días y asumir la conformación de un gobierno de transición.