"Guatemala: Memoria del Silencio" es el nombre que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) asignó a su informe sobre las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado que vivió Guatemala por más de 35 años. El informe, que fue entregado el 25 de febrero, señala que "registró un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23,671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6,159 a víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17% eran ladinos." Combinando estos datos con otros estudios estima que "el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de 200 mil personas". De este voluminoso informe (3.600 páginas en 9 tomos) recogemos algunos de los puntos marcantes referidos a los pueblos mayas. Los mayas como enemigo colectivo del Estado En los años de exacerbación del enfrentamiento (1978-1983), con la ampliación de la base de apoyo y el ámbito de acción de la guerrilla, en varias regiones del país el Ejército identificó a los mayas como grupo afín a la guerrilla. En algunas ocasiones esta identificación se produjo en razón de la efectiva existencia de su apoyo a los grupos insurgentes, así como de condiciones preinsurreccionales en áreas de limitada extensión en el interior del país. Sin embargo, la CEH ha llegado a precisar que, en la mayoría de los casos, la identificación entre las comunidades mayas y la insurgencia fue intencionadamente exagerada por el Estado que, apoyándose en tradicionales prejuicios racistas, se sirvió de esta identificación para eliminar las posibilidades presentes y futuras para que la población prestara ayuda o se incorporara a cualquier proyecto insurgente. La consecuencia de esta manipulación, ampliamente documentada por la ceh, fue la agresión masiva e indiscriminada a las comunidades, con independencia de su real involucramiento en la guerrilla, así como con indiferencia a su condición de población civil, no combatiente. Con las masacres, las operaciones de tierra arrasada, el secuestro y ejecución de autoridades, líderes mayas y guías espirituales, no sólo se buscaba quebrar las bases sociales de la guerrilla, sino desestructurar ante todo los valores culturales que aseguraban la cohesión y la acción colectiva de las comunidades. El racismo en la violencia Mediante su investigación, la CEH también concluye que la innegable realidad del racismo como doctrina de superioridad expresada permanentemente por el Estado constituye un factor fundamental para explicar la especial saña e indiscriminación con que se realizaron las operaciones militares contra centenares de comunidades mayas en el occidente y noroccidente del país, en particular entre 1981 y 1983, cuando se concentraron más de la mitad de las masacres y acciones de tierra arrasada en su contra. Vulneración de las comunidades mayas La CEH concluye que las comunidades mayas también fueron convertidas en un objetivo militar durante los años más cruentos del enfrentamiento. Por el terror y la persecución, en ciertas regiones y años los mayas se vieron obligados a ocultar su identidad étnica, exteriorizada en su idioma y su traje. Con la militarización de las comunidades se trastornó su ciclo de celebraciones y ceremonias, y se profundizó la progresiva clandestinización de sus rituales. La agresión estuvo dirigida a menoscabar elementos con profundo contenido simbólico para la cultura maya, como se pretendió con la destrucción del maíz y el asesinato de ancianos. Estos hechos vulneraron elementos de la identidad de los mayas y trastocaron la transmisión intergeneracional de la misma. Asimismo fue agredida la cultura por la utilización que hizo el Ejército de nombres y símbolos mayas para denominar fuerzas de tarea u otras de sus estructuras. A partir de 1982 y como práctica generalizada, las autoridades tradicionales mayas fueron sustituidas por delegados que procedían del ámbito castrense, como los comisionados militares y los jefes de pac. En otros casos, el Ejército intentó controlar, cooptar e infiltrar las estructuras tradicionales de autoridades mayas que las vivían. Esta estrategia tuvo como efecto la ruptura de los mecanismos comunitarios y de la transmisión oral del conocimiento de la propia cultura, así como la vulneración de las normas y los valores mayas de respeto y de servicio a la comunidad. En su lugar se introdujeron prácticas de autoritarismo y uso arbitrario del poder. La presencia guerrillera, especialmente mediante la instauración en algunas comunidades de sus propias estructuras de autoridad como las Fuerzas Irregulares Locales y los Comités Clandestinos Locales, así como los nuevos liderazgos que en éstas se generaron, también provocaron el desplazamiento de las autoridades tradicionales y les restaron poder. El movimiento maya A juicio de la CEH el movimiento maya se afirmó durante los últimos años del enfrentamiento armado como un sujeto político fundamental. En su lucha contra la exclusión que sufren desde la fundación del Estado, han realizado importantes contribuciones en el ámbito de la multiculturalidad y la paz. Estas proporcionan bases ineludibles para que la sociedad en su conjunto revise su historia y se comprometa en la construcción de un nuevo proyecto de nación que recoja su naturaleza multicultural y que sea incluyente, tolerante y orgulloso de la riqueza que suponen sus diferencias culturales Las masacres y la devastación del pueblo maya La percepción, por el Ejército, de las comunidades mayas como aliadas naturales de la guerrilla, contribuyó a incrementar y a agravar las violaciones de derechos humanos perpetradas contra el pueblo maya, evidenciando un agresivo componente racista, de extrema crueldad, llegando al exterminio masivo de comunidades mayas inermes a las que se atribuía vinculación con la guerrilla, incluyendo niños, mujeres y ancianos, aplicando métodos cuya crueldad causa horror en la conciencia moral del mundo civilizado. Mediante las masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada, planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comunidades mayas, así como destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de sobreviviencia. La CEH registró 626 masacres atribuibles a estas fuerzas. Especial gravedad reviste la crueldad que la CEH pudo constatar en muchas actuaciones de agentes estatales, especialmente efectivos del Ejército, en los operativos en contra de comunidades mayas. La estrategia contrainsurgente no sólo dio lugar a la violación de derechos humanos esenciales, sino a que la ejecución de dichos crímenes se realizara mediante actos crueles cuyo arquetipo son las masacres. En la mayoría de las masacres se han evidenciado múltiples actos de ferocidad que antecedieron, acompañaron o siguieron a la muerte de las víctimas. El asesinato de niños y niñas indefensos, a quienes se dio muerte en muchas ocasiones golpeándolos contra paredes o tirándolos vivos a fosas sobre las cuales se lanzaron más tarde los cadáveres de los adultos; la amputación o extracción traumática de miembros; los empalamientos; el asesinato de personas rociadas con gasolina y quemadas vivas; la extracción de vísceras de víctimas todavía vivas en presencia de otras; la reclusión de personas ya mortalmente torturadas, manteniéndolas durante días en estado agónico; la abertura de los vientres de mujeres embarazadas y otras acciones igualmente atroces constituyeron no sólo un acto de extrema crueldad sobre las víctimas, sino, además, un desquiciamiento que degradó moralmente a los victimarios y a quienes inspiraron, ordenaron o toleraron estas acciones. Durante el enfrentamiento armado también se violó el derecho a la identidad étnica o cultural del pueblo maya. El Ejército destruyó centros ceremoniales, lugares sagrados y símbolos culturales. El idioma y el vestido, así como otros elementos identitarios fueron objeto de represión. Mediante la militarización de las comunidades, la implantación de las pac y los comisionados militares, se desestructuró el sistema de autoridad legítimo de las comunidades, se impidió el uso de sus propias normas y procedimientos para regular la vida social y resolver conflictos; se dificultó, impidió o reprimió el ejercicio de la espiritualidad maya y la religión católica; se interfirió en el mantenimiento y desarrollo de la forma de vida y del sistema de organización social propio de los pueblos indígenas. El desplazamiento y el refugio agravaron las dificultades para la práctica de la propia cultura.