La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los 29 países más influyentes del mundo, tiene previsto realizar una conferencia en París del 27 al 28 de abril, para suscribir el polémico Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI). De concretarse este Acuerdo, catalogado por sus mentores como "la Constitución de una economía mundial unificada", ya nada tendrán que hacer los Estados para contrarrestar el poder de las multinacionales. Aunque el AMI está en camino desde 1995, no es sino recientemente que organizaciones ciudadanas lograron sacarle a la luz pública, rompiendo el secretismo que había rodeado esas negociaciones, desconocidas incluso por los cuerpos legislativos. Por las reacciones en cadena que se han venido registrando, algunos gobiernos de este grupo privilegiado parecen inclinados a extender el plazo de negociaciones hasta inicios del próximo año, sin que esto implique cambios de fondo. El reinado del capital Bajo la premisa de que en el actual mundo globalizado la circulación del capital no debe tener traba alguna y que, por lo mismo, las fronteras nacionales están demás, el proyecto básicamente propone que hacia adelante las reglas del juego establezcan derechos para las empresas e inversionistas extranjeros y solo obligaciones para los Estados. Según lo previsto en este Acuerdo, las empresas e inversionistas extranjeros tienen derecho a invertir en cualquier área, sector o actividad, sin limitación alguna (lo que implica una desregulación total y universal), en términos tales que pueden reclamar ante cualquier política o decisión gubernamental que consideren como una amenaza potencial a sus ganancias, como podrían ser medidas fiscales, ambientales, laborales, de protección al consumidor, etc. Para los gobiernos, en cambio, establece la "obligación" de garantizar completamente esas inversiones, incluso si se presentan perturbaciones que puedan disminuir su rentabilidad, tal el caso de protestas sociales, huelgas, estados de emergencia, insurrecciones, revoluciones o eventos similares. Por si esto llegara a suceder, el proyecto determina que el inversionista se beneficiará de "toda restitución, indemnización u otro arreglo" de acuerdo a un tratamiento que "le sea favorable". Adiós soberanía del Estado Para los negociadores del AMI, que por su cuenta se sienten los artífices de "la Constitución de una economía mundial unificada", en el nuevo orden no cabe potestad alguna del Estado, éste tiene que estar a la par de las empresas e inversionistas privados extranjeros, cuando no en desventaja por el escaso margen de maniobra que le dejan las nuevas reglas del juego. Es así, por ejemplo, que de darse un diferendo, según el Acuerdo le corresponde al inversionista decidir si lo plantea ante tribunales del Estado concernido o al arbitraje internacional, sin que aquel pueda negarse a éste. La aplicación de este derecho prácticamente es ilimitada, en la medida que se refiere a todo diferendo relativo a "una violación que concierne una obligación" que ocasione una pérdida o un perjuicio al inversionista o a su inversión. Para el Estado o sus ciudadanos, en cambio, el proyecto no contempla ningún recurso para plantear demandas por daños que podrían causar las empresas multinacionales. La inversión externa simplemente está exenta de obligaciones. Al límite, lo que se establece es un criterio subjetivo favorable al inversionista extranjero, por lo que basta que éste encare una situación adversa para justificar el derecho a una indemnización. Con el añadido que, si se establece un acuerdo, los Estados no pueden revocarlo por 20 años, lo cual se aplicaría incluso a los convenios establecidos antes de la firma del AMI. Así, a los gobiernos se les tornará imposible considerar siquiera cualquier política de tratamiento preferencial (como podría ser para acudir en auxilio de algún sector económico interno en dificultades) o programas redistributivos (de la tierra, por ejemplo) o de protección cultural... El AMI, cual "Gran Hermano", estará vigilante.