Las inversiones extranjeras dirigidas a proyectos turísticos e hidroeléctricos amenanzan la vida, las tierras y el hábitat de los pueblos indios y negros de Honduras. En el caso del turismo, el profesor Rafael Pineda Ponce, presidente del Congreso Nacional, empezó a tramitar la reforma del artículo 107 de la Constitución a fin de permitir la inversión de capitales extranjeros en esta área. La mencionada disposición legal prohibe que ciudadanos extranjeros compren propiedades estatales, ejidales, comunales o privadas en una extensión de 40 km., medidos desde las fronteras marítimas o terrestres. En estas áreas protegidas viven los garífunas, quienes agrupados en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), emprendieron acciones de denuncia y de protesta consiguiendo que el Congreso deje en suspenso el trámite de la reforma al artículo 107. Las declaraciones del Ministerio de Turismo de que "si cambian las leyes del país, existen cerca de 500 millones de dólares para invertirlos en el turismo" no convencieron a los garífunas (mezcla de indios caribes y arawacas y negros procedentes de Africa que se establecieron en Honduras a fines del siglo XVIII), que habitan las playas y zonas cercanas a los lagos y ríos que el gobierno pretende someter a la ley de la oferta y la demanda. Para los garífunas, la película está clara: la libre compra y venta de tierras abriría las puertas al lavado de dinero y al turismo sexual, de tal suerte que el país se convertiría en una pieza clave de los carteles de la droga. Además de ello, se incrementaría la colonización, la depredación del medio ambiente, el despojo y la pobreza, poniendo en grave peligro la subsistencia de este y otros pueblos que viven de la pesca, la horticultura y la recolección. También se crearía un marco de inseguridad jurídica-legal para los territorios comunales. "Indudablemente que las élites del país no comparten nuestras inseguridades. Ellos los llaman "temores ancestrales", pero no es difícil concederles el beneficio de la duda, en un lugar donde todavía se practica el colonialismo interno y que tenemos por seguro, que ellos serán los intermediarios entre el capital foráneo y los supuestos turistas", manifiestan los garífunas. "Somos conscientes de que la pobreza de nuestro país nos convierte en seres frágiles proclives a todo tipo de venalidades. Pero nos duele como pueblo étnico que nosotros pasemos de dueños de territorios a simples peones del capital extranjero. Los ejemplos de los países vecinos nos amenazan: el caso de los negros angloparlantes del litoral Atlántico de Costa Rica es en particular una lección para nosotros", agregan. "No nos oponemos al desarrollo del país, ni a las acciones del turismo en particular, siempre y cuando sus acciones estén encaminadas a respetar el derecho que legítima y ancestralmente nos pertenece", dice un comunicado de la OFRANEH, a la vez que exhorta al gobierno a discutir y definir una modalidad de turismo que no destruya la identidad cultural garífuna, en el marco de la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por Honduras en mayo de 1994. Patuca II En el caso de la electricidad, el gobierno y la empresa Panda Patuca Power Company vienen diseñando la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca II, para exportar energía a los países vecinos. La represa afectará directa e indirectamente a los pueblos miskitos, tawahkas, ladinos, garífunas y pechs de la Moskitia hondureña. Habrá quienes digan que las comunidades se oponen al "progreso" y al "desarrollo", pero lo cierto es que la población que sufriría las consecuencias no ha sido consultada . En donde se han ejecutado proyectos similares, éstos han "tenido efectos negativos drásticos sobre el medio ambiente, el territorio, el hábitat y la cultura de los pueblos indígenas asentados en esas regiones", manifiestan los afectados. El proyecto Patuca II, además, repercutirá negativamente en las áreas protegidas del Parque Nacional Patuca, la Biósfera Tawahka Asangni, la reserva Biosfera del Río Platano y las comunidades ubicadas en el Corredor Biológico Mesoamericano, el que, por su riqueza natural, arqueológica, cultural y científica, forma parte del patrimonio mundial de la humanidad. Las 57 organizaciones de base, ONGs, iglesias y municipalidades que han hecho un frente común contra la represa Patuca II, tienen serias dudas acerca del estudio de impacto ambiental, pues éste ha sido realizado por la WCI-Bioconsult, una empresa contratada por la misma firma interesada en ejecutar el proyecto. Por todo ello, exigen a la Panda Patuca Power Company y al gobierno que actúen con transparencia y respeto a la Constitución y al Convenio 169 de la OIT. -277