Diversas señales indican que, sea quien sea, el que gane la elección presidencial de octubre próximo en Brasil va a introducir cambios en la política económica de ese país. Esa convicción se origina en la dificultad de la retomada del crecimiento económico sostenido que se combina con una tasa de inflación anual que se encuentra muy cerca del “techo” de la “meta”. Pero, dependiendo del candidato que resulte victorioso, esos cambios serán de signo diverso y tendrán impacto diferente en la región y, sobretodo, en la relación bilateral con el Paraguay.

Conquistas de los años Lula y Dilma

Luiz Inácio Lula da Silva recibió un país económicamente en crisis cuando asumió la presidencia en el 2003. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso había acudido una vez más al FMI para enfrentar dificultades externas. El país venía de un apagón eléctrico en el 2001 por falta de inversión en infraestructura. La inflación amenazaba dispararse. La tasa de cambio se acercaba a cuatro reales por dólar.

Lula buscó el difícil equilibrio entre el manejo de las expectativas del mercado y las necesidades del desarrollo económico. Antes de la elección publicó una “Carta al pueblo brasileño” (junio 2002) en la que trataba de tranquilizar al capital internacional desmintiendo el rumor de que se preparaba para “romper contratos”. Una vez electo nombró presidente del Banco Central a un ejecutivo brasileño de larga trayectoria en la banca privada internacional. Es decir, hizo una promesa al mercado financiero internacional y colocó un “contralor” de confianza de los acreedores e inversionistas extranjeros.

Hasta ahí, hubiera sido la mera “continuidad” de la política económica de Cardoso. Sin embargo, lo novedoso fue que su gobierno, al mismo tiempo, desde el ministerio de Planificación y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), impulsó un ciclo económico-social completamente diferente basado en la expansión de un mercado interno de consumo de masas. Rechazó el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) e impulsó las relaciones comerciales Sur-Sur con particular énfasis en América del Sur. Dio fuerte apoyo a empresas brasileñas para su transformación en “players” globales, con énfasis en inversiones en países del Sur del mundo. El Estado brasilero retomó un papel activo de inductor y orientador del mercado y, como se vio en el sector de petróleo, también el papel de productor cuando consideraciones estratégicas así lo indicaban. El descubrimiento de las inmensas reservas del presal (petróleo en altamar) hizo que aprobara una legislación específica para la explotación de las mismas, fortaleciendo a Petrobras y aumentando la participación estatal en el capital de esa empresa.

Al mismo tiempo, el gobierno de Lula cumplió todos los “contratos” con los capitales extranjeros y fue más lejos, equilibró las cuentas externas, aumentó fuertemente las reservas monetarias internacionales, se desligó del FMI y el país pasó de la condición de deudor externo penitente a la de acreedor internacional solvente.

Esa nerviosa combinación de “ortodoxia” en la política monetaria y “desarrollismo” en la política económica fue arbitrada por Lula dentro de su gabinete ministerial. Sin “romper contratos” modificó profundamente el modelo económico: el fortalecimiento del mercado interno relanzó la economía. En vez de la promesa vacía de la dictadura militar (1964-1985) y del ciclo neoliberal (1990-2002) de “crecer para después distribuir” lo que se vio fue un caso de “distribuir para impulsar el crecimiento”.

Los programas de “bolsa familia” y de aumento real (por encima de la inflación) del salario mínimo real, de expansión del crédito para los consumidores de bajos ingresos, combinados con programas de apoyo a la producción familiar en el campo, de acceso a la universidad de alumnos egresados de la escuela pública con foco en la población joven negra, entre otros, impulsaron al mismo tiempo el crecimiento y la mejora en la distribución del ingreso, alcanzando las tasas de desempleo más bajas y las de creación de empleo formal más elevadas de la historia reciente.

En su segundo mandato (2007-2010) Lula introdujo, bajo la coordinación de la entonces ministra Dilma Rousseff, un audaz Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) que articulaba un inmenso conjunto de inversiones públicas y privadas en infraestructura para el desarrollo, que afianzaría un largo ciclo de expansión de la economía.

La crisis mundial y el gobierno Dilma

Su sucesora mantuvo el modelo y aumentó su apuesta. Expandió los programas sociales y buscó estimular desde el Estado las inversiones del sector privado. Sin embargo, los prolongados efectos de la crisis del capitalismo desarrollado que explotó en el 2008 le alcanzaron de lleno.

Medidas reclamadas desde hace mucho por el sector privado, que Dilma implementó – reducción de la tasa de interés y del costo de la energía eléctrica, abaratamiento de la contratación de mano de obra por el cobro de la previsión social sobre la facturación de las empresas en vez de hacerlo sobre los salarios, reducciones de impuestos a la industria– chocaron con las expectativas negativas del mercado.

Si bien es cierto que las condiciones sociales continuaron mejorando, no obstante el país sufre bajas tasas de crecimiento del PIB, reluctancia de los empresarios a realizar inversiones en ampliación o modernización de su producción, mientras surgen presiones inflacionarias y fuertes déficits en la balanza comercial de productos manufacturados.

Dos candidatos, dos recetas diferentes

¿Qué hacer para volver a crecer? Éste es uno de los debates centrales de la elección presidencial de octubre de este año.

Aécio Neves, el principal candidato de oposición, correligionario de Cardoso, anunció en una reciente cena con empresarios paulistas estar preparado para tomar “medidas impopulares” que, sin embargo, se ha negado a detallar en el debate público. Más explícitos, sus principales consejeros económicos atacan el modelo social “lulista” por considerarlo económicamente inviable.

Según ese punto de vista, al impulsar aumentos de salarios por encima de la inflación y de la productividad, la política de Lula-Dilma habría quitado competitividad a la industria brasileña en el mercado internacional. Su orientación Sur-Sur y énfasis en la política de integración regional (Mercosur, Unasur) le habría retirado de las “cadenas globales de valor”. Aécio buscaría una reinserción plena en la globalización y el abandono del proyecto económico regional con un desmonte gradual del Estado Social “lulista”.

En el corto plazo, Aécio despierta expectativas de un choque ortodoxo con elevación de las tasas de interés y cortes del gasto público. Según analistas del mercado, las inversiones privadas están paradas en el mercado brasileño porque, de ganar Aécio, esos recursos serían aplicados en deuda pública interna que volvería a ser más rentable y segura que cualquier inversión productiva.

De otro lado, la presidenta Dilma, candidata a la reelección, ha afirmado que su política económica no va a tirar por la borda las conquistas sociales de los últimos años. Prometió públicamente que mantendrá la política de valorización del salario mínimo (que ya aumentó en términos reales 72% bajo los gobiernos del PT) y buscará ampliar el Estado Social.

Para Dilma el ajuste monetario ya está en curso (la inflación mensual en julio fue próxima a cero) y el ajuste fiscal y de tarifas públicas será gradual a lo largo de los próximos dos o tres años. También con gradualismo y muchos recursos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), está relanzando un nuevo ciclo de desarrollo basado en sectores elegidos de la industria de punta (aviación civil, toda la cadena del petróleo, automovilística, defensa, etc.) obligándoles a inversiones en tecnología e innovación en el país y estimulando encadenamientos muy fuertes con América del Sur. Dilma impulsa el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur con vistas a garantizar el acceso a tecnología de punta para las inversiones industriales realizadas en Brasil.

En vez de un ataque a los salarios, en respuesta a los problemas de competitividad de las exportaciones, anuncia un gigantesco programa de inversiones público-privadas en infraestructura y logística, tradicional “cuello de botella” de la economía brasileña. Al mismo tiempo, se apoya en sectores primario-exportadores tradicionales muy competitivos (agronegocio y sector mineral) para financiar las cuentas externas.

Con Aécio el Brasil gradualmente daría las espaldas a la región y buscaría priorizar conexiones con Estados Unidos y Europa. El Paraguay retornaría a su condición de exportador exclusivo de productos primarios para mercados extra-regionales. Con Dilma continuaría el proyecto regional que ha estimulado cadenas de valor con el Paraguay, gracias a lo cual se vienen instalando plantas industriales de capitales extranjeros en el país. La retomada del crecimiento vigoroso de la economía brasileña se daría en este caso sobre premisas regionales muy diferentes.

Fuente: revista digital Economía y Sociedad, edición No. 23, agosto 2014.