Culmina hoy jueves 10 de junio la visita que la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, inició desde el pasado domingo 6 de junio, a Colombia. La Misión estuvo conformada por Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión, Joel Hernández y Stuardo Ralón, comisionados y contó además con el apoyo de la secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Ponszi, la secretaria de Cooperación, María Claudia Pulido y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. En su Misión durante todo el día lunes en la ciudad de Bogotá se reunió con los representantes del gobierno comenzando por la vicepresidenta y canciller, Martha Lucia Ramírez, el fiscal general, Francisco Barbosa, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco y el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Quienes presentaron sus informes ante la delegación. Informes que de no ser por la presencia de la Comisión no se hubiesen preparado ni se hubiesen dado a la luz pública. La visita los obligó a responder por la grave situación de los derechos humanos en el país y aunque reconocen parte de los graves hechos todos estos organismos tratan de rebajar la gravedad de los mismos y tratan de mostrar lo que no han hecho en el cumplimiento de su misión institucional que no es otra que investigar penal y disciplinariamente a los miembros de la fuerza pública por las graves violaciones de derechos humanos que están representados en los 71 asesinatos registrados en el marco de las protestas iniciadas desde el 28 de abril y hasta el 31 de mayo de los cuales según el Indepaz y Temblores que presentaron un completo informa a la Misión de la CIDH, 41 comprometerían presuntamente a miembros de la fuerza pública mientras que 29 más estarán siendo verificados.

Cabe señalar que la Misión fue solicitada por organizaciones de la sociedad civil y desde su presentación, contó con el rechazo del gobierno puesto que las organizaciones solicitantes argumentaron que lo hacían por la falta de independencia de los organismos de investigación y de control colombianos encargados de la protección de los derechos humanos y del derecho a la protesta y en cambio confiaban y valoraban a la CIDH como un organismo independiente y competente para examinar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos a raíz del Paro Nacional que sacude al país desde el pasado 28 de abril. Y es que no debe perderse de vista que la presencia de la Misión es el reconocimiento del fracaso de los organismos encargados constitucional y legalmente de la garantía de la protesta pacífica. Su sola presencia pone en tela de juicio el papel y las actuaciones de dichos organismos. Fue la presión de la movilización y la presión de la comunidad internacional y principalmente del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, los que obligaron al gobierno colombiano a aceptar la visita.

La Misión se reunió con grupos de derechos humanos, organizaciones de mujeres, el Comando Nacional del Paro, víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en las ciudades de Bogotá, Cali, Buga y Popayán. Durante su estadía pudieron comprobar la brutalidad policial del ESMAD que en Bogotá enfrentaba a los manifestantes que se reunieron al frente del Hotel Tequendama donde se alojaba la delegación y en dónde atendía a las delegaciones de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. La Misión recibió múltiples informes, testimonios, pruebas documentadas en videos, audios, fotografías y demás elementos probatorios de la brutalidad policial y el silencio de las principales autoridades públicas, comenzando por el silencio del propio presidente Duque que hasta el día de hoy no ha condenado ni la brutalidad policial a la cual a lo sumo ha llegado a calificar como hechos aislados, sino que no se le ha escuchado condena alguna por la presencia de civiles armados que han disparado contra los manifestantes en ciudades como Cali, Pereira y Yumbo en que estos paramilitares aparecen disparando al lado de la policía. Tardíamente el fiscal Barbosa y la procuradora Cabello Blanco han anunciado el inicio de investigaciones penales y disciplinarias. Esas tardías investigaciones son vistas con recelo y no gozan de credibilidad entre las víctimas y en general en la opinión pública del país.

La sistematicidad de la brutalidad policial y de la fuerza pública

De los múltiples informes quiero destacar el que presentaron Temblores, Paiis e Indepaz y del mismo, el apartado que se ocupa de demostrar que el comportamiento de la Fuerza Pública y principalmente de la Policía es sistemático y que no se trata de comportamientos aislados, manzanas podridas, que es el relato que trata de legitimar la narrativa del gobierno. Se trataría de un comportamiento que permite evidenciar por lo menos nueve formas de actuación de la fuerza pública frente a las protestas ciudadanas para confrontar a los manifestantes del Paro Nacional.

1. El uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego en contra de las personas manifestantes por parte de la Fuerza Pública. Hemos podido registrar varios casos en los que, ante la violencia que empiezan a ejercer algunos grupos de manifestantes, como lanzar piedras, la respuesta de la Policía ha sido accionar armas de fuego en contra de estos ciudadanos.

Desde el día 28 de abril hasta el 31 de mayo, en el marco del Paro Nacional, hemos registrado que al menos ha habido 184 actuaciones en las que la Policía ha accionado armas de fuego en contextos de las protestas. En estos 184 hechos, 70 personas han recibido impacto de arma de fuego y han quedado heridas. Además, documentamos 16 casos de disparos de armas de fuego en medio de zonas residenciales que pusieron en grave peligro a niños, adultos mayores y familias en general. Del 28 de abril al 31 de mayo se ha registrado que al menos 20 personas han muerto por impactos de armas de fuego activadas presuntamente por la Policía Nacional.

2. El uso de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas pacíficas. Los uniformados apuntan y disparan a los cuerpos no sólo de las personas manifestantes, sino de personas que transitan por el lugar y que no hacen parte de las protestas violando los protocolos que señalan que esas armas no letales deben utilizarse de forma parabólica y no horizontalmente hacia el cuerpo de los manifestantes. Desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo se han registrado 193 casos de uso de armamentos en contra de los cuerpos de los manifestantes. En estos hechos 167 personas han resultado heridas. En este mismo lapso de tiempo se han registrado 3 homicidios producto de esta práctica.

3. Los disparos horizontales con arma venom de largo alcance en lugares residenciales y en contra de manifestantes. El arma Venom es un dispositivo que consiste en un lanzador múltiple de proyectiles con capacidad de 30 cartuchos. El informe documenta 28 casos de utilización irregular de esta arma en las protestas asociadas a manifestaciones del Paro Nacional.

4. El lanzamiento de gases lacrimógenos y aturdidoras en interior de las viviendas y e barrios residenciales. En el periodo examinado se documentaron dos casos de homicidios relacionados con esta práctica. Los dos casos corresponden a adultos mayores que se encontraban resguardados en sus viviendas y murieron por afecciones relacionadas con la inhalación de gases lacrimógenos. En lo corrido del Paro Nacional, el informe documenta 74 casos de intervenciones violentas asociadas a lanzamientos de gases lacrimógenos y aturdidoras. De ellos 68 han sido a viviendas, 4 a hospitales y 2 a vehículos de transporte público.

5. Vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales. Las actuaciones de la Policía deben ser públicas lo que no viene ocurriendo. Se han registrado por lo menos tres tipos de prácticas policiales que vulneran el principio de publicidad. En primer lugar, el ocultamiento o borramiento de placas de identificación de policías. Segundo, hostigamiento a personas por grabar procedimientos policiales o actos de violencia policial. Tercero, hostigamiento, agresiones y retención a periodistas que están cumpliendo con su labor de cubrimiento de prensa de las protestas. El informe documenta 119 casos de violación del principio de publicidad de los procedimientos policiales.

6. La imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad. Las retenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional a personas que se encuentran en contexto de protesta, ya sea protestando o transitando cerca de una marcha, se han vuelto una constante. A menudo estos procedimientos arbitrarios se acompañan de golpizas y torturas algunas de las cuales han causado la muerte a manifestantes. También la retención en lugares que no están autorizados como coliseos deportivos, bodegas y estaciones de transporte público. Se documentan en el informe 1.649 retenciones arbitrarias, en el contexto del Paro Nacional. Así mismo se documentan dos asesinatos en este tipo de actuación de la Policía.

7. Violencia sexual y basada en género hacia manifestantes. En el marco del Paro el documento documenta 25 hechos de violencia sexual y 6 de violencia de género en contra de manifestantes por parte de la Fuerza Pública.

8. Generación de traumas oculares en contra de manifestantes. Esta es una forma de agresión nueva en Colombia por lo menos en la forma alarmante como se esta registrando desde el año 2019. En el período examinado el informe documenta 65 casos de lesiones oculares.

9. Desapariciones forzadas de manifestantes. En el contexto del paro el informe presenta un listado de 346 nombres de personas que han sido reportadas como desaparecidas. Hasta ahora los propios organismos de control han reconocido que hay por lo menos 99 personas que no han podido ser localizadas, están desaparecidas.

Qué se espera del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Culminada la visita en el terreno de la Misión de la CIDH se espera en aproximadamente 30 días la entrega pública del informe al Gobierno Colombiano con un cuerpo de recomendaciones. Dada la abundante documentación se espera un informe muy crítico pues las masivas y graves violaciones a los derechos humanos que están documentadas y fueron entregadas a los integrantes de la Comisión no dan margen a mayor duda que así será. Sería muy importante que el informe estableciera en sus conclusiones la propuesta que se establezca una comisión de seguimiento a las propuestas y recomendaciones que contenga el informe. Esto que deberá ser aceptado por el gobierno colombiano será otro pulso que se librará en la calle y en la comunidad internacional. Pero hay que tener claro que los problemas se resuelven aquí en Colombia y que se requerirá de una denuncia y movilización sostenida para que los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la fuerza pública sean investigados y sus responsables debidamente castigados. Ello pasa necesariamente por un cambio en la correlación de fuerzas políticas y sociales. Este pulso está en marcha y compromete los resultados electorales del próximo año. Las mayorías nacionales deben producir un verdadero revolcón, un barrido de la tradicional clase política del Congreso que son cómplices y corresponsables de todo lo que está pasando en el país y por supuesto desalojar al régimen mafioso aliado de las grandes corporaciones financieras colombianas e internacionales que está encarnado en el gobierno de Uribe-Duque. Ese es el verdadero reto que enfrentamos.

Bogotá junio 10 de 2021.

- Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur