La recurrente y crónica crisis social que vive Colombia de manera permanente pues es parte de su estructura, se ha profundizado como consecuencia de los efectos devastadores de la pandemia y se ha trasladado a la estructura política y administrativa del Estado. Vivimos en una época que como diría Antonio Gramsci, al referirse a las crisis orgánicas, los de arriba no pueden seguir gobernando como lo han venido haciendo y los de abajo no soportan esa dominación pero aún no logran configurar un bloque social y político de fuerzas, un bloque histórico, para apartar del poder al bloque que hasta ahora ha gobernado al país.

Como parte de esta crisis orgánica se ha resquebrajado la hegemonía del bloque que ha gobernado el país. La dirección intelectual y moral que ha ejercido el bloque dominante se ha resquebrajado y durante estos dos últimos años del gobierno uribista de Duque, se ha profundizado y se seguirá profundizando. Los nexos cada vez más abiertos y comprobados del narcotráfico a través de los clanes familiares que dominan buena parte de la vida política en las regiones como la costa caribe (el clan de los Char y los Gerlein en el Atlántico, los Genecco en Cesar, los Kiko Gómez en la Guajira, Los Cote y Vives en Magdalena, los Guerra en Sucre y los Elías en Córdoba, o los Aguilar en Santander) y sus alianzas con los grandes conglomerados financieros como los Sarmiento Ángulo, los Ardila Lulle o el Grupo Empresarial Antioqueño, que son el soporte del gobierno de Uribe-Duque, son cada vez más repudiados por amplios sectores de la población. Así mismo el financiamiento ilegal por el narcotráfico y por la corrupción de la campaña de Iván Duque Márquez que la fiscalía no quiere investigar.

A esta pérdida de la hegemonía del bloque dominante también han contribuido en los últimos años por un lado las denuncias de corrupción en que han incurrido estos grupos económicos como el caso de Sarmiento Ángulo en la contratación de la Ruta del Sol II o el manejo del Grupo Empresarial Antioqueño en Empresas Públicas de Medellín, o el impulso y apoyo a reformas tributarias regresivas de exención de impuestos que se han venido aprobando en los últimos 30 años debilitando enormemente las finanzas públicas. Este debilitamiento ha corrido al mismo tiempo que se han puesto en marcha políticas abiertamente en contra de los derechos de los trabajadores como las leyes de flexibilización laboral que este gobierno pretende profundizar con la contratación por horas que expidió mediante decreto y que había hecho aprobar en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Todo ello se ha traducido en la pobreza generalizada de la población.

El Departamento Nacional de estadísticas, DANE, reportó que en el año 2019, el 35.7% del total de la población vivía en la pobreza monetaria con ingresos mensuales menores a 327 mil pesos mensuales, unos 100 dólares. Con la llegada de la pandemia, Fedesarrollo, un centro de pensamiento del régimen, calcula que la pobreza monetaria cobijará al 49% del total de la población y los investigadores independientes Garay & Espitia calculan que la pobreza cobijará al final de este año 2020 entre un 57,5% y un 62,5%, del total de la población colombiana. Un país de pobres con unos pocos superricos.

Pero un punto de quiebre importante del bloque hegemónico lo constituyó la división del bloque en el poder, en torno al manejo que debería darse al conflicto armado que enfrenta desde hace 60 años a las guerrillas insurgentes con el Estado y que hasta las negociaciones de La Habana entre el Estado Colombiano y las guerrillas había logrado un consenso en apoyar las salidas negociadas con la insurgencia armada. Sobre esta lógica se negoció con las guerrillas del M-19, el Ejército Popular de Liberación, EPL, disidencias del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que fueron reincorporados al ordenamiento legal y constitucional mediante el desarrollo de procesos parciales de negociación y reincorporación, apoyados por las distintas fracciones políticas representativas del bloque en el poder y que tuvo como máxima expresión la Constituyente de 1991 y la expedición de una carta política democrática, previo acuerdo en el año de 1990 con estas expresiones organizadas de la insurgencia armada.

Esta ruptura del bloque en el poder se produce alrededor de la negociación con la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno de Juan Manuel Santos, proceso iniciado públicamente en el año de 2012 y que culmina el 24 de noviembre del año 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Previo a ello la ruptura del bloque alcanzó su máximo grado de confrontación alrededor del plebiscito en que deberían refrendarse los acuerdos celebrado el 2 de octubre de 2016 y que ganó por un poco más de 50 mil votos el NO alrededor del cual se coaligaron todos los sectores de la ultraderecha en que con mentiras y falsedades como lo reconocería días después el gerente de la campaña del NO, Juan Carlos Vélez, en entrevista en el diario la República del 8 de octubre de 2016.

Desde entonces la fractura del bloque en el poder no ha cesado sino que se ha profundizado y se ha extendido a otros temas como la política internacional del país que desde una base de respeto a la soberanía nacional de los Estados había permitido la reapertura de relaciones internacionales rotas en el gobierno de Uribe con Venezuela y Ecuador, dos de nuestros más importantes países vecinos y con extensas fronteras comunes. Con el triunfo de la fracción de Uribe-Duque se ha regresado a la ruptura de relaciones con Venezuela y al realinderamiento incondicional con la política internacional de la administración de Donald Trump a quien este gobierno viene apoyando en su campaña por la reelección resquebrajando las relaciones con el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Son elementos que evidencian el resquebrajamiento del bloque que ahora tiene elementos nuevos que han profundizado la crisis.

Uno de esos elementos que se ha profundizado tiene que ver con el ataque desmedido al poder judicial por decisiones que este poder ha tomado en el caso particular del uribismo por sus nexos con el narcotráfico que comprometieron primero a 62 parlamentarios de la coalición con la cual gobernó Uribe en sus dos mandatos, condenados por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos y apoyo que recibieron para su elección de los grupos paramilitares en el conocido caso de la parapolítica. Esta investigación no alcanzó a llegar a los territorios pues el poder judicial fue cooptado desde estos sectores sin que las investigaciones hubiesen llegado al poder político en departamentos y municipios. Estas investigaciones no llegaron al fondo y solo afectaron parcialmente a sectores en los departamentos del Magdalena, Arauca o Santander y la Guajira, y muy parcialmente a Antioquia que aún no terminan, como es el caso del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, que está en juicio en la Corte Suprema de Justicia.

Ha sido sistemático del uribismo su ataque al poder judicial por estas actuaciones, ataques que se han exacerbado por el avance en las investigaciones en contra del propio expresidente Uribe y que llegó a su punto máximo en agosto pasado cuando fue cobijado con una medida de detención domiciliaria. Pero este ataque y desconocimiento de las órdenes judiciales y de las actuaciones de los jueces viene como hemos dicho desde el gobierno de Uribe en que se amenazó seriamente con la ruptura institucional por las actuaciones de las altas Cortes y sus ataques se dirigieron y se dirigen en contra sobre todo de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.

Ahora desde el gobierno se ha promovido el desacato a las órdenes judiciales como es el caso de las decisiones en contra del gobierno por la autorización de la presencia de tropas norteamericanas en el territorio colombiano sin las debidas autorizaciones legales a las que constitucionalmente el gobierno está obligado o las órdenes de pedir disculpas por el uso desmedido de la fuerza en la represión del paro nacional del 21 de noviembre del año 2019. Ello para no hablar del deterioro administrativo y el manejo de secta que el gobierno de Uribe-Duque ha impuesto en dependencias gubernamentales entregadas a funcionarios opuestos a los objetivos misionales de esas instituciones ocasionando un deterioro de la función pública de estos organismos.

Un nuevo factor es el fracaso del uribismo de Duque en el gobierno en el deterioro y la crisis del orden público en las regiones. El asesinato de 1043 líderes sociales desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, dentro de los cuales y por los cuales reclamaron los mingueros en su marca hacia Bogotá se encuentran el asesinato de 167 líderes indígenas; 67 masacres en lo corrido de este año, 236 guerrilleros de las FARC asesinados desde la firma de los acuerdos, crecimiento de las disidencias, de la guerrilla del ELN y de los grupos paramilitares así como de los grupos armados de narcotraficantes que dominan regiones enteras en el Chocó, Nariño y en general en todo el corredor Pacífico del País así como en la región del Catatumbo en el Norte de Santander, en el bajo Cauca en Antioquia, y en regiones de los Departamentos del Meta y Arauca. Un verdadero desgobierno con unas Fuerzas Militares y de Policía con muchos recursos económicos pero ineficaces y divididas internamente además de profundamente penetradas en diversas regiones por el narcotráfico. El uribismo ha propiciado la división interna de las Fuerzas Armadas.

Estas y muchas otras decisiones del uribismo en el gobierno han resquebrajado al bloque en el poder, lo han dividido en éstas materias aunque en aspectos claves del modelo neoliberal que nos rige siguen actuando unificadamente y esto explica la toma del Congreso por el gobierno y la compra con sectores de la administración que se han entregado para alimentar la clientela de partidos que hoy forman parte del gobierno principalmente a Cambio Radical de Germán Vargas Lleras y del Clan de los Char y de las mayorías del Partido de la U, que han cohonestado el cierre practico del Congreso que solo funciona de manera virtual con lo que ha desaparecido el control político y la deliberación presencial y pública del Congreso. El colmo de la domesticación del Congreso ocurrió la semana pasada en el debate de Moción de Censura en contra del ministro de la Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo. 58 senadores cancelaron el debate una vez iniciado porque supuestamente habían desaparecido las causas por las cuales había sido convocado, la presencia de tropas norteamericanas en Colombia sin que el gobierno hubiera cumplido con los marcos legales y constitucionales. Un Congreso genuflexo y sinvergüenza frente a los desmanes del gobierno.

Las movilizaciones populares señalan la pérdida de la hegemonía

Pero todas estas actuaciones han debilitado la hegemonía de las clases dominantes y una prueba de ello son las inmensas movilizaciones protagonizadas por la población en el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 que se extendió hasta las navidades de dicho año y que han vuelto a pesar de las restricciones que impone la pandemia desatada por la Covid-19 que nos tiene con más de un millón treinta y cinco mil contagiados, el octavo país del mundo, con mayor número de contagiados y el número 13 en el ranking de muertos por millón de habitantes; y pese a ello dos jornadas de Paro Nacional las del 21 de septiembre y la del 21 de octubre han convocado a decenas de miles de ciudadanos a la protesta que fue reforzada de manera extraordinaria por la Minga Indígena que recorrió el país desde el 12 de octubre y cerró con una impresionante movilización en la Plaza de Bolívar de Bogotá este pasado 21 de octubre. La nueva jornada de Paro Nacional será este 21 de noviembre.

Todo está servido para profundizar la crisis y su transformación en crisis política del bloque en el poder. Pero para ello se requiere que los sectores subalternos expresados en estos formidables movimientos sociales transformen, transiten, de la protesta al voto y sobre todo a la conformación de un bloque social y político que reúna en un solo haz de fuerzas al movimiento social con su expresión política, el centro izquierda. Este bloque está en conformación pero afronta dificultades que hay que superar.

La principal dificultad es el desencuentro entre una parte del centro y la izquierda sobre todo por la persistencia del centro político de oponerse a una consulta con parte de la izquierda que se agrupa alrededor de la candidatura de Gustavo Petro. Este sector representado por el también candidato Sergio Fajardo, por un candidato que antes perteneció a quienes apoyaron a Fajardo, el hoy senador y precandidato de los Verdes, Iván Marulanda y por el recientemente escindido del Polo democrático, el MOIR, que postulan un veto a una consulta amplia que incluya en la misma a Fajardo, a quien resulte ganador entre los cuatro o cinco precandidatos del partido Alianza Verde, a Jorge Enrique Robledo si persiste en su candidatura por el recién creado partido Dignidad, a Roy Barreras y el grupo que impulsa la conformación del partido o movimiento Liberales Socialdemócratas, LSD, y aún al sector oficialista del Partido Liberal y a Gustavo Petro. Una propuesta así es con muy altas probabilidades una fórmula ganadora para apostar a ganar con contundencia en primera vuelta.

Pero hay que vencer esas resistencias del centro que se equivoca si cree que apostando al veto y apoyándose en rechazar una supuesta polarización va a lograr subordinar electoralmente a la izquierda que en todo caso es un factor decisivo para lograr el triunfo pues representa un 30% del electorado como ya lo demostró en las pasadas elecciones de 2018. Carlos Gaviria ya había logrado el 23% del total de la votación en las elecciones presidenciales de 2006. La Unidad es la tarea. Y Petro haría bien en bajar a la confrontación con el centro político que no es su principal adversario, sino su potencial aliado.

Signos favorables a esta Unidad es que Petro haya ratificado su decisión de concurrir a una consulta en las elecciones parlamentarias de Marzo con el espectro del centro izquierda para que los ciudadanos escojan al candidato/a único/a que sería quien gane esta consulta. Igualmente la decisión del partido Alianza Verde de realizar una consulta interna entre los cuatro o cinco precandidatos para seleccionar su candidato/a para que concurra en marzo a una consulta con el Centro Izquierda sin exclusiones y también el anuncio de Roy Barreras de concurrir a una consulta con el Centro Izquierda sin excluir a nadie. Obvio que también es un signo alentador la decisión del Polo Democrático de apoyar una consulta en marzo del centro izquierda sin exclusiones. Así están las cosas.

Esa Unidad debe trabajarse alrededor de un programa de transición que incluya el desmonte de políticas neoliberales que han empobrecido a nuestro país y puesto en riego sus recursos naturales. Ese programa debe contener propuestas en materia agraria relacionadas con redistribución de la tierra, formalización de la propiedad y sustitución de cultivos de uso ilícito así como un ingreso básico de emergencia para afrontar la pobreza que según datos recientes estaría por el 76% de las 3.5 millones de familias que viven en el campo; una profunda reforma a la salud que desmonte la ley 100 y desarrolle la ley estatutaria de salud acabando con la mercantilización de la salud que debe ser un bien público lo cual pasa por eliminar la intermediación financiera de las EPS; una reforma laboral para proteger y desmontar los mecanismos perversos de la flexibilización laboral.

Este programa de transición debe acometer una reforma tributaria progresiva que elimine las exenciones y aplique el lema de quien más tiene más tributa y elimine la elusión fiscal en los paraísos fiscales; la prohibición de la minería en nuestros paramos y en todos aquellos lugares que afecte las fuentes de agua así como obligar a los explotadores de recursos naturales a que paguen impuestos así como el cambio al uso de energías limpias desestimulando el uso de energías fósiles; una reforma política democrática con listas únicas, financiamiento público de las campañas electorales y reforma electoral creando un tribunal electoral y reformando al Consejo Nacional Electoral para que no sean los partidos quien nombren a estos consejeros.

El país requiere un proceso de reindustrialización con base en energías limpias y todo lo que tiene que ver con industrias afincadas en las modernas Tecnologías de la Información así como la agregación de valor en nuestro país de las exportaciones de materias primas; la reforma de la fuerza pública y una política de seguridad humana al centro de la cual estén los derechos humanos, esta reforma debe cortar los lazos de la fuerza pública con los grupos armados ilegales y del narcotráfico y el desmonte de los grupos neoparamilitares; una reforma educativa con énfasis en ampliar la educación a la primera infancia y la expansión de la matrícula gratuita en la universidad pública; una reforma a la justicia que profundice la independencia del poder judicial eliminando o reduciendo a la mínima expresión los fueros especiales y acercando la justicia a la gente; y por supuesto una renta básica de emergencia como la que se ha propuesto al Congreso de la República que cubra temporalmente a nueve millones de familias pobres para que puedan afrontar de manera digna los estragos que nos ha dejado la pandemia.

Son aspectos que deben trabajarse para tener un programa de transición concreto que revierta los niveles de pobreza y exclusión social que nos han dejado treinta años de neoliberalismo en el país. Hay que avanzar en ello y para lograr que ese sea el programa de gobierno debemos trabajar por la unidad del centro izquierda de cara a las elecciones de Congreso y presidenciales de 2022.

Bogotá 29 de octubre de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)