“Sin vidas no hay economía”

Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico Hondureño (CMH)

En Honduras nadie se mueve si Juan Orlando Hernandez (JOH) no lo autoriza. Eso es así, ya que vivimos en un gobierno altamente centralista y autoritario, donde la figura del presidente es muy visible, ejerciendo control “inusual” sobre el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, FFAA, Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Iglesias Evangélicas y el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), entre otras. Es un gobierno que goza también de respaldo del gobierno de los Estados Unidos, siendo evidentes las muestras de afecto del presidente Donald Trump.  Se considera a JOH y su gobierno, aliado de los Estados Unidos, contrario a Nicaragua y Venezuela.

La oposición política no ha podido contra este control del Estado que ejerce el presidente, muchos menos contra la política económica y reforma institucional que se ejecuta con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), excluyente por definición, con el agregado de benigna con la corrupción.

Uno de los problemas que hizo más visible el Covid-19 en casi todo el territorio nacional, es la falta de planificación del gobierno para enfrentar la pandemia, complementado con la ausencia de políticas y decisiones de consenso. Se creó una Mesa Multisectorial con actores afines al gobierno, pero que ya no sirve para nada, en tanto varios miembros como los empresarios se retiraron, y sus decisiones no consideran las dinámicas de cada uno de los territorios y propuestas de actores regionales y locales frente al avance del Covid-19.

Recién, en respuesta a la muerte de más galenos que, según el CMH, suman 15 muertes, los profesionales de la medicina que están al frente de la batalla, dieron un ultimátum al gobierno: Cierre completo por dos (2) semanas de la ciudad de San Pedro Sula y las ciudades aledañas, o se retiran de la primera línea de batalla. El CMH exige también el cierre de la Ciudad Capital, por el aumento de casos y la falta de bioseguridad, donde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció la entrega de mascarillas a personal de salud que no protegen del Covid-19.

El problema según ellos, es que la mayoría de las maquilas localizadas en el Valle de Sula, están trabajando 24-/7, sin que se garantice un control de los empleados y medidas de bioseguridad que deben ejecutarse. La mayor parte de los trabajadores de las maquilas y otros negocios, tienen que movilizarse dentro y fuera del Valle de Sula, por lo que el foco de contagio del Covid-19 aumenta.

De acuerdo al Dr. Carlos Umaña, del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, entre el 27% y 35% de los pacientes que llegan a solicitar asistencia contra el Covid-19, provienen de las maquilas (La prensa.HN, 5/7/2020), sumado al hecho que no se respetan las medidas de control sobre la circulación de personas. Aunque, Mario Canahuati, presidente de los Maquiladores de Honduras (AMH), defiende que menos del 3 % de las personas contagiadas pertenecen a trabajadores de las maquilas.

Este es un factor causal que explica el aumento de los casos de personas infectadas, y la resistencia a la baja de la curva de contagios.  Si a ello le sumamos, la lentitud en la entrega de pruebas PCR, el deterioro de la red hospitalaria regional y local, saturación de los hospitales nacionales, poca cobertura de las pruebas rápidas, alta informalidad de la población y robo de recursos asignados a la pandemia, se tiene un patrón de comportamiento favorable para que el Covid-19 se instale por mucho tiempo y deje una secuela de miseria y muerte.

El destacado médico hondureño Tito Alvarado, recomienda al gobierno que lidere la iniciativa para crear un Comité o Comisión de Guerra contra el COVID-19, con las personas más capacitadas que existen, involucrando a las demás fuerzas políticas, pero también a organizaciones de sociedad civil que operan fuera del control de gobierno. Igual, que ponga a operar el Centro Cívico Gubernamental, una especie de monumento a la improvisación y “fanatismo” por el uso de los recursos de instituciones de jubilaciones y pensiones que no se sabe de donde y como se van a reponer después que esta pandemia termine. Ya existe el anuncio por el Canciller, Lisando Rosales, que dicho Centro Cívico se va a habilitar para atender pacientes, lo que permitiría descongestionar la atención en los hospitales nacionales. Pero, preocupa, que todavía JOH siga pensando que con los mismos funcionarios públicos /soldados de escritorio, saldrá victorioso.

En el otro extremo, existe una fuerte presión del sector privado para que no se retroceda con el plan “inteligente” de reapertura económica, permitiendo que los negocios vayan incorporando gradualmente un número mayor de empleados al trabajo, a efecto de poder atender al público dentro de los locales.  El aumento de los casos en Tegucigalpa hizo evidente que dicha política no fuera correcta, ya que se está en el pico de la pandemia, pero se sigue insistiendo que debe volverse a ello. En San Pedro Sula, el avance en la apertura “inteligente” ha ido acompañado de un aumento de los casos y muerte de personal de salud.

Lo recomendable es seguir con la propuesta inicial de abrir las actividades productivas y económicas necesarias, como la industria alimentaria, combustibles, farmacias y banca, y autorizar la circulación de las personas según el último número de su tarjeta de identidad, eliminando los permisos especiales cuando no se justifican. En la medida que el contagio disminuya, se puede avanzar con la apertura. Hay que tener presente que la vuelta de los negocios a la normalidad no implica que tendrán el mismo nivel de actividad que tenían antes de la pandemia, ya que existe una contracción real de la demanda de consumo de bienes y servicios.

La Mesa de Guerra contra la Pandemia debe iniciar actividades lo más pronto posible. Hay que llamar a los expertos del Colegio Médico que la lideren, pero también a empresarios que ven más allá del lucro personal, en tanto, tal como se ha demostrado para el Valle de Sula, el aumento de las actividades económicas y comerciales tiene mucha relación con el nivel de contagio, o sea con el número de casos y la tendencia de la curva.

Un problema central en esto, es poder identificar el líder de esta mesa que goce de la suficiente credibilidad moral y ética, además de la capacidad técnica. En una encuesta realizada por estudiantes de la carrera de Desarrollo Local de la clase de Participación Ciudadana, la población capitalina se pronunció para que el líder fuera una de estas tres personas: a) Carlos Umaña, Médico Epidemiólogo, b) Edgardo Melgar, periodista; c) Pedro Barquero, empresario. En ninguno de los casos aparece que debe ser liderada por la actual Ministra de Salud, o por el director de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) o Canciller de la República, Lizandro Gonzales.

EL presidente Hernández debe convocar al Consejo Nacional de Planificación Económica vigente, a través de la Ministra de Coordinación General de Gobierno (CGG), Martha Doblado, donde existe representación de los principales actores de la sociedad hondureña, incluyendo a los partidos políticos y las universidades, y proceder a nombrar al responsable de liderar esta mesa, exigiendo la presentación de un plan u agenda de trabajo para lo que resta del año, con objetivos, metas, montos de recursos y responsables. Caso contrario, cualquier miembro del Consejo puede solicitar dicha convocatorio para cambiar el Timón y la dirección de la lucha contra la pandemia, antes que toda Honduras se tiñe de pacientes Covid-19 y muertes.

Hay suficientes ideas y propuestas en el medio hondureño de los actores, por lo que deben utilizarse como insumos para diseñar una intervención de consenso más rápida y efectiva contra el Covid-19, incluso aprendiendo de otros países de la región y fuera de esta.

Tegucigalpa, DC, 7 de Julio de 2020