El pasado 1° de junio fue el primer aniversario del gobierno de Nayib Bukele. El evento pasó bastante desapercibido debido a la emergencia por el COVID-19 y los daños de las lluvias que no paran desde el fin semana. Bukele -incluso- no presentó el correspondiente informe de gestión en la Asamblea Legislativa, diciendo que “los discursos pueden esperar”, como si no fuera obligación legal rendir cuentas anualmente ante el Parlamento.

Hace un año Bukele asumió en medio de grandes expectativas de la gente, mismas que se mantienen altas hasta ahora a pesar de erráticas actuaciones presidenciales y hechos que constituyen graves retrocesos, especialmente en materias de transparencia, rendición de cuentas e institucionalidad democrática.

Aún cuando se pretende hacer una “evaluación equilibrada” y evitar cualquier “predisposición de crítica”, cuesta encontrar logros en la gestión gubernamental; y cuando se encuentran, todos “tiene algún pero” que los descalifica como logros auténticos. Eso dice la feminista Morena Herrera, en un artículo publicado esta semana en un medio digital.

Siguiendo dicha lógica, podría decirse que seguridad pública es uno de esos “logros cuestionados”. Sin duda es aplaudible la histórica reducción de asesinatos en la Administración Bukele, pero no se sabe si es por la efectividad del cacareado “Plan Control Territorial” o tiene que ver con algún acuerdo con las pandillas que decidieron bajar drásticamente los homicidios. Este avance en seguridad también se ve oscurecido por la permanencia de las extorsiones y el incremento de los feminicidios, frente a los cuales no hay políticas concretas.

Este logro, además de sospechoso, podría ser insostenible al no ser resultado de una estrategia integral de seguridad que combine eficiente y eficazmente acciones de represión, prevención, reinserción y atención a víctimas de la violencia; sino de una lógica “populista-punitiva” que mezcla represión y propaganda, especialmente en el abordaje de la violencia pandilleril.

Otro “logro con muchos peros” es la respuesta gubernamental ante la pandemia del coronavirus. Fue positiva la decisión temprana de tomar medidas drásticas de cierre de fronteras, confinamiento y distanciamiento social; pero todo el manejo posterior de la emergencia ha sido duramente criticado debido a la fallida aplicación de protocolos sanitarios y -en general- la falta de “cientificidad” y profesionalismo, señalado por expertos, el Colegio Médico y el Foro Nacional de Salud.

A la crítica sanitaria, se suman la democrática y de derechos humanos. Las falencias en su perspectiva sanitaria, la Administración Bukele las compensó con medidas de control social plagadas de atropellos, arbitrariedades y violaciones a derechos humanos, que confirman la perspectiva autoritaria del gobierno. Las detenciones ilegales de personas que incumplen la cuarentena y el drama humano en los “centros de contención”, son ejemplo de esto.

Pero los derechos de las personas no son la única víctima del autoritarismo, intolerancia y no diálogo del Presidente; sino también la institucionalidad, el estado de derecho y el orden constitucional. Acompañado de militares y policías (y aplaudido por sus fanáticos), Bukele asaltó la Asamblea el pasado 9 de febrero, ha incumplido resoluciones de la Sala Constitucional e interferido en funciones legislativas.

Este corto espacio editorial no alcanza para más, pero Bukele también ha puesto en mal el nombre del país con su proceder antidemocrático; por mucho que un spot televisivo difundido en los principales canales diga lo contrario.

En resumen, en este primer año de gestión, Bukele está reprobado; y su errático gobierno constituye una oportunidad perdida.

El Presidente, sin embargo, todavía puede corregir su comportamiento para no quedar en la historia como el gobernante autoritario y mentiroso que ha sido hasta hoy. Bukele aún puede rectificar y proponerse profundizar la democracia, desmontar el neoliberalismo y aprovechar el respaldo social -que ninguno de sus antecesores tuvo- para entrarle en serio a los problemas estructurales del país.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)