Nos interesa escribir para los muchos argentinos que «viven de espaldas al mar» y para quienes comienzan a sufrir la enajenación de nuestros recursos naturales y el encarecimiento de los servicios públicos. Todos estamos afectados por décadas de gobiernos, al menos, incapaces. Por ello, trataremos de explicar sencillamente esta actividad industrial y las razones de su decadencia.

La industria pesquera no puede escapar a las generales de la ley en un país con gobiernos sin proyecto nacional marítimo, pesquero y naval, con un costo interno desmesurado y creciente, que dificulta la explotación de los recursos del atlántico sur, dejando fuera de competencia, día a día, a esta actividad de interés económico, social y estratégico. Nadie puede imaginar un presente ni un futuro promisorio en ninguna actividad exportadora, en un país con una inflación altísima, cuando nuestros principales compradores de los productos pesqueros en el mundo tienen una inflación anual de 1,96% (España), 1,59% (China), 2,13% (Estados Unidos), 0,47% (Japón), 1,23% (Italia) o 3,46% (Brasil). Hoy, mañana o pasado los productos dejan de ser competitivos y en forma repetida transitamos un verdadero cuento de la buena pipa.

La actividad agropecuaria y las capturas en alta mar se subsidian en la Unión Europea y los países asiáticos, mientras en nuestro país, los altos costos de la energía, combustibles, impuestos, la falta de crédito y las altas tasas de interés vigentes transforman en financieras a las empresas industriales para obtener las utilidades que sería de esperar fuesen el resultado de la actividad productiva. No puede esperarse en este escenario, donde el gerente financiero reemplaza al de producción, un gran desarrollo empresario. Ya vimos estos procesos con Martínez de Hoz, Sourrouille, Cavallo y Kicillof, que desalentaron la centralidad en producir y generar nuevos mercados.

José Hernández, escribía en 1882, en su poco conocida obra Instrucción del Estanciero «la marcha de las sociedades en la senda de su progreso ha sido recorrida penosamente de pueblo cazador a pastor, de pastor a agricultor y de agricultor a fabril…» y, con las repetidas políticas de Argentina, nuestro país no alcanza a superar la exportación de commodities y consolidarse como un país industrial, a pesar de tener todas las condiciones para hacerlo, salvo (y no es poco) la llamada dependencia, que no es otra, que las condiciones impuestas por los países acreedores y los intereses económicos en juego.

La concesión pesquera y la exportación

Esta actividad, es muy compleja. Como pocas. Un mismo empresario captura el recurso, lo industrializa y lo exporta. Una cadena integrada, que quienes no la cumplen, tienen muy pocas probabilidades de manejar su negocio. Un negocio que Argentina, por ser mayoritariamente exportador (90%) es absolutamente dependiente del precio internacional y, no tiene ninguna posibilidad de controlarlo por su baja participación en el mercado, pese, a tener un amplísimo territorio marítimo y, a que gran parte de sus competidores como China, Rusia, Japón, Corea, España, Taiwán, etc. pescan a gran distancia de sus países de origen, entre ellos, en el Mar Argentino y, en altamar, sobre especies migratorias y asociadas.

Pero, no podemos dejar de hacer notar que, pese a que los recursos son propiedad del estado nacional y provincial, no es el gobierno el que administra el recurso en la ZEE y mucho menos fuera de ella, ya que ha concesionado la explotación a los empresarios, sin exigir ni establecer las políticas más básicas que parcialmente se fijan en el Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922).

Nadie imagina una concesión, donde el concesionario unilateralmente modifica las cláusulas del contrato. La radicación industrial; el destino de la pesca objetivo; el tipo de flota pesquera y su antigüedad; la ocupación de espacios marítimos estratégicos; la generación del máximo valor agregado; la ocupación del personal; la sustentabilidad del recurso; la responsabilidad social y, la IN-transferibilidad de las cuotas, que debiera ser parte sustancial de la política del Estado.

En este último tema, la ausencia del prefijo «IN» es uno de los ejes fundamentales de esa impolítica, de la pérdida de capacidad de administración del Estado y de delegación de funciones; ya que la ley vigente, permite la transferencia de las cuotas de captura y consecuente privatización del recurso, dejando en manos empresarias, la fijación de las políticas. Se agrava el tema, cuando las principales exportadoras del país son extranjeras y sus exportaciones se destinan a satisfacer los requerimientos de sus propios países de origen, entre otros, los de exportar con bajo valor agregado.

Hasta aquí primó el viejo aforisma de que “el dueño de la pesca es el dueño del pescado”; aforisma que se aplica popularmente, olvidando, que el recurso es de propiedad del Estado.

Por otra parte, el gobierno debe asegurarse la mayor distribución sustentable del recurso y la máxima explotación sostenible y, ello no se cumple, cuando 10 empresas -sobre un total de unas 250- concentran la facturación de exportación con 1.066 millones de dólares (el 53% de un total 1.997 millones U$S) por la venta en 2017 de 212.789 toneladas, es decir el 48% del total de toneladas exportadas; también, cuando se afectan buques a la pesca del langostino que se destinaban a la captura de merluza y otras especies, generando pérdidas de empleo y, tampoco, cuando se transfieren permisos o cuotas de captura entre las empresas o entre una provincia a otra, etc. La pesca no solo es una actividad económica, es una herramienta de radicación industrial, poblacional, generación de empleo y ocupación territorial marítima.

La fijación de políticas y la administración del recurso es una facultad indelegable del Estado y, dentro de este marco, la empresa concesionaria debe administrar su negocio. Como todo concesionario podrá plantear al concedente sus ideas dentro de esta política general; pero, no es de esperar que se modifiquen unilateralmente los ejes centrales de la política pesquera, si la hubiese. Observamos que hacia la década del 70, los principales exportadores eran nacionales, mientras que, en la actualidad, siete de las diez principales empresas exportadoras son de capital extranjero y, aun, fomentando la inversión extranjera, la política pesquera debe beneficiar al interés nacional al que nos hemos referido, ya que la Argentina, tiene el recurso pesquero, los puertos, la industria y los operarios calificados y, por lo tanto, debe negociar en mejor forma con quienes tienen el mercado, ávido de este producto.

Por ejemplo, cuando el ex Secretario de Comercio Moreno estableció que «quienes importaban debían exportar” (intercambio compensado) no tuvo en cuenta, que no es lo mismo importar tecnología que exportar recursos naturales, porque el recurso es agotable y como bien manifestó el científico francés Antonie Lavoisier «nada se crea, nada se pierde, todo se transforma» y, la conclusión, es que donde había varias empresas nacionales hoy hay una sola extranjera. Nos venden lo que debíamos fabricar y se llevan lo que debimos procesar y vender con valor agregado y empleo.

Cuando se eligen los gobiernos, el sector interesado debiera preocuparse sobre qué políticas va a llevar el administrador del Estado y no, como ocurrió hasta ahora, donde los sucesivos subsecretarios de pesca carecen de idoneidad y, los miembros designados en el Consejo Federal Pesquero (CFP) -quienes tienen el rol de fijar la política dentro del Régimen Federal de Pesca- no superan la medianía en la que actúan, demostrando durante 20 años su incapacidad para representar al sector del que provienen, en especial -pero no excluyente- los sureños, donde se desindustrializó, no se ejecutaron políticas para agregar valor y se profundizó un modelo de concentración nacido con el régimen legal vigente. Nada más elocuente que la exportación sin valor agregado y el cierre de plantas industriales de la Patagonia durante los gobiernos de los Kirchner de mano de funcionarios originarios del litoral marítimo patagónico. Una política, a la que le dan continuidad los actuales agentes carentes de creatividad y cedentes del poder administrador.

Se ha hablado del supermercado del mundo, pero ello no es proveer materias primas sino exportar valor agregado y, para tener certeza de llegar de la industria a la góndola, promover una acción conjunta de gobierno-empresa, para agregar los productos terminados en los mercados en las grandes capitales.

Pero no todo es obra de los sucesivos gobiernos nacionales o provinciales. Aquí aplica el viejo dicho de «a río revuelto ganancia de pescadores», ya que los empresarios -en general- como veremos, son igualmente responsables de la decadencia del sector.

Toda la actividad atrás de la explotación del langostino

Pese a las graves dificultades, aun la pesca no ha llegado a una crisis terminal, porque el langostino una especie considerada de un año de vida y, cuyo rendimiento máximo sostenible (MSY) es imposible de establecer con un sólido fundamento biológico para los científicos, se captura desde el 2013 en cifras superiores a las cien mil de toneladas, y ha focalizado la atención -por una cuestión de precio- por sobre las capturas de las especies que dieron lugar al desarrollo empresario, la radicación industrial en el litoral marítimo y la generación de empleo de miles de trabajadores. ¿Qué ocurriría, si un día, por esa imprevisibilidad que caracteriza a esta especie, su captura cayera a las 66 toneladas de 1945; a las 275 de 1965; a las 9.835 de 1985 o a las 7.482 toneladas de 2005? Si hipotéticamente, los desembarcos de langostino cayeran a los niveles de 1978, las exportaciones de 2017 serían de unos 770 millones de dólares y, con estos números es fácil imaginar lo que ocurriría con las empresas y sus operarios, que han abandonado por el «oro rojo» la captura de las especies demersales y pelágicas, como la merluza, el bonito, etc. o no se han apropiado de todo el calamar, antes que se hagan de él los buques extranjeros que, con o sin licencia inglesa operan en el Atlántico Sur.

La pesca en altamar y la acuicultura

La Argentina tiene una Z.E.E. de 4.799.000 Km2, en la cual, unos 450 buques capturan unas 776 mil toneladas/año; ello, pese a la potencialidad de capturar unos 1,8 millones de toneladas de peces disponibles en el atlántico sudoccidental. Mientras ello ocurre, unos 10 mil barcos chinos se dedican a la pesca en alta mar junto a otros 60 mil buques de unos 24 países, entre ellos, los de España, Japón, Corea y Taiwán. Ello explica -junto a la producción de acuicultura- las razones por la que Argentina es insignificante en el comercio mundial pesquero. Por ejemplo, España, con una Z.E.E. agotada de 1.040.000 Km2 y 4,6 veces inferior a la Argentina, captura unos 1,1 millones de toneladas/año, sin contar con las toneladas que las empresas españolas producen en Argentina. Nuestros vecinos capturan en altamar: Chile tiene 4 flotas, 3 de ellas industriales que van a la pesca de jurel, krill y bacalao y, otra artesanal al pez espada. Perú, con embarcaciones artesanales salen de las 200 millas en busca de perico y buques industriales que van a la captura de jurel, caballa y atún.

Creemos que la Argentina, no revertirá su estatus, si no compite con la flota internacional en alta mar e implementa un importante desarrollo de la acuicultura continental. Por cierto, nada de ello es posible, si el gobierno no lanza un proyecto de desarrollo y apoyo financiero a estas actividades.

Mientras que nuestro país produce unas 5 mil toneladas en acuicultura destinadas al consumo, en Chile esta actividad marítima y continental, exporta 1,2 millones de tn/año, y supera en 1,7 veces el total de las capturas argentinas. A tal punto, que las exportaciones de Salmón de Chile fueron de 3.142 M de U$S/año, unas 1,6 veces del total de exportaciones argentinas 2017 con 1.977 M de U$S. Perú, también está por encima de Argentina produciendo 100 mil tn/año en esta actividad.

El valor agregado y la mano de obra

Podríamos imaginarnos los requerimientos de mano de obra que la acuicultura generaría en nuestro país. Lo que es más difícil de explicar, es que hace 40 años, en 1978, con una captura total de 504 mil toneladas se ocupó más personal que con una captura de 776 mil toneladas en 2017. Ello encuentra fundamento por el modelo extractivo y por el cambio de las especies objetivo, las que generan mayores ingresos, pero, menor valor agregado. En lugar de sumar la captura de ambas especies se cambió la matriz y, así vemos, que hacia 1978 las capturas de merluza y otras especies alcanzaron el 88 %, el calamar el 12% y el langostino el 0,01%; mientras que las capturas de estas mismas especies en 2017 fueron del 56%, el 13% y 31% respectivamente; con el agravante, que en el caso de las exportaciones de merluza y otras especies blancas fueron en 2017 el 58% materias primas enteras y en el langostino esta falta de proceso alcanzó al 65% del total exportado, razón por la cual, el reprocesado se realizó en los países importadores o re-exportadores, como es el caso del Perú que importó langostino de Argentina por un valor de 42 M de U$S para su reproceso y posterior exportación, o, lo que ocurre con la anchoíta salada exportada a España, etc. transfiriéndoles a terceros países el mercado y la mano de obra directa e indirecta. Reducir las capturas de las especies blancas (Merluza y otras) y exportar productos enteros o destinados al reproceso es una política inaceptable, similar a la de exportar ganado en pie y, una prueba, de que los gobiernos han perdido la capacidad de administrar el recurso para beneficio del conjunto de los actores y la nación.

Exportar commodities delega en los países importadores la mano de obra nacional y desde la instauración de los programas de recuperación productiva (REPRO) hacia fines de la década del 90, el gobierno y la industria pesquera han puesto de manifiesto que el modelo vigente está terminado, y solo depende de factores biológicos imponderables.

El sector está en deuda en materia de capacitación de los operarios en todos los niveles y ello se desprende de los datos estadísticos del INDEC, la Secretaria de Trabajo, los planes provinciales de formación profesional, los de educación y el CFP. Las empresas deben formar en los oficios de interés directo y en los de apoyo a la actividad.

Falta de control, poblaciones vulnerables y desempleo

Los hogares que en la Argentina por debajo de la línea de pobreza es del 19,6% que comprenden el 27,3% de las personas. Dentro de ello un 3,8% de hogares indigentes que incluyen el 4,9% de las personas. Frente a este panorama la pesca puede ser una herramienta fenomenal de provisión de proteínas de alto valor biológico a las poblaciones vulnerables, resolviendo el problema de hambre y desnutrición de la Argentina. Si prohibiésemos el descarte al mar de pescados (como ya hizo en la Unión Europea) tendríamos 2 millones de raciones/día de alimentos proteicos. Si pudiésemos recuperar la pesca de Malvinas tendríamos 2,5 millones de raciones/día de alimentos proteicos. Si pudiéramos recuperar la pesca en el atlántico sur tendríamos 4 millones de raciones/día de alimentos proteicos. ¡Es la política, estúpido! diría Iñaki Gil emulando a Bill Clinton.

La Subsecretaría de Pesca refiere que en 2017 se desembarcaron 776 mil toneladas. Una cifra absolutamente inconsistente, que no refiere a las capturas, ni distingue si se trata de especies enteras, H&G, filetes, etc. Para iniciar una administración sustentable del recurso debe establecerse el volumen y el tipo de proceso sufrido previo a la descarga; las capturas ciertas; los descartes y residuos en el mar; el stock en cámaras y, por cierto, los valores verificados de exportación.

De las capturas máximas sostenibles y de los buques de investigación parados por años ni hablar y, no se puede hablar de administración confiable si no hay investigación de campo y autónoma.

La falta de investigación y control, hace inviable una administración eficiente del recurso por parte del Estado y, el descontrol de las capturas, de los descartes, las sub-declaraciones y sustituciones en los desembarques de las especies cuotificadas son hechos ciertamente graves. Lo reflejan -entre otros- los informes de la Auditoría General de la Nación y del INIDEP. Tomemos solo un ejemplo: es aceptado que en la captura de langostino se extraiga una pesca acompañante by-catch de merluza equivalente a un 10% (0,10); sin embargo, en Rawson en 2017, según las estadísticas, se desembarcaron 74.905 toneladas de Langostino y solo 9,1 toneladas de merluza (0,01%), ¿dónde están las 7.481 toneladas de merluza faltante? ¿Descartadas al mar?

En medio de este descontrol se destaca seriamente el descarte al mar de especies capturadas, que los cálculos más conservadores refieren a 100 mil toneladas/año, y otros expertos, al doble. Informes técnicos oficiales del INIDEP indican que solo de merluza se descartan por año entre 52 mil y 108 mil toneladas. Es decir, entre el 19% y 38% del total de la merluza desembarcada. Por su parte, la auditoría del Bco. Interamericano de Desarrollo indica que hay un 20% de descarte y de sub-declaraciones en las capturas. Y solo un ejemplo en miles: la falta de control en la captura y descarga en octubre/18 de 450 toneladas de Merluza Negra valuadas en unos 14 M de U$S del buque “Centurión del Atlántico” de la filial de Ocean Harvest en la Argentina.

Y solo para que podamos apreciar la gravedad: las referidas 100 mil toneladas/año descartadas nos permitirían contar con un millón de raciones de alimentos por día de la mejor calidad, con destino a poblaciones vulnerables y la generación de miles de puestos de trabajo.

La contaminación ambiental

Cada uno de los buques congeladores puede producir mecánicamente unas mil toneladas de filetes de pescados congelados. Una tripulación promedio de 40 trabajadores en su planta procesadora realiza al año unas 6 mareas. Para elaborar esas mil toneladas, el buque debió capturar unas 2.700 toneladas de pescado; es decir que, al año, habrá tirado al mar unas 10.200 toneladas de residuos. Si llevamos estos números solo a los 35 buques congeladores arrastreros, sin contar poteros, etc. se habrán tirado por año un total de unas 357.000 toneladas de residuos de pescados al mar. Si nos retrotraemos a veinticuatro años atrás, cuando se firmó la ley 24.315, se habrán tiraron al mar más de 8,6 millones de toneladas de residuos, además de los millones de especies capturadas descartadas.

Imaginemos entonces, la contaminación marina y analicemos las pérdidas que ello significa para la Argentina. Según la FAO, con una tonelada de residuos de pescado se obtiene 225 kg de harina y 50 kg de aceite. El procesamiento a bordo y el descarte al mar de las 10.200 toneladas de residuos citados nos impide usarlos para elaborar 2.295 kg/año de harina y 510 kg/año de aceite de pescado; por lo cual, a un valor de exportación de U$S 1.080 la tonelada de harina, significa una pérdida de U$S 2.479, más el valor de U$S 1.500 la tonelada de aceite, provoca una pérdida de U$S 765; es decir, la Argentina pierde al procesar a bordo y descartar los residuos de los 35 buques congeladores-procesadores arrastreros un total anual de unos U$S 113.540, a lo que deberían sumarse las pérdidas y la contaminación derivadas de los descartes al mar las especies mal llamadas “no comerciales”.

Agreguemos, que se requieren unas 4,9 toneladas de residuos de pescado para obtener la harina y el aceite necesario para producir una tonelada de salmón. Es decir que, si la Argentina quiere incursionar en la acuicultura o maricultura, aquí o en otro territorio, a la usanza de la política de China o España, debería asegurar una utilización plena de los residuos. Cualquiera sea el caso, no se pueden tirar toneladas de proteínas, mientras hay cientos de miles de niños pobres desnutridos.

El consumo interno y mercados concentradores

La Argentina está entre los 10 países de menor consumo de pescado. Con 4,5 kg per cápita/año solo supera a Paraguay, Guatemala, Bolivia, Honduras, Nicaragua y otros pocos países y está por debajo del consumo promedio mundial de 18,4 Kg/año y del promedio de África (9,1 Kg), Asia (20,7 Kg), Estados Unidos (24,1 Kg), Unión Europea (22 Kg) y América Central y el Caribe (9,9 Kg).

Habría que tener en cuenta, entonces, que si todas las exportaciones de congelados, frescos, conservas, salados, a excepción del langostino, se destinasen al mercado interno, los argentinos, alcanzarían un consumo per cápita de 11,5 kg/año, es decir, aún por debajo del promedio mundial. No obstante, la empresa incrementaría sus ingresos y generaría mayor valor agregado y empleo.

La instalación de mercados concentradores reduciría el oligopolio de la actividad y la transparencia de las operaciones; facilitando el acceso de las materias primas a los compradores nacionales y pequeños y medianos exportadores. Para aumentar el consumo interno, el gobierno debería -además de garantizar la calidad- implementar campañas de educación alimentaria, donde se destaquen las virtudes nutricionales y sanitarias del consumo de pescado. Un modelo, a seguir, es el alemán, que importando el 89% de lo que consume y teniendo un consumo per cápita de 15,2 Kg/año (tres veces superior al argentino) da cursos gratuitos a los consumidores sobre gastronomía pesquera.

El tipo y antigüedad de la flota pesquera

En la Pesca, el buque es un elemento fundamental. Su antigüedad, seguridad y capacidad tecnológica son sustanciales para minimizar los riesgos de los embarcados, lograr una captura eficiente y realizar un menor esfuerzo con mejores resultados, para reducir los costos operativos.

También el tipo de buque define la política pesquera. El viejo pleito de congeladores versus fresqueros continúa empatado, bajo pretexto de que los congeladores proveen productos de mayor calidad; argumento, que se cae al descongelarse adecuadamente las materias primas en las plantas industriales, como nuestros profesionales lo demostraron técnicamente en el control de la calidad del mayor comprador de Argentina (Carrefour) para consumo interno entre 1998 y 2002, que proveía la mejor calidad de pescados frescos, muchos de ellos, originalmente congelados. No obstante, la Argentina utiliza una tecnología antigua en los barcos fresqueros, ya que hace años que es posible utilizar buques con sistemas RSW (Refrigaret Sea Water) que almacenan las capturas con agua de mar refrigerada circulante a ± 0 C y las desembarcan con una calidad superlativa.

La utilización de buques congeladores para la pesca en la Z.E.E. reduce el valor agregado y el número de operarios en el proceso industrial. Se aduce que la disminución de fresqueros y el proceso en tierra, se funda en evitar la conflictibilidad laboral. Si diéramos como cierto este criterio muchas industrias podrían desaparecer importando los productos, para eliminar el trato gremial. Entendemos, que tal vez una dirigencia madura -empresaria y gremial- busque nuevos mecanismos de relación para asegurar una actividad económica y socialmente sustentable.

Respecto a la antigüedad de flota, de mediana antigüedad hace unos 30 años, hoy tiene -en general- un promedio de entre 37 y 46 años según su tipo, mientras que en Galicia este promedio es de 28 y en el país vasco de 14 años. Seguridad, costos de mantenimiento y rendimientos están en la picota.

Si bien la tarea del personal embarcado es difícil, no podemos naturalizar la muerte de estos operarios en la actividad extractiva. No. Desde el año 2000 a la fecha, se hundieron o siniestraron 64 pesqueros con una pérdida de 86 tripulantes muertos, desaparecidos o heridos de gravedad y, está, en las autoridades de control, verificar la seguridad en cada una de la salida de los buques. Por cierto, la aprobación de las leyes de Marina Mercante, fluvial e industria naval pesquera promovidas por el Senador Pino Solanas, pueden ser una importante herramienta para renovar la flota, en tanto se presenten nuevamente aquellos artículos referidos a la financiación que vetó el P.E.N.

La política internacional del gobierno

Ya hemos nos referimos a la falta de políticas y de administración. Ahora nos preguntamos, ¿qué hace la Cancillería y el Ministerio de la Producción para asegurar una mejor penetración de nuestros productos con mayor valor agregado? Solo stands de promoción. Una cuestión empresaria que da lugar al turismo de funcionarios. Es decir, absolutamente nada. O peor aún, acuerdos que no responden al interés nacional. Tomemos, por ejemplo, el caso de España. Es el mayor destinatario de las licencias pesqueras británicas (90%) de Malvinas y, en forma paralela, nos compra materias primas enteras para su procesamiento en la península, tal es el caso del langostino, que encabeza el ranking del país con 50 mil tn/año. Solo con venderle «colas», nos hubiesen ingresado unos 35 millones de U$S/año más. Y ¿qué hace el gobierno para acordar con los buques españoles, chinos, coreanos o taiwaneses que pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos? O ¿qué acuerdan con Uruguay sobre el uso de sus puertos por buques que capturan ilegalmente en el Atlántico Sur?

Pero, es en la situación de Malvinas y del Atlántico Sur, donde los gobiernos demuestran mayor ineptitud (¿?). El Canciller, el ministro o secretario del área respectiva y el Subsecretario de Pesca son, a mi entender, responsables -al menos- de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y, de violación de lo previsto en la Constitución Nacional. Solo los buques extranjeros, con licencia ilegal británica de Malvinas desde 1976 han extraído recursos pesqueros en la “Zona Económica Exclusiva Argentina” en un promedio anual de 200 mil toneladas por un valor de cuatrocientos millones de dólares a la primera venta, es decir, que en la comercialización final de esos productos el país ha perdido unos 2.800 millones de U$S/año y en estos 42 años, unos 117.600 millones de dólares. A ello sumemos todos los buques extranjeros que pescan en la ZEE Argentina o especies migratorias o asociadas fuera de ella.

Resaltaré, al respecto, que los buques extranjeros pescan «sin autorización argentina en aguas argentinas» y que, la explotación de los recursos en nuestro territorio marítimo está limitada por las Res. ONU Nº 37/9 y, por analogía por las Res. ONU Nros. 3171/73 y 3175/73 y afines y, previo retraer la situación al 1 de diciembre de 1976, como claramente lo indica la Res. ONU Nº 31/49, y, esencialmente, violar el Régimen Federal Pesquero (Leyes 24.922 y 26.386) y la CONVEMAR (Ley 24.543) en nuestra condición de país ribereño. Deberíamos preguntarnos ¿por qué no se ha exigido el pago de los derechos y colocado multas a las empresas de los buques extranjeros, equivalentes al monto extraído, que reparen el gravísimo daño económico y biológico ocasionado -y que aún ocasionan- a la Argentina, con las consecuencias ambientales, industriales, laborales y nutricionales que implica. Perú -no Canadá, de quien tienen experiencia de represión los españoles- que no es signatario de la CONVEMAR defiende mejor su “Mar Territorial de 200 millas”, aquel que defendíamos por la Ley 17.094 en 1966.

Cuarenta años de quejas y el mismo remedio. ¿No será hora de innovar? Tengamos en cuenta: chinos y rusos vienen por nuestros recursos y que «…cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar» (Martin Niemöller, 1946).

Dr. César A. Lerena - Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Titular Universidad UNNE y FASTA, Asesor del Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 24 libros y cientos de artículos de la especialidad.