La crisis del gobierno liberal de Ernesto Samper se ahonda a medida que avanzan las investigaciones sobre la supuesta infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña presidencial; en tanto, una nueva oleada de violencia sacude a Colombia, que el régimen se propone conjurar con mano dura.

 En la IX Cumbre Presidencial de Río, llevada a cabo en Quito el 4 y 5 de septiembre de 1995, el presidente Samper, respondió con generalidades a los periodistas que, con insistencia, le preguntaban sobre el caso de los "dineros calientes", por el cual se encuentran detenidos su ex-ministro de Defensa, Fernando Botero, y su ex-tesorero de campaña, Santiago Medina.

 ”Tenemos que dejar que las investigaciones lleguen hasta encontrar la verdad para que se haga justicia", dijo el mandatario colombiano.

 La imagen de un gobierno que, pese al escándalo, cumple normalmente con sus compromisos nacionales e internacionales, sin embargo, no convence pues cada día aparecen nuevos elementos que indican que las cosas para el presidente Samper se ponen color de hormiga.

 "Esto se arregla con plata"

 Con la detención de Santiago Medina, el pasado 26 de julio por órdenes de la Fiscalía General de la Nación, se comenzó a develar los nexos del cartel de Cali con sectores políticos y económicos colombianos.

 Medina, como tesorero de las campañas electorales de Virgilio Barco, César Gaviria y de Ernesto Samper, adquirió la fama de eficiente recaudador de fondos. Proveniente de una familia de clase media ascendió socialmente y llegó a convertirse en un puente entre los nuevos ricos y la clase dominante tradicional.

 En enero de 1994, Medina fue llamado por Fernando Botero, entonces director general de la campaña de Samper, para que ocupara el cargo de tesorero de la misma.

 La disputa electoral entre Ernesto Samper y el conservador Andrés Pastrana se encontraba muy reñida, por lo que entre los allegados de Samper con frecuencia se comentaba que "esto se arregla con plata". Botero se propuso reunir 10.000 millones de pesos para financiar la campaña, a nivel nacional y regional, cuando las normas electorales fijaban un tope de 4.000 millones. El encargado de recoger el dinero fue Medina, y en efecto lo logró y hasta rebasó esa cantidad.

 Pero Medina, ¿de dónde obtuvo ese dinero? En una extensa declaración realizada ante la Fiscalía, el ex-tesorero reveló que por instrucciones de Botero consiguió de los barones de la droga alrededor de 6 millones de dólares. De esto, según Medina, conocía el propio Samper. Medina, por otro lado, también involucró a Andrés Pastrana en la recepción de los "dineros calientes".

 En busca del perdón

 Samper triunfó con un escaso margen sobre Pastrana, pero la victoria se opacó cuando Pastrana dio a conocer el contenido de unas grabaciones entre los capos del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez, y el periodista Alberto Giraldo, que actuaba como relacionador público del cartel, en la que comentaban detalles sobre posibles aportes del cartel de Cali a la campaña electoral.

Desde que Samper asume el poder, el 7 de agosto de 1994, Estados Unidos presionó para que se esclarezca el asunto. Desde entonces, el mandatario no ha hecho otra cosa que tratar de obtener un certificado de buena conducta de la administración Clinton. El embajador de Estados Unidos, Myles Frechete, se ha convertido en un hombre muy influyente que es consultado permanentemente por los periodistas y el gobierno sobre los problemas de los estupefacientes y el orden público.

 En este contexto, Samper ha emprendido varias acciones que han permitido apresar a los principales cabecillas del Cartel de Cali, que controlaba el 80% del comercio mundial de drogas.

 Declaraciones comprometedoras

 En los allanamientos a las lujosas residencias del Cartel de Cali, la Fiscalía encontró chequeras y documentos que indicaban los pagos que el cartel había hecho a políticos, periodistas, artistas, publicistas, etc. Las pruebas permitieron el arresto de Medina y su confesión precipitó la renuncia del ministro de Defensa, Fernando Botero, y su posterior arresto en un cuartel militar.

Los fiscales sin rostro, en medio de amenazas de muerte, cumplen innumerables indagatorias por la que han desfilado embajadores, publicistas, diputados y la propia esposa del presidente Samper, Jacquin Strouss, quien fue acusada por Medina de haber captado dineros para la campaña que no pasaron por la contabilidad general.

 A las revelaciones de Medina, se han unido otros declaraciones que comprometen al régimen de Samper: por ejemplo, la del publicista Mauricio Montejo, quien dijo ante los fiscales, que recibió 211.000 dólares de manos de Alberto Giraldo, actualmente preso, por concepto de propaganda proselitista efectuada para la campaña de Samper.

 Inestabilidad política

 La Fiscalía, por mandato constitucional, no puede investigar al Presidente de la República, por lo que remitió el expediente a la Comisión de Acusaciones del Congreso, misma que deberá decidir si existen méritos para investigar y destituir al presidente.

 Samper ha declarado que si hubo infiltración de dineros calientes en su campaña fue a sus espaldas. Además ha expresado que es objeto de "una campaña de odio de algunos periodistas, adversarios políticos y carteles de la droga".

 Luego trece meses de gestión, la popularidad de Samper ha ido bajando y enfrenta su peor momento. Colombia vive un periodo de inestabilidad política, que no se sabe qué desenlace va a tener. En caso de que Samper sea encontrado culpable y el Congreso lo destituya, quien debería sucederlo es el vicepresidente Humberto de la Calle, actual embajador en España, pero muchos se preguntan ¿con qué autoridad gobernaría de la Calle si fue electo con el mismo apoyo financiero de Samper?

 Oleada de violencia

 Pero mientras el debate sobre la narco-política se encontraba en pleno auge, una nueva oleada de violencia se extendía por el país, dejando, en el mes de agosto, más de un centenar de muertos debido a las acciones de los paramilitares, los guerrilleros y los militares.

 Las posiciones del gobierno y la guerrilla se endurecieron. Quedó sepultado, al menos en esta coyuntura, el camino del diálogo y la negociación política que permitan encontrar una salida al conflicto armado que sacude a Colombia desde la década del cuarenta, confrontación en la que han perdido la vida más de 300.000 colombianos.

 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, lanzó una ofensiva en Miraflores, departamento selvático de Guaviare, y en otras zonas del país. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, por su lado, anunció que no hay condiciones para iniciar las negociaciones de paz y que la única alternativa es armarse.

 En la zona bananera de Urabá, entre tanto, fueron asesinados unos 70 campesinos, en diversos episodios de sangre, en los que estarían involucrados paramilitares, militares y guerrilleros.

 Lo paradójico es que en Urabá no hay guerra ni enfrentamientos armados entre militares, paramilitares y guerrilleros, en tanto las victimas de sus disputas provienen siempre de la población civil.

 En el afán de recuperar su alicaída imagen, el régimen de Ernesto Samper recurrió a la vía represiva para el control de la violencia delincuencial y la lucha contra-insurgente, respondiendo así a las presiones de la embajada de EE. UU., sectores empresariales y militares de línea dura.

 En este contexto, el régimen puso en marcha el Pacto contra la Violencia y expidió el decreto de conmoción interior, que concede al Presidente de la República, la facultad de expedir decretos con fuerza de ley.

Para hacer frente a la violencia, el gobierno adoptó varias medidas. Con respecto a la guerrilla, anunció que aumentará el presupuesto de defensa, que no retirará a los militares de la Uribe, en donde debían realizarse las conversaciones de paz con las FARC, y puso precio por las cabezas de los principales jefes de las FARC y el ELN.

 Al mismo tiempo, fijó penas que van de 30 a 50 años para quien dirija, promueva o financie una organización relacionada con secuestros, robos o actos terroristas.

 El régimen proyecta ir más allá y propondrá al Congreso, la cadena perpetua para los delitos "atroces", como: terrorismo, secuestro, matanzas colectivas y violación de menores.

 La calentura no está en las sábanas

 Los cuestionamientos no se hicieron esperar por parte de sectores de opinión que señalan que las medidas adoptadas, están inspiradas en los estatutos de seguridad que expidieron los ex—presidentes Turbay, Barco y Gaviria, ninguno de los cuales brindó seguridad a los colombianos, ni eliminó las diversas formas delincuencia, siendo utilizados, más bien, con criterios políticos para acallar a la oposición y restringir los derechos humanos.

La delincuencia, se señala por otro lado, no va ser erradicada con el endurecimiento de las penas pues el problema fundamental de la administración de justicia es la impunidad, que determina que el 97% de los delitos no sean castigados.

Publicado en el Servicio Informativo Nº 219, ALAI, 21-08-1995, Quito.