El deslucido acto de traspaso de la presidencia pro témpore de UNASUR ya dejaba entrever la tormenta inminente. Efectuado en un salón lateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, sin la presencia de máximos mandatarios, a la sombra de la VIII Cumbre de las Américas y sin mayor difusión periodística, el ministro argentino Jorge Faurie realizó el 12 de abril la obligada entrega al canciller boliviano Fernando Huanacuni.

El escueto comunicado dado a conocer por Argentina, de apenas dos párrafos, refuerza la impresión de degradación sobre la trascendencia del acto. La frase final, que expresa los objetivos perseguidos por Argentina en el transcurso de su magra gestión - “concentrar los esfuerzos de UNASUR en sus objetivos iniciales: la integración energética, el desarrollo de la infraestructura regional y la mejora de la conectividad.” – habla a las claras sobre las intenciones del gobierno de Macri respecto a la integración regional: volver el reloj atrás.

Es decir, borrar años de sostenida construcción impulsada por la convergencia de gobiernos diversos pero con un fuerte signo de autodeterminación y retroceder a aquellas primeras cumbres de mayorías neoliberales (Brasilia (2000), Guayaquil (2002)) en las que primaba la idea de construcción de infraestructuras, integración energética y extensión del comercio al alero del libremercadismo. Tan sólo Hugo Chávez representaba por entonces el arquetipo de una Suramérica diferente.

Ante el derrumbe dramático de aquella etapa neoliberal, los pueblos decidieron un cambio de rumbo político. Sobrevino entonces en 2005 la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata y la derrota del vulgar intento anexionista estadounidense conocido como ALCA. Fruto de las nuevas alianzas progresistas emergieron a partir de allí con potencia ámbitos regionales de liberación de la antigua y crónica dependencia del Norte. UNASUR fue fundada el 23 de mayo de 2008, entrando en vigor recién en 2011, una vez que los gobiernos de los doce firmantes la hubieron ratificado.

El duro despertar del sueño de liberación

Abril 2018. Pocos días después de asumir Bolivia la presidencia del bloque, seis de sus países miembros (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) hicieron pública su decisión de suspender toda actividad en el organismo regional, hasta tanto no se solucione el tema de la Secretaría General vacante y las desprolijidades administrativas que según la comunicación dicha vacancia originó.

La carta recibida por la embajada boliviana en Ecuador expresaba además la intención de revisar la orientación del organismo y las modalidades para la toma de decisiones.

En un comunicado posterior fechado el 23 de abril, el canciller paraguayo Loizaga confirmaría el punto. “Vamos a tener que redireccionar los objetivos de la UNASUR; vamos a sustraerle esa tendencia que tuvo en los últimos años de ideologizar nuestro organismo subregional, algo que no cuenta con nuestro acompañamiento”. Sin ambages, el representante del gobierno saliente de Cartes, anunciaba la pretendida “higiene ideológica” – es decir la ideologización hacia la derecha de la organización.

El texto rectifica en algo la impresión inicial suscitada por la posibilidad de un abandono de UNASUR, insistiendo en una provisoria “suspensión de actividades” sujeta a las condiciones explicitadas.

Salvo en el sitio web de la cancillería paraguaya, el comunicado inicial no aparece como en los sitios de las demás cancillerías. Acaso cierto resto de vergüenza diplomática pretende ocultar – borrando huellas luego – la actitud coercitiva de la acción, impropia de la modalidad de diálogo y concertación prevista para estos casos.

La extorsión, sin embargo, suele ser moneda corriente en la conducta de varios de los países que se han sumado a esta medida de fuerza. Los manejos del gobierno argentino, maestro consumado del apriete a jueces, diputados y sindicalistas recuerdan más a una película del hampa que a un gobierno republicano. El brasileño, llegado al ejecutivo mediante la un proceso de destitución a cargo de un cúmulo de parlamentarios imputados por severa corrupción. El presidente peruano, sustituto y compañero de fórmula de un banquero renunciado por falta de ética. Paraguay y Colombia con mandatarios salientes y de prontuarios frondosos. Piñera, elegido por segunda vez en Chile, a pesar de haber estado igualmente comprometido en maniobras dolosas.

Pese a las aclaraciones de Loizaga, la amenaza implícita de abandonar UNASUR o de paralizar parcialmente su funcionamiento es evidente. Sin embargo, una medida de esta naturaleza carecería de legitimación formal hasta tanto no fuera ratificada por los parlamentos de los distintos países, no siempre alineados automáticamente con el poder ejecutivo.

Un organismo súbdito

El objetivo de corto plazo de la suspensión anunciada es sin duda elegir un candidato funcional a los intereses de sus proponentes.  Tal como lo buscó infructuosamente Argentina en el transcurso de su PPT, el propuesto por el bloque de derecha sería José Octavio Bordón, actual embajador argentino en Chile, ex embajador en los EEUU durante el mandato de Néstor Kirchner y luego hombre de la OEA, cercano a su anterior secretario general José Miguel Insulza. Bordón también integra el conservador Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, un “think tank” financiado por las principales corporaciones del país.

Según los países que se oponían a su designación, entre ellos Venezuela y Bolivia, Bordón no cumpliría los requisitos adecuados al cargo – haber sido presidente o al menos canciller- para poder sostener una interlocución fluida con las principales autoridades del bloque.

Pero no hay duda que la participación activa de Bordón en la OEA, hoy como ayer al servicio de la política exterior estadounidense sobre la región, ha sido un elemento determinante en dicha oposición, más aún en el cuadro actual de reposicionamiento de esta organización en detrimento de instancias regionales autónomas. Su designación, lejos de relanzar al organismo, significaría un acuerdo por debajo de los mínimos políticos de soberanía y no injerencia, restando energía al impulso independentista del eje UNASUR, CELAC y ALBA.

Por otra parte, la media docena de estados participantes en esta táctica, se constituirían en la práctica en una mayoría relativa, pudiendo así imponer la desaparición del énfasis social y soberanista de la Unión. De este modo se abriría paso un mero enfoque de negocios, libremercado e infraestructura, similar a los lineamientos de “integración” de los 80’ y 90’, el período del “consenso” de Washington. UNASUR perdería así peso, atribuciones y por tanto capacidades frente al entretejido neoliberal pretendido entre Mercosur y Alianza del Pacífico.

Igualmente estaría en riesgo el postulado central de preservar la paz, el desarme, la cooperación en defensa sin intervención extranjera, ya que los 6 países involucrados vienen actuando conjuntamente alineados con la ofensiva de EEUU contra Venezuela. Teniendo en cuenta el antecedente de la suspensión de la nación bolivariana de Mercosur, con justificaciones espurias y en la misma línea de reorientación de objetivos y alineación con los dictados norteamericanos, cabría esperar un nuevo cerco contra el país caribeño esta vez desde UNASUR, con consecuencias muy peligrosas.

Más allá de retóricas vacías y dialécticas políticas, las motivaciones geopolíticas norteamericanas son claras: alejar a China y Rusia de América Latina, para ocupar nuevamente el rol de patrón de estancia y usarlo para recuperar espacio perdido en el balance internacional.

Visto con mayor profundidad, con esta crisis en UNASUR, se revela uno de los conflictos centrales en el trasfondo sicosocial de América Latina: la tendencia a la dominación del supremacismo blanco eurocentrista por sobre las identidades culturales mestiza, originaria o negra. Ese es uno de los significados de darle la espalda a UNASUR para “abrirse al mundo”. Significado que queda simbolizado al máximo con el boicot fáctico a la PPT del país cuyo gobernante proviene justamente de sectores indígenas y populares.

Sin participación popular, no habrá integración

La integración es un proceso histórico, no tan sólo una apuesta pragmática o coyuntural de conveniencia mutua. Es una aspiración que empuja hacia la superación de límites ficticios, impuestos históricamente por mezquinos intereses localistas o coloniales.

La integración es una correntada profunda que coloca a los seres humanos ante la perspectiva de la mundialización, la colaboración creativa entre culturas, por completo distinta a la globalización al servicio del capital financiero.

Hoy se pretende combatir el avance del impulso integrador mediante muros y persecución a migrantes, mediante segregación y segmentación, negando la posibilidad de complementar las principales virtudes de cada pueblo.

Por otro lado, las democracias han quedado reducidas a formalidades electorales, a realidades manipuladas mediáticamente, a administradores gubernamentales sujetos al poder económico en la trastienda, mientras los pueblos siguen alejados de las decisiones. Las democracias actuales no cuentan con la suficiente legitimidad para que los gobiernos electos se consideren representantes exclusivos de las aspiraciones populares.

Así sucede también en el ámbito de la integración regional. El proceso de participación ciudadana en UNASUR ha sido apenas incipiente, con la realización de 3 Foros, cuya capacidad de incidencia real ha estado sumamente limitada por el propio marco jurídico.

La integración pertenece a los pueblos, no a los gobiernos, ni siquiera a los estados, aunque en parte pueda articularse institucionalmente a través de ellos. Los pueblos no van a suspender sus actividades de integración, continuarán construyéndola sin descanso. Mal que le pese a los sicarios del imperio.

Larga vida a UNASUR. Larga vida a la integración soberana y solidaria de los pueblos de América Latina y el Caribe.