La restricción a las manifestaciones culturales, a las ideas, opiniones e informaciones que circulan en la sociedad se puede dar de varias formas: por la concentración de los medios de comunicación en manos de grupos que comparten los mismos valores e intereses, por el ocultamiento de las divergencias, de las luchas y expresiones culturales, por el uso de la violencia para impedir la libre manifestación del pensamiento, por la censura periodística, por la persecución ideológica.

Todos estos elementos están presentes en la sociedad moderna.  En algunos momentos, de manera más latente.  En otros, de manera más explícita.  Todo depende del contexto político de cada periodo histórico. 

La construcción de una sociedad democrática es la búsqueda del equilibrio entre las varias estructuras de poder que existen en ésta: medios de comunicación, poder judicial, economía, política, cultura, religión. 

La convivencia racional entre estos sectores de la sociedad -en búsqueda de una armonía entre las diferencias que se enfrentan dentro de un relativo contexto de respeto y tolerancia- es lo que permite el estado democrático de derecho y, consecuentemente, la vigencia de la democracia.

Entretanto, cuando por motivos económicos y políticos se rompe ese equilibrio, cuando una o más de estas estructuras de poder comienza a sobrepasarse o a determinar las reglas sociales; la democracia se ve amenazada.  El quiebre de este equilibrio, que antes se daba por la fuerza bruta, ahora se da a través de instrumentos aparentemente democráticos en procura de otorgarle legitimación.  

Ésta es exactamente la situación que hoy vive Brasil.  El sistema de justicia y los medios de comunicación comenzaron a actuar de manera más abierta para romper el equilibrio social.  El primero usa las competencias jurídicas y los otros recurren al monopolio del discurso para interrumpir un proceso político y social que se estaba construyendo en el país.|

Esa construcción respondía a la elección libre y soberana de los gobernantes a través de instrumentos de participación social creados para garantizar a la sociedad su posibilidad de contribuir al desarrollo de políticas públicas y a la ampliación -por más precaria que sea- del debate público. 

 En ese proceso, la justicia y los medios de comunicación crean un ambiente de supresión de los derechos, incluso bajo la apariencia de defensa de éstos.  Ello acaba por conducir a la restricción de la democracia.

Eso es fundamental para poder controlar la reacción de la sociedad a las medidas de atropello a los derechos sociales, laborales, de desmantelamiento del Estado, con las privatizaciones y la desnacionalización de la economía.

Es este ambiente, la libertad de expresión es uno de los primeros derechos a ser comprometido.  El Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC) -desde el golpe que sacó a Dilma Rousseff de la Presidencia de la República- está en alerta por el preocupante aumento de los casos de violaciones a la libertad de expresión.

 Dado el contexto de ruptura con la soberanía del voto popular, de un gobierno que no está comprometido con los intereses sociales, de suspensión de la democracia; el FNDC lanzó en octubre de 2016 la campaña ¡Callar jamás! para recibir y visibilizar las denuncias de violaciones a la libertad de expresión.

En un año de campaña hemos divulgado más de 70 casos de violaciones.  Se trata de prácticamente de una denuncia cada tres días entre el 18 de octubre de 2016 al 18 de octubre de 2017.  Éstos responden a los que fueron difundidos y, de alguna manera, la sociedad pudo tomar conocimiento.  Sin embargo, no está por demás, afirmar que posiblemente ocurrieron más de una centena de otros casos de los que no nos enteramos.  

Ese cuadro muestra que sin un Estado garante de derechos, se asfixia la democracia. Esta situación no cambiará mientras el aparato público esté al servicio de la supresión de los derechos para imponer una agenda política y económica que representa los intereses de una minoría en desmedro de la gran mayoría del pueblo. 

En estos momentos, ocupan más espacio las agendas conservadoras que -en esencia- son punitivas y cercenan las libertades.  La descomposición de la armonía entre las estructuras del poder resultó en lo que hemos visto en el campo de la cultura, con los ataques a las exposiciones en museos, el discurso moralista contra el cuerpo y su representación, la discusión de la “Escuela sin partido” y la exacerbación de los prejuicios.

Estas posturas no suceden por casualidad.  Son conscientemente construidas para dar un sentido cultural y social al periodo de restricción democrática.  No son las “mojigaterías” las que necesitamos combatir para enfrentar el cercenamiento de las libertades; es al discurso organizado de las estructuras de poder que quieren imponer un modelo político, económico y social.

Lo que necesitamos enfrentar es el hecho de que la supresión de los derechos fundamentales -entre los cuales se encuentra la libertad de expresión- se da a partir de instrumentos aparentemente legales y de protección.

A fin de cuentas, el ataque a la cultura se hace a través del discurso de que es necesario “proteger la infancia”; la represión a las protestas se justifica en función de mantener el orden (lema autoritario rescatado por el presidente impuesto); la censura contra comunicadores, periodistas y vehículos de comunicación se hace bajo el argumento de que hay que combatir la injuria, la calumnia y la difamación.  De esta manera, se va construyendo una simbología legal y socialmente aceptable para atacar la democracia y los derechos.

Para enfrentar este escenario, es preciso mucha lucha, denuncia y diálogo.  Necesitamos de una insurgencia social para restablecer los intereses públicos, para retomar en las manos del pueblo los instrumentos mínimos de democracia formal, para denunciar las violaciones a los derechos fundamentales.

Necesitamos usar todos los canales existentes para denunciar las violaciones a la libertad de expresión, para mostrar al mundo los retrocesos civilizatorios que están imponiendo a la sociedad: retorno al trabajo esclavista, persecución a la cultura y a la educación, impedimento del ejercicio libre de pensamiento, libre circulación de ideas, opiniones e información en la sociedad.  Y diálogo con el pueblo.  El pueblo necesita salir de la hipnosis catártica en la que está inmerso.  Necesitamos discutir con las personas -desde las más simples hasta las más ilustradas- el sentido de los movimientos conservadores y las acciones del gobierno.

El FNDC, más allá de su lucha histórica por la democratización de la comunicación, busca contribuir en esta situación con “¡Callar jamás!”.  En el marco de las actividades de la Semana Nacional por la Democratización de la Comunicación, el informe divulgado el 17 de octubre dio cuenta de 66 casos de violaciones a la libertad de expresión recibidas por la campaña en el último año.

 De acuerdo al informe, el objetivo del FNDC es “transformar las estadísticas en personas, mirar caso por caso los abusos y las violaciones que se apoderaron de nuestro país con el avance del conservadurismo y con la negación de los derechos constitucionales conquistados con mucha lucha hace 30 años”.

Dar voz a los Eduardos, Matheus, Edvaldos, Caios, Madalenas, Teresas, Alessandras, Reinaldos y; a partir de estos casos, intentar impedir que esa escalada de violaciones continúe en nuestro país.

 22/10/2017

 - Renata Mielli es periodista, coordinadora general del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación y Secretaria General del Centro de Estudios de los Medios de Comunicación Alternativos Barão de Itararé.

http://midianinja.org/renatamielli/a-censura-a-servico-do-adestramento-social/