El veto del presidente Varela a la ley que reforma la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), entidad que ha sido la responsable de las importaciones masivas que están hundiendo a los productores agropecuarios nacionales demuestra que este gobierno, como los anteriores, responde a los intereses un puñado de comerciantes importadores.

Ese modelo económico, por el que el istmo de Panamá ha sido históricamente controlado comerciantes vinculados con sectores foráneos, en el que el interior se supedita a la zona de tránsito y ésta a potencias extranjeras, se ha llamado transitismo.

El neoliberalismo, que se ha impuesto en los últimos 30 años, exacerba las características negativas del transitismo, al llevar a una situación crítica al sector agropecuario con la competencia desleal de las importaciones que llevan al borde la crisis a la mayoría de los productores, y aumenta el carácter dependiente del país respecto de Estados Unidos, gracias al Tratado de Promoción Comercial (TPC).

Hay un debilitamiento de la mediana y pequeña producción: 1/3 de tierras cultivables están abandonadas, que equivalen a 35 mil hectáreas. En los últimos 5 años se ha instalado una crisis de los pequeños y medianos productores de arroz, maíz, poroto y café, cuyos rendimientos han caído 30% y cuyas importaciones aumentaron 25%. La mayor crisis la sufre la producción de arroz, de la que en 1981 el país era autosustentable. Entre 1991 y 2011 desaparecieron el 25% de las explotaciones de este rubro.

Mejorar la situación del sector agropecuario panameño depende de factores internos, es decir, decisiones políticas y políticas públicas nacionales, pero también, dada la alta interdependencia económica de los países en un mundo cada día más globalizado, de factores internacionales sobre los que no se tiene control, al menos desde la esfera nacional panameña.

Modificar la situación y las tendencias negativas que pesan sobre el agro panameño requiere la adopción de una serie de medidas en ambos ámbitos, nacional e internacional. Mientras el mercado mundial sea una economía que obedezca a las leyes económicas del sistema capitalista persistirán factores que pesen sobre las políticas nacionales: competencia, monopolios, subsidios, acceso o restricciones a mercados, precios de productos en el mercado internacional, intervencionismo político y militar, etc.

Pero a pesar de las sobredeterminaciones externas, es posible tomar decisiones de políticas públicas que mitiguen los efectos acumulados de 30 años de políticas neoliberales contra el sector agropecuario panameño, como la exigida reforma a la AUPSA. Pero hay que ser conscientes de que, adoptar las medidas de políticas públicas tienen como requisito previo que el país se vuelque por un nuevo modelo político, un nuevo tipo de gobierno, basado en una nueva alianza social diferente a la que ha venido gobernando durante estas tres décadas.

Una alianza de clases entre trabajadores asalariados, campesinos pobres y medios, comunidades agrarias, pueblos originarios y capas medias urbanas, unidas en un gran proyecto político revolucionario, de carácter antiimperialista, democrático, popular y socialista. Sin ese cambio político, sin ese prerrequisito político y social, no es posible empezar los cambios en la esfera de las políticas públicas, porque seguirán controlando el gobierno los comerciantes importadores al servicio de intereses foráneos y egoístas.

En última instancia, los problemas que enfrentamos no son de tipo técnico, como pretenden algunos “desarrollistas”, sino estructurales, es decir, sociales. Por ende, las soluciones no son de carácter tecnocrático, sino políticas. La forma específica que adquiera ese proyecto político de transformaciones, sólo el tiempo y las circunstancias concretas lo dirán, pero debemos trabajar por ella desde ya.