La joya roja valuada en u$s 120.000 pasó a 200 km por hora por Dolores, no pagó los peajes y cubrió los 404 km del trayecto hasta Mar del Plata en menos de tres horas; al bajarse de esa Ferrari Testarossa, el riojano que la conducía consideró que podía pasarse todo por encima porque era el Presidente. Cuando las normas lo apretaron y no le quedó otra alternativa que desprenderse del automóvil, regalo de un empresario agradecido por los favores otorgados al consorcio italiano que representó durante una muy sospechada licitación, Carlos Menem fue claro: “La Ferrari es mía, mía, mía… ¿por qué voy a donarla?.”
 

El mandatario de los ´90 no quería cumplir la Ley de Ética Pública. Un cuarto de siglo después, uno de sus discípulos políticos, Mauricio Macri, el multiempresario que hoy ocupa la Presidencia de la Nación, sostiene la misma filosofía, aunque ya no la aplica a  un regalo institucional sino al Estado mismo. No incumple una norma, opera desde la administración nacional en contra de una estructura formal, salteando todas las normas, atrapadas entre los tentáculos de su emporio económico y financiero.

Correo, aerolíneas, blanqueo de capitales de origen desconocido, soterramiento ferroviario, construcción de autopistas, aumentos de peajes, energías renovables, cotización de compra de dólar futuro y hasta  exposiciones pictóricas en España, son capítulos de decisiones oficiales que benefician al grupo empresario que lidera el mandatario argentino, CEO de esa misma corporación.

La voracidad menemista del “mío, mío, mío” se convierte en anécdota frente al usufructo corporativo del gobierno convertido en “política de Estado”. Esto acontece frente a la ignorancia absoluta  de los organismos de contralor oficial conducidos por cuadros de la propia escudería SOCMA o por sus socios y amigos del Cardenal Newman, con la complicidad de sus aliados radicales, la mirada complaciente y  cómplice de los medios informativos que controlan la agenda comunicacional argentina e internacional y hasta de fiscales y jueces que, en su inmensa mayoría, prefieren refugiarse bajo el rédito de “investigar” consecuencias de una “pesada herencia”, la que cada día extrañan más ciudadanos.

El Estado siempre es administrado por un sector político partidario. El pensamiento liberal y sus gobiernos, tras sus banderas de libertad individual, recortan la intervención estatal, apoyados en la defensa de la propiedad privada y la economía de mercado, al que presentan como “regulador” de los procesos de producción, acumulación y distribución. En realidad, ocultan la condición de existencia del actual sistema económico: injusticia, inequidad, diferencia. Una sociedad en la que pocos tienen mucho, muchos tienen poco y algunos no tienen nada. Se llama capitalismo.