San Juan, 12 de enero de 2017 (NCM) – El nuevo proyecto en el Congreso para resolver la condición política de Puerto Rico –el décimo en los últimos treinta años- despierta los eventos de 1986, que involucraron a la Casa Blanca, al propio Congreso y un plan de reingeniería social que condujo el Departamento de la Defensa en la isla de Vieques.

Pero no hay señales claras de que Washington vaya a evaluar los errores de 1986, a pesar del abismo por el que se va cayendo al vacío todo el andamiaje económico y político de la colonia, ahora bajo la intervención desesperada de la dictadura de una junta de control.

Por el contrario, bajo presión de Wall Street y los dictámenes de la junta, el nuevo gobierno interno de Puerto Rico está desarrollando aceleradamente medidas para recortar más los gastos y los ingresos de la gente. Las acciones se toman en la esperanza de ganar tiempo para devolver la confianza a los inversores, lograr nuevos préstamos y abrir algún espacio para que Washington esté dispuesto a considerar sacar a Puerto Rico de su condición colonial.

El gobernador Ricardo Rosselló, informó que en su primer viaje a Washington y Nueva York desde que tomó posesión el dos de enero, encontró indicios de que puede haber actitudes “favorables” en el gobierno de EEUU porque se produce una “mejor voluntad cuando ven que estamos tomando acción”. Rosselló fue muy discreto con respecto a qué nivel fueron los contactos y ha negado que se reuniera con el presidente electo Donald Trump, a pesar de que fuentes del Partido Republicano y de Wall Street le dieron la información al periódico Caribbean Business.

La esperanza del gobernador Rosselló es que la reducción de gastos y de ingresos de las clases trabajadoras ayuden a la creación de empleos a un nivel que reboten en que mejore el bienestar general.   

La falta de interés de los medios periodísticos de EEUU por indagar en el papel de la institucionalidad política de Washington en la crisis de Puerto Rico hace incierto el que la información llegue a tiempo para la consideración de Trump. La posibilidad estaría en las manos del propio Rosselló y del Partido Independentista Puertorriqueño, que ha intensificado sus gestiones de cabildeo en la capital de EEUU desde 2014.

Fue en 1986 cuando la Casa Blanca le informó al Congreso que el Departamento de la Defensa “ya ha demostrado el éxito” de un programa de “planificación del desarrollo económico en la isla de Vieques”. El programa incluyó promover inversión y cientos de empleos a cambio de que los habitantes aceptaran los bombardeos y las maniobras navales en su “isla nena”, a poca distancia de la costa este de la “isla grande” de Puerto Rico.

Poco se ha hablado de aquel programa experimental en Vieques y mucho menos se anticipaba entonces que el resultado iba a ser desatar una oposición tal en Puerto Rico que a la Armada no le quedó más remedio que retirarse de Vieques y perder también la Estación Naval de Roosevelt Roads.

Mary Ann T. Knauss, en representación del Equipo de Trabajo de la Casa Blanca, dio el informe sobre el modelo desarrollado por el Departamento de la Defensa en las audiencias que condujo, en mayo de 1986, la Comisión de Interior y Asuntos Insulares. Knauss aseguró al comité que EEUU, con la implantación del régimen autonómico, había logrado “crear” en este territorio isleño “la primera libre asociación bajo la ley internacional” y que “un Puerto Rico económicamente saludable es una muralla para proteger los intereses de seguridad de EEUU en el Caribe”.

“Puerto Rico sirve como modelo de libre empresa y una demostración dramática para sus vecinos caribeños de los beneficios de una sociedad abierta y una economía libre”, dijo Knauss. Según la funcionaria, por eso todas las agencias federales tenían como prioridad la atención del desarrollo económico de Puerto Rico.

El presidente de la comisión, Morris Udall, señaló por su parte que las estadísticas, uno y otro año, seguían dando señales de que “el tema tiene urgencia” porque Puerto Rico seguía con un desempleo tres veces más alto que EEUU, el ingreso per cápita muy reducido y “tres quintas partes de nuestros 3,4 millones de estadounidenses (“Americans”) en Puerto Rico viven bajo el nivel nacional de pobreza”.

“Lo que es particularmente preocupante –dijo entonces Udall- es que la economía de la isla ha estado estancada por los pasados doce años, luego de 24 años de crecimiento milagroso” y que “las políticas federales y fuerzas fuera del control directo del gobierno han sido factores significativos en ambos períodos”.

Ninguno de los dos aludió a que, al menos desde 1900, la política de EEUU para administrar la colonia se ha basado en los préstamos por encima de la capacidad de pago del país. 

Pero Udall puntualizó que no estaba en su ánimo cuestionar “las bases” de la relación de autonomía, aunque cuando “se desarrolle un consenso amplio” en Puerto Rico “estaremos dispuestos a escuchar en serio” sobre el tema de la condición política.

Mientras tanto, la Oficina de Contabilidad General advirtió que “las políticas federales para la autosuficiencia” de Puerto Rico no sólo no estaban dando resultados, sino que inclusive, en ocasiones “echaban al traste los esfuerzos locales de desarrollo económico”.

Sobre aquellas bases, en 1989 se presentaron en el Congreso dos proyectos para resolver el “status” de Puerto Rico, uno en 1996, otro en 1997 y cinco entre 2007 y 2015. Al final del camino, lo único que se ha aprobado es autorizar a Puerto Rico a celebrar un plebiscito como parte del programa de “ayuda a los estados y localidades” para “el cumplimiento de la ley” del Departamento de Justicia y la implantación de una junta de control sobre la base de que Puerto Rico es un territorio colonial que carece tan siquiera de los rastros de “soberanía primigenia” que se le reconoce a las naciones indígenas.