El escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht que implica a 10 países de Latinoamérica, entre ellos el Perú, ingresa a una etapa decisiva debido a que han surgido evidencias de que los negocios turbios no se limitan a los tres últimos gobiernos sino que abarca también los dos gobiernos de Alberto Fujimori.

La difusión de un informe del Congreso realizado por el exparlamentario Javier Diez Canseco, da cuenta que las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez hicieron contratos por U$ 615 millones en los gobiernos de Fujimori, por lo que la comisión que investiga el caso Lava Jato tiene sobrados  motivos para ampliar su campo de acción a los años 90.

Mientras la fiscalía profundiza las investigaciones la clase política entra en pánico por los nombres que vayan a soltar los brasileños, que están empezando a revelar las operaciones, los montos y los nombres de los implicados en estas operaciones.

A medida que avanzan las investigaciones van surgiendo nombres de otras empresas y no sería de extrañar que aparezcan los nombres de las empresas peruanas que realizaron alianzas con las brasileñas, lo que ampliaría la corrupción del ámbito estatal al privado.

Entre las empresas que han formado alianzas con Odebrecht están Graña y Montero y JJ Camet Contratistas de propiedad del exministro de Economía fujimorista Jorge Camet, quien afrontó un juicio por las presuntas licitaciones ilegales de obras públicas que obtuvo su empresa por más de 666 millones de soles durante su gestión.

En el Congreso los parlamentarios fujimoristas no han tenido reparos en negar que se hayan hecho operaciones irregulares con las empresas brasileñas; sin embargo, el modus operandi de esas corporaciones evidencia que suelen hacer negocios con los diferentes gobiernos previo pago de coimas.

El periodista brasileño Iván Martínez-Vargas (entrevista en La República) sostuvo que el pago de coimas es mucho mayor que los U$ 29 millones que se ha confesado y considera que no hay razones para creer que los negocios que Odebrecht realizó en el gobierno de Alberto Fujimori hayan sido distintos que los realizados en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Pese al nerviosismo que hay en la clase política empresarial del Perú, los nombres de los implicados irán saliendo debido a que hay una determinación de Emilio Odebrecht (padre de Marcelo que está preso) para acogerse a la delación premiada, siendo la única posibilidad legal que tiene para aminorar sus penas y aspirar a obtener su libertad.

Martínez advirtió que si la información que brinda Odebrecht es falsa perdería cualquier tipo de beneficios y por eso cree que muy pronto se conocerá toda la verdad y saldrán los nombres de los que recibieron las coimas no sólo en el Perú sino en otros países de Latinoamérica.

Al encontrarse en manos de autoridades judiciales de Brasil, no hay posibilidad de interferencia política de los expresidentes peruanos. En nuestro país el Ministerio Público tiene la enorme responsabilidad de profundizar las investigaciones para determinar quiénes recibieron los sobornos y los lazos con las autoridades de turno.

Se sabe que los dineros no fueron entregados directamente a las autoridades sino que se crearon cuentas y empresas para evitar que se conozcan los destinos finales o en todo caso para entorpecer las investigaciones. Para eso es que se crearon cuentas off shore en Panamá, paraíso fiscal que suele ser utilizado para esconder dinero mal habido.

En tanto, en el parlamento la comisión Lava Jato presidida por Víctor Abrecht debe tomar la decisión de investigar los negocios de las empresas brasileñas desde que llegaron al Perú en 1979, para evitar la percepción de impunidad que se quiere dar al gobierno de Alberto Fujimori. Si quiere deslindar con la corrupción, la primera en pedir que se investigue a fondo desde los 90 debería ser la misma Keiko Fujimori.

10. 01. 2017

http://www.otramirada.pe/el-fujimorismo-y-los-negocios-de-odebrecht