En las décadas recientes, se ha acentuado la tendencia a negociar acuerdos entre grupos de países y, de esas negociaciones, las más significativas, por la magnitud económica y peso político de los participantes, son las referidas al Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés, negociado entre EE.UU. y la Unión Europea) el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, con participación de 12 países, tres de ellos de América Latina[1]), y el Acuerdo sobre el comercio de servicios (TISA, con participación de 50 países, siete de ellos de América Latina[2]), que se  conocen como “mega acuerdos”, en todos los cuales la negociación ha sido secreta.

Si bien esos tres acuerdos están en distintas etapas de negociación o puesta en marcha, involucran a diversos países y se refieren principalmente, en dos casos, al comercio de bienes y, en el tercero, al comercio de servicios, todos ellos tiene en común, por una parte, que constituyen estrategias alternativas ante el deterioro de las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio y, por la otra, que implican grados importantes de avance en los procesos de desregulación de la economía internacional y en el despliegue global de los grandes capitales, los cuales, a través de esos acuerdos y con el apoyo de sus gobiernos, están buscando las mejores condiciones para penetrar sin restricciones en las distintas economías.  A ello se agrega, por parte de Estados Unidos –eje de los tres acuerdos–, el intento de contrarrestar, al menos parcialmente, el avance regional y global que la economía china ha venido logrando desde hace ya algunas décadas.

TPIP

De los dos acuerdos referidos al comercio, el TPIP se encuentra aún en un proceso de negociación que lleva ya tres años, habiéndose celebrado 19 Rondas desde julio de 2013 a la fecha –la más reciente se realizó en julio de 2016– y el conocimiento de los textos parciales filtrados de dicha negociación ha despertado reacciones en contra, tanto en Europa como en Estados Unidos.

A diferencia del TPIP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica ya fue suscrito, el 4 de febrero de 2016, luego cinco años y más de 20 Rondas de Negociación que iniciaron en marzo de 2010 y terminaron en octubre de 2015, y actualmente se encuentra en proceso de ratificación por los parlamentos de los países miembros del Tratado, sin certeza de que dicha ratificación se vaya a dar, sobre todo en el congreso estadounidense, y con movimiento sociales, en varios países, exigiendo a sus parlamentos que el acuerdo sea rechazado.

TPP y TISA

El texto del TPP, que una vez suscrito se dio a conocer, está compuesto por 30 capítulos, 4 Acuerdos Paralelos y 17 Instrumentos Bilaterales, abarcando los capítulos temas referidos al comercio de bienes y servicios (entre otros, Trato Nacional y Acceso de Mercancías; Reglas de Origen; Defensa Comercial; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio; Comercio Electrónico; Servicios financieros; Servicios de telecomunicaciones), a la administración del TPP (Disposiciones Administrativas e Institucionales; Solución de Controversias; Excepciones y Disposiciones Generales), a aspectos normativos de los países (Política de Competencia, Coherencia Regulatoria, Transparencia y Anticorrupción), y a otros temas como son: Inversión; Contratación Pública; Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados; Propiedad Intelectual; Medio Ambiente; Laboral; Cooperación y Desarrollo de Capacidades; Desarrollo; y, Pequeñas y Medianas Empresas. 

Según se ve, el TPP incluye una amplia variedad de temas y tan sólo el cuerpo de los 30 capítulos –sin contar los anexos– abarca más de 600 páginas, si bien los capítulos tienen muy distintas extensiones, que en alguna medida reflejan las preocupaciones e intereses que se impusieron en la negociación. A modo de ejemplo, entre los capítulos más breves están  el de Cooperación y Desarrollo de Capacidades (3 pp.), el de Desarrollo (5 pp.), y el de  Pequeñas y Medianas Empresas (3 pp.), dirigidos, los dos primeros, hacia las economías participantes menos desarrolladas y el tercero hacia empresas que no son grandes –a lo que se agrega la total ausencia de algún capítulo dedicado a las migraciones, excepto lo referido a “Entrada Temporal de Personas de Negocios”–, en tanto que, en el otro extremo, el capítulo más extenso del Acuerdo es el de Propiedad Intelectual (80 pp.) con un tratamiento sumamente detallado del tema a lo largo de los 83 artículos que lo componen, y con el término “protección” (de los derechos de propiedad industrial,  de obras literarias, de la propiedad industrial, de indicaciones geográficas, de las marcas, de datos de prueba) utilizado ¡146 veces!

En lo que respecta al TISA, su negociación inició formalmente en marzo de 2013, y hasta la fecha se han realizado 19 Rondas, la más reciente en julio de 2016. De acuerdo a los textos que han sido filtrados, con el Acuerdo se busca cubrir una muy amplia gama de temas: servicios financieros; servicios TIC (incluyendo telecomunicaciones y comercio electrónico); transporte marítimo; transporte aéreo; servicios de entrega competitivos; energía; servicios profesionales; entrada temporal de personas de negocios; y compras del sector público.

Esos textos, reflejan una clara decisión de avanzar al extremo en la liberalización de todo tipo de servicios, en parte reproduciendo los contenidos más cuestionables del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC[3], y en gran parte ampliando sustancialmente dichos contenidos, tanto respecto de los temas recién mencionados que son objeto de negociación y compromisos de apertura, como en relación a la profundidad de dichos compromisos. Esa mayor profundidad, por ejemplo, respecto del “trato nacional” implica que se pasa de una modalidad de “lista positiva” en el AGCS (esto es, que los compromisos de tratar a los servicios y proveedores extranjeros por lo menos igual que a los nacionales, solo se aplican a los sectores que cada gobierno enlista de manera explícita) a un modalidad de “lista negativa” en el TISA (el “trato nacional” se aplica a todos los sectores excepto aquellos que cada gobierno enliste de manera explícita).

En suma, con el TISA se acentúa el principio general, que desde hace ya tiempo viene imponiéndose, de negar el carácter y función social de muchos servicios, asumiéndolos en su totalidad como mercancías a ser vendidas a clientes bajo las reglas del mercado y de las empresas que en él dominan.  Con el conjunto de los mega acuerdos, se pretende dar un paso decisivo en contra, tanto de la capacidad de los estados para reglamentar sus economías, como de los estándares sociales y ambientales, y a favor de la desregulación plena de los mercados, de la multiplicación del poder de las grandes empresas y de la creciente mercantilización del conjunto de la vida económica y social, limitando al máximo los márgenes de acción de los gobiernos y otorgando todas las facilidades y derechos imaginables a los inversores.

Ese avance y posible concreción de los mega acuerdos ha contado con la participación de siete países latinoamericanos en el TISA, de los cuales tres también participan en el TPP, lo que no resulta extraño dada la permanencia del neoliberalismo en distintos países de la región y, con él, de estrategias gubernamentales de inserción internacional que claramente apuntan hacia el Norte, y que incluyen la sujeción a los dictados, intereses e iniciativas estadounidenses como son el TTP y el TISA.

Sin embargo, dicha participación no por esperable es menos peligrosa, y no sólo para las sociedades cuyos gobiernos se han embarcado en los proyectos estadounidenses, que con ello están viendo seriamente comprometidas sus posibilidades futuras de desarrollo nacional autónomo.

Los peligros que entrañan los mega acuerdos, son también muy altos para el resto de la región, así como para el desenvolvimiento futuro del conjunto de América  Latina y el Caribe. En términos generales, la posible concreción de dichos acuerdos reafirmaría un contexto global e internacional caracterizado por el dominio creciente de los mayores países y las más grandes empresas transnacionales, en el interior del cual se acentuarían las dificultades para abrir paso a proyectos alternativos de base nacional y regional, más aún dada la intención explícita de ampliar el alcance de los mega acuerdos al ámbito multilateral, aplicando sus contenidos a la totalidad de movimientos mundiales del gran capital bajo todas sus formas[4]. En términos más particulares, la participación de países latinoamericanos en ambos mega acuerdos –con todo lo que esos acuerdos representan e impulsan–, con seguridad hará más difíciles no sólo los vínculos entre esos países  y los restantes de la región, sino también la marcha de distintos mecanismos integradores en América Latina y el Caribe, y en particular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en cuyo interior se acentuarán las diferencias entre las visiones y estrategias que hasta hoy coexisten en su seno.

Jaime Estay es profesor-investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, México, y coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial (http://www.redem.buap.mx/).

Artículo publicado en la edición 517 (septiembre 2016) de la revista América Latina en Movimiento de ALAI, titulada “El poder transnacional y los nuevos TLCs”.  http://www.alainet.org/es/revistas/517