Las políticas redistributivas de tierras, recursos naturales e ingresos, han sido olvidadas por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, con excepción de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Incluso, en el caso de Brasil, la redistribución de la tierra fue aceptada siempre y cuando se hiciera por la vía del mercado, o sea las llamadas reformas agrarias asistidas por el mercado que privilegian los derechos de propiedad individuales y la explotación de rubros para el mercado, no los bienes salarios.

Este abandono se profundizó con el otorgamiento de concesiones de tierras al capital transnacional para la explotación de minera de cielo abierto, desarrollo de proyectos energéticos y corte de madera.

Los impactos negativos de estas políticas son evidentes: a) un creciente desplazamiento y movilidad de la población rural a los centros poblados urbanos y periurbanos, b) la ociosidad de la tierra y aumento de la inseguridad, dependencia alimentaria y pobreza, c) la destrucción de los recursos naturales y el uso del agua para fines mercantiles, d) la contaminación ambiental y deterioro de la calidad de vida de las personas.

Desde la óptica de los gobiernos, las tradicionales políticas de apoyo a los pequeños productores organizados y unidades agrícolas familiares han dado paso a políticas de integración de actores locales a cadenas agroalimentarias y valor, donde los mayores beneficiados, como una forma de legalizar la transferencia de valores (vía precios y venta de insumos) de los eslabones débiles, son los procesadores y exportadores de los productos, así también los proveedores de servicios. Se habla de programas de desarrollo de las unidades de producción campesina, pero las políticas son cada vez más compensatorias y marginales frente a la liberalización del comercio que promueven los tratados y acuerdos comerciales. Hasta los propios campesinos y campesinas se están acostumbrando a consumir maíz y arroz importado, ya que no existen condiciones económicas y ambientales para su producción y consumo directo local, lo cual impacta negativamente en los patrones culturales de la población rural al consumir productos con un alto componente transgénico.

Para abordar estos y otros temas, se celebró recientemente en Honduras, el Foro por la Unidad Popular: Lucha por la Tierra, el Territorio y contra la Criminalización Social, guiados por el espíritu y lucha combativa de Bertha Cáceres, Margarita Murillo y Magdalena Morales, dirigentes del movimiento campesino e indígena asesinados. Este evento fue apoyado por La CLOC-Vía campesina, y representantes de organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, magisteriales y políticas como el caso del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)

Entre las resoluciones tomadas por los asistentes al evento destacaron: a)  La realización de una Asamblea Nacional de los Movimientos Populares Hondureños, con el propósito de construir una agenda común de Unidad de Lucha Popular, que  reivindique los derechos de los y las hondureñas, a realizarla en lo que resta del año 2016; b) El compromiso de construir un Enlace de Solidaridad con TELESUR para forjar la alternativa del derecho a la comunicación, sin manipulación; c) La cancelación definitiva de la concesión del Proyecto Agua Zarca de la Empresa DESA e) Discusión y aprobación de la iniciativa de la ley de reforma agraria integral con equidad de género para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural presentada al Congreso Nacional el pasado 9 de abril 2014; f) Despenalizar la lucha campesina y cese de la persecución de líderes populares y libertad de los presos; g) El no cierre del INA; h) Eliminar impuestos a los productores agrícolas.

La nueva Ley de Reforma Agraria Integral es una lucha desde antes del golpe de Estado (junio de 2009), liderada por grupos de base de organizaciones campesinas y populares, y todavía no existe voluntad política en el Congreso de la Republica para su aprobación, aun que la oposición tenga mayoría simple. Es clara la voluntad de los partidos tradicionales por no apoyar esta propuesta ya que les perjudica, varios de los diputados son terratenientes y se benefician de los proyectos energéticos aprobados.

Esta lucha debe acompañarse con acciones complementarias como la exigencia de la derogación de otras dos (2) leyes, como la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (1992), y la Ley de Inversiones Agrícolas (1999) que penalizan las acciones de reforma agraria, legaliza el latifundio y prohíben la vigencia de causales de afectación. Todavía el movimiento popular no ha elaborado una evaluación de impacto de ambas leyes, como justificación para pedir su derogación y nueva socialización de la Ley de Reforma Agraria con los actores que participaron en el Congreso y otros más, caso de las redes de comercialización, microempresas agroforestales, comunidades y organizaciones de derechos humanos y agencias cooperantes.

Lo anterior es urgente, ya que en la coyuntura política actual donde existe interés del gobierno para que el presidente Hernández sea reelecto, la aprobación de una Ley Agraria puede quedar en el “baúl del olvido”, en tanto el presidente puede ir cumpliendo parte de estas demandas con el campesinado.  Una de ellas, ya aprobada, es la eliminación del pago de impuestos a los agricultores del agro, la otra en marcha es la constitución del fondo de tierras para los campesinos tal como fue aprobado en el marco de la Ley Agrícola de 1992. Pero también puede pedir que se revisen las autorizaciones otorgadas por la SAG para ejecutar proyectos agrícolas y proteger los sobre techos agrarios tal como se pensó por el Director del INA, Cesar Ham, en el gobierno de “Pepe Lobo”; con ello, liberar tierras para entregar a los campesinos sin modificaciones sustanciales de la estructura agraria.

El cierre del INA es un proceso en marcha, y al parecer se pretende, tal como fue la aspiración en el gobierno del presidente Callejas (1990-1993), convertir la institución en ventanilla única de tierras o en un programa de titulación y regulación de tierras de la SAG. El gobierno de la Republica aprobó un decreto ejecutivo (051-2016) de julio de 2016, para ejecutar un plan de restructuración de la institución orientado al cierre de oficinas sectoriales y regionales, despido de trabajadores e irrespeto de los derechos laborales. En este gobierno le recortaron 165 millones de lempiras, con lo cual resulta difícil operar, en especial cubrir los gastos operativos de los programas básicos como el programa de reconversión empresarial, adjudicación de tierras, desarrollo de los pueblos afro descendientes.

A inicios del programa de ajuste neoliberal, el cierre de la institución no se dio por la unión y fuerza del movimiento campesino hondureño y sindical, y del SITRAINA.  Hoy el movimiento campesino luce fragmentado; varias de las organizaciones de cúpula han sido copadas por el gobierno y funcionan en forma antidemocrática, los dirigentes tienen el calificativo de ser eternos en sus cargos (Dictadores). La mayoría de los empleados del INA ya aceptaron el retiro voluntario, siempre y cuando se les garanticen todos sus derechos.  Prácticamente, los campesinos e indígenas deben irse haciendo la idea del desaparecimiento del INA, como institucionalidad publica a su favor.

Todas estas acciones en marcha por el gobierno de la Republica, ameritan un cambio de agenda de lucha por el movimiento popular tal como fue la demanda en el Foro, integrando el trabajo de base a la lucha por el poder. Juan Barahona del FNRP así lo entiende, pero también Xiomara Castro de Zelaya, proclamada candidata del partido Libertad y Refundación (LIBRE) a las próximas elecciones, después que una enredadera ideológica se lo impedía.

Tegucigalpa, 29 de Agosto de 2016