La reciente cumbre energética entre EEUU, Centroamérica y el Caribe celebrada en Washington, demostró el interés del gobierno de Obama por querer ordenar el sector energético de la región y ejercer un mayor control sobre los recursos naturales con que cuentan los países miembros, especialmente Honduras, Guatemala y el Salvador.  Se busca además eliminar la dependencia del petróleo venezolano en el marco de PETROCARIBE, cuando se habla de una reducción de los envíos del crudo a los países miembros por la crisis económica y política que enfrenta el gobierno del presidente Maduro.

Ello es así ya que, por un lado, este sector luce fragmentado y desarticulado; no existe integración, compatibilización y coordinación de políticas, programas, proyectos e incentivos para un desarrollo conjunto con una visión de largo plazo. El sistema de interconexión eléctrica para la región centroamericana (SIEPAC) se usa como bombero para apagar demandas de urgencia sin una planificación de largo plazo ni estructuras institucionales integradas.  Asimismo, todavía es fuerte la dependencia de energías térmicas frente a las crecientes oportunidades que existen para ejecutar proyectos de generación de energía renovable en la región. En Guatemala se estima que la energía renovable generada es menor del 45%, El Salvador de 43% y Honduras 51%.

En complemento a ello, las agencias y organismos de cooperación internacional cuentan con suficiente recursos para apoyar la ejecución de estos proyectos, y hay interés de empresas privadas gringas para invertir capital en los mismos: pero hay una falta de capacidad técnica para absorber estos recursos y darle un uso eficiente. Entre 2014 y 2015, la región centroamericana tuvo acceso oficial a cerca de 3,000 millones de dólares de fuentes privadas y cooperantes para ejecutar proyectos energéticos menos contaminantes, pero las demandas potenciales duplican ese monto.

El problema es que en la Cumbre Energética se habló muy poco de las causas que explican los bajos niveles de inversión efectiva en el desarrollo de proyectos energéticos a pesar del ajuste de los marcos jurídico-institucionales sufridos por los países para incentivar su desarrollo y la disponibilidad de recursos externos facilitados por los OFIs. La primera es la proliferación de un enfoque extractivista del desarrollo que privilegia la obtención de beneficios económicos y financieros en un cortísimo plazo sin considerar la opinión y participación de la población, organizaciones de sociedad civil de base e incluso de gobiernos locales. En los países de la región, especialmente Honduras y Guatemala, la ejecución de proyectos de energía renovable se liga a prácticas institucionales corruptas que induce a la protesta pública de la población afectada.

Lo segundo con el cubrimiento de los costos de las externalidades negativas de los proyectos con impactos no deseados en las economías locales y condiciones materiales de vida de los pobladores.

Sobre lo primero, organizaciones de sociedad civil y grupos ambientalistas han venido denunciado que los proyectos energéticos renovables se ejecutan sin consulta y participación previa, esto es sin el consentimiento y aprobación de los pobladores de las zonas donde construirán represas;  los casos donde se ha realizado esta consulta, la mayorías de las reuniones celebradas han sido manipuladas por los alcaldes, gobierno central y ejecutores privados, por lo cual no hay el consenso requerido para ejecutar la obra.

Esta mala práctica está afectando la construcción de los proyectos e impacta negativamente en su ejecución y sostenibilidad futura. Hay tomas de calles y ríos de grupos indígenas por la construcción de represas, pero también por los efectos que tienen en las mermas del caudal del agua de los ríos aquellos proyectos en ejecución y aprobados por decreto e impuestos a la fuerza. Un ejemplo es la construcción de la represa Agua Zarca en Honduras, que costó la vida de la líder Ambientalista Bertha Cáceres  que ha implicado, entre otras cosas, el retiro de los inversionistas extranjeros y aumento de la presión de los pueblos indígenas y organizaciones sociales para que desista de los proyectos y haga justicia.

Sobre lo segundo, los gobiernos de la región deben exigir a las empresas una protección efectiva sobre los daños y perjuicios que puede causar la ejecución de proyectos energéticos mal formulados y sin mecanismos claros de regulación y sanción por parte de los gobiernos centroamericanos. Las acciones a tomar incluyen: a) el cubrimiento de los costos de las externalidades negativas generadas con la ejecución del proyectos, elaborándose un plan de trabajo de dichas acciones y los proyectos adicionales compensatorios a ejecutarse; b) el respeto a la legislación en cuanto a que el agua para consumo humano tiene prioridad por sobre los demás usos, ello ya que las quejas de los pobladores son que con el proyecto hidroeléctrico encuentran más difícil tener acceso a una fuente de agua segura; c) una política de incentivos económicos neutra, o sea que no favorezca a empresarios de estos proyectos pagándoles más caro el precio de la energía generada en comparación a  otras fuentes aduciendo la fuerte inversión realizada.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, abogó por una liberalización del mercado energético de la región, que permita a los países comprar energía donde se produce más barata, igual propuso fortalecer los marcos regulatorios. Ello se da cuando se está a las puertas de la vigencia de la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala, que es avalada por EEUU y será utilizada como un instrumento de presión para que se sume el Salvador en esta primera fase. La liberalización demandada implica que a lo interno del país, se eliminen también los subsidios a las empresas que distorsionan el mercado e impactan negativamente en el bolsillo de los consumidores al garantizársele un precio mayor por kilovatio de energía generado incluso superior al de las plantas térmicas, lo que vuelve a Honduras un país más caro y menos competitivo por los altos costos pagados por la energía.

Los presidentes de Honduras, Guatemala y Salvador, miembros y beneficiarios del Plan del Triángulo Norte de la Región, o el Patio Trasero de EEUU junto a México, expusieron también acerca de los avances habidos con dicho plan, después que corriera el rumor en Washington que la administración Obama suspendería dichos fondos por los pocos resultados obtenidos en el combate de la violencia, corrupción e impunidad. Incluso, en el caso del El Salvador se pensó que ello era posible por el aumento de la violencia en las calles, y en Honduras por la falta de castigo a los corruptos y responsables de la muerte de Bertha Cáceres (ya se de dio captura “supuestamente” a cuatro personas involucradas en el asesinato).

El presidente Obama se muestra complacido por los avances en los alineamientos de los fondos, por lo que los gobiernos exigen el desembolso de un 25% de los 750 millones de dólares aprobados por el Congreso pero disponibles hasta 2017.

No obstante estos avances, la región centroamericana presenta dos crecientes focos de inestabilidad económica y social. La primera es la llamada crisis ambiental estructural por la pérdida de los bosques que amenaza por convertir a países como Honduras en desiertos, sumado a problemas de sequía agrícola y dependencia alimentaria por el cambio climático. La segunda es la crisis de empleo, donde el grupo de jóvenes que no estudia ni trabaja (Niní) se multiplica, y las universidades ya no son una opción por los altos costos y las pocas oportunidades de trabajo y pago de salarios que se ofrecen por el mercado una vez obtenido el titulo. En Honduras hay más de 1 millón de Nini, sin que existan políticas claras de inserción progresiva en el mercado de trabajo.

La administración Obama ha destinado cinco millones de dólares para fortalecer la interconexión regional eléctrica y abaratar el costo de la energía, y también existen recursos en el marco del Plan de la Alianza del Triángulo Norte para combatir la violencia, fortalecer a las fuerzas de seguridad pública y operadores de justicia para reducir los niveles de corrupción e impunidad alarmantes. Todavía, para el caso de Honduras, no se aprueba otro compacto de la Cuenta del Milenio que permita generar fuentes de trabajo en forma rápida y mejore el acceso a los alimentos básicos por la población en situación de pobreza. Los beneficios mayores de los proyectos energéticos se focalizan en un grupo reducido de empresas nacionales y de capital extranjero, donde se involucran diputados y funcionarios de gobierno, pero los mayores efectos e impactos negativos (pérdida creciente de acceso a fuentes de agua segura para consumo humano y desplazamiento de territorios y hábitat naturales) los sufre mayormente la población de bajos recursos.

Hay que poner la mirada en estos problemas que presagian otra crisis de magnitudes insospechables para la región y su gente.  No hay que seguir con la destrucción de las principales fuentes de valor: el trabajo humano y la naturaleza, propio de un modelo neoliberal autoritario.

Tegucigalpa, 6 de mayo de 2016