Se llaman Pueblo Nuevo, Bella Flor, Nueva Esperanza, El Tesoro. Nombres que hablan a las claras de lo que las 'zonas humanitarias' significan para sus habitantes. En ellas, cientos de familias desplazadas por la violencia en áreas rurales de Colombia intentan reconstruir sus vidas a la vez que reclaman la restitución de sus tierras.

En octubre de 1996 ocho campesinos fueron asesinados por paramilitares en la comunidad de Brisas de la Virgen, en el departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia. Algunas familias de la comunidad huyeron, pero no todas. Dos meses después comenzaron las desapariciones forzadas y las matanzas. Decenas de cadáveres flotaron en el río Atrato.

En febrero de 1997, con el objetivo declarado de aniquilar a los rebeldes de izquierda, las fuerzas armadas lanzaron la Operación Génesis. En la municipalidad de Riosucio el bombardeo duró días. Como el nombre de la operación lo sugiere, se trataba de gestar un nuevo mundo: uno en el que no habría lugar para los campesinos afrodescendientes, indígenas y mestizos que habían habitado esas tierras por generaciones.

Las familias que restaban emprendieron el largo camino del desplazamiento forzado. Según Amnistía Internacional, en la municipalidad de Riosucio unas 6.500 personas de 49 comunidades debieron huir de sus hogares. La mayoría atravesó a pie la selva durante semanas. Muchos murieron en el camino.

Enrique Petro y otros líderes comunitarios se cuentan entre los sobrevivientes. A comienzos de diciembre, ellos compartieron sus experiencias con un equipo ecuménico de Cartas Vivas del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) que los visitó en la zona humanitaria Las Camelias, en la cuenca del río Curvaradó, donde hoy viven 18 familias.

"Cartas Vivas" son pequeños equipos que en el marco del Decenio para Superar la Violencia auspiciado por el CMI viajan a distintas partes del mundo donde cristianos se esfuerzan por promover la paz en medio de situaciones de violencia. El objetivo es expresar la solidaridad de la comunidad ecuménica y aprender de cómo son afrontados los desafíos en las regiones visitadas.

El equipo de Cartas Vivas, que visitó Colombia del 6 al 12 de diciembre, escuchó testimonios de primera mano de miembros de comunidades que a lo largo de los años han padecido hasta 15 desplazamientos forzados. Éstos no sólo recordaron cómo debieron abandonar sus hogares por la violencia – sobre todo estatal y paramilitar – sino que también denunciaron cómo fueron despojados de tierras de su propiedad.

Negocios son negocios

La región del Chocó tiene importancia militar para todas las partes en el conflicto que desde la década de 1960 enfrenta a las fuerzas armadas, dos organizaciones de rebeldes de izquierda y grupos paramilitares de derecha. Cercana a la frontera con Panamá y cubierta por la selva tropical, es un escenario clave del tráfico de armas.

La región tiene también gran interés económico. Emplazamiento de un posible canal que vincularía el mar Caribe con el océano Pacífico, y de una posible autopista que uniría Panamá con Colombia, es además rica en minerales, tierras cultivables, madera y biodiversidad.

Así, la población civil de la zona, que individual y colectivamente detenta legítimos derechos de propiedad sobre tierras cuyo valor se ha multiplicado por diez desde 1996, se convirtió en un obstáculo tanto para los actores militares como para poderosos intereses económicos.

Hoy, compañías transnacionales dedican extensas porciones de ese territorio al cultivo intensivo de palma africana para la producción de aceite, así como a la ganadería.

"Hemos visto cómo detrás de las expulsiones de campesinos hay un proyecto económico que aprovechó el conflicto armado como pretexto para despojar a la gente de sus tierras", dijo el pastor Christopher Ferguson, representante del CMI ante las Naciones Unidas y miembro del equipo de Cartas Vivas. "Hay compañías transnacionales que tienen responsabilidad por el sufrimiento de estas comunidades", agregó.

Aparte de la región de Curvaradó y las ciudades de Bogotá y Barranquilla, una parte del equipo de Cartas Vivas visitó la ciudad de Trujillo, en el departamento del Valle del Cauca, al este del país. Trujillo es sobre todo conocida por un ciclo de violencia que entre 1989 y 1994 causó más de 340 víctimas, pero los asesinatos y desapariciones continúan hasta hoy.

"Me impresionó el modo en que los familiares de las víctimas han sabido transformar su sufrimiento en resistencia a través de la búsqueda de verdad, justicia y reparación", dijo el obispo Aldo Etchegoyen, de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina y miembro del equipo de Cartas Vivas.

Zonas de refugio y resistencia

Ya desde 1999 algunos de los desplazados en Curvaradó y la vecina localidad de Jiguamiandó intentaron el regreso a sus hogares con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Comisión Intereclesial Justicia y Paz.

En 2001 una arremetida militar y paramilitar provocó nuevos desplazamientos. Con ese éxodo coincidió la primera siembra de palma africana en las tierras de las comunidades expulsadas. Menos de una década más tarde, lo que era selva tropical se ha convertido en un 'desierto verde' de palma aceitera.

En 2002 y de nuevo en 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó la protección del derecho a la vida de los miembros de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó.

A partir de ese año, en Jiguamiandó se constituyeron las zonas humanitarias de Pueblo Nuevo (90 familias), Nueva Esperanza (47 familias) y Bella Flor (30 familias). Desde 2006 en Curvaradó han sido creadas tres, incluyendo El Tesoro y Las Camelias.

Las zonas humanitarias son áreas, claramente delimitadas e identificadas, habitadas por población civil y donde está prohibida la entrada a fuerzas armadas de cualquier bando. En ellas, grupos de familias se apoyan mutuamente frente a la militarización a la vez que afirman sus derechos. Desde marzo de 2005, estas zonas cuentan con el respaldo de la CIDH, que requirió al estado colombiano otorgarles protección especial.

Ante la permanencia en la región de lo que la Organización de Estados Americanos llama "estructuras armadas ilegales, ligadas a economías ilícitas", una de las respuestas de iglesias y organismos ecuménicos es el acompañamiento permanente de las comunidades.

Esto se lleva a cabo mediante la presencia de voluntarios – normalmente dos – que conviven con las familias en las zonas humanitarias, explicó al equipo de Cartas Vivas el sacerdote católico Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz.

"Al partir queremos llevar al mundo entero el testimonio de esos niños, ancianos, viudas que nos relataron sus experiencias de dolor y pérdida", dijo el pastor Jorge Ziljstra, secretario para el Caribe y la Gran Colombia del Consejo Latinoamericano de Iglesias. "En medio de incertidumbre, temor y amenazas contra su vida, ellos continúan resistiendo y luchando por justicia y dignidad".