Académicos de un amplio arco de universidades y centros de estudios se manifestaron por una reforma previsional que garantice a todos los mayores el derecho humano y constitucional a un ingreso que cubra sus necesidades básicas, restablezca el principio solidario, y reduzca la capitalización individual como mecanismo obligatorio. Llaman a construir un sistema moderno y duradero, capaz de concitar un amplio consenso nacional. Tales principios están establecidos en la "Declaración de Santiago," firmada por autoridades de diez universidades, públicas y privadas, y ocho centros de estudios, representativos de un amplio espectro ideológico, encabezadas por Ubaldo Zúñiga, Rector U. de Santiago de Chile y Presidente del Consorcio de Universidades Estatales. El manifiesto ha sido la conclusión del "Seminario por una Reforma Previsional Solidaria," celebrado en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, el 14 y 15 de Junio 2006, con el patrocinio de CUT y CONFECH. Declaración de Santiago de Chile Los académicos abajo firmantes, reunidos en Santiago de Chile, en el Seminario por una Reforma Previsional Solidaria, en el marco del proceso iniciado por la Presidenta Michelle Bachelet, declaramos: Transcurrido un cuarto de siglo desde la privatización del sistema de pensiones, sus limitaciones han emergido. Los chilenos han decidido reformarlo. Sus beneficios se han remitido en lo fundamental a los mercados financieros y a la industria que lo administra. En parte, han alcanzado a una minoría de ingresos más elevados, pero ni siquiera ellos están exentos de problemas. Sus carencias afectan a millones de personas. Los ahorros no alcanzan a financiar pensiones mínimas, el fisco debe subsidiar sus insuficiencias, el sistema actual otorga beneficios inferiores a los que entrega el antiguo, quedan a merced de la incertidumbre de bolsas de valores y tipos de interés. El deterioro se agrava en el caso de los hombres casados y especialmente, las mujeres. Las redes estatales de protección mínima han resultado ineficaces para la mayoría. Las falencias del sistema radican en su diseño, en la reducida cobertura, discriminación, e incertidumbre de sus beneficios. Antes los empresarios cotizaban, hoy son los trabajadores los que aportan su financiamiento. Es inaceptable la pretensión de rebajar derechos adquiridos. La reforma debe seguir otro camino. Reparar los daños causados. Reponer a toda la ciudadanía a lo menos el nivel de beneficios que otorga el sistema antiguo, y luego, mejorar los derechos de todos. Debemos construir un sistema que tenga legitimidad. Revisar el principio sobre el cual hoy descansa de manera exclusiva. Corregir su extremo ideologismo. Aprender de las mejores prácticas internacionales. Establecer una estructura equilibrada. Sustentada en tres bases sólidas y bien articuladas. 1) Garantizar a todos los mayores el derecho humano y constitucional a un ingreso que cubra sus necesidades básicas. Todos aportaron al engrandecimiento del país. También aquellos que poco o nada pudieron contribuir al sistema de pensiones. Felizmente, este derecho es posible financiarlo. Basta mantener hacia el futuro, el nivel de gasto público previsional que el país ha venido sosteniendo en décadas recientes. 2) Restablecer el principio solidario. Destinar las cotizaciones a pagar pensiones. Quiénes trabajan hoy devuelven la mano a quiénes los mantuvieron ayer. Este es el sustento legítimo de los sistemas de previsión, desde sus inicios, hace más de un siglo. También en países con poblaciones de más edad. Sólo en Chile fue abolido en un acto arbitrario. El salario real promedio aumenta con el crecimiento económico. El aporte colectivo siempre crece, incluso cuando arrecian las turbulencias financieras. Un sistema solidario permite garantizar pensiones de un monto conocido, los aportes actuales son suficientes para ofrecer a todas las personas pensiones similares a las del sistema antiguo, quedando incluso un excedente. El número de adultos mayores crece moderadamente. La contribución de los empleadores deberá sumarse al pilar solidario para reparar el daño ocasionado a los mayores de hoy, especialmente a las mujeres, otorgándoles amplios beneficios futuros. 2) La capitalización individual deberá reducirse como mecanismo obligatorio. De pilar único deberá transformarse en complementario, tal como acaece en países desarrollados. Es posible visualizar un sistema nacional estrictamente regulado, al que todos tengan derecho a afiliarse, sin tener que hacerlo a una empresa determinada. Recaudaciones, pagos y otros servicios pueden centralizarse y la gestión de los fondos dispersarse. Muchos agentes con la alternativa de un operador estatal eficiente. Los fondos, invertidos en Chile, de preferencia en instrumentos seguros y proyectos de desarrollo que beneficien a los más. Basada en estos principios, la reforma podrá construir un nuevo sistema, solidario, moderno y duradero. Capaz de concitar un amplio consenso nacional. Ubaldo Zúñiga Quintanilla, Rector Universidad de Santiago de Chile Presidente Consorcio de Universidades Estatales de Chile Luis Riveros Cornejo ex-Rector Universidad de Chile Jorge Arrate Mac Niven Rector Universidad ARCIS Manfred Max-Neef ex-Rector Universidad Austral de Chile Hugo Fazio Rigazzi Director Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA Jorge Carvajal Rector Universidad La República Víctor Fajardo, Rector Universidad de Magallanes Emilio Rodríguez Rector Universidad de Tarapacá Antonio Maurer Prorrector Universidad de Playa Ancha Antonio Elizalde Rector Universidad Bolivariana Juan Ruz, Rector Universidad Academia Humanismo Cristiano Fundación Chile 21 Centro de Estudios para el Desarrollo, CED Centro de Estudios Diego de Medellín Fundación Terram Fundación Océana CETES Instituto de Ciencias Alejandro Lipshutz Patrocinaron el seminario Central Unitaria de Trabajadores, CUT Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile CONFECH Fundación para la Superación de la Pobreza