I. El 4 de febrero de 2006 el Consejo de Gobernadores de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) organismo encargado de vigilar y verificar el cumplimiento del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, adoptó una resolución por 27 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones exhortando a Irán de suspender los procesos destinados a enriquecer uranio, incluso las actividades de investigación y decidió someter la cuestión al Consejo de Seguridad (1). En dicha resolución se dice que Irán está en posesión de un documento (no de elementos materiales) relativo a los procedimientos para la reducción del exafluoruro de uranio (UF6) a metal en pequeñas cantidades, para fundirlo y vaciarlo en formas hemisféricas de uranio natural, enriquecido y empobrecido. Este documento, según lo describe la resolución de la OIEA, ni siquiera contiene un procedimiento específico para enriquecer uranio con fines militares, pues puede aplicarse también al enriquecimiento del uranio con fines civiles, con más razón si se habla del metal de uranio en pequeñas cantidades. La fabricación de una bomba nuclear requiere una cantidad importante –para alcanzar la masa crítica necesaria- altamente enriquecida en uranio 235. Para ello no sirve el uranio natural, ni el empobrecido ni el levemente enriquecido. Es decir que en la resolución de la OIEA no se menciona ningún elemento objetivo que indique que Irán está realizando actividades tendentes a enriquecer uranio con fines militares, elemento que estaría necesariamente en conocimiento de la OIEA, pues sus inspectores tuvieron un acceso prácticamente irrestricto a las instalaciones nucleares de Irán hasta que se dictó la resolución del 4 de febrero de 2006. De modo que con base en el sólo elemento subjetivo de la falta de confianza que inspira Irán, el Consejo de Gobernadores de la OIEA decidió en su resolución del 4 de febrero de 2006 llevar el asunto al Consejo de Seguridad. A raíz de dicha decisión de la OIEA, el Gobierno de Irán resolvió interrumpir toda colaboración con dicho organismo de control y reanudar los procedimientos destinados a obtener combustible nuclear con fines civiles. El 11 de agosto de 2005 el Consejo de Gobernadores de la OIEA, había adoptado una resolución pidiendo a Irán la suspensión de los trabajos tendentes a la producción de combustible nuclear. Los dirigentes iraníes reaccionaron ante esa decisión reivindicando el derecho de Irán a producir combustible dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear pero continuaron negociando con un grupo de Estados europeos y permitiendo el acceso de los inspectores de la OIEA a sus instalaciones. A principios de 2006, como consecuencia del “impasse” en las negociaciones con el grupo de Estados europeos, el Gobierno iraní retiró los precintos puestos por la OIEA que mantenían clausurada desde diciembre de 2005 la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. II. La alimentación en combustible de las centrales nucleares requiere la realización del llamado ciclo del combustible, una de cuyas etapas es el enriquecimiento del uranio. Muchos países poseedores de centrales nucleares no proceden al enriquecimiento, sino que compran el uranio enriquecido en el extranjero a un reducido número de países que lo producen. Ello tiene un costo elevado y crea una dependencia en materia energética. El combustible nuclear sirve para otros usos: investigación científica, como energía propulsora, en aplicaciones terapéuticas de sus derivados y, por cierto, para la fabricación de armas nucleares, aunque para esto último se requiere cantidades importantes de uranio altamente enriquecido en uranio 235. El Tratado de No Proliferación, del que Irán es parte y que se sostiene que lo está violando, tiene por objetivo evitar la proliferación de las armas nucleares y la tecnología armamentística, (es decir impedir que otros Estados, además de los que ya las tienen, dispongan de armas nucleares) fomentar la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear y promover la meta de conseguir el desarme nuclear (que incluye a los Estados que ya tienen armas nucleares), así como el desarme general y completo. El Tratado entró en vigor en 1970. Un total de 188 Estados se han sumado al Tratado, incluidos los cinco Estados que poseen oficialmente armas nucleares: China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia (2). Las estimaciones más conservadoras atribuyen la posesión actualmente a Estados Unidos de 6000 misiles nucleares, a Rusia 5000, a China 400, a Francia 350 y a Gran Bretaña 200. India, Israel y Pakistán nunca firmaron el Tratado y Corea del Norte se retiró del mismo en 2003. Se estima, con bastante certeza, que los tres primeros países poseen armas nucleares, India unas 70, Israel entre 100 y 300, según las fuentes y Pakistán 45. No existe la misma certidumbre respecto de Corea del Norte. A fin de promover la meta de la no-proliferación y como medida para fomentar la confianza entre los Estados partes, el Tratado establece un sistema de salvaguardias bajo la responsabilidad de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Las salvaguardias se utilizan para verificar el cumplimiento del Tratado mediante inspecciones dirigidas por la OIEA. El Tratado fomenta la cooperación en la esfera de la tecnología nuclear pacífica, así como la igualdad de acceso a esta tecnología para todos los Estados partes, al tiempo que las salvaguardias evitan la desviación de material fisionable hacia usos armamentísticos. El artículo IV del Tratado, dice: Nada de lo dispuesto en este Tratado se interpretará en el sentido de afectar el derecho inalienable de todas las Partes en el Tratado de desarrollar la investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación y de conformidad con los artículos I y II de este Tratado. De modo que el objetivo del Tratado es que los Estados que tienen armas nucleares comiencen un proceso de destrucción de dichas armas hasta su total eliminación (artículo VI del Tratado), impedir que otros Estados comiencen a fabricarlas, a cuyo fin los países que disponen de instalaciones nucleares deben someterlas al control periódico de la OIEA, todo ello en la perspectiva de un desarme general y completo. No hay base jurídica alguna, entonces, para exigir a Irán, si cumple con las prescripciones del Tratado de No Proliferación Nuclear y con el Protocolo Adicional del Acuerdo de Salvaguardas, que no siga adelante con su programa de realización completa del ciclo del combustible nuclear, incluido el enriquecimiento del uranio. Las razones de la agitación en torno Irán hay que buscarlas en otra parte: 1) El interés de algunos países en conservar el oligopolio del negocio del enriquecimiento del uranio (Irán sería un serio competidor pues podría producir combustible nuclear con fines pacíficos a bajo precio) (3); 2) En que Irán forma parte del «eje del mal» y no puede ser objeto del mismo trato que los «países amigos» que enriquecen uranio (con todo derecho) o los que, fuera del «club nuclear» oficial poseen bombas atómicas. (India, Israel y Pakistán). 3) El complejo militar-industrial (según la expresión de Eisenhower) que gobierna a los Estados Unidos ha realizado excelentes negocios con las guerras del Golfo, de Yugoslavia, de Afganistán y de Irak (cuatro guerras en catorce años). Para mantener su alta cuota de beneficios necesita promover nuevas guerras (4) o, por lo menos, mantener viva una aguda tensión internacional (5). Irán, junto con «la amenaza global del terrorismo» es el pretexto empleado para mantener el presupuesto militar estadounidense a niveles astronómicos sin precedentes. La ocupación de Irak, cuyo fin no se vislumbra, contribuye en gran medida a estos exorbitantes gastos militares. Estados Unidos (el único país del mundo que ha utilizado la bomba atómica) continúa con sus programas de armas nucleares, incluso armas tácticas, y el Gobierno de dicho país ha hecho pública su intención de utilizarlas de manera preventiva. Recientemente el Presidente de Francia ha hecho una manifestación similar. Su ministro de Relaciones Exteriores acaba de declarar, con total irresponsabilidad y sin fundamento alguno, que Irán tiene un programa nuclear clandestino con fines militares. III. Se han celebrado varios acuerdos regionales de proscripción de las armas nucleares: Tratado de Tlatelolco para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe (1967); Tratado de Rarotonga sobre la zona desnuclearizada del Pacífico Sur (1985); Tratado de Bangkok sobre creación de zona libre de armas nucleares en el Asia sudoriental(1995); Tratado de Pelindaba sobre la creación de una zona libre de armas nucleares en África (1996). Pero, pese a que la seguridad y la estabilidad regional en el Medio Oriente requieren la total eliminación de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva y a que existe una Iniciativa Árabe en favor de la creación de una Zona Libre de Armas de Destrucción Masiva en el Medio Oriente, en esa región no hay Tratado en perspectiva, pues la regla no escrita impuesta de hecho por los Estados Unidos es mantener el statu quo que consiste en que Israel posea bombas atómicas y que sus vecinos no pueden siquiera desarrollar una tecnología nuclear. IV. El presidente de Brasil ha declarado que el «problema iraní» debe resolverse pacíficamente y el delegado argentino ante la ONU dijo que Argentina en el Consejo de Seguridad «no necesariamente» se alineará en esta cuestión junto a Estados Unidos El problema para el mundo no es, como dice Lula, Irán. El problema es la política expansionista, agresiva y guerrerista del imperialismo yanqui (6) y el munichismo de otros Estados. La única actitud honesta -ni hipócrita ni servil – de gobernantes y ciudadanos en el «caso» iraní, es no acompañar ni un sólo paso a las potencias en esta escalada hacia una nueva guerra de agresión. Defendiendo así realmente la paz mundial y el derecho de autodeterminación de los pueblos y sin ceder al chantaje de ser acusados de favorecer al fundamentalismo islámico. Con su voto del 4 de febrero en el Consejo de Gobernadores de la OIEA a favor de remitir al Consejo de Seguridad el diferendo con Irán, Argentina y Brasil contribuyeron a la estrategia imperialista y dejaron de hacer lo único decente que estaba en sus manos hacer: oponerse a la escalada y denunciar, como hicieron Cuba y Venezuela, la maniobra de la oligarquía nuclear mundial, defendiendo también así sus propios intereses nacionales como poseedores de una industria nuclear (7). Oponerse verbalmente a la guerra es pura hipocresía, pues Bush no le va pedir permiso a Lula ni a Kirchner para agredir militarmente a Irán, ya sea directamente o por intermedio de Israel. La representación de Argentina presidirá el Consejo de Seguridad en marzo, cuando se debata el tema de Irán. El otro país latinoamericano que está actualmente en el Consejo de Seguridad es Perú. Esa será la hora de la verdad para el Gobierno argentino en materia de política internacional, pues en ese momento se sabrá si actúa con cierta independencia y dignidad en defensa de la paz y del derecho de autodeterminación de los pueblos o si el eje de su política son las «relaciones carnales» con el Gobierno de los Estados Unidos. LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y LA OPINIÓN PÚBLICA MUNDIAL DEBEN TOMAR CONCIENCIA DE QUE SE ESTÁ REPITIENDO EN EL CASO DE IRÁN, CON ALGUNAS VARIANTES, EL PROCESO DE FALSIFICACIONES Y ENGAÑOS QUE LLEVÓ A LA AGRESIÓN CONTRA IRAK Y DEBE RECHAZARLO EN BLOQUE Y SIN AMBIGÜEDADES. ------------------ (1) IAEA. Bord of Governors. GOV/2006/14. Votaron en contra Cuba, Siria y Venezuela. Los países latinoamericanos miembros del Consejo de Gobernadores que votaron a favor fueron Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. (2) Para fortalecer los poderes de los inspectores de la OIEA se aprobó en 1997 el Protocolo Adicional del Acuerdo de Salvaguardas. El Protocolo -firmado hasta ahora por 107 países, de los cuales 73 lo han ratificado- permite a los técnicos del OIEA visitar prácticamente sin aviso previo cualquier instalación nuclear de un país adherido. Irán firmó el Protocolo en diciembre de 2003, no lo ratificó aún pero se estuvo sometiendo voluntariamente a sus disposiciones hasta la crisis actual que enfrenta a Irán con las grandes potencias. Estados Unidos y Rusia no lo han ratificado y los 25 países de la Unión Europea (UE) lo hicieron en abril de 2004. Argentina y Brasil, que tuvieron el cinismo y el servilismo de votar contra Irán en el Consejo de Gobernadores de la OIEA, no lo han firmado pese a que disponen de una industria nuclear. Otros países de la región, como México o Colombia, adhirieron a él pero no lo han ratificado. (3) Estados Unidos propone ahora un « partenariado mundial nuclear» que consistiría en oficializar el oligopolio de la producción de combustible nuclear por un pequeño grupo de países. (4) Rumsfeld ha declarado recientemente que «la opción militar está sobre la mesa». (5) Tensión a la que contribuye «el choque de civilizaciones» provocado por la publicación de las caricaturas de Mahoma. Dadas las circunstancias y el momento, es una verdadera provocación montada en nombre de la «libertad de expresión». (6) Las dos manifestaciones más recientes en el continente americano de esta política intervencionista y agresiva es el intento, por intermedio de la MINUSTAH y de la mayoría del Consejo Electoral haitiano, de traficar el resultado de las elecciones en Haití, frustrado por la movilización del pueblo haitiano y el ya comenzado desembarco en la República Dominicana (vecina de Haití) de tropas yanquis, las que alcanzarán finalmente a varios miles de efectivos con material militar pesado. El pretexto es que realizarán «tareas civiles». (7) Habría que preguntarles a los Gobiernos de Argentina y Brasil si antes de negarle el derecho a Irán a producir combustible nuclear, contra lo que establece el Tratado de No Proliferación, consultaron respectivamente a los científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares sobre si las actividades nucleares de Irán representan una amenaza o sólo se han limitado a escuchar “la voz del amo”. - Alejandro Teitelbaum es abogado especialista en derecho internacional y diplomado en relaciones económicas internacionales. Artículo publicado en Le Monde Diplomatique nº 81, edición Cono Sur Buenos Ares, marzo 2006.