“…El hambre es la peor causa de violencia…” Ghandi

“…Existen necesidades colectivas y cualitativas

que no pueden ser satisfechas mediante los mecanismos del mercado

y escapan a su lógica: Hay bienes que por su naturaleza

no se pueden ni se deben vender o comprar…”

 Centesimus Annus/ Juan Pablo II.

En el comunicado de la XXIX reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, fueron planteados los principales temas de agenda de este ente regional, delimitados a prevención de la violencia de jóvenes en conflicto con la ley, trata y trafico de personas, desminado, narcoactividad y medidas de confianza mutua. 

Por su parte, el Sistema Interamericano, en la Conferencia Especial sobre Seguridad, advirtió como una de las principales amenazas a la seguridad en el continente “…La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia….”.  De manera similar, el PNUD, en el “Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el Cambio”, ratifica la pobreza como un factor que nos da una idea de los conflictos que podemos esperar en el plano internacional, así como también agrega la degradación del medio ambiente y las enfermedades infecciosas.

En Centroamérica, las previsiones sobre amenazas a la seguridad, actuales y futuras, indican que los ejes centrales de la conflictividad van a mantenerse e incrementarse del 2005 al 2015.  Según el especialista guatemalteco, Gabriel Aguilera, estos ejes se caracterizan, principalmente, a partir de conflictos socio-económicos de carácter estructural (ingreso, tierra, vivienda, salud, educación, laborales, agua, migraciones); conflictos políticos (deslegitimación de partidos, corrupción, lucha entre poderes del Estado); y conflictos de participación (derecho de los pueblos indígenas, de mujeres, defensa recursos naturales y políticas económicas). 

Los conflictos de seguridad ciudadana, pese a su amplia difusión mediatiza e indiscutible tangibilidad para la población, no constituyen el primer escaño de las preocupaciones principales de ésta, que prioriza la falta de empleo o el alto costo de la vida, como necesidades más urgentes a resolver.  Igualmente, conflictos de origen externo, como terrorismo, acceso y uso de armas de destrucción masiva, ataques a la seguridad cibernética y la violación de derechos relacionados con la propiedad intelectual, son percibidos aun más lejanamente como amenazas a su seguridad por el promedio común del ciudadano centroamericano.

No es así en el caso de conflictos de participación, socioeconómicos y políticos.  En la región, al igual que en el resto del continente, se acrecientan los niveles de conflictividad vinculados con el modelo económico neoliberal implementado por los gobiernos centroamericanos que lo asumen como estrategia para el crecimiento del que suponen devendrá el desarrollo.  En oposición, amplios sectores sociales cuestionan el modelo y lo señalan como responsable de profundas desigualdades. 

En este contexto se articulan en toda la región conflictos sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.  En medio de fuertes polémicas, el CAFTA ha sido discutido y firmado de manera inconsulta y prepotente por los gobiernos de cada país centroamericano, imbuidos en una loca carrera por ser el primero en dar mas concesiones al que califican como su principal mercado de exportación y en quien ratifica más prontamente en sus respectivos congresos un Tratado que, mucho más allá de lo comercial, condena la soberanía centroamericana a los dictados de las grandes empresas transnacionales.

Para Norman García, Ministro de Comercio de Honduras, las expectativas de crecimiento económico de este país se estancarían de no entrar en vigencia el CAFTA, ya que el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) vence en el 2008 y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) debe renovarse todos los años.  Este mismo funcionario aseguró que hasta marzo del 2005 entre Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Honduras se perdieron 10 mil 310 empleos por el retraso de los congresos de estos países en ratificar el Tratado comercial con Estados Unidos[1].

En una reciente escala en El Salvador, la Secretaria de Estado del gobierno de Estados Unidos, Condolezza Rice, aseguró que a los países centroamericanos el CAFTA “…les ayudará a reemplazar su pasado de caos por un futuro de comercio…”[2].  Igual discurso sostiene el representante de Comercio de Estados Unidos, Rob Portman, quien en su intenso cabildeo en el Congreso estadounidense hizo un llamado al apoyo de la ratificación del TLC porque representa “democracia y oportunidad de desarrollo económico”[3] para Centroamérica.  El ex congresista Cass Ballenger va más allá, asegura que “…si no tenemos ni la Iniciativa de la Cuenca del Caribe ni el TLC vamos a ver dictaduras otra vez…”[4].

Poco importa para Estados Unidos si el CAFTA es beneficioso o no para las frágiles democracias centroamericanas.  El énfasis de los congresistas y senadores republicanos o demócratas contrarios o indecisos para lograr el mínimo de los 218 votos indispensables para su ratificación se centra en los intereses de productores locales, permanencia de políticas proteccionistas y consideraciones electorales. 

En esa línea, el CAFTA ha sufrido al menos cuatro modificaciones sensibles al pacto que fue firmado en mayo del 2004 curiosamente en el seno de la Organización de Estados Americanos.  Estos cambios únicamente son favorables para USA, que afectan aspectos relacionados con arroz, azúcar y lácteos que los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua habían afirmado eran sus mejores ganancias negociadas en el Tratado.  Uno de los retrocesos más significativos, fue el cambio del acuerdo que las cuotas de importación agrícola en cada país deberían utilizarse después de haberse comprado la producción interna del producto, lo que fue modificado bajo el principio “primer llegado, primer servido” impuesto por Estados Unidos[5].

Los presidentes de la región se sumaron a los cabildeos en Washington, apuntando sus mayores esfuerzos en tratar de convencer a un promedio de 40 miembros de la Cámara de representantes que aparentemente no han decidido su voto.  De la visita surge únicamente lo que serán nuevas concesiones, entre ellas, la enmienda del TPL, relacionada con reglas de origen, que permitía a Nicaragua el uso de telas asiáticas en la confección de ropa destinada a exportarse al mercado estadounidense[6].

Difícilmente se puede hablar del fortalecimiento a la democracia cuando la manera de negociar, pactar, firmar y ratificar el CAFTA ha sido abiertamente excluyente y confrontativa, en beneficio unilateral de Estados Unidos y cuya única participación para los gobiernos del área ha sido la de ceder.  Al firmarse el Tratado, fue pactado que ninguna modificación sería aceptable.  Sin embargo, Estados Unidos si las hizo directamente o a través de cartas colaterales, condicionando además la continuidad en el proceso de los países centroamericanos a la rectificación de sus propias legislaciones y a la profundización de conflictos sociales con sectores afectados por el Acuerdo.

En Guatemala, pese a las promesas del Presidente Oscar Berguer de no eliminar el Decreto 9-2003 que reconocía los datos de prueba de fórmulas y extendía el plazo de patentes de nuevos medicamentos, pesaron más las presiones del Embajador estadounidense, John Hamilton que insistió en el cumplimiento de este país a proteger las patentes de transnacionales farmacéuticas.  De no derogar esta normativa, favorable para los medicamentos genéricos e insumos agrícolas de bajo costo para la población, este país podía quedar fuera del CAFTA, como lo señaló Hamilton, debido a que “…Guatemala cumplía con los requisitos y ahora no…”[7]. 

En El Salvador operó un significativo retroceso en los acuerdos logrados relacionados con cuotas de exportación de arroz, reduciéndolas significativamente a partir de conversaciones bilaterales con el ex Ministro de Economía.  Asimismo, para ajustar la legislación nacional al CAFTA, el Congreso salvadoreño modificó el Art.  574 Del Código Civil[8], renunciando a la jurisdicción de 176 millas marinas de las 200 que establece la Constitución de la República[9].

El Salvador ratificó el CAFTA el 17 de diciembre del 2004.  Honduras lo hizo el 7 de marzo del 2005 y Guatemala dos días después.  En los dos primeros países organizaciones como el Bloque Popular y el Movimiento de Resistencia MPR 12 de octubre invadieron las instalaciones de los hemiciclos protestando en contra del Acuerdo y, en el caso de Honduras, por el incumplimiento de la promesa del Presidente del Congreso, Porfirio Lobo Sosa, de no someter a votación el Tratado mientras no se realizaran consultas con los sectores potencialmente afectados.  Otras iniciativas como la Red Sinti Techan han persistido en presentar piezas de correspondencia que demandan a los diputados salvadoreños anulen su decisión. 

Pese a que Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua aún no han ratificado, sus presidentes Abel Pacheco y Enrique Bolaños han formado parte de la comitiva de mandatarios presente en los cabildeos.  En Nicaragua ya se han cumplido los 15 días que Bolaños auto estableció el 18 de marzo pasado como límite de plazo para sancionar el acuerdo[10], lo que no parece cercano a partir de la oposición del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido político que preside el Congreso.  Este país enfrenta una de sus peores crisis a partir de violentas protestas contra el aumento de tarifas de transporte urbano, alto costo de la vida y en rechazo de los Tratados de Libre Comercio.

En el caso de Costa Rica, que fue el último país en firmar el Tratado después de conceder apertura en sus telecomunicaciones, Pacheco parece haber olvidado su disponibilidad a someter a consideración de una consulta popular la ratificación del CAFTA[11] y pretende obviar a un considerable conjunto de organizaciones que ha conformado recientemente el Movimiento Cívico Nacional, una inédita coalición social unida en su oposición al Tratado. 

Para el Presidente hondureño, Ricardo Maduro, el país que no se pliegue al Tratado, quedara afuera, “…perderá la inversión y las industrias se irían a las naciones que si lo aprobaron…tendría que cerrar la frontera con los otros países centroamericanos para que no entren los productos de afuera.  Tendría que salirse de la integración centroamericana…”[12].

Aparentemente, el tiempo esta en contra del reloj para el Presidente Bush.  La ley de Autoridad para la Promoción Comercial, TPA o “fast track,” que facultó al Ejecutivo la negociación del CAFTA, expira en junio.  La aprobación de esta ley se logró con apenas un voto de diferencia en la Cámara de Representantes, misma instancia que debe ratificar el Tratado ahora, en cuyo seno no se disponen de los votos necesarios, según aseguran Senadores republicanos como Larry Craig o Congresistas Demócratas como Xavier Becerra.  El articulado del Tratado establece que basta la ratificación de Estados Unidos y un solo país centroamericano para que este instrumento entre en vigencia.

No obstante, el logro de las pretensiones de Bush no es imposible.  En todo caso, otro escenario también podría plantearse si la TPA se renueva para un año más y sea atendido el llamado de grupos como la Nueva Coalición Demócrata (NCD) para que el Presidente vuelva a la mesa de negociación, lo que únicamente pospondrá el proceso y abrirían espacios para nuevas modificaciones, esta vez en área laboral o similares al “Agregado ambiental al CAFTA” firmado el 18 de febrero de este año.  Sin embargo, las modificaciones que se plantean no afectaran aspectos medulares de este Convenio.

Los que enfocan su lucha en condiciones de justicia y equidad para los pueblos centroamericanos mal harían en centrar sus esperanzas en la ratificación o no del CAFTA en Estados Unidos.  La oposición esta claramente planteada, también los daños que implica este Tratado han sido expuestas, al igual que los intereses que realmente se ventilan y quienes son sus guardianes. 

Así las cosas, no es apocalíptico prever la profundización de la conflictividad social enraizada en legitimas exigencias de espacios de participación y decisión protagonizadas por los sectores que, en el lenguaje del Banco Mundial, son los perdedores de estas políticas económicas.  La imposibilidad de contener este auge, así como también la equivocada decisión de responder ante ella con represión fue el detonante de los conflictos armados aun de reciente historia en Centroamérica.

Durante las protestas contra el CAFTA en Guatemala en marzo pasado fueron asesinadas dos personas y resultaron heridos e intoxicados varios manifestantes.  La Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) interpuso judicialmente una solicitud de antejuicio contra el Presidente Berguer por la muerte de Juan López Vásquez en Huehuetenango.  La Fiscalía General de la República emitió órdenes de captura contra varios dirigentes de la Central de Trabajadores de Guatemala que participaron en las movilizaciones y la Coordinadora Nacional Indígena Campesina (CONIC) denunció que “…Los cuerpos antimotines actuaron en el centro de la capital con métodos contra insurgentes, tendiendo una emboscada a los manifestantes…[13]”.. 

En Nicaragua el Presidente Bolaños amenazó con sacar al ejército a las calles después de desalojar de las afueras de casa presidencial a manifestantes que por poco lo apalean.  Efectivos del la Brigada Especial de Antimotines de la Policía Nacional dispersaron la movilización con el resultado de varios heridos y aproximadamente 100 detenidos acusados de terrorismo[14].

Por su parte, en Movimiento Cívico Nacional de Costa Rica ha hecho un llamado al mandatario costarricense para que “…renuncie radicalmente a las pretensiones de enviar este inconveniente TLC a la Asamblea Legislativa.  Hacerlo será interpretado como una provocación a la confrontación, que más allá de lo social podría derivar en lo civil…[15]” De cara a la liberación del monopolio estatal de telecomunicaciones condicionado en el CAFTA, Albino Vargas, dirigente de ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos, advirtió desde hace dos años que “…esto va a ser una confrontación muy grande en las calles del país.  Vamos a hacer una polarización total y lamentablemente la paz social esta en peligro…”[16]. 

Para nadie esta situación pasa inadvertida.  Unos radicalizaran sus acciones.  Los otros, no se molestan en distinguir entre un sindicalista y un terrorista.  Al igual que la “guerra preventiva”, el léxico de la gran potencia y sus seguidores seguirá ampliándose a términos como el de “terrorista económico”[17] utilizado por Jorge Interiano, Gerente de la Asociación Hondureña de Maquiladoras en contra del dirigente sindical Charles Kernegan.

Ya funcionarios del Departamento de Estado agregan a su amplio listado de amenazas a la seguridad del continente el “populismo radical”, igualándolo en riesgos al mismo nivel que el narcotrafico y el terrorismo, en explícita advertencia a los que fuera del libreto del CAFTA impulsan procesos de integración latinoamericanos capaces de negociar conjuntamente, con fuerza política y económica, ante la Organización Mundial del Comercio, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

Definitivamente si existe otro camino, que empieza por el fortalecimiento de leyes contra precios internacionales artificialmente altos (antidumping), la protección de la agricultura y la soberanía alimentaria, la sujeción de cualquier firma de tratado comercial a principios de derechos humanos, la transferencia de tecnología, libre circulación de trabajadores, el concatenamiento de las inversiones con el resto de la economía de nuestros países y particular atención en sus grandes asimetrías. 

El CAFTA da la espalda a principios tan básicos como éstos, por lo que avanzar en otra dirección es lo correcto.  El costo, sin embargo, es alto.  Implica confrontar con los poderosos, que no escatimaran en dirigir su índice a los que identifican como “movimientos que socavan las democracias”.  Y es que “…ya no basta con la democracia, debe haber seguridad también…”[18], nos dice Róger Pardo Maurer, Vicesecretario Adjunto de la Oficina de Programas de Seguridad Internacional del Departamento de Defensa de Estados Unidos.  Así es, complementa Linda Jewell, Vicesecretaria Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental: “…Es que hay que entender que después del 11 de septiembre, las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado…nuestra seguridad interna depende de la seguridad de nuestros vecinos en la región…[19]”.

No hay duda alguna.  ¡Claro que entendemos!