En febrero de 2001 se reunieron en Cancún, a iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), representantes de 12 países con los más altos niveles de diversidad biológica y cultural, para conformar el llamado Grupo de Países Megadiversos Afines. Actualmente sus miembros son: Bolivia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, India, Indonesia, Kenya, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela. Según su propia estimación, en estos países se encuentra 70 por ciento de la diversidad biológica y 45 por ciento de la diversidad cultural (léase indígenas, campesinos, pescadores, comunidades negras, habitantes de los bosques y otros). Ese grupo ha actuado desde entonces como organismo de "consulta y cooperación para promover los intereses comunes relacionados con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad" en varios foros de Naciones Unidas, tales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable en Johannesburgo y otros. La "consulta" ha sido desde entonces entre sectores de gobiernos y en ninguno de los países se han molestado en consultar a 45 por ciento de la diversidad cultural del mundo presente en sus países para saber lo que opinaban de esta propuesta. Esto no inhibió que México en Johannesburgo, aunque hizo un vergonzoso silencio sobre la contaminación del maíz indígena con transgénicos -que aún mantiene- y a la falta de respeto a los derechos y culturas indígenas, destacara esta iniciativa como una de las mayores contribuciones que ha hecho al desarrollo sustentable. O a que Bolivia, mientras perseguía y reprimía a los indígenas y campesinos de su país, informara que su mayor logro en esa cumbre había sido integrarse al Grupo de Países Megadiversos Afines. Inmersos en un considerable derrame de "ecodemagogia", como la llamó Alejandro Nadal, los objetivos reales del grupo son constituir la plataforma de un cártel para vender su biodiversidad al mejor postor. Funcionalmente a este objetivo, en la Declaración de Cancún que les dio origen, sientan las bases, entre otras cosas, para la valoración económica de la biodiversidad, para fomentar la participación privada en la "conservación" de ésta, las patentes sobre seres vivos a cambio de que se reconozca el origen de los recursos y se pague algún porcentaje sobre ellos, y ya que estaban en las confesiones, también para fomentar el desarrollo de la biotecnología. En una reunión posterior realizada en Cusco, Perú, en noviembre de 2002, recogen también el mandato de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Doha, donde se planteó que en el contexto de las discusiones sobre propiedad intelectual -ADPIC, que obliga a todos los países miembros a patentar seres vivos-, ver la relación de estos acuerdos con el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el conocimiento tradicional. Una propuesta que ya desde antes había sido ampliamente rechazada por muchos pueblos indios y organizaciones indígenas, campesinas y sociales del mundo, por oponerse a cualquier forma de patentamiento sobre biodiversidad y conocimientos asociados a ella, y por considerar que la OMC es el foro más antidemocrático e inadecuado para tratar estos temas y que su inclusión responde al intento de subordinar -ahora legalmente- todos los temas a la voracidad del dios único del comercio internacional y a sus sacerdotes, las trasnacionales. Paralelamente, el Convenio de Diversidad Biológica ha ido allanando este camino cada vez más, por ejemplo mediante las Directrices de Bonn, que aceptan las patentes como medio para recibir un "reparto de beneficios" por el uso de la biodiversidad, y que insta a que los países -sobre todo los megadiversos- creen legislaciones de acceso a los recursos genéticos que legalicen la biopiratería. Al mejor estilo de Inglaterra con Francis Drake, que mientras no pagaba porcentajes a la corona era un salvaje pirata, pero cuando accedió al "reparto de beneficios", siguió haciendo exactamente lo mismo, pero la corona inglesa lo nombró sir Francis Drake. El próximo septiembre se cierra el círculo y, otra vez en Cancún, ahora en la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, los integrantes de este Grupo de Países Megadiversos Afines, liderados por México como anfitrión, se preparan a aparecer como los grandes defensores de la biodiversidad y el conocimiento tradicional, al demandar que los ADPIC deben asegurar que se reconozca el origen de los recursos para patentar y que se pague algún porcentaje por ellos. O sea, ahora parece que las patentes, que son uno de los instrumentos privilegiados de las multinacionales para privatizar y monopolizar los bienes comunes y públicos, serán el instrumento justiciero de los mismos pueblos a los que han saqueado por centurias. Y como paradoja final, frente a la aparente falta de acuerdo de las potencias mundiales sobre como van a negociar en Cancún los aspectos agrícolas para explotar mejor al Tercer Mundo y terminar con las economías campesinas, estos países saldrán al rescate de los gobiernos y las multinacionales de Estados Unidos y Europa, ofreciendo una salida de buena venta mediática, haciendo aparecer que la venta de la biodiversidad e incluso de muchos otros servicios ambientales es una reivindicación del Sur. * Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC.