Llamamiento Final Este Congreso afirma que para la construcción de paz y país no hay alternativa diferente a la solución política negociada. La guerra no es viable ni humana, ni económica ni políticamente. Es imperativo continuar y concretar el proceso de negociaciones con el Ejercito de Liberación Nacional ELN y crear las condiciones que permitan el pronto restablecimiento de las negociaciones con las FARC. Ello exige reconstruir la confianza entre las partes sobre la base del pleno respeto y aplicación de los derechos humanos y el acatamiento del derecho internacional humanitario. El gobierno debe acogerse a las recomendaciones de las Naciones Unidades y de la Corte Interamericana sobre de derechos humanos y cumplir con su obligación de luchar contra los grupos paramilitares. Atravesamos por una grave crisis social que se expresa en el desconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población y en la degradación de las condiciones de vida de los colombianos. Más del 50% de los colombianos viven en condiciones de pobreza, 20 personas mueren o desaparecen diariamente por la violencia sociopolítica, cada día una persona es víctima de desaparición forzada, ocho son secuestradas y casi mil son desplazadas forzadamente. La solución en profundidad de estos problemas y la superación de las causas del conflicto requiere de la participación organizada de la sociedad y la construcción de poder ciudadano a partir del fortalecimiento de los procesos locales, regionales y sectoriales y del respeto a la nación pluriétnica y pluricultural; así con base en una agenda social que sirva de fundamento a las transformaciones democráticas de la sociedad, es preciso avanzar en la construcción de un nuevo país. Una paz estable y duradera, como lo expresó la CUT en la instalación de este Congreso, sólo será posible si se hacen transformaciones avanzadas que le pongan freno al enriquecimiento desmedido de unos pocos y redistribuya el ingreso, que mejoren las condiciones de vida y de trabajo y que democraticen la vida del país posibilitando la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan, más allá de los certámenes electorales. La paz no debe reducirse a la finalización de la confrontación armada, es decir, a un asunto meramente militar. El fin del conflicto armado debe abrir nuevos caminos a la democracia, la justicia social y la superación de la impunidad. La resistencia a la guerra es un proyecto de esperanza para la sociedad colombiana que contribuye desde lo local a la construcción de la paz y a la defensa de los derechos de todos y todas. La insurgencia, el paramilitarismo y el Estado y sus Fuerzas Armadas deben respetar la decisión de las comunidades indígenas, negras, gitanos y raizales de mantenerse al margen de la confrontación, respetar su autonomía, territorios y autoridades. Esta resistencia a la guerra se ha extendido a sectores del campesinado, pobladores urbanos, movimientos de jóvenes y de mujeres, lo que expresa la voluntad colectiva contra la guerra y a favor de la paz. La paz mediante el dialogo y la negociación es posible El diálogo en medio de la guerra y la guerra sin diálogo deben ser superados por un nuevo proceso que desde este Congreso exigimos a las partes a partir de nuestra condición de expresiones sociales que nos resistimos a aceptar pasivamente la guerra y que estamos convencidos de que este conflicto sólo puede terminar en una mesa de negociación. La sociedad demanda a la insurgencia jugar en un nuevo ordenamiento político democrático y al establecimiento ceder en privilegios y entrar por la vía de las transformaciones políticas y sociales. Pero un nuevo proceso de paz entre el gobierno y las FARC y la consolidación de un proceso con el ELN deben tener en cuenta algunos criterios para reconstruir confianzas entre las partes contendientes, el país y la comunidad internacional con miras a emprender nuevos caminos de diálogo. Entre tales criterios están: 1. Manifestaciones inmediatas y unilaterales de acatamiento del derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública y la insurgencia, expresamente en lo que se refiere a la exclusión de la población civil del conflicto, la suspensión inmediata del uso de armas de efectos indiscriminados (artesanales o de alta tecnología), el cumplimiento por parte del gobierno de Colombia de las recomendaciones de Naciones Unidas en el tema de los derechos humanos, la impunidad y el paramilitarismo y la libertad de todos los secuestrados y secuestradas en el país. 2. Decisiones inmediatas del gobierno y el ELN para materializar la propuesta de tregua integral bilateral como un paso decisivo para afianzar un proceso de paz con este grupo insurgente en la perspectiva de realizar la Convención Nacional que se propone. Igualmente preservar los valiosos aportes de la comunidad internacional en este proceso. 3. Recuperación de la agenda acordada entre el gobierno y las FARC y definición de un nuevo cronograma sobre la base de un compromiso de las partes de no levantarse de la mesa hasta la firma de un acuerdo final de paz, aprovechando para este propósito las Recomendaciones de la Comisión de Personalidades que alcanzaron el carácter de preacuerdo. 4. Acuerdo para que sea posible que un país o países sean sedes de acercamientos entre el gobierno y las FARC con facilitación y veeduría internacional en el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y en el desarrollo de la agenda y el cronograma. 5. Habilitación de espacios de diálogo e interlocución entre las Mesas de Negociación y diversas expresiones de la sociedad civil para que se conozcan las propuestas e iniciativas de los sectores sociales que no participan en el conflicto armado y si sufren sus consecuencias. Negociación bilateral y nacional, reconocimiento e interlocución con la sociedad civil y política. 6. Los diálogos de paz emprendidos por autoridades locales y regionales son imprescindibles para el logro de la paz. Con ellos se hacen posibles los acuerdos humanitarios, la gobernabilidad, la aproximación a la superación del conflicto. Más que oponerse a ellos el gobierno central lo que ha de hacer es asumirlos, rodearlos de garantías y liderarlos. 7. Discusión de un modelo de tregua o cese de hostilidades como preámbulo para que el proceso se adelante en territorio nacional, bajo el monitoreo de la sociedad civil y la facilitación de la comunidad internacional. 8. La paz necesita el concurso claro y decidido de las Fuerzas Armadas en el marco de una política nacional y estatal de paz; es preciso acordar la forma de hacer viable su participación en el proceso de diálogo, negociación y acuerdo nacional de paz. 9. La construcción de la paz implica la participación de la mujer en las instancias visibles y definitorias del proceso. 10. En la preparación de las condiciones para el reencuentro y fortalecimiento de alternativas de solución política, es urgente buscar escenarios de diálogo y concertación entre el gobierno y los sectores sociales para buscar salidas a la profunda crisis social y económica que vive el país. Crisis humanitaria Los dolorosos acontecimientos de estos días en Bojayá, Barbacoas, Catatumbo, Sierra Nevada y Putumayo, entre otros de toda geografía nacional retumban en este Congreso mostrando la magnitud de la crisis humanitaria. En Bojayá se conjugaron la indolencia e irresponsabilidad del Estado ante las alertas sobre graves amenazas para la población civil, la complicidad de la fuerza publica con los operativos de los paramilitares y la acción brutal de la guerrilla que recurrió a armas de destrucción indiscriminada produciendo la muerte a más de un centenar de civiles. Los bombardeos desde aviones y los ametrallamientos desde helicópteros no identificados contribuyeron también a la muerte de civiles. Cerca de 500 seres humanos entre combatientes y no combatientes son el saldo monstruoso de los acontecimiento de Chocó, que muestran la imagen exacta del camino de la guerra que ofrecen a Colombia los promotores del desastre nacional. A todos los grupos armados irregulares y a las fuerzas del Estado, les decimos desde este Congreso. La garantía y realización del los DDHH son fundamento para el logro de la paz. El Estado no se puede excusar en la existencia del conflicto armado para incumplir sus obligaciones en materia de DDHH y de aplicación de las normas humanitarias. Ni los grupos insurgentes o paramilitares se pueden escudar en la existencia de una guerra irregular o en las acciones de barbarie de otros, para desconocer las normas humanitarias. Para afrontar la situación de barbarie, los crímenes de guerra que se vienen cometiendo, las graves violaciones a los derechos de la población civil, es fundamental el levantamiento pacifico de los ciudadanos en contra de la guerra y la violencia. El Estado, como lo reclama el Senador Edward Kennedy e importantes organizaciones de Derechos Humanos en el mundo, debe combatir efectivamente a las llamadas autodefensas ilegales, romper en forma definitiva todo tipo de vínculo con los paramilitares; debe superarse la impunidad y someter a la justicia ordinaria a los oficiales implicados en violación de derechos humanos. Hechos como los de Bojayá o el Naya, no pueden quedar en la impunidad. Tribunales ad hoc y misiones internacionales deben contribuir con las instancias nacionales al esclarecimiento de estos crímenes y a la vigilancia para que se establezca la verdad y opere la justicia. Este es un llamado a la efectiva solidaridad con las víctimas de la barbarie y la confrontación violenta. Con los desplazados que requieren respuestas prontas e integrales, con las comunidades amenazadas y sitiadas que se ven sometidas al hambre, al racionamiento arbitrario y al abandono. Con los huérfanos y huérfanas de esta guerra inútil. Con las personas secuestradas y desaparecidas y sus familias que reclaman vida y libertad inmediata. Reforma política y democracia El congreso Paz y País plantea la urgencia de una reforma política y social incluyente, que tenga en cuenta la división de los poderes públicos (ejecutivo, judicial y el control público); la relación fuerza pública estado y sociedad, el ordenamiento territorial y administrativo, el sistema de participación política, partidos y régimen electoral, en el camino de la construcción democrática de nación desde nuestros propios acumulados históricos y culturales. Así mismo esta reforma debe reconocer las múltiples formas de discriminación en términos de clase social, étnica, genero, generaciones, orientación sexual y tomar medidas concretas para superarlas. Política social Existe una crisis general de la política social como resultado del modelo económico vigente. Se acentúa la crisis en campos como el empleo, la salud y la seguridad social. Ante la exclusión se produce una dinámica muy activa hacia la participación de grupos que representan minorías étnicas, sexuales o sectores como las mujeres, los jóvenes y ancianos que buscan mayor visibilidad de reconocimiento social para poder acceder al desarrollo social y económico. Como estrategias principales se plantean cese inmediato a las hostilidades sociales, cambio al modelo de desarrollo económico por un modelo alterno democrático con equidad y justicia social, acciones unificadas de los sectores sociales, sindicales y organizaciones políticas y de la sociedad civil, interesados en superar la crisis social. Fortalecer procesos particulares existentes o que se están gestando para elaborar entre todos una reforma con contenido social en los modelos laboral, educativo, de salud y seguridad social, lo cual implica cambios legales e inclusive constitucionales (Ej. Reforma o derogatoria de la ley 30, ley 100, ley 115, ley 715, ley 60, ley 27, entre otras). Generar espacios, foros, eventos u otros mecanismos o acciones a nivel local, regional y nacional que permitan a los grupos minoritarios y a los sectores más vulnerables de la sociedad civil la visibilización que persiguen y que democráticamente les corresponde. Política agraria, soberanía alimentaria y cultivos de uso ilícito Hay que hacer del campo, del campesino y de la soberanía alimentaría un propósito nacional. La reconstrucción democrática del campo choca con el proyecto de ley general agraria del gobierno y con las fumigaciones aéreas de cultivos proscritos. La propuesta alternativa es la reforma agraria con nuestros campesinos, planes de vida regionales y protección y fomento de la producción nacional. Política antidrogras y plan Colombia La actual política prohibicionista antidrogas, basada en las fumigaciones, impuesta por los Estados Unidos muestra un estruendoso fracaso. Como estrategia de seguridad, aplicada a través del Plan Colombia y de la Iniciativa Regional Andina, viola nuestra soberanía, incrementa la guerra y tiene altos costos humanitarios sobre todo para los campesinos pobres e indígenas. Exigimos su suspensión y la definición de una política antinarcóticos de corresponsabilidad en concordancia con la construcción de la paz. Cooperación internacional Entre la sociedad democrática de Colombia y la comunidad internacional - gobiernos y sectores sociales de los países - debemos confluir en la promoción de todas las formas de cooperación internacional que contribuyan a la solución política del conflicto colombiano a partir del principio de soberanía nacional basada en la justicia social, la democracia y la equidad. Con la Señora Danielle Miterrand compartimos, para el caso colombiano, su afirmación sobre que la lista del terrorismo elaborada por los Estados Unidos no es aceptable: "No debería, dice ella, haber una lista, con la justicia es suficiente". Los pronunciamientos de la comunidad internacional no deben chocar con la necesidad de solución política y del papel facilitador de los organismos internacionales y al mismo tiempo éstos deben ser implacables con cualquier violación en los derechos humanos y el DIH. Para hacer frente a la impunidad y buscar la verdad y la reparación en el camino de la paz es de trascendental importancia el esfuerzo mancomunado para poner en vigencia el Tribunal Penal Internacional y su acción efectiva en contra de los crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad. Esas voces unidas al rechazo al Plan Colombia y a la Iniciativa Regional Andina, y la posición europea de no apoyar el militarismo es el camino de la esperanza y de la solución política. Este Congreso Nacional de Paz y País reitera al Gobierno la exigencia de que se adopte una política seria y coherente que garantice la vigencia de los derechos y el ejercicio de las libertades democráticas, que combata eficazmente el paramilitarismo y acabe la impunidad, que proteja a las viudas, a los huérfanos, a los desplazados y a todas las víctimas del conflicto. También pedimos un cambio de rumbo en la política económica y social. Que cesen los atentados contra los derechos de los trabajadores y del pueblo y que se ponga en marcha una política orientada a resolver los más apremiantes problemas de la población, pues la miseria y la desesperanza en nada contribuyen a la paz. Movilización ciudadana por la paz Desde este Congreso nos comprometemos a fortalecer los procesos locales y regionales y regionales que avancen en la construcción de la convivencia, la paz y la resistencia a la guerra a partir de sus propias dinámicas e intereses en el marco de la construcción de un nuevo país. Llamamos a la movilización directa y efectiva de todos los sectores y de los colombianos y colombianas en pro de la paz y a favor de propuestas políticas y pacíficas. El movimiento de paz acoge la afirmación de soberanía, de poder ciudadano autónomo y el proceso constituyente que se insinúa por todo el país y que incluye la voluntad de reformas económicas, sociales, políticas e institucionales a fin de hacer posibles los cambios en profundidad que requiere la nación, la convivencia cotidiana y la solución pacífica del conflicto social. El movimiento de paz deja abiertas las posibilidades de articulación y unidad a través de diversas formas de coordinación, el impulso al parlamento ciudadano, las Redes por la Paz, las Asamblea Por la Paz, las Mesas Ciudadanas, los Territorios y Comunidades de Paz y expresiones de resistencia a la guerra. Así mismo el movimiento apoya las diversas formas y dinámicas de participación, en particular la planeación y los presupuestos participativos y el control social de la gestión pública. Desde este Congreso Nacional de Paz y País, con participantes provenientes de todas regiones y sectores, con nutrida presencia de la comunidad internacional, llamamos a los colombianos y colombianas a levantar las banderas de la esperanza y a decirle al mundo que en Colombia la paz es posible porque millones nos comprometemos con la vida, la democracia y la justicia social. Bogotá, 11 de mayo de 2002