A partir de la crisis de la deuda a inicios de la década de los 80´s, las instituciones financieras internacionales (IFIs), que incluyen al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), han exigido la aplicación de políticas de ajuste estructural (PAE) con el objetivo de asegurar los excedentes financieros necesarios para el pago del servicio de la deuda externa. Estos PAEs son impuestos a los países en desarrollo a cambio de “mejorar” la imagen pública internacional y la “concesión” de ayuda externa (la cual es, en realidad, nuevo endeudamiento); sin embargo, conllevan una serie de condicionalidades y exigencias que repercuten negativamente en la soberanía y autonomía del país. El Banco Mundial desea que el Ecuador expanda su economía para garantizar el pago de la deuda externa a través de una nueva industria no desarrollada en el Ecuador: la minería. Esto conlleva a sacrificar los bosques para que el país pueda cumplir con las condicionalidades impuestas. Para esto el Banco Mundial ha promovido no solo en Ecuador la ejecución de proyectos mineros sino en varios países latinoamericanos. Es así, como en 1990 los préstamos para proyectos mineros representaban un 13% en Latinoamérica pasando en la actualidad a un 30% . Respondiendo a este interés el Banco Mundial aprobó en 1993 la ejecución del Proyecto de Asistencia Técnica para Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA) en el Ecuador. Este proyecto consistía en un préstamo de asistencia técnica por US$22,1 millones . El proyecto buscaba principalmente: “reformar el sector minero del Ecuador y crear condiciones propicias para i) ayudar al Ecuador a aplicar la legislación sobre minería a fin de atraer inversión privada para una producción minera inocua para el medio ambiente y contribuir al desarrollo sistemático de esta, y ii) detener y paliar el deterioro ambiental derivado del uso de tecnología primitiva e inadecuada en operaciones mineras artesanales y en pequeña escala” El 17 de diciembre de 1999, el Grupo de Inspección registró una solicitud de inspección del proyecto PRODEMINCA proveniente de Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) y por cuatro miembros de la Asociación de Caficultores Orgánicos Río Intag (AACRI). Su solicitud es en contra de uno de los principales objetivos del proyecto que es la promoción de la minería en el Ecuador, ya que “El proyectó recolectó datos geoquímicos de 36000 kilómetros cuadrados de la zona occidental de Ecuador (3,6 millones de hectáreas), incluyendo 7 áreas nacionales protegidas (Parques Nacionales, Páramos), y docenas de reservas forestales privadas o públicas. En muchos casos, la muestra tomada se hizo de manera ilegal, sin el consentimiento de los propietarios de las tierras” En el pedido: “Los solicitantes alegan que la comunidades que representan pueden sufrir perjuicios sustanciales como resultado de la inobservancia de normas y omisiones del Banco en el diseño y ejecución de proyecto. En particular, afirman que la divulgación general de mapas con datos mineralógicos recogidos en el marco del componente de geoinformación del proyecto atraerá a compañías mineras y de los mineros “informales”. A juicio de los solicitantes, ello tendrá un impacto destructivo en las zonas en las que habitan y sobre las áreas protegidas y sus zonas de amortiguación. También impedirá que las comunidades locales continúen realizando sus actividades ecoturísticas y agrícolas tradicionales y dará lugar a graves problemas sociales en el seno de esas comunidades. Los solicitantes aseveran que las actividades de minería en esas zonas no se podrán evitar si los mapas y los datos de geoinformación revelan la existencia de un potencial minero en la región, y que producirán una degradación significativa de hábitats naturales críticos, incluidos el ecosistema de El Chocó y la Reserva Ecológica de Cotacahi-Cayapas. Esta última es considerada como uno de los hábitats naturales más ricos que quedan en el mundo y una de las zonas de singular biodiversidad amenazadas” En mayo del 2000, el Grupo inició una investigación para constatar si el Banco Mundial había infringido sus políticas y procedimientos operacionales en el diseño, evaluación inicial y supervisión del proyecto. En particular lo referente a evaluación ambiental (EA), sobre zonas silvestres y sobre supervisión de proyectos. Para DECOIN algunas de las principales violaciones del proyecto son : Ninguna (EA) se ha realizado en la parte norte del Ecuador a pesar de estar la Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas y dos reservas biológicas únicas en el mundo. La EA se la hizo sin ninguna consulta a la población local. De hecho, el reporte establece que la primera de la serie de reuniones se la hizo aproximadamente 3 años después de que se completó la EA. Las reuniones para informar a la población local (de Imbabura) comenzaron 5 años después del término de las EA, aproximadamente al fin del proyecto. La EA no evaluó el impacto potencial que presentaba el proyecto de áreas protegidas, a pesar de que mencionaba la extraordinaria biodiversidad de los bosques del noroccidente ecuatoriano. (los impactos potenciales a las áreas protegidas fueron expuestas por expertos del Banco antes del proceso de EA, pero nunca se los mencionó en la EA).La EA no incluyó la investigación de elementos bióticos. Algunas de las conclusiones del Grupo de Inspección son : El Banco no cumplió con las disposiciones pertinentes sobre evaluación ambiental.(Numeral 32) El Banco no cumplió con las exigencias relativas al suministro de datos básicos suficientes en le informa de evaluación ambiental. (Numeral 35) El análisis del marco institucional, normativo y jurídico efectuado en el informe de evaluación ambiental, si bien no es exhaustivo cumple con las normas pertinentes del Banco.(Numeral 37) El Banco no cumplió con las exigencias relativas a las consultas durante la preparación del proyecto. (Numeral 58) Pero a pesar de las mencionadas conclusiones, inexplicablemente el Panel de Inspección concluye que el proyecto no violó las políticas del Banco Mundial a pesar de que en su propio reporte muestra serias violaciones. En la actualidad, la información proveniente del proyecto PRODEMINCA está siendo vendida. Esta información que promueve el desarrollo de la industria minera incluye datos sobre áreas protegidas. “Una de las principales consecuencias del proyecto fue la reforma sobre la legislación minera que eliminó varias controles fiscales y protección ambiental como derogar la prohibición de actividades mineras en áreas protegidas, y la eliminación de las regalías a las industrias mineras” . “La injusta decisión del Panel de inspección, a pesar de haber encontrado varias violaciones cometidas por el Banco Mundial, da luz verde para los planes del sector minero nacional e internacional para obtener acceso a millones de hectáreas de áreas protegidas en el Ecuador para la minería, e inevitablemente establece las bases para conflictos interminables entre compañías mineras, la población local y los gobiernos locales”. Noviembre del 2001 Gingsberg, S. “Battling Mining in Ecuador’s National Parks”. Julio 2000. www.decoin.org.
De los cuales US$14 millones provienen del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y el resto proviene de cooperación sueca e inglesa.
Informe y Conclusiones del Grupo de Inspección sobre el proyecto de Asistencia Técnica para Desarrollo Minero y Control Ambiental en el Ecuador. Panel de Inspección, 23 de febrero del 2001.
El Panel de Inspección fue creado para proveer un foro independiente a civiles que crean que sus intereses han sido o puedan verse directamente afectados por un proyecto financiado por el Banco Mundial.
Organización no gubernamental (ONG) del Valle de Intag en el Ecuador.
DECOIN. “Inspection Panel Report Discovers Major Violations of World Bank Policies in a Mining Project”. Junio 2001.
www.decoin.org
Ver supra nota 3
ver supra nota 6
ver supra nota 7
ver supra nota 6
idem