Misión Civil para la Paz en Chiapas

23/05/2000
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Segunda Misión Nacional e Internacional de Observación Civil para la Paz en
Chiapas


Introducción:

A seis años del conflicto en Chiapas, un grupo de organizaciones sociales y
civiles, académicas, nacionales e internacionales, decidió realizar la
Segunda Misión Nacional e Internacional de Observación Civil para la Paz en
Chiapas con los siguientes objetivos: escuchar y observar de manera directa
el punto de vista de los diversos actores de la realidad chiapaneca sobre la
situación cultural, económica, civil y social, después de 75 meses de
conflicto, a fin de contribuir a la elaboración del diagnóstico y de
propuestas de participación ciudadana para una resolución pacífica del
conflicto que tome en cuenta las causas que lo originaron.

A la convocatoria se sumaron cientos de personas de todo el país y se
recibieron docenas de solicitudes internacionales para participar en la
Misión, sin embargo se encontraron múltiples obstáculos de tipo
administrativo que imposibilitaron el ingreso a México de la mayor parte de
los interesados. (...)


Problemas Comunes

Para el logro del principal objetivo de esta misión que fue el de conocer el
impacto del conflicto sobre la población civil, se decidió utilizar como un
eje de análisis el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales firmado y ratificado por el Gobierno mexicano. Otro de
los ejes fue el de testimoniar, de manera directa, el impacto sobre el
ambiente.

Dos aspectos muy importantes que plantea el pacto son: compromiso de los
gobiernos firmantes de dedicar la mayor cantidad de recursos disponibles para
mejorar las condiciones de población y que las acciones encaminadas a este
fin se realicen sin discriminación alguna por razones políticas, religiosas,
étnicas o de ninguna otra índole.

Con referencia a lo anterior, los grupos de la misión pudimos constatar que:

1. Los recursos gubernamentales destinados a construir infraestructura
militar y al sostenimiento del gran número de efectivos militares en la
región exceden con mucho a la inversión visible en gasto social.

2. También se pudo recabar información suficiente para afirmar que en las
regiones de conflicto se ha impuesto un modelo de desarrollo e inversión
pública que excluye a una gran parte de la población y que alimenta una
profunda polarización económica y social que de no rectificarse, no sólo
impedirá la resolución del conflicto actual, sino que alimentará una
interminable cadena de nuevos resentimientos y violencia. Además de lo
anterior, este tipo de inversión ha provocado rupturas fuertes del tejido
social y está afectando directamente las condiciones necesarias para el
ejercicio del voto libre para los próximos procesos electorales.

3. Fuerte contraste entre el discurso de los funcionarios públicos
entrevistados y las opiniones de las personas visitadas en las comunidades;
para los primeros, la entidad está en paz, se ha atendido la pobreza, se ha
propiciado el diálogo, y se han disminuido las situaciones de violencia; en
las comunidades entrevistadas, que pertenecen a las más diversas ideologías,
religiones y regiones del estado, las apreciaciones sobre los mismos puntos
son diametralmente diferentes, lo cual así se constató en la visita de los
observadores de la Misión.

4. Se pudo constatar un fuerte movimiento de tropas en todas las regiones
visitadas. La militarización, continúa creciendo, aunada a la presencia de la
Policía Federal Preventiva en diversas zonas de la entidad, acrecentando
también por este motivo la destrucción del tejido social, así como la
violación de garantías individuales y sociales, todo lo cual ha estado
provocando terror sicológico en las comunidades,

5. En ninguno de los lugares visitados se observaron o mencionaron acciones
gubernamentales efectivas para apoyar técnicamente a la población para frenar
la destrucción de los recursos naturales y para optar por un desarrollo
sustentable.

6. Se pudo constatar una vez más el carácter insuficiente y clientelar de los
apoyos al campo.

7. La Reserva de la Biosfera de Montes Azules es amenazada por la falta de
políticas adecuadas y de alternativas económicas para la población de la
región.

8. La destrucción ambiental es impulsada por la imposición de un modelo de
vida externo que promueve el consumo superfluo y el individualismo en las
minorías beneficiadas económicamente por la presencia del Ejército,
contribuyendo así a la ruptura del tejido social y a la desaparición de
formas organizativas que han permitido durante siglos preservar a las
culturas indígenas.

9. Los más de cien integrantes de la misión pudieron observar los efectos
devastadores del ambiente de las obras gubernamentales para las cuales no se
consulta a la población ni se realizan estudios serios de impacto ambiental.

10. En contraste con las actitudes autoritarias para resolver los problemas
ambientales en Montes Azules, el gobierno permite la impunidad del constante
tránsito de camiones cargados de madera en las carreteras o la colusión de
funcionarios corruptos en la destrucción de los cerros del Valle de San
Cristóbal bajo millonarios contratos para la construcción de caminos.

11. Se pudo constatar la paulatina institucionalización de los presuntos
grupos paramilitares para la organización de las tareas administrativas y de
vigilancia que se realizan en las distintas comunidades.

12. Ante la ausencia de planes de desarrollo para la zona, se pudo constatar
que en algunos sectores, la gente deposita sus expectativas en los discursos
políticos de los candidatos, lo cual, en caso de incumplimiento, pudiera
generar otro tipo de conflictos en los momentos pos-electorales.

13. Se observó la agudización de las condiciones de los desplazados,
pertenecientes a diversos grupos políticos, caracterizadas por la ausencia de
campamentos especiales.

14. Respecto a la igualdad de oportunidades y de condiciones para hombres y
mujeres la misión observó que las mujeres han sufrido los peores estragos del
conflicto. Todas las formas de violencia contra las mujeres se han
incrementado; su participación en la vida económica y cultural se ha visto
reducido por la avasalladora presencia del Ejército y por la inseguridad
impuesta por los grupos paramilitares.

15. Pese a los datos oficiales en el sentido de que han mejorado las
condiciones de salud, la misión visitó localidades que no tienen acceso real
a servicios de salud. La politización de la atención debido al uso político
que se ha hecho de los programas ha promovido la desconfianza y su rechazo,
lo que ha ocasionado que estos no beneficien a una parte importante de la
población que ha visto deterioradas sus condiciones de salud, sin que su
situación se vea reflejada en las estadísticas.

16. Las condiciones de salud mental de la población presentan signos de grave
deterioro, la ocurrencia suicidios, el incremento de la violencia intra
familiar, el desmedido incremento del consumo de bebidas alcohólicas, la
aparición de otros tipos de adicciones, la depresión, el miedo y la violencia
reflejan la ruptura del tejido social, la frustración, el resentimiento y la
desesperanza que se apropia de una parte importante de la población.

17. El Comité de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas recomendó al gobierno mexicano tomar las medidas necesarias
para evitar la interferencia de las fuerzas armadas en los programas
sociales. La labor social del ejército en las zonas de conflicto, las
dificultades para acudir a los servicios de salud debido a los retenes y la
instalación de puestos militares aledaños a las clínicas y escuelas,
constituyen una interferencia clara en los programas sociales.


Texto completo del informe de la Segunda Misión Nacional e Internacional de Observación Civil para la Paz en Chiapas
https://www.alainet.org/es/articulo/104700?language=en
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