A espaldas de las mujeres del país, el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana ha transformado, en el marco de la Reforma del Estado, a la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres en Consejería para la Equidad de la Mujer. Ante este hecho, inadmisible, una amplia expresión del Movimiento de Mujeres colombiano desea manifestar su indignación y protestar enérgicamente contra esta decisión, que claramente desconoce los avances que con relación al mecanismo nacional para el adelanto de la mujer se han logrado en Colombia. Es claro, como ya hemos denunciado ante la comunidad internacional y ante el país que con ello, la Institución pierde su carácter de Unidad Administrativa Especial, su autonomía administrativa, su patrimonio y régimen presupuestal propios y se convierte en una dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Sin duda, esta movida lleva a que la instancia nacional para la promoción de la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres pierda independencia y jerarquía institucional, quedando su existencia como Consejería Presidencial para la Equidad al arbitrio del Presidente de la República en el "gobierno de turno". Esta situación se torna aún más grave con la noticia de que también la Oficina de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura ha sido cerrada lo que muestra que el Gobierno de Pastrana pretende desaparecer las políticas para la mujer y como no decirlo, su compromiso con más de la mitad de la población. Conscientes del retroceso que esta decisión implica y del entorpecimiento que significa en cuanto al cumplimiento de los compromisos internacionales en el campo de los derechos de las mujeres, preguntamos hoy al Presidente Pastrana: ¿Donde quedó "el Compromiso de la Gran Alianza por el Cambio con las Mujeres de Colombia"?. Pastrana anuncia en documento de campaña que en su gobierno la política volverá a preocuparse por los seres humanos concretos, y nosotras nos preguntamos: ¿Por qué entonces desmejorar la institucionalidad para la mujer, cuando los avances alcanzados han sido fruto de la lucha del movimiento de mujeres, garantizando con ello la posibilidad de dar respuestas adecuadas a más de la mitad de la población? Así mismo, este Gobierno se compromete a saldar la deuda social con la mujer en Colombia garantizando una política integral de Estado para la equidad y la igualdad de oportunidades, además de realizar acciones en los medios de comunicación, ampliar el acceso de las mujeres a los cargos públicos en especial a los de más alto nivel y nosotras nos preguntamos: ¿Por qué rebajar entonces el status de la Institución para la mujer en Colombia volviéndola una instancia transitoria y dependiente? ¿Cómo es posible lograr estas acciones a través de una instancia que tiene un menor perfil en la estructura jerárquica del Estado, una planta cada vez menor y una pérdida de la autonomía y el régimen presupuestal propios?. ¿Cómo hacer coherentes los compromisos de la Gran alianza por el Cambio con esta decisión que implica que en el Consejo Nacional de Política Económica y social, CONPES se desdibuje la capacidad de decisión y el voto de dicha instancia?. Además de estas preguntas que podrían llenar hojas enteras de papel, queremos recordar al Presidente y al país, los compromisos nacionales e internacionales cuyo cumplimiento obliga ética y políticamente al Gobierno a reversar la decisión tomada con respecto a la institucionalidad de la mujer en Colombia: En relación con los principios de la Carta Política de Colombia, el compromiso con una institucionalidad seria y fuerte para las mujeres se hace manifiesto a través del Artículo 13 que establece que el Estado ha de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, para lo cual adoptará medidas concretas a favor de grupos discriminados o marginados. Las políticas para la mujer en Colombia datan de los años 80 con la formulación de la política para la mujer campesina en 1984 y durante esta década puede decirse que los distintos gobiernos han venido planteándose el reto de formular políticas nacionales para la mujer, que han servido para conscientizar al país de la necesidad inaplazable de transformar la situación y condición de las mujeres. Así mismo, la institucionalidad para la mujer venía avanzando, hasta este Gobierno, gracias a los esfuerzos del Movimiento de Mujeres, a las respuestas que se han dado a los compromisos internacionales en cuanto al nivel de independencia administrativa y presupuestal y a los esfuerzos combinados de la administración de la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres desde su creación, mostrando logros importantes tales como: * La creación de una base normativa sólida y vasta que configura un marco de Derechos Humanos sobre el cual las mujeres hoy pueden hacer sus demandas. * Ha hecho visibles asuntos específicos como los derechos humanos de la mujer y muy particularmente la violencia contra las mujeres en todas sus formas y en todos los ámbitos de la vida nacional, incluido el conflicto armado. * Ha servido para permear las instituciones sectoriales del país para que las mujeres sean incluidas en sus políticas, planes y programas. * Se ha convertido en una instancia que da respuesta internacional a los compromisos que ha adquirido el Estado Colombiano con sus mujeres en las últimas décadas. De otro lado, existen diversos compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano a través de tratados, siendo el más importante y Ley 051 de la República la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y de Consensos Internacionales como el expresado en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing. Estos compromisos coinciden en que los estados adelanten, de una manera seria y decidida políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer, para lo cual se fortalezcan los mecanismos nacionales existentes para el logro de dichos objetivos, en las instancias más altas de gobierno, con disponibilidad de recursos suficientes y con capacidad y competencia para influir en cuestiones de políticas. Así mismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- en su análisis (1998) sobre los organismos nacionales para la Mujer, consideró que en Colombia la institucionalidad de la mujer era una instancia susceptible de ser mejorada ya que se observaban señales de posible inestabilidad y debilidad institucional, además de una insuficiente dotación de personal, que impide llevar a cabo las funciones que suponen un nivel alto en la jerarquía estatal (CEPAL, 1998). ¿Qué sucede ahora con la transformación en Consejería, con menos personal, con dependencia administrativa y sin régimen presupuestal propio?. ¿Refleja esto una clara distancia entre el discurso nacional e internacionalmente defendido y las acciones llevadas a cabo?. Si es así, podríamos explicarnos que en febrero del presente año, el Gobierno Colombiano presentara ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, un informe oficial en el que considera a la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres, como un avance en el cumplimiento de dicha Convención y que ahora este mecanismo haya sido reemplazado por uno de menor jerarquía. Este informe resalta igualmente el trabajo coordinado de la Dirección, desde su creación, con organizaciones de mujeres, el cual ha sido ignorado y desconocido con la decisión del Gobierno actual al cerrar la DINEM y la Oficina de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, retrocediendo de esta manera en la institucionalidad de la mujer en el país (CEDAW/C/1999/I/L.1/Add.8). Queremos dejar claro que en tanto la discriminación hacia las mujeres y la posibilidad de la igualdad de hecho para ellas, no sean una realidad en el contexto colombiano, la transformación de la institucionlidad de la mujer solo podrá hacerse para que la misma, según dice la CEPAL, "esté legítimamente establecida por un mandato constitucional o una ley orgánica o de la República y que además esté, sustantivamente, dotada de los medios necesarios para el ejercicio del poder que se les reconocen en los términos formales, es decir, disponer de los recursos humanos y financieros correspondientes al nivel alto formal sustantivo-, además de ocupar la posición jerárquica pertinente" (CEPAL, 1998). Creemos que a pocos dias de iniciarse los dialogos de paz, esta decision no tiene presentacion ni ante el pais, ni ante las mujeres, ni ante la comunidad internacional y exigimos que se deroge el decreto 1182 de 1999. * Confluencia de Redes; Red Nacional de Mujeres; Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Red de Educación Popular entre Mujeres REPEM; Red de Mujer y Hábitat; Red de Mujer y Participación Política; Movimiento Nacional de Mujeres Autoras Actoras de Paz; Red Colombiana de Organizaciones de Mujeres Rurales; Fundación de Apoyo Comunitario -FUNDAC; Mesa de Trabajo Mujer y Economía; Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe Capítulo Colombia; Católicas por el Derecho a Decidir; Cine Mujer; Federación de Mujeres Campesinas de Cundinamarca; Synergia; C.D.D Colombia; LIMPAL; ANMUCIC; Camujer Nuevo Milenio; CODACOP; CENTRAP; Fundein; Comisión de la Mujer ADE; Grupo Mujer y Sociedad; Programa de Estudios de Género Universidad Nacional.