El pasado 28 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa en el que señaló que el Estado mexicano no ha cumplido con varias de sus recomendaciones. El comunicado de la CIDH, relativo a la situación de los derechos humanos en varios países del continente, fue publicado al concluir su 123 período ordinario de sesiones, el cual se realizó en Washington del 10 al el 28 de octubre pasados. Refiriéndose a México, la Comisión Interamericana lamentó que el gobierno no haya estado presente en la reunión de trabajo convocada para darle seguimiento a sus recomendaciones en el caso del General Gallardo. Al respecto expresó lo siguiente: "la CIDH lamenta que el Estado mexicano decidiera no comparecer, a pesar de haber sido notificado debidamente, ya que siguen pendientes de cumplimiento las recomendaciones sobre la sanción a los responsables y la justa indemnización a la víctima". Sobre este caso, en su informe 43/96, de 15 de octubre de 1996, la CIDH declaró que "el Estado mexicano dejó de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, y protección judicial del General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez". Asimismo, que "la detención y sometimiento del General. a 16 investigaciones y 8 causas penales de manera continuada y sin propósito razonable lógico y justificable" constituía violación de varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El organismo internacional también criticó, en su comunicado de prensa, el hecho de que el Estado no haya cumplido con sus recomendaciones en el caso de las hermanas González Pérez. Al respecto indicó: "la Comisión Interamericana verificó en presencia de las partes que siguen pendientes de cumplimiento las recomendaciones sobre la investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González, así como las correspondientes reparaciones". Este caso se refiere a tres hermanas indígenas que fueron detenidas arbitrariamente, violadas sexualmente y torturadas, por miembros del ejército mexicano, mientras su madre era testigo de los hechos. Dos de ellas eran menores de edad al momento de los hechos. En agosto de 2001, la Comisión consideró que el Estado mexicano debía llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva dentro de la jurisdicción penal ordinaria y reparar a las víctimas del caso. No obstante, doce años después, el Estado no ha determinado ni sancionado a los responsables y se niega a cumplir con las reparaciones ordenadas argumentando cuestiones de derecho interno en la medida en que no discutirá las reparaciones hasta tanto no se llegue a una condena por los hechos denunciados. La posición del Estado mexicano ha tenido como consecuencia que la Comisión Interamericana en sus dos últimos informes anuales señale a México como un estado que no cumple con sus compromisos internacionales. Durante el citado período de sesiones de la CIDH, el Estado mexicano también fue convocado para tratar el caso sobre la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial del Sr. Reyes Penagos y las torturas sufridas por Julieta y Enrique Flores, en 1995, por miembros de la policía judicial del estado de Chiapas y del ejército mexicano; y el caso de Gilberto Jiménez Hernández, quien fue ejecutado extrajudicialmente cuando intentaba huir junto con su familia de la incursión militar efectuada por una patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería del agrupamiento "Yabur", en Chiapas. CEJIL, como organización litigante en el sistema interamericano, el centro de Derechos Humano "Fray Bartolomé de Las Casas", A.C, el grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, A.C. y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. lamentan profundamente la actitud del Estado mexicano frente a un órgano de supervisión de los derechos humanos de carácter hemisférico como lo es la Comisión Interamericana. Si bien es cierto, México ha dado un paso significativo en la firma y ratificación de importantes instrumentos internacionales (como el Estatuto de Roma y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ello es insuficiente si en la práctica no se garantiza el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales derivadas de su incorporación a un tratado de derechos humanos. Para más información, ver: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2005/35.05.htm