El marco institucional de Ecuador sigue tensionado, mientras que la movilización social muestra claros signos de reactivación, luego de la apresurada puesta en vigencia de la cuestionada Ley Trole II, y el fallo ambiguo del Tribunal Constitucional sobre la elección de autoridades del Congreso. El 18 de agosto, la Ley Trole II entró en vigencia por el ministerio de la Ley, sin modificación alguna, por disposición del presidente Gustavo Noboa, con la justificación oficial de que el Congreso no le dio trámite en el plazo previsto, desconociendo así la decisión de la mayoría congresil de rechazar esta Ley. Esta decisión provocó amplias reacciones de rechazo. Cuatro días después, el Tribunal Constitucional emitió un veredicto sobre el conflicto en el Congreso en torno a la elección de las autoridades de éste, realizado el 1 de agosto, que favorece la tesis minoritaria del Partido Social Cristiano (PSC) que contaba con el apoyo abierto del presidente Gustavo Noboa, al dictaminar que el Congreso debe volver a elegir sus dignidades. No obstante, como la consulta al Tribunal no se refería explícitamente a este punto, las diferencias de criterio se mantienen y la pugna bien puede prolongarse. La crisis parlamentaria se desató a partir de fines de julio cuando Noboa pronunció un respaldo abierto al candidato socialcristiano a la presidencia del Congreso, Xavier Neira. Este gesto, y la persistencia de los socialcristianos a pesar del rechazo de su candidato por parte de la mayoría de diputados (ver ALAI, 318, 8/8/2000), desató una pugna que se extendió por tres semanas, durante la cual el gobierno desconoció a la mayoría parlamentaria que había elegido a Susana González, primera mujer que ocupa la presidencia de la entidad. El tiempo fue suficiente para que venza el plazo para el tratamiento la Ley Trole II, pieza clave de su proyecto "modernizador", que al ser presentada con el carácter de urgencia económica tenía un plazo de 30 días. Lo que el régimen ha logrado con esta crisis es imponer una ley que difícilmente hubiese pasado como tal dentro del juego democrático normal, y ganar un mayor margen de negociación frente a eventuales reformas a su contenido. Para el gobierno, esta Ley constituye una condición básica de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y de la renegociación de la deuda, en cuyo marco hace poco logró un acuerdo de principio con los tenedores de los Bonos Brady y Eurobonos. Oposición El decisón gubernamental de poner la Ley en vigencia desató reacciones contrarias en casi todos los sectores de la sociedad, incluso entre partidarios de la Trole II que temen, en ausencia de algún consenso básico, que ésta se vea torpedeada por un estallido social. Inicialmente, el primer mandatario se había comprometido a no aprobarla por el ministerio de la Ley, reconociendo la magnitud que ella tiene para el futuro del Ecuador. Para una amplia gama de fuerzas de oposición, la Ley Trole carece de legalidad y es lesiva para el país. Lo primero, porque incorpora reformas a 31 cuerpos legales sobre una amplia variedad de temas, cuando la Constitución estipula que los proyectos de ley deben abordar solo una materia; pero sobre todo, se considera que abre el camino para las privatizaciones sin crear las garantías necesarias para los intereses colectivos. Como una "declaratoria de guerra" y un acto de autoritarismo fue recibida la decisión gubernamental por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), la Coordinadora de Movimientos Sociales y otras organizaciones populares, quienes han iniciado ya los preparativos para una movilización nacional que derivará en un nuevo levantamiento contra la vigencia de la Ley Trole II, cuya fecha aún no está anunciada. La movilización propone también la oposición al Plan Colombia, a la base aérea estadounidense en Manta y a la dolarización. El régimen fue incluso acusado de tratar de silenciar a quienes se oponen a su política privatizadora, luego de la detención, el 19 de agosto, del Presidente de la Federación de Exportadores -Fedexpor-, Luis Maldonado Lince, por supuestas ofensas contra el Presidente de la República. Este, en declaraciones a la prensa, había opinado que el presidente Gustavo Noboa estaría siendo manipulado por "apetitos voraces", cuestionando su capacidad de gobernar en forma independiente. Maldonado es miembro del Foro Ecuador Alternativo, instancia creada por personas de diversos sectores de la sociedad como un espacio de reflexión y formulación de alternativas a la dolarización y sus políticas vinculadas. Reformas Es evidente que en el transfondo de los conflictos en torno al control del Congreso y a la Ley Trole se encuentran "apetitos económicos no confesados", según expresión del presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Ruiz Navas, pues de por medio están concesiones petroleras; venta de empresas hidroeléctricas y telefónicas, entre otros aspectos. En este sentido, la crítica de la mayoría parlamentaria se centra en que, tal como fue presentada por el Ejecutivo, la Ley Trole II abre la puerta para rifar los bienes del país sin beneficio para éste. Se señala que tanto los contenidos de la Ley, como sus omisiones e imprecisiones, dejan la puerta abierta para hacer grandes negocios con una mímima inversión, lo cual explicaría porqué había tanta prisa de aprobarla sin debate. Para tratar de aplacar la tormenta que desató la puesta en vigencia de la ley, el Ejecutivo prometió públicamente que, a penas reinstalado el Congreso, enviará una nueva ley reformatoria de la anterior, recogiendo algunas de las críticas. Entre los puntos de la Ley que suscitan oposición, figuran ciertas reformas laborales, la conversión a la estatal Petroecuador y sus filiales en sociedades anónimas, la derogación del artículo de la Ley de Minería sobre protección del medio ambiente, y la desafectación de las zonas de playa y bahía, bajo la cual el presidente podría decretar la transferencia del dominio a los actuales concesionarios de camaroneras; estos temas aparentemente figurarían entre las reformas que propondrá el Gobierno. Otras críticas de fondo, cuya reforma aún no queda clara, incluyen la forma y el plazo de pago para la transferencia de la propiedad de los bienes de las instituciones del Estado, que según la Ley deben ser establecidos por el Consejo Nacional de Modernización -CONAM-, (cuyo presidente actual es el hermano del presidente de la República, Ricardo Noboa). Se teme que ello deje la puerta abierta para que las empresas estatales sean compradas en parte con títulos de la deuda, (lo cual sería aún más grave si fuera al valor nominal). Esta posibilidad, propuesta inicialmente por tenedores de los Bonos Brady, figuró incluso explícitamente en el primer borrador del proyecto de ley, si bien la claúsula fue retirada por el gobierno ante las protestas que generó. También se pide reformar el artículo que se refiere a las contragarantías gubernamentales, que permitirían a las generadoras eléctricas privatizadas acceder a la emisión de préstamos de organismos multilaterales de crédito. Implícitamente, si la empresa no paga el préstamo, significa que el Estado tendrá que hacerlo. El Congreso El avance de las reformas dependerá en parte de si sobrevive la nueva mayoría de centro y centro-izquierda en el Congreso, y para ello, será gravitante el comportamiento del partido oficialista, la Democracia Popular (DP). Los hechos del primero de agosto fueron la gota que derramó el vaso en la DP, poniendo en entredicho su apoyo incondicional al gobierno de Noboa. Recordemos que Noboa, sin estar afiliado a la DP, fue electo vicepresidente bajo su membrete en binomio con Jamil Mahuad, a quien remplazó en la presidencia luego del levantamiento del 21 de enero pasado. Pero en lo concreto, siguiendo los pasos de Mahuad, se ha mostrado más cercano al PSC. Sin romper como tal con el Gobierno, la línea histórica de la DP, afín al ex-presidente Osvaldo Hurtado, decidió tomar distancias del PSC y afirmar una línea más autónoma, luego de evaluar que su falta de autonomía bajo el gobierno de Mahuad había sido nociva para el partido. Ello le permitió formar una nueva alianza con los partidos de centro y centro-izquierda, por lo menos para la elección de dignidades del Congreso. Pero este nuevo bloque da muestras de haberse consolidado a raíz de la ofensiva en su contra en estas semanas. Una minoría de diputados de la DP, toda vez, sigue apoyando al PSC, entre ellos Juan José Pons, quien hasta julio ocupó la presidencia del Congreso, y fue el responsable de que, durante los últimos 17 días de su mandato, no se de paso a la discusión de la Ley Trole II. De todas maneras, parece probable que el Presidente no tendrá un Congreso tan dócil como antes. Si es así, queda por ver si hará concesiones para poder gobernar, o se mantendrá en una línea de confrontación entre poderes, que en estas semanas ha suscitado más de una evocación de afanes dictatoriales.