Fiscales, servicios y periodistas
27/01/2015
- Opinión
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Cronología incompleta de una denuncia judicial y su deriva. El rol de los medios opositores. La propuesta del Gobierno Nacional y el cambio de etapa.
Enero ha sido, casi siempre, un mes durante el cual los medios de comunicación no tienen material sensible, en términos políticos y económicos, sobre el cual escribir. Diciembre de 2014 transcurrió sin que se cumpliesen los pronósticos de caos social y económico. La tan mentada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) quedó sin efecto y la Argentina no entró en default, aunque lejos está aún de solucionarse la cuestión de los bonistas acreedores que entraron en la re-estructuración de la deuda y la pelea con los fondos buitre. No hubo rebelión policial, tampoco colapso energético del tenor de los cortes de luz ocurridos el año pasado. Las ventas en los comercios y shoppings aumentaron considerablemente, los centros turísticos registran llenos en su capacidad de alojamiento, y el Banco Central aumentó sus reservas en el orden de los 30.700 millones de dólares .
Pero algo ocurrió en Enero, un hecho que tuvo derivaciones que adelantaron el año calendario en política y que conmocionó al conjunto de la sociedad argentina. Un hecho grave porque implica la muerte de un fiscal de la Nación cuyos vínculos con los servicios de inteligencia y la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica han quedado evidenciados en los mails que Santiago O´Donnell reveló en su libro Argenleaks, y grave también por el impacto institucional que la denuncia del fiscal causó. ¿Puede hablarse de un intento de golpe institucional? Es probable y no puede descartarse debido a la saga de intentos de quiebre que los gobiernos kirchneristas – a veces, creando las condiciones de posibilidad por errores de apreciación política propios – han tenido que enfrentar. Este episodio es aún más grave, por las características propias del caso y por la utilización en clave de espectáculo irresponsable – tirar sangre ha dicho el operador político Fernando Carnota en TN – que combina muerte, intriga, sangre y conspiraciones. Aún más desestabilizante que la alzada agromediática de 2008. Pero además, con los datos geopolíticos y regionales que existen como dato duro, más este aporte a la confusión generalizada, ¿quién puede negarle a los lectores o escuchas que piensen en la posibilidad de nuevas formas de operar para quebrar un proceso institucional? ¿O no lo han expresado hasta renombrados políticos y gremialistas vernáculos?
Cronología incompleta de una denuncia y sus derivas:
12 de enero: el fiscal federal Alberto Nisman regresó anticipadamente de sus vacaciones de Holanda.
14 de enero: Nisman formalizó mediante una declaración la denuncia en la que acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman de encubrir a los iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la sede de la AMIA. La acusación de encubrimiento se basó en, según Nisman, la redacción del Memorando de Entendimiento con Irán por medio del cual el Gobierno argentino hacía cesar los “alertas rojos” e iniciaba transacciones económicas con Irán comprándole petróleo y vendiéndoles granos y soja. Nada de esto ocurrió: No sólo no se incrementó el comercio con Irán sino que resultó casi inexistente; los alertas rojos no cayeron y el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, ratificó las afirmaciones de Cancillería en cuanto a que no existió ningún pedido argentino para bajar los alertas rojos contra funcionarios iraníes imputados en la causa AMIA – se aclara que esa potestad le corresponde al juez que las solicitó -, y sostuvo que las afirmaciones del fiscal Alberto Nisman eran falsas. El canciller Héctor Timerman leyó el día viernes 16 de enero, una carta firmada por el ex secretario general de Interpol en la que el funcionario desmintió las afirmaciones del fiscal Alberto Nisman.
El mismo 14 de enero el fiscal fue convocado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para el día 19 para que brindara información sobre su denuncia.
18 de enero: Nisman fue encontrado muerto en su departamento del edificio Le Parc, ubicado en Puerto Madero. El cuerpo del fiscal fue hallado en el baño con una perforación de bala de calibre pequeño (22) en la cabeza.
19 de enero: El juez federal Ariel Lijo regresó anticipadamente se sus vacaciones para habilitar la feria judicial y así disponer de medidas urgentes para asegurar la prueba de las escuchas telefónicas en las que se fundan la denuncia realizada por Nisman.
La investigación de la causa quedó en manos de la fiscal Viviana Fein, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°45.
La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a través de la Secretaria de Inteligencia de la Nación, decidió desclasificar la identidad de los agentes mencionados en la denuncia que el fiscal presentó. El trámite se realizó a través de dos notas que fueron enviadas por el titular de la Secretaría de Inteligencia, Dr. Oscar Parrilli, a la jueza federal María Servini de Cubría.
Ese mismo día la Presidenta de la Nación publicó una carta abierta en su perfil de Facebook que tituló: “AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes” Hacia el final del escrito, la Presidenta se preguntó "¿Quién fue el que ordenó volver al país al Fiscal Nisman el día 12 de Enero, dejando inclusive a su pequeña hija sola en el aeropuerto de Barajas, interrumpiendo vacaciones familiares y licencia en el trabajo que habían comenzado el 1ro de Enero y debían finalizar más allá del 20?".
20 de enero: La jueza Fabiana Emma Palmaghini, del juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 25, fue designada en la causa por la muerte del Fiscal Alberto Nisman.
También el día 20, el Centro de Información Judicial (CIJ) publicó la versión completa de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman ante el juez Ariel Lijo.
El titular de la Bersa calibre 22 que apareció junto al cuerpo del fiscal entró en escena: Diego Lagomarsino, técnico informático de 35 años. El hombre explicó que Nisman “le pidió el arma para su seguridad porque tenía miedo.” En el programa matinal de Raúl Kollman en Radio del Plata, Marcelo Saín, creador y ex interventor en Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se preguntó por qué no se investigaba más a fondo Diego Lagomarsino, ya que le facilitó el arma calibre 22 al fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, y fue el último en tomar contacto - en dos oportunidades en el mismo día - con el fiscal. Además afirmó que no era un simple técnico informático y que recordaba que mientras estuvo al frente de la PSA, Lagomarsino le ofreció sus servicios como informante, ofrecimiento que fue desechado.
22 de enero: la Presidenta publicó en las redes sociales un texto fijando su posición sobre la denuncia del fiscal. En ese texto escribió una frase polémica que aumentó la discusión mediática sobre la comunicación oficial. “Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible” afirmó la Presidenta.
El secretario de Seguridad Sergio Berni ordenó que se iniciara un sumario administrativo a los custodios del fiscal (Policía Federal Argentina). La Presidenta había pedido que se investigara cómo habían actuado el día de la muerte del fiscal.
Aprovechamientos:
Hasta aquí una cronología no completa sobre los hechos que aún están siendo investigados. Hubo un tratamiento irresponsable sobre los acontecimientos que se sucedieron por parte de los medios del grupo Clarín y por sectores de la oposición política al gobierno nacional.
Algunas acciones, rayanas con la farsa: El diputado nacional y precandidato presidencial del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, anunció que su espacio político se presentaría como "querellante" en las causas vinculadas con el atentado a la AMIA y con el "encubrimiento" por parte de la presidenta Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman denunciado por el fiscal Alberto Nisman, con el fin de "garantizar el funcionamiento y el ordenamiento" y –según el ex intendente de Tigre– para que "la sociedad se sienta representada. El candidato Massa tendría que haberse informado más ya que sólo los particulares damnificados pueden ser parte querellante o bien asociaciones que intervienen en delitos de lesa humanidad como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
El periodista Jorge Lanata hizo una particular interpretación de la participación popular. Dijo “Lo que acá se está diciendo es ‘mataron a Nisman’, y prefiero adherir a la intuición popular”.
La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) lanzó una más de sus tantas hipótesis: “Fueron a buscar el maletín que este señor tenía en sus manos, se lo llevaron y dejaron la sangre y un hombre muerto”.
Derivas y espías:
La conmoción causada por la muerte del fiscal Nisman desplazó del centro de atención social, político y judicial – una vez más – la investigación sobre la causa AMIA, el atentado terrorista internacional más cruel que sufrió la Argentina, en el cual murieron 85 personas y 300 quedaron heridas. Como consecuencia no deseada por las laberínticas estructuras del espionaje nacional, el caso Nisman puso de relieve la función y las zonas grises de los Servicios de Inteligencia. La discusión sobre la necesidad de regular los servicios de inteligencia junto a las agencias privadas nacionales e internacionales, es una deuda de la democracia que ningún gobierno ha abordado con profundidad. Los servicios constituyen una suerte de”paquete cerrado” que incide en operaciones de orden conspirativo y que suelen quebrar las leyes políticas que reglamentan su funcionamiento, dictadas por el Congreso Nacional. Hablamos de "zonas grises" o placas tectónicas de los servicios de inteligencia que se extienden por cada una de las ramas de las fuerzas, además de la Policía Federal y Provincial: La Armada cuenta con su Servicio de Inteligencia Naval (SIN), la Fuerza Aérea con el SIFA y el Ejército con su viejo servicio secreto militar, que se llamó Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) desde el 45 hasta el 69, que fue reorientado por Onganía para la Doctrina de Seguridad Nacional y lo bautizó Batallón 601. Así funcionó hasta el 31 de diciembre del 86. Desde inicios del 87 se llamó Centro de Reunión de Inteligencia Militar, bajo la órbita de la Jefatura II del Ejército, hasta el año pasado conducida por el General César Milani, quien también tuvo bajo su órbita a la División de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa J-2, la Compañía de Comandos 601 y el desmantelado Batallón 601. Todos estos datos los aporta Claudio Mardones en su nota La inteligencia argentina, niño prodigio (Revista Crisis).
El caso Nisman reveló que el fiscal trabajaba con un grupo operativo especialmente dedicado a él para realizar escuchas “pertinentes a la causa”, estructura organizada por el agente Antonio Horacio Stiles/Stiuso, alias “Jaime”, “El Ingeniero” o “El petiso”, quien forma parte de los servicios de inteligencia desde la dictadura cívico militar y que pasó por todos los gobiernos constitucionales. La denuncia presentada por el fiscal se basa casi exclusivamente en estas escuchas y en recortes de notas periodísticas.
Servicios y periodismo
Es allí donde entra el confuso episodio que evidencia la relación de los servicios con algunos periodistas. Fue Damián Patcher, periodista de la versión digital del diario Buenos Aires Herald, quien recibió de una fuente de su confianza la noticia de que algo ocurría en el departamento del fiscal y que luego se transformó en la confirmación de la muerte del fiscal. Patcher tuiteó la madrugada del 19 de enero que Nisman se hallaba muerto en su departamento, sin consultarlo con las autoridades tanto de la edición impresa como de la versión .com del Herald, para luego escribir una nota ya supervisada por ambos editores promediando las 2 y 30 de la madrugada. Hoy Patcher se encuentra en Israel. Se fue del país comunicándole al diario InfoBae que temía por su vida y que – según relató el editor jefe del Herald, Sebastián Lacunza en el programa de Marcelo Zlotowiazda en Radio del Plata- esto se lo habría comunicado un agente de inteligencia.
Permítame el lector un grado de sospecha, por única vez y basada en la información o el relato que realiza Pachter hoy en La Nación, bajo el título Por qué escapé de la Argentina, relato grotesco que no produce otro efecto que alimentar falsas hipótesis y especulaciones. Patcher habla de tuiter, de sus 420 seguidores iniciales que hoy son 10.000 (lo cual habla a las claras en qué mundo vivimos: En el de las industrias tecnológicas que formatean las estructuras del "ser" y "estar" en el mundo a través de ellas) Pero además relata una serie de intrigas que mentan amigos, fuentes, espías, al Gobierno Nacional operándolo con amenazas, publicaciones sobre su destino y sobre su regreso al país y enigmas sin fundamentación sobre qué hubiese ocurrido si no escribía ese tuit. Entonces las preguntas: ¿Quién es Patcher? ¿Por qué le dieron información vital, sensible, a un ignoto periodista de una punto.com que "tenía 420 seguidores en tuiter" como todo dato? El propio Lacunza dice que Damián vivió su semana profesional más importante. ¿La "garganta profunda" de Patcher no podría tener fuertes vínculos con La Nación o Clarín? ¿Por qué se eligió a un diario de minorías y escrito en inglés para dar una información crucial? Como corolario Patcher afirma: " No tengo idea de cuándo volveré a Argentina. Ni siquiera sé si quiero volver. Lo que sí sé es que el país donde nací no es el país feliz del que solían hablarme mis abuelos judíos. Tras abandonar Argentina, descubrí que el Gobierno seguía publicando información errónea sobre mí. La cuenta de Twitter de la Casa Rosada publicó detalles del pasaje de avión que había comprado, y afirmó que me proponía regresar al país el 2 de febrero. Decían que en realidad no había escapado. La fecha de regreso de mi pasaje es para diciembre. Argentina se ha convertido en un lugar oscuro gobernado por un sistema político corrupto. Todavía no he logrado entender todo lo que me pasó en las últimas 48 horas. Nunca imaginé que mi regreso a Israel sería así"
Cuántas dudas deja este periodista que ya se encuentra en Tel Aviv: Periodista desconocido que tiene una gran fuente en la que confía, lo tuitea, se aterra, inicia un periplo de viajes tratando de escapar de los servicios, lo ayuda su amigo X, le sacan una foto al agente, la conserva, se escapa a Israel y afirma que no cree que regrese al país.
Así es que le pedimos al público que crea en el periodismo, que éste es responsable o que debe serlo ante un hecho de máxima gravedad y hoy La Nación publica la nota de Patcher que da tanto para una película de "intriga internacional", como para un libro de "non fiction" o una clara operación político-periodística. Como me dijo un querido y excelente periodista al que consulte sobre este hecho – no revelo su nombre porque fue una consulta personal y no deseo comprometerlo – “hay demasiada gente que siente que tiene sus cinco minutos de gloria y también un pequeño número de gente que tiene vínculos secretos. Algunas veces, ambas cosas coinciden”
Se sabe, las teorías conspirativas existen y casi siempre están al “servicio” de los deseos de quienes la pergeñan. Y esas teorías y deseos se reconfiguran en un mundo en el cual las industrias tecnológicas han puesto en crisis paradigmas propios del siglo XX. Entre ellos la experiencia metafísica del ser y sus modos de estar en un mundo de representaciones simbólicas que están siendo reemplazadas por representaciones virtuales y virales.
Final:
Es un momento clave para realizar una profunda reforma sobre los Servicios de Inteligencia y es este gobierno quien debe hacerlo. El mismo que puso al frente de la Fiscalía Especial para la AMIA a Alberto Nisman, el mismo que tuvo en su área de agentes operativos a Stiuso hasta diciembre del año pasado, el mismo que a través del ex presidente Néstor Kirchner inició en 2003 el proceso de desclasificación de archivos de inteligencia; el mismo que desde agosto de 2006 “dejó sin efecto el carácter secreto de todas las leyes reservadas” (Claudio Mardones). Fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández quienes a partir de 2008 desclasificaron los nombres del Personal Civil de Inteligencia que se desempeñó en los tres servicios secretos de las fuerzas armadas entre 1976 y 1983. Es el Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández, que en Cadena Nacional del día 26 de Enero anunció la disolución de la SI (Secretaría de Inteligencia) y envío al Congreso un proyecto de Ley para crear la Agencia Federal de Inteligencia. Tomar la iniciativa, un rasgo característico de los gobiernos kirchneristas. Como tituló su nota el abogado y miembro de la Liga por los Derechos Humanos, Rodolfo Yanzón: “Un mensaje hacia el futuro”. Hacia el gobierno que vendrá.
Lunes 26 de Enero de 2015 23:32
Conrado Yasenza
Periodista. Director de la Revista La Tecl@ Eñe http://lateclaene.wix.com/la-tecla-ene
https://www.alainet.org/es/active/80387?language=es
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