Sumario: 1.- España, país de inmigración. 1.a.- La construcción social del extranjero: “comunitarios” y “extracomunitarios”. 1.b.- La evolución de la inmigración en España. Los cambios con el nuevo siglo. 2.- Características de la inmigración extracomunitaria. El caso ecuatoriano. 3.- El proceso de inserción de los inmigrantes. 3.a.- Dimensiones, factores y actores. 3.b.- Inserción, factores de exclusión y requerimientos de inclusión. 4.- La realidad “irregular”: los indocumentados. 5.- La doble clara del trabajo. 6.- A modo de conclusión. Por un proceso de inserción más inclusivo.

De forma acelerada, España se ha convertido en país de inmigración. En enero de 2003, un 6,25 % de su población era extranjera. El aumento de los últimos años ha estado protagonizado por la inmigración latinoamericana y, más en particular, por la ecuatoriana. Hace un año, 14 de cada 100 extranjeros residentes en España eran ecuatorianos; hoy, es muy posible que el porcentaje sea superior.

Esta ponencia comenta algunos de los rasgos de España como país de inmigración, la evolución que se ha dado en los últimos años, así como las características principales de la emigración extracomunitaria y, más en concreto, ecuatoriana. Ésta última, la migración ecuatoriana, ejemplifica bien el carácter de los actuales flujos migratorios tanto por su alto número, 390.000 personas en 2003, por la rapidez con que se ha dado el proceso migratorio, tres años, y por su conformación como una migración laboral familiar, de tipo más o menos permanente. 

La inserción social de los inmigrantes es un proceso complejo, muldimensional, y donde intervienen diferentes actores. Como tal  proceso social supone un tiempo, un cambio y evolución entre los diferentes momentos: la llegada, el asentamiento y la residencia permanente. Tras explicitar un somero cuadro conceptual, esta ponencia comenta la situación del proceso de inserción en España, con particular atención a los obstáculos más relevantes que actúan como factores de exclusión. Así, para el colectivo ecuatoriano que se encuentra en las fases de llegada y asentamiento, los factores que actúan como principales obstáculos y factores de exclusión lo constituyen la situación irregular, una inserción laboral precaria, a menudo en la economía sumergida, y el acceso a la vivienda. Este trabajo aborda dos de estos aspectos, la irregularidad y, de forma vinculada con ella, la inserción económica en la economía sumergida, discute sus causas y propone algunos elementos de debate y cambio. Se apuntan, por último, unas conclusiones de cara a conseguir un proceso de inserción más inclusivo y democrático.

1. España, país de inmigración

Una de las características más relevantes de la pasada década es la consolidación de España como país de inmigración, lo que constituye una novedad histórica. Durante el siglo XX, las mujeres y hombres españoles han emigrado buscando mejorar su vida en otras tierras, tanto por razones políticas como económicas. Latinoamérica  fue el destino para muchos de ellos, particularmente, para los exiliados tras la Guerra Civil. Al emigrante político le siguió, en los años 50 y 60, el emigrante económico que se dirigió hacía la Europa desarrollada (Francia, Alemania, Suiza).

Lo que parecía ser una constante secular, el flujo de españoles hacia el exterior, se agotó a mediados de la década de los años 70. Inicialmente, podía pensarse que era un efecto coyuntural de la recesión de mediados de los 70. Más tarde fue evidente que este cambio constituía un índice más del proceso acelerado de modernización y desarrollo de la sociedad española y de su inclusión en el ámbito de la Europa desarrollada, que se acelera tras el ingreso en la entonces CEE, en 1985. España, por tanto, modifica su papel en los flujos migratorios mundiales y pasa a formar parte del limitado club de las sociedades desarrolladas que atraen inmigración, si bien con especifidades respecto a otros países europeos.

Así, de forma socialmente perceptible en la década de los 90, ha ido aumentando el número de extranjeros residentes en España, si bien de forma moderada como se muestra en el cuadro 1. Será con el nuevo siglo, cuando los flujos migratorios hacia España se acentúen como muestra el cuadro 1. En enero de 2003, un 6,25 % de la población total es extranjera. Un porcentaje inferior al de otros países europeos como Francia (10,6 %), Alemania (9 %), Bélgica (8,6) o Gran Bretaña (6,8 %), con una más dilatada trayectoria como sociedad de inmigración[1].

Cuadro 1. Población extranjera en España y porcentaje sobre la población total. Años 1991-2003.

Años	Población Total	Total extranjeros	% extranjeros sobre población
1991	38.847.371	353.367	0,88
1998	39.852.650	637.085	1,60
2000	40.202.158	923.879	2,28
2001	41.116.842	1.370.657	3,33
2002	41.837.894	1.977.944	4,73
2003	42.717.064	2.672.596	6,25

Los datos de 1991 corresponde al Censo de dicho año. Los datos de los años posteriores se refieren al Padrón, con fecha 1 de enero del año correspondiente. Fuente: INE (2004). Elaboración propia.

Con todo estos dos millones y medio de extranjeros residentes constituyen un dato muy significativo de la realidad española. Lo es por su número. Lo es, también, por la rapidez del proceso. En tres años, de enero 2000 a enero 2003, los extranjeros se han multiplicado por tres. Este aumento del número de extranjeros expresa un proceso de inmigración, muy rápido y acelerado, protagonizado por los inmigrantes “laborales”, extracomunitarios, que se conforman como migración familiar y permanente. Por último, pero no menos importante, es la creciente “visibilidad” social de la inmigración la que otorga relevancia a este número de extranjeros. Particularmente en una sociedad como la española, donde esta situación constituyen una novedad histórica para la que, por otro lado, ni los gestores públicos ni la sociedad española estaban preparados.

El Estado y la Administración lo que ha primado, y prima, es una preocupación unilateral por los aspectos de control y seguritarios, en detrimento de una política de integración. Así, nuestra primera Ley de Extranjería, la LOE 7/1985, era una ley de policía que establecía una relación de situaciones a las que correspondían unos permisos, unas infracciones y unas sanciones. De la óptica restrictiva y policial de esta política de extranjería da cuenta el hecho de que diez años después de aprobada la Ley, en 1994, viera la luz el primer Plan de Integración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La creciente constatación de la importancia de la inmigración permanente y familiar, su “visibilización” creciente en las escuelas y los centros de salud, el aumento de la conciencia de los límites, tanto democráticos como de gestión, de la LOE 7/1985, las críticas de las organizaciones sociales, de sociólogos y juristas, fueron otros tantos factores que contribuyeron a la convicción, tanto entre los gestores públicos como entre amplios sectores sociales[2], de que era necesario un cambio. A finales de la década de los 90, se reformó la ley y se aprobó la LOE 4/2000. En este trabajo no desarrollaré los  aspectos normativos de estos cambios[3]; simplemente, destacaré algunos aspectos como expresión de una actitud, una óptica, a la hora de afrontar la cuestión de la inmigración. En este sentido, la LOE 4/2000 representó un cambio de inflexión hacia planteamientos más respetuosos con los derechos e inclusivos respecto al funcionamiento social. Por ceñirnos a dos aspectos, hay que destacar como la ley 4/2000 supone, por primera vez en España, el reconocimiento de un amplio marco de derechos y garantías para los extranjeros y, con limitaciones, también para los irregulares. Por otro lado, la LOE 4/2000 establecía un tratamiento más inclusivo de la bolsa de indocumentados así como un procedimiento ordinario de regularización[4]. El proceso de inclusión de los inmigrantes en los sistemas educativos, sanitario y de servicios sociales, se afirma durante esos años, 2000 y 2001, y afortunadamente se mantiene en la actualidad. Sin embargo, el consenso político y social logrado al respecto fue quebrado, desde el Gobierno, por el Partido Popular (PP). Por primera vez, las diferencias sobre la política de extranjería  se llevaron a la contienda electoral y, en las elecciones generales del año 2000, ganaron las posiciones “duras” del PP.

Este segundo giro es el que ha provocado dos reformas sucesivas, la LOE 8/2000 y la LOE 14/2003, bajo la bandera de “la lucha contra la inmigración ilegal”. Según los portavoces del Gobierno, para evitar el efecto llamada y fomentar el “hábito del acceso documentado” al territorio nacional, había que “establecer diferencias entre los inmigrantes regulares y los indocumentados” y, para ellos, se limitaron los derechos y garantías, particularmente de los indocumentados, se aumentaron las sanciones y las parcelas de discrecionalidad de la Administración. Sin embargo, como luego veremos, una ley más dura no soluciona el problema de la irregularidad; por el contrario, ha agravado la situación y sus consecuencias más negativas. Hoy parece que la conciencia de esta realidad está más extendida. Por otro lado, el balance que puede presentar el PP  no es bueno: ha aumentado el número de indocumentados y subsisten graves problemas de todo tipo, incluidos de simple gestión administrativa. Cabe esperar que esta situación y el nuevo talante del Gobierno socialista suponga un giro, también, en este aspecto.  

La actitud de la sociedad española tiene relación con la política oficial, aunque no puede identificarse con ella. Es una actitud compleja. Por un lado, si hacemos casos a los estudios cabe hablar de una actitud mayoritaria, acogedora y positiva. Son muy altos los índices de acuerdo con la inclusión de los inmigrantes en educación, sanidad y servicios sociales, por su consideración de derechos básicos. Al mismo tiempo, existe una amplia receptividad social respecto a los argumentos de seguridad, control y de gestionar la inmigración de acuerdo con nuestras necesidades económicas[5].

Como sociedad mantenemos una actitud ambivalente respecto a la inmigración extracomunitaria. Reconocemos su necesidad pero, al mismo tiempo, suscita extrañeza y recelo. Con todo, en términos generales, la convivencia cotidiana que ya forma parte de la experiencia vital de millones de españoles se desarrolla de forma aceptable[6], sin particulares tensiones lo que no quiere decir sin problemas (particularmente para la parte más débil de la relación, para los inmigrantes).

1.a.- La construcción social del extranjero: “comunitarios” y “extracomunitarios”.

En ocasiones hablamos de flujos migratorios, de extranjeros y de inmigrantes, como si fueran un todo homogéneo. Sin embargo, la común denominación encubre realidades muy diferentes, que conviene distinguir, máxime en el caso español.

En España, particularmente en el arco mediterráneo español, confluyen dos movimientos migratorios distintos, con diferentes ritmos históricos y muy distinta percepción social. Por un lado, el flujo desde la Europa central y nórdica a la costa mediterránea compuesto, básicamente, por inmigrantes “residenciales” y que opera desde mediados de los años 60. Son los “turistas”, en su mayoría jubilados y pensionistas europeos, que residen en las urbanizaciones de la costa. El segundo movimiento migratorio opera en sentido contrario, desde el Norte de África y Latinoamérica a la Europa desarrollada de la que formamos parte. La presencia de estos inmigrantes “laborales” es mucho más reciente, iniciándose a mediados de los años 80. Tenemos, pues, dos flujos migratorios con dos tipos muy diferentes de migrantes, que podemos agrupar como comunitarios, Primer Mundo, y extracomunitarios, o Tercer Mundo. Básicamente, Norte y Sur. Todos son extranjeros pero tienen una diferente situación económica y social, diversos “itinerarios” migratorios, así como un muy distinto estatus y marco de derechos[7].

Esta distinción parece más pertinente si nos interesa el proceso de inserción de los inmigrantes y sus repercusiones sociales. Dada la construcción social diferenciada de los dos tipos de extranjero[8], son los inmigrantes extracomunitarios y no los extranjeros, en general, los que se constituyen como el “problema” de la inmigración, tanto en la percepción social como en los discursos públicos.

Los extranjeros comunitarios, nacionales de la Unión Europea, no requieren de permisos, tienen similares derechos a los españoles, pueden acceder a la función pública y votar en las elecciones municipales. El resto de extranjeros del Primer Mundo, los nacionales de Estados Unidos, Japón, Canadá, no tienen este estatus jurídico. Sin embargo, su situación económica y nacionalidad hace que no padezcan los mayores inconvenientes de la normativa de extranjería. Los mayores recursos y estatus socioeconómico del extranjero del Primer Mundo le facilita una inserción “de calidad”, sin problemas de vivienda. Disfruta, por su procedencia, de un cierto prestigio y simpatía social[9]. Muy distinta es la situación del extranjero del Tercer Mundo. Como pobre y extraño suscita una ambigua reacción de la sociedad receptora. Se reconoce su necesidad y se mantiene, al mismo tiempo, una actitud recelosa ante su presencia. Es la inmigración extracomunitaria, no los extranjeros en general, la que se califica como un “problema social” en los discursos políticos, el mensaje de los mass-media y la opinión de la población. La normativa de extranjería se concibe para controlar y gestionar ese “problema”. Es la inmigración extracomunitaria, la del Tercer Mundo, la que tienen mayores dificultades y obstáculos para su integración y es también, como se ve en el cuadro 2, la que ha protagonizado el aumento espectacular de inmigrantes de los últimos años.

Cuadro 2. Población extranjera en España, según procedencia UE y no UE. Años 1998-2003.

Años	Total extranjeros	UE	% sobre total	No UE	% sobre total
1998	637.085	277.845	43,6	359.240	56,4
2000	923.879	375.487	40,6	548.392	59,4
2001	1.370.657	417.310	30,5	953.347	69,5
2002	1.977.944	489.813	24,8	1.488.131	75,2
2003	2.672.596	587.334	22,1	2.076.834	77,9

Fuente: INE (2004). Elaboración propia.

1.b.- La evolución de la inmigración en España. Los cambios con el nuevo siglo.

En la evolución de la población extranjera en España podemos establecer dos períodos. El primero, la década de los años 90, en el que el número de extranjeros tuvo un ligero incremento, siempre con cifras relativamente reducidas. Además, segunda característica de esta etapa, los nacionales de la Unión Europea, los extranjeros comunitarios constituyen casi la mitad de la población extranjera residente aunque ven reducirse su porcentaje relativo. Por decirlo gráficamente, en muchas poblaciones, los extranjeros eran los “guiris” o los turistas. Por otro lado, tercer aspecto a resaltar, a primeros de 1998 la escasa inmigración extracomunitaria todavía podía identificarse con una mayoría de hombres jóvenes marroquíes dedicados a la agricultura, solteros o que habían dejado la familia en su tierra. A este grupo mayoritario, cabía añadir las primeras mujeres latinoamericanas, pioneras en servicio doméstico, y un número aun más reducido de chinos, centrados en sus propios negocios (cuadro 3). De hecho, A. Izquierdo caracteriza la década de los noventa como “la de la inmigración marroquí y por extensión africana” (Izquierdo, 2002 b: 237). A pesar de constituir ya un número notable en 1998, 350.000 extracomunitarios, y de la existencia de familias, se consideraba que se trataba de una inmigración básicamente temporal, laboral y no de poblamiento.

Cuadro 3. Población extranjera en España. Evolución de algunas nacionalidades significativas. Años 1998-2003.

	1998	2000	2001	2002	2003
Gran Bretaña	75.600	99.017	107.326	128.121	161.507
Alemania	60.495	88.651	99.217	113.808	130.232
Francia	35.867	46.375	51.582	59.811	69.930
Italia	19.287	27.874	34.689	46.221	65.396
Rumania	2.258	6.410	31.641	67.279	137.347
Bulgaria	1.453	3.031	12.035	29.741	52.838
Ucrania	- -	- -	10.318	26.278	42.098
Marruecos	111.043	173.158	233.415	307.458	378.979
Argelia	5.924	10.759	18.265	28.921	36.301
Perú	19.757	27.422	34.975	44.752	55.919
Colombia	9.997	25.247	87.209	191.018	244.684
Ecuador	3.972	20.481	139.022	259.522	390.297
Argentina	19.315	23.351	32.429	56.714	109.445
Cuba	10.354	17.814	24.534	31.832	38.332
China	11.611	19.191	27.574	37.651	51.228

Fuente: INE (2004). Elaboración propia.

El segundo período se inicia con el nuevo siglo y supone un cambio en buena parte de los aspectos señalados. Una característica de la nueva etapa es el aumento  espectacular, en términos relativos, del número de residentes extranjeros. Entre 2000 y 2003 se ha triplicado. Este aumento obedece a una doble causa. Una es estrictamente estadística: con los procesos de regularización de los años 2000 y 2001 se inscribieron como residentes muchos inmigrantes indocumentados que ya vivían y trabajaban entre nosotros. Además, se generalizó el trámite del empadronamiento[10]. La otra razón, más importante a medio plazo, es el aumento del flujo migratorio que tiene como protagonistas a los latinoamericanos y a otros inmigrantes “extracomunitarios” de muy distintas procedencias.

En enero de 2003 vivían en España más de dos millones de personas procedentes del Sur, inmigrantes “laborales” que vienen a ganarse la vida y mejorar sus perspectivas. Este aumento del número de extracomunitarios ha sido tan notable que, en pocos años, ha reducido la presencia de los extranjeros nacionales de la Unión Europea a poco más de un 20 %.[11] Se consolida así el modelo de inmigración laboral presente en otros Estados de Europa Occidental.

Por otro lado, tercer aspecto a destacar, se han dado cambios notables dentro de la inmigración extracomunitaria por lo que hace a los colectivos más numerosos, pero también respecto al género y al tipo de inmigración, individual o familiar, de que se trata. En términos muy generales, podríamos afirmar que esta etapa está protagonizada por los nacionales latinoamericanos, particularmente los de Ecuador y Colombia, que se trata de una inmigración con una sex-ratio más equilibrada y con un número notable de menores. Todo ello indica un cambio en el tipo de inmigración laboral que recibimos: de una migración individual, más o menos temporal, hemos pasado a una migración familiar, permanente y poblamiento. Veamos más en detalle algunos de estos cambios.

2.- Características de la inmigración extracomunitaria. El caso ecuatoriano.

Si nos centramos en la inmigración extracomunitaria, lo primero a destacar es el aumento importante del número de latinoamericanos. En enero de 2003, la mitad de los residentes extracomunitarios en España eran latinoamericanos, destacando por su número los ecuatorianos y los colombianos. Asimismo, dicho flujo ha modificado la importancia numérica de los diferentes colectivos de inmigrantes, como se observa en el cuadro 3.

Los nacionales de Ecuador, casi 400.000 personas en 2003, han desplazado a los marroquíes como colectivo extracomunitario más importante. Los nacionales de Marruecos, 378.000, constituyen hoy la segunda nacionalidad de procedencia aunque continúen ostentando una posición simbólica central –son los “moros”, los musulmanes, la plasmación histórica de nuestros “otros”. En el caso ecuatoriano, llama la atención la envergadura y rapidez del proceso.

Cuadro 4. Inmigración ecuatoriana en España y porcentaje sobre el total de extranjeros. Años 1998-2003

Años	Población ecuatoriana	% sobre total extranjeros
1998	3.972	0,6
2000	20.481	2,2
2001	139.022	10,1
2002	259.522	13,1
2003	390.297	14,6

Fuente: INE (2004). Elaboración propia.

A diferencia de otros colectivos latinoamericanos, como peruanos y argentinos, la migración ecuatoriana apenas tiene importancia en la década de los 90. Con el nuevo siglo, en tres años, multiplica su numero por diecinueve y pasa a afirmarse como el colectivo de mayor importancia numérica. Esta fuerza redoblada del flujo migratorio desde Ecuador se debe a la situación de la sociedad ecuatoriana, la existencia previa de núcleos de compatriotas en España, la consolidación de su atractivo frente a los destinos migratorios más tradicionales, como Estados Unidos[12], así como a la percepción de una cierta preferencia social y política por la inmigración latinoamericana respecto a la de otras latitudes[13]. Aunque todos los colectivos latinoamericanos han aumentado sus efectivos, cabe destacar a los colombianos que, aunque con cifras inferiores a los ecuatorianos, han conocido también un aumento espectacular en los últimos dos años.

Sin embargo, a pesar de su importancia, la inmigración latinoamericana y del Magreb no agota la heterogeneidad característica de la inmigración extracomunitaria y producto de la globalización. La inmigración procedente de los países de Europa del Este ha dejado de ser anecdótica, para constituirse en colectivos importantes, como los rumanos, o con cifras más reducidas, búlgaros, ucranianos, polacos, etc. Esta diversificación  también se da entre los procedentes de Asia. Los chinos continúan siendo los más numerosos, pero ya están presentes otras nacionalidades, como los pakistaníes.

Dado el carácter extremadamente dinámico del fenómeno migratorio es difícil hacer proyecciones, aunque todo parece indicar que se van a mantener las tendencias de fondo señaladas. Una mayor heterogeneidad de procedencias con una muy importante presencia de latinoamericanos, ecuatorianos y colombianos como grupos mayoritarios. La inmigración magrebí y africana se mantendrá como colectivo importante aunque es posible que su peso relativo se reduzca ante el aumento de inmigrantes de otras zonas geográficas, particularmente de Europa del Este (por múltiples razones, entre otras, el proceso de ampliación de la Unión Europea). Por otro lado, de forma modesta pero constante, continuaran aumentando los inmigrantes asiáticos, chinos pero también pakistaníes, hindúes, etc.

Otro de los aspectos que han cambiado en los últimos años es la composición por sexo de la inmigración. En los últimos años muchas más mujeres se han incorporado al proceso migratorio, en unos casos como primeras migrantes, en otros por reagrupamiento familiar. En términos generales, si consideramos el conjunto de extranjeros extracomunitarios se da una casi equiparación entre los dos sexos. Sin embargo, conviven situaciones muy diferentes según los colectivos.

Los extranjeros procedentes de países de la Unión Europea presentan una sex-ratio equilibrada, de forma muy similar a la población española. Son los colectivos de inmigrantes extracomunitarios los que tienen un mayor sesgo de género. En términos generales, los procedentes del Norte de África, África subsahariana y Asia son colectivos básicamente masculinos, en particular durante los momentos iniciales de asentamiento. Aunque han aumentado el número de mujeres marroquíes, su índice de masculinidad era de 203,5 en 2002 (203 hombres por cada 100 mujeres, es decir sólo un tercio del colectivo son mujeres). Otro ejemplo extremo lo constituye el caso de los nacionales de Senegal, básicamente masculino. De acuerdo con la cultura migratoria de estos colectivos quien emigra es el hombre. En unos casos, más tarde, reagrupara a la familia o creará una nueva. Así, con el paso del tiempo y la formación de familias, la sex-ratio tenderá a ser más equilibrada, como ha sido el caso de los marroquíes y de los chinos (índice de masculinidad de 120 en 2002). En otros casos, como los senegaleses, la migración se considera temporal, las familias se crean en el país de origen y no se reagrupan. Por tanto, el colectivo tiende a perpetuarse como básicamente masculino. 

A diferencia de los anteriores, suelen constituirse como grupos femeninos o con mayor proporción de mujeres los de determinadas procedencias latinoamericanas y asiáticas (Filipinas). En estos casos, donde el protagonismo del proceso migratorio corresponde a las mujeres, la migración se realiza en función de una demanda de servicio doméstico. Según los colectivos, la cultura de procedencia y el papel de la mujer migrante respecto al núcleo familiar, esta feminización puede atemperarse con el tiempo o bien consolidarse como un rasgo característico[14] .

En la Republica Dominicana, como en otras zonas de América Central, la mujer es el único sostén económico y el adulto de referencia en muchos grupos familiares, en una situación que se ha caracterizado como matrifocalidad. Es la línea de abuelas, madres e hijas, las que afrontan como pueden los problemas del grupo familiar lo que supone, en muchos casos, la migración de una de ellas. La dominicana se ha consolidado como una inmigración femenina, con un índice de masculinidad de 44,1 en 2002 (44,1 hombres por cada 100 mujeres). El caso ecuatoriano nos ofrece otro funcionamiento diferente. En Ecuador, la estructura familiar tiene al padre como autoridad y figura presente; el hombre es el primer candidato a emigrar. Sin embargo, la migración femenina fue generada por la demanda de servicio domestico en España y la información allá, en Ecuador, de acuerdo con la cual: “en España hay trabajo para mujeres”. Así, los primeros inmigrantes ecuatorianos eran, en su mayoría, mujeres[15].

Cuadro 5. Inmigración ecuatoriana en España, según sexo. Años 1998-2002.

	Año 1998			Año 2002
	Total	Mujeres	Índice masculinidad	Total	Mujeres	Índice masculinidad
Extranjeros	637.085	314.824	102,4	1.977.946	929.767	112,7
Ecuatorianos	3.972	2.346	69,3	259.522	131.478	97,4

Fuente: INE (2004). Elaboración propia.

Sin embargo, en apenas cuatro años, esta realidad ha cambiado para pasar a una sex-ratio básicamente equilibrada (97,4 hombres por cada 100 mujeres, en 2002). Dicho cambio nos indica que las mujeres ecuatorianas en España, y la colonia femenina que constituyeron durante unos años, han tenido un papel central en el proceso migratorio de otros miembros de la familia o del conjunto del grupo familiar. En la práctica, en muchos casos, las mujeres ecuatorianas han constituido una “avanzadilla” que explora, facilita y permite la migración del grupo doméstico, aunque en ocasiones ese no era el proyecto inicialmente pensado.

En términos generales, el caso de Ecuador marca la pauta general para la inmigración latinoamericana: una tendencia neta a disminuir su feminización inicial y a aproximarse a un equilibrio entre los sexos, aunque subsistan colectivos feminizados (Izquierdo 2002 a y b; INE, 2004).

Otro aspecto de interés es la composición por grupos de edad. En términos generales, la inmigración se concentra en las franjas de edad comprendidas entre los 20 y 65 años en mayor proporción que los españoles, un 70% por un 60% en el caso de los españoles. El número de menores es inferior a la media española, aunque ya constituyen un número significativo. Sobre todo, la gran diferencia se centra en los mayores de 65 años que constituyen un 12 % entre los extranjeros y un 18 % entre los españoles[16]. Básicamente, estos datos nos dibujan una inmigración concentrada en los grupos de edad laboral, que conforma una población joven.

El caso ecuatoriano responde a esa imagen, acentuando algunas de sus características: número creciente de menores y muy pocos mayores. Así, en referencia a 2002, el número de ecuatorianos menores de 14 años es similar a la media española (14 % del total del colectivo), lo que nos indica la presencia de familias. Por otro lado, siete ecuatorianos de cada diez tienen entre 20 y 39 años, lo que corresponde plenamente a una  migración laboral. Por último, el número y la proporción de mayores de 65 años es insignificante (0,40 % en el caso ecuatoriano frente a un 18 % para los españoles). Se trata de una inmigración muy reciente que, lógicamente, no viaja con sus mayores.

Como el resto de la inmigración laboral, la ubicación geográfica de las ecuatorianos y ecuatorianas en España sigue las pautas de los ejes centrales de población, actividad económica y riqueza (la costa mediterránea, Madrid y el Norte industrial). Así, en 2003, el 70 % de la migración ecuatoriana estaba concentrada en cuatro provincias: Madrid (38 %), Barcelona (15,2), Murcia (11,8) y Valencia (5,7) [17], aunque se da una tendencia a una mayor dispersión. 

Para resumir el caso ecuatoriano, podemos hablar de una migración laboral muy joven que ha pasado, rápidamente, a un equilibrio entre sexos y a un número creciente de menores. Dicho perfil, de tipo familiar, conforma una inmigración permanente y de poblamiento, dado que de una forma u otra, van a constituir una parte de la población española. Se trata de una inmigración muy reciente, conformada en los últimos tres años, y que está iniciando su proceso de inserción.

3.- El proceso de inserción de los inmigrantes.

Por inserción social podemos entender el proceso de inclusión de los inmigrantes en la  sociedad española, como trabajadores, consumidores, vecinos y usuarios de los servicios y espacios públicos. Inserción hace referencia, por tanto, al “lugar social” que ocupan los inmigrantes en la sociedad de recepción. De acuerdo con Sayad (1994), inserción es “el modo de relación en el seno de la sociedad y con el conjunto de instancias sociales y la posición que se ocupa en el sistema social”. Así definida, la inserción de los inmigrantes puede, por tanto, adoptar diversas formulas, de muy distinta calidad democrática y con diferentes consecuencias sociales.

Conviene distinguir inserción de integración. Normalmente, cuando se habla de integración se hace referencia a una inserción social que no comporte la marginación y exclusión de los inmigrantes, ni tampoco la asimilación cultural forzada. Integración, por tanto, hace referencia a un “buen” proceso de inserción social de los inmigrantes. Es un término que comporta una valoración normativa positiva. Por ello, muchas veces se utiliza el término de integración para designar al tipo de inserción social que se pretende legitimar. Como he desarrollado en otro texto, Torres (2002), integración de los inmigrantes supone un proceso de incorporación a la sociedad española con tres notas definitorias: la igualdad de condiciones, derechos y deberes; el respeto y el derecho a la diferencia y una dinámica social que fomente la interrelación, la interculturalidad y el intercambio creativo entre grupos. Es decir, un proceso paulatino mediante el cual puedan llegar a ser participantes activos de la sociedad, conformando también la vida social, económica y cultural, sin que se les imponga el precio de la renuncia a su cultura de origen[18].

3.a.- Dimensiones, factores y actores.

La inserción social de los inmigrantes es un proceso multidimensional pues la vida en común, en sociedad, lo es. Podemos hablar de una dimensión jurídica-legal, otra socio-laboral, una tercera sería una dimensión residencial, donde podríamos incluir la vivienda y las relaciones vecinales. El acceso a servicios básicos como la sanidad y la educación constituye otra dimensión básica del proceso de inserción, así como la dimensión identitaria y cultural. Sin animo de ser exhaustivo nos referiremos a algunas de estas dimensiones. Una es la normativa, es decir el estatus legal y la relación con la ciudadanía de los inmigrantes. Otra dimensión básica es la socio-económica. La inserción dependerá, también, de los contextos sociales generados por el tipo de inserción residencial, la vivienda y las relaciones vecinales que se generen y de los recursos de sociabilidad, particularmente las redes. Destacar, por último, la importancia de la dimensión socio-cultural e identitaria es decir el conjunto de representaciones sociales, valores y símbolos, que comparten los miembros de la sociedad de recepción, con los que “ven” a los inmigrantes y que orientan su acción hacia ellos. Entre estas diferentes dimensiones se da una interrelación profunda. La inserción laboral depende, entre otros factores, de la situación documental pero también de la información y oportunidades que oferten las redes sociales a las que se pertenece. A su vez, el trabajo no solo supone una fuente de ingresos sino la inserción en unas relaciones y prácticas socio-laborales concretas que tienen implicaciones para otras facetas del proceso de inserción (renovar el permiso y mantener el estatus legal, alquilar una vivienda, etc.). Por tanto, el proceso de inserción es el resultado de la conjunción de tendencias en esas dimensiones, de las diferentes estrategias aplicadas por los actores y de las dinámicas sociales que así se conforman.

La inserción social de los inmigrantes es un proceso conformado por tendencias “macro”, factores estructurales e institucionales, pero también por factores “micro”, como la sociabilidad informal que nos muestran las redes sociales de los inmigrantes, y por factores “locales”, modulados por los actores en contextos sociales concretos. Entre los factores estructurales e institucionales hay que hacer referencia al mercado de trabajo, las tendencias económicas, la legislación de extranjería y las políticas públicas que con su acción, u omisión, conforman un determinado tipo de inserción. Sin embargo, estas tendencias generales son concretadas y moduladas de forma parcialmente diferente, según los distintos “contextos locales”. Así, por ejemplo, a pesar de compartir los mismos factores “macro” (entre otros, una agricultura intensiva de exportación y un mismo marco normativo), la inserción social del inmigrante peón agrícola será distinta en unas zonas u otras. En Almería y otras zonas de Andalucía, esta inserción está marcada por la segregación espacial y urbana, particularmente si se trata de marroquíes y subsaharianos. No es el caso de las zonas de agricultura de Murcia, Valencia y otras provincias donde se da una convivencia residencial sin mayores dificultades[19]. El mutuo condicionamiento de los factores “macro” y “micro”,  genera unas dinámicas sociales que consolidan prácticas específicas, segregación o convivencia socio-residencial por ejemplo, así como un determinado “clima social” respecto a la inmigración.

Vemos, pues, que la inserción social es un proceso donde intervienen diversos actores que podemos agrupar, a efectos expositivos, en dos grandes y heterogéneos bloques: la sociedad receptora y los colectivos de inmigrantes. Cuando desde medios oficiales y académicos, se insiste en la responsabilidad del inmigrante en su inserción, hay que destacar como la inserción social supone una relación profundamente desigual[20]. Nosotros, como sociedad receptora, tenemos la posición dominante y los inmigrantes constituyen una minoría, extraña y extranjera, que intenta hacerse un “lugar social” que le permita iniciar una nueva vida.

Sin embargo, que los inmigrantes constituyan una minoría no hace de ellos meros vectores pasivos de las tendencias estructurales e institucionales. Las personas inmigrantes, los grupos domésticos y los colectivos, desarrollan diversas estrategias de inserción, intentando una mejor y/o menos costosa adaptación y dando respuestas más o menos eficaces a los requerimientos de la vida cotidiana en la sociedad de recepción. Los procesos de inserción de las personas y grupos, reales y concretos, se realizan mediante redes informales, es decir, el conjunto de relaciones interpersonales, basadas en motivos de parentesco, amistad y otro aspecto común, y que supone el intercambio de información, bienes y servicios, relaciones ordenadas de acuerdo con las reglas culturales y los mapas cognitivos y valorativos compartidos.

Para todos los grupos de inmigrantes, las redes de parientes y compatriotas amigos constituyen el primer recurso para encontrar trabajo, acceder a una vivienda y disponer de un marco de relaciones[21]. Sin embargo, de acuerdo con el tipo de red y las bases culturales y organizativas que tenga, la resolución de estas necesidades adoptará una forma muy diferente.

Desde este marco conceptual, someramente descrito, ¿qué podemos apuntar del proceso de inserción de los inmigrantes extracomunitarios en España y, más particularmente, de las ecuatorianas y ecuatorianos?.

3.b.- Inserción, factores de exclusión y requerimientos de inclusión

Un aspecto clave del concepto de integración y de exclusión lo constituye la participación, o no, en el conjunto de procesos y de dimensiones sociales que conforma una ciudadanía bien integrada. El proceso de inserción de los inmigrantes ¿se orienta en un sentido integrador?, es decir, ¿aumenta progresivamente la participación de los inmigrantes en la vida social, en condiciones más o menos igualitarias?. ¿Cuáles son las luces y las sombras del proceso?. ¿Qué dimensiones y factores se nos muestran como más incluyentes y cuales, por el contrario, se conforman como los principales obstáculos?.

Por otro lado, el proceso de inserción de los inmigrantes supone un desarrollo en el tiempo, durante el cual se modifican las situaciones. De acuerdo con la experiencia europea, Basteneir y Dassetto (1995) establecen tres momentos del proceso de inserción: la llegada, el asentamiento y la residencia permanente. En el Estado Español  nos encontramos con inmigrantes en los tres momentos. Una parte de la inmigración está ya asentada y adaptada, lo cual no quiere decir sin problemas. Este sector es una minoría y es lógico que así sea. Tenemos una migración muy reciente y la mayoría, los llegados en los últimos cuatro años, está en proceso de asentarse con sus familias. Una parte logro acogerse a los procesos de regularización de 2000 y de 2001; otros no. El tercer grupo, de difícil cuantificación, está constituido por los recién llegados y que inician el largo y penoso proceso de instalarse, ganarse la vida e intentar documentarse. En el caso de la inmigración latinoamericana, en general, y ecuatoriana en particular, su proceso de inserción está marcado por su carácter muy reciente, lo que hace que se inscriba en los dos últimos grupos señalados.

Por tanto, para aproximarnos a una visión de conjunto del proceso de inserción, cabe utilizar dos tipos de variables. Unas son las diferentes dimensiones del proceso: jurídico-administrativa, laboral, residencial, educativa, sanitaria, etc. Las otras hacen referencia a los diferentes momentos del mismo -la llegada, el asentamiento y la residencia permanente-, en que se encuentran los diferentes grupos de inmigrantes.

Comencemos por las luces del proceso [22]. En los cuatro últimos años se ha dado un proceso de incorporación y creciente presencia de las personas y familias inmigrantes, en los ámbitos de educación, sanidad y servicios sociales. Hoy los inmigrantes constituyen usuarios habituales de estos servicios en lo que podemos calificar como giro “normalizador”. Como consecuencia, comparten las mismas instituciones educativas, sanitarias y de servicios sociales que los autóctonos, y acceden a similares programas y servicios.  Este proceso de incorporación en estas instituciones presenta, al menos, cuatro características comunes. Se basa en el reconocimiento de derechos considerados fundamentales, que se rigen por el criterio de universalidad. Dicho reconocimiento concita un amplísimo consenso social. Por ello, a pesar de los problemas y limitaciones de diverso tipo, la dinámica generada ha sido muy inclusiva, en el sentido literal, incorporando a los inmigrantes al funcionamiento cotidiano de los colegios, los centros de salud y los de servicios sociales. Factor clave de esta dinámica ha sido la buena actitud y la voluntad activa de los profesionales de estos servicios.

Este proceso de incorporación tiene consecuencias muy positivas. No sólo por la cobertura educativa, sanitaria y de servicios sociales que se ofrece a los inmigrantes, sino por su efecto inclusivo en otros aspectos de su relación con la sociedad española. Compartir instituciones y servicios es un elemento integrador de convivencia, facilita la ampliación de relaciones y de recursos y fomenta el reconocimiento del inmigrante como conciudadano y como vecino.

Esto no quiere decir que no existan problemas o deficiencias, que los hay [23]. Lo que se pretende destacar, a diferencia de otras dimensiones, es que en educación, sanidad y servicios sociales se ha dado una primera respuesta de inclusión positiva: “todos para dentro”. Para que esta incorporación no se consolide como una inserción desigual hace falta mejorar su calidad, en un sentido intercultural, así como la progresiva adecuación de dichos sistemas a una población cada vez más heterogénea.

Educación, sanidad y servicios sociales nos aparecen como tres dimensiones en las que la tendencia del proceso de inserción es inclusiva, positiva, con los límites comentados. En otras dimensiones, igualmente básicas, no podemos hacer esa valoración positiva. Para visualizar la situación, trabajaremos sobre un cuadro conceptual que relaciona los diferentes momentos del proceso de inserción, los factores de exclusión más importantes en la situación actual y los requerimientos de inclusión que comporta respecto a la sociedad receptora[24].

 

Momentos	Factores de exclusión	Requerimientos de inclusión
Llegada	situación irregular	gestión indocumentados
Asentamiento	trabajo precario, sumergido precariedad residencial	trabajo formal vivienda social
Residencia Permanente	diferencia cultural estigmatizada no nacionales	reconocimiento cultural y social participación

 

En la llegada, el factor de exclusión fundamental lo constituye la situación irregular. En la fase de asentamiento, con la creación y/o instalación de familias, los problemas centrales que se plantean hacen referencia a la vivienda y una inserción laboral precaria, a menudo en la economía sumergida, problemas a los que se puede añadir una situación irregular no resuelta. El tercer momento, implica en nuestro caso a una minoría ya asentada, con seguridad documental e inserción laboral. Se trata de núcleos familiares, españoles y españolas desde hace años, que han echado raíces y cuyos hijos e hijas se están socializando aquí. En esta fase, lo que se plantea son los retos que la presencia de una “segunda generación” pone sobre la mesa: el reconocimiento cultural de su identidad mestiza y la cuestión de la participación social, incluida la acción política. Podemos decir que, en España, esta problemática está despuntando: hoy tiene una escasa relevancia pero se presenta como uno de los retos importantes del futuro inmediato. 

Dado que la inmigración ecuatoriana se encuentra en las fases de llegada y asentamiento, la situación irregular, el trabajo precario y las dificultades de vivienda constituyen los principales obstáculos para su adecuada inserción. Veamos algunos de estos temas con mayor detalle.

4.- La realidad “irregular”: los indocumentados

En la actualidad, todos los autores y no pocos gestores públicos coinciden en señalar la situación irregular como el principal obstáculo que afronta un proceso de inserción.  En palabras de J. Arango, “ninguna faceta de la inmigración en España es tan influyente y relevante como la elevada proporción de irregulares... y ello apunta a la existencia de potentes factores estructurales generador de irregularidad” (Arango, 2002: 67). De acuerdo con el Padrón de Habitantes, en enero de 2003, residían en España 2.672.596 extranjeros. Sin embargo, el Ministerio del Interior contabilizaba en diciembre de 2002, un total de 1.324.001 permisos. Es decir, la mitad de los extranjeros residentes en el Estado Español carecía de permiso de residencia y trabajo, se encontraban indocumentados [25].

Cuadro 6. Extranjeros en España. Aproximación al número de indocumentados. Años 1998-2003

Años	Extranjeros residentes		Índice Indocumentados
	Interior (1)	Padrón (2)
1998	609.813	637.085	- 4,47
2000	801.329	923.879	- 15,29
2001	859.720	1.370.657	- 59,43
2002	1.109.060	1.977.944	- 43,93
2003	1.324.001	2.672.596	- 50,46

(1) Número de permisos de residencia, con referencia al 31 de diciembre del año anterior al señalado. (2) Número de empadronados, con referencia a 1 de enero del año señalado. Fuente: INE (2004). Balance 2003. Delegación Gobierno para la Extranjería y la inmigración (2004). Elaboración propia.

Además, como se deduce del cuadro 6, esta bolsa de indocumentados aparece como una constante, particularmente en los últimos años. Ni los procesos de regularización del año 2002 y 2001 consiguieron reducir sus efectivos de forma importante. Este hecho dice mucho de dos aspectos: uno es el aumento de los flujos migratorios hacia España; el otro, el carácter inadecuado cuando no contraproducente de la actual normativa de extranjería.

Vale la pena detenerse en la dinámica de la irregularidad. La inmensa mayoría de inmigrantes han llegado de forma legal, con un visado turista con validez para tres meses. Como se trata de una inmigración laboral con voluntad de asentamiento, no regresa a su país cuando finaliza la vigencia de su autorización y pasa a convertirse en irregular. Durante los últimos años, los recién llegados iniciaban así un período más o menos largo en el que, con el paso del tiempo, sus esfuerzos de inserción y el aumento de sus relaciones y habilidades laborales y sociales, conseguían hacerse con una oferta de contrato e iniciar los trámites para documentarse[26]. De esta forma, teníamos una “bolsa” de indocumentados que, peor que mejor, renovaba su composición. Los recién llegados sustituían a los que, con el tiempo, habían conseguido la ansiada regularidad.

Así teníamos dos realidades. Una oficial, establecida por la Ley, según la cual la inmigración debía venir con una oferta de empleo mediante la contratación en origen. Sin embargo, la dinámica social era y es otra. La necesidad de mano de obra y el atractivo creciente de España como destino desbordan ampliamente el marco restrictivo establecido por la normativa y la escasa capacidad de la Administración española para gestionar la situación [27]. La vida se impone como realidad “irregular”. Esta dicotomía entre el proceso oficial y el proceso real es una contradicción presente, con más o menos intensidad, en todas las políticas europeas de inmigración, particularmente en la Europa del Sur[28].

En el caso ecuatoriano, los índices de irregularidad son claramente superiores a la media de los inmigrantes, como se deduce del cuadro 7. Al generalizarse la inscripción padronal, ya en el año 2001, el índice de indocumentados se “dispara” al 350,23. Los procesos de regularización han mitigado dicha cifra, pero con todo, sólo un tercio de los residentes ecuatorianos empadronados en 2003 disponía de algún permiso del Ministerio del Interior.

Cuadro 7. Aproximación al número de ecuatorianos indocumentados en España. Años 1998-2003

Años	Inmigración ecuatoriana		Índice Indocumentados
	Interior (1)	Padrón (2)
1998	4.112	3.972	+ 3,40
2000	12.933	20.481	- 58,36
2001	30.878	139.022	- 350,23
2002	84.699	259.522	- 67,36
2003	115.301	390.297	- 70,46

(1) Número de permisos de residencia, con referencia al 31 de diciembre del año anterior al señalado. (2) Número de empadronados, con referencia a 1 de enero del año señalado. Fuente: INE (2004). Balance 2003. Delegación Gobierno para la Extranjería y la inmigración (2004). Elaboración propia.

La mayor incidencia de la situación irregular en el colectivo de ecuatorianos no cabe atribuirlo a una marginación específica. Dada la dinámica de la irregularidad que hemos comentado, ésta es mayor entre los colectivos de inmigración más reciente. Así, el índice de irregularidad de los ecuatorianos es similar al de los colombianos (- 70,89) y argentinos (- 74,67). Por el contrario, el índice de irregularidad es solo del –30,23 en el caso de los peruanos, -25,48 para los marroquíes y –10,57 para los chinos, colectivos con un mayor tiempo de asentamiento, un proceso de llegada más paulatino y con una mayor diversidad de situaciones.

La persistencia de la irregularidad suele explicarse por el aumento de los flujos. Sin embargo, suelen olvidarse los factores estructurales que la generan, propios de la sociedad española. En primer lugar, factores derivados de nuestra estructura económica. Cuando un 23 % de la actividad económica que se realiza en España es sumergida [29] se genera un poderoso efecto “llamada” sobre los inmigrantes, cuya primera prioridad es trabajar. Otros factores lo constituyen los efectos “perversos” de la propia normativa que genera situaciones de irregularidad. Al identificar residencia legal y contrato de trabajo, se convierte en indocumentados a quienes han entrado de forma legal, se ganan la vida en la economía sumergida, pero no consiguen un empleo. O bien, en el caso de la llamada “irregularidad sobrevenida”, a quienes tras un primer permiso no logran renovarlo, por no justificar un empleo o seis meses anteriores de cotización a la Seguridad Social. Otros factores, en fin, tienen que ver con las dificultades para asegurar un control de entradas y permanencias en un mundo crecientemente globalizado.

Por ello, la existencia de una bolsa de indocumentados aparece como un aspecto estructural del fenómeno migratorio y su gestión constituye uno de los temas centrales del debate sobre las políticas de inmigración en Europa. España no ha sido una excepción. Las políticas públicas aplicadas han sólido oscilar entre una línea de normas muy restrictivas, que reducen al inmigrante irregular a simple “expulsable”, y otra línea que combina un discurso de control y orden con una gestión pragmática del fenómeno. Esta segunda línea comporta, junto con las medidas de control de flujos y la represión de los efectos más negativos, como las mafias, fórmulas más o menos inclusivas de regularización para los inmigrantes que acrediten un arraigo.

Los gobiernos del PP se han decantado sucesivamente por la primera de dichas líneas. Uno de los argumentos centrales del PP para modificar la Ley 4/2000 y hacer aprobar la Ley 8/2000 era, precisamente, establecer una diferencia clara entre los derechos y el tratamiento reservado a los indocumentados y a los regulares. Sin embargo, las sucesivas reformas de la Ley de Extranjería han probado que una ley más dura no tiene un efecto “disuasorio” respecto a la inmigración indocumentada. En el año 2001 y 2002, el flujo continuo de entradas continuo nutriendo las filas de los inmigrantes irregulares cuyo número había descendido como consecuencia de los dos procesos de regularización realizados. Además, a finales de 2001, el Gobierno adoptó un acuerdo cerrando el llamado “régimen general” e imposibilitando, en la práctica, que el inmigrante residente indocumentado que obtenga una oferta de empleo pueda solicitar un permiso y regularizar su situación[30]. Con el cierre del régimen general, la exigüidad del cupo y los retrasos administrativos, el proceso de documentación estaba bloqueado desde hace más de dos años. Este bloqueo tiene dos consecuencias indeseables, como han resaltado la totalidad de las organizaciones sociales: aumenta el número total de inmigrantes sin permiso, ya que continúan entrando, y se consolida una situación de indocumentados “crónicos” cuya continuidad afectaría muy negativamente al proceso de inserción de todo el colectivo.

Con el nuevo Gobierno socialista parecen apuntarse algunos elementos de cambio. Se han adoptado medidas de urgencia para evitar situaciones de irregularidad por retrasos administrativos en la tramitación de los permisos [31]. A pesar de que el PSOE apoyó la última reforma propugnada por el PP, la Ley 14/2003, parece que el Gobierno socialista va ha establecer, en el nuevo Reglamento de Extranjería, un procedimiento de regularización por arraigo.

Desde el punto de vista del proceso de inserción es imperativo desbloquear la actual situación, lo que supone una gestión inclusiva de la bolsa de indocumentados. Una gestión que se asiente sobre tres ejes. El primero se basa en reconocer que la bolsa de indocumentados constituye un elemento estructural que no cabe negar, sino más bien paliar, limitar sus efectos negativos y establecer las bases para –a largo plazo— eliminar. El segundo eje hace referencia a la necesidad de establecer procedimientos ordinarios que permitan la regularización de quien aquí vive y trabaja, tanto por razones pragmáticas, como por valores democráticos que sustentan nuestra convivencia. Las fórmulas son discutibles y variables, pero están presentes en parte de las legislaciones europeas y en la propia normativa española, con una voluntad política inclusiva[32]. El tercer eje, en fin, se refiere a que en nombre de la “lucha contra la inmigración ilegal” no se pueden limitar los derechos fundamentales de los “sin papeles”, ni reducirlos a un estatuto de “parias sociales”. No se puede presentar la expulsión como única medida para el inmigrante indocumentado que, en muchos casos, tiene familia aquí y se esfuerza por conseguir un arraigo.

5.- La doble clara del trabajo

La inserción laboral es un aspecto básico de todo proceso de inserción. Una adecuada inserción laboral proporciona al inmigrante la autosuficiencia económica y su acceso a los sistemas contributivos de protección social, lo que facilita su integración como miembro activo y reconocido de la sociedad. Igualmente disponer de un contrato de trabajo constituye un requisito imprescindible para renovar el permiso y mantener el carácter “legal”, así como para resolver diferentes necesidades de la vida cotidiana. Por último, pero no menos importante, el contrato de trabajo constituye una prueba de que se trata de una inmigración legítima.

La legitimidad social de la inmigración se basa en su contribución económica, razón a la que, en los últimos años, se añade su efecto demográfico positivo en una sociedad crecientemente envejecida. La inmigración es legítima en cuanto responde a las necesidades de mano de obra, que se identifica con disponer de un contrato de trabajo. Así opina la inmensa mayoría de los españoles (ASEP 1998; Diéz Nicolas y Ramírez Lafita 2001). La buena inmigración es la que atiende a nuestras necesidades económicas en el marco de nuestro sistema productivo [33].

En coherencia, la inserción laboral de los inmigrantes se realiza de acuerdo con un doble criterio. En primer lugar, el principio de preferencia nacional, “primero los de casa”, que adopta diversas expresiones. La preferencia nacional inspira nuestras normas legales, se proclama en los discursos, se comenta en la “opinión publicada” sobre la extranjería y forma parte del “sentido común” que informa y modula las prácticas socio-laborales.[34].

En segundo lugar, la inserción laboral de los inmigrantes se orienta a cubrir los sectores y/o “nichos” laborales que por sus condiciones de trabajo, remuneración y percepción social, no son atractivos para los trabajadores y trabajadoras españolas que, en general, cuentan con mayores recursos (apoyo familiar, redes de relaciones y prestaciones sociales) lo que le permite mayor libertad de elección.[35] 

Nos hacen falta personas inmigrantes para el servicio doméstico y el cuidado de personas dependientes; para las tareas de peonaje agrícola; también, como peones en la construcción o la hostelería y en los talleres “auxiliares”, subcontratas y otras formulas de economía sumergida e informal que son claves para la competitividad internacional de sectores productivos como la agricultura intensiva, el calzado u otras. Son sectores marcados, en particular en sus puestos más bajos, por salarios reducidos, penosidad física, alta tasa de temporalidad, acentuada movilidad geográfica y una escasa regulación, lo que tiene importantes consecuencias en el caso de las personas inmigrantes, dado su carácter de extranjero. Orientamos a las trabajadoras y trabajadores extranjeros hacia esos sectores tanto con medidas normativas (contingente, limitación del permiso de trabajo inicial a un determinado territorio, sector o actividad) como por el funcionamiento de las relaciones y prácticas socio-laborales.

La creciente importancia de los trabajadores extranjeros y, dentro de ellos, de los ecuatorianos puede apreciarse en el cuadro siguiente sobre datos de Seguridad Social, que reflejan los trabajadores en alta laboral.

Cuadro 7. Trabajadores extranjeros y ecuatorianos en alta laboral de Seguridad Social. Años 1999-2004

Años	Trabajadores extranjeros	Trabajadores ecuatorianos	% ecuatorianos sobre extranjeros
1999	334.976	7.446	2,22
2001	557.074	48.174	8,65
2003	924.805	135.833	14,69
2004	1.016.963	140.856	13,85

Para los años 1999 a 2003 se señala la media anual. Para el año 2004, la media de enero a junio. Fuente: MTAS (2004). Elaboración propia.

Si en el año 1999, los extranjeros representaban el 2,3 % del total de trabajadores en alta, en junio de 2004 ya suponían casi el 6 % del total. Este aumento, que parece proseguir durante el año en curso, expresa la contribución creciente de la inmigración tanto a la actividad económica reglada y la riqueza que se genera como sus aportaciones, vía cotizaciones obligatorias, al sistema de Seguridad Social (seguro de paro, enfermedad y pensiones). Dicha aportación constituye además, al menos a corto plazo, un beneficio casi neto para las arcas públicas[36]. Lo mismo cabría señalar para el caso de los ecuatorianos, destacando como dicho proceso se ha dado de forma más acelerada (dada el carácter muy reciente del colectivo).

Sin embargo, estas cifras no pueden ocultar la otra cara de la moneda: un importante número de trabajos realizados en la economía sumergida. Nos podemos acercar a dicha realidad, mediante la tasa de actividad laboral, la proporción de residentes entre 16 y 65 años que figuran en las estadísticas de la Seguridad Social. En el caso de los extranjeros en general dicha tasa de actividad era, para 2003, de un 46 %, que disminuía en el caso de los ecuatorianos a un 43 %.

Dicho de otra forma, menos de la mitad de los ecuatorianos residentes en edad de trabajar lo hacían en 2003, según los datos de Seguridad Social. Este dato no casa con el carácter de migración laboral, muy joven y cuyo motivo principal para venir a España ha sido trabajar. Obviamente, una migración de estas características, como la ecuatoriana, no se queda de brazos cruzados. Quien no tiene un trabajo formal, está trabajando en economía sumergida. A favor de la misma tesis, pueden apuntarse otras razones. Por ejemplo, para ningún observador de la realidad española es creíble que el número de ecuatorianas que trabajan en servicio domestico se reduzca a las 19.787 afiliadas al Régimen Especial de Empleados de Hogar en 2003 (véase cuadro 8).

A pesar de su carácter limitado los datos de Seguridad Social, según régimen de afiliación y sector de actividad económica, nos indican aspectos de interés.

Cuadro 7. Trabajadores extranjeros y ecuatorianos en alta laboral, según sector de actividad. Año 2003

	Trabajadores ecuatorianos	% sector	Trabajadores extranjeros	% sector
Total	132.956	100,00	925.280	100,00
Agrario	20.875	15,70	130.565	14,11
Industria	10.621	7,99	83.307	9,00
Construcción	26.841	20,19	146.137	15,79
Servicios	74.541	56,06	564.575	61,02
No consta	78	0,06	696	0,08

Datos a 31 de diciembre. Fuente: MTAS (2004). Elaboración propia.

De acuerdo con el cuadro anterior, la distribución por sectores de los ecuatorianos es similar a la de los extranjeros en general, si bien cabe destacar en el caso de los ecuatorianos una mayor presencia porcentual en el sector agrario y, sobre todo, en la construcción, así como índices menores en el caso de la industria y los servicios.

Otro indicador, las altas a los diferentes regímenes de Seguridad Social, así como su evolución en los últimos años nos puede dar pistas sobre los cambios en la inserción laboral.

Cuadro 8. Trabajadores extranjeros y ecuatorianos en alta laboral, según régimen de Seguridad Social. Años 2000 y 2003.

Año 2000.

	Trabajadores extranjeros	% según régimen	Trabajadores ecuatorianos	% según régimen
Total	454.571	100,00	25.729	100,00
Régimen general	278.054	61,17	14.631	56,87
Agrario	55.969	12,31	2.518	9,79
Mar	1.775	0,39	6	0,02
Empleados hogar	48.048	10,57	8.242	32,03
Autònomos	70.725	15,56	332	1,29

 

Año 2003

	Trabajadores extranjeros	% según régimen	Trabajadores ecuatorianos	% según régimen
Total	925.280	100,00	132.956	100,00
Régimen general	623.483	67,38	91.836	69,07
Agrario	121.619	13,14	19.934	14,99
Mar	2.450	0,26	23	0,02
Empleados hogar	73.419	7,93	19.787	14,88
Autónomos	104.309	11,27	1.376	1,03

Fuente: MTAS (2004). Elaboración propia.

En tres años, los trabajadores ecuatorianos se han aproximado al perfil medio del trabajador extranjero, aunque que con diferencias de interés. Así, en el caso ecuatoriano ha disminuido el peso del régimen de empleados de hogar (del 32 al 14 %), aunque continua siendo muy superior al porcentaje que se da entre los trabajadores extranjeros en general (7,9 % en 2003). Por el contrario, ha aumentado su presencia –por encima de la media- en el régimen general y en el régimen agrario. Por último, en el caso de los trabajadores autónomos las diferencias continúan siendo muy marcadas. No hay apenas trabajadores autónomos ecuatorianos (solo un 1 % por una media del 11 % en 2003). A diferencia de otros colectivos, los trabajadores ecuatorianos trabajan casi todos por cuenta ajena.

Por último, en estos tres años, ha cambiado igualmente el perfil por sexo del trabajador ecuatoriano. Si en el año 2000 era mayoritariamente femenino, aunque apuntando al equilibrio, en 2003, son ya hombres una mayoría de los trabajadores ecuatorianos (en proporción, por cierto, superior a la sex-ratio que presenta el colectivo).

Cuadro 9. Trabajadores ecuatorianos en alta laboral, según sexo. Año 2000 y 2003

	Año 2000	Año 2003
Total trabajadores	25.729	132.956
Hombres	12.453	71.685
Mujeres	13.276	61.270
Índice masculinidad	93,80	117,00

Datos a 31 de diciembre. Fuente: MTAS (2004). Elaboración propia.

Volvamos ahora a la problemática general de la inserción económica que no se puede reducir a la inserción laboral. Hay que recordar que cuando hablamos de inserción laboral hacemos referencia no sólo a trabajar sino a hacerlo con contrato, condición sine qua non para que el inmigrante extracomunitario pueda disponer de un permiso de residencia y trabajo. Sin embargo, esta exigencia legal es contradictoria con la inserción laboral real de buena parte de los inmigrantes, particularmente en los momentos de llegada y asentamiento, situación de la inmensa mayoría de las ecuatorianas y ecuatorianos. Por un lado, su inserción laboral se realiza en sectores en los que es bastante difícil conseguir un contrato. Por otro lado, la existencia de un contrato, o de una oferta nominal, es un requisito esencial para obtener el permiso o renovar el que ya se poseía.

Lógicamente los inmigrantes intentan mejorar su inserción laboral, tanto por lo que hace a la calidad del trabajo que realizan –salario, condiciones, etc.-, como por lo que hace a disponer del ansiado contrato. Las estrategias que se utilizan son diversas. Después de un tiempo, con mayores habilidades y relaciones, intentará mejorar su situación dentro del sector lo cual suele implicar contratación en regla. En otros casos, se intenta la estrategia de cambio a otro sector o rama de actividad,  con salarios medios más altos y una mayor regularización. Con el tiempo, se ha observado una difusión de la presencia de los trabajadores extranjeros. Junto a una alta representación en los sectores productivos de primera entrada, como el servicio doméstico, la agricultura y el peonaje de construcción, hay que destacar la creciente presencia en el transporte y las comunicaciones, el pequeño comercio y la industria (Izquierdo, 2002 a: 259). Todo parece indicar que el colectivo ecuatoriano sigue dicha tendencia.

En este sentido, podemos hablar de un “itinerario” laboral que han intentado seguir los inmigrantes, con mejor o peor resultado. Es el que va de los sectores y puestos de trabajo más desregularizados y penosos a otros con más posibilidades de conseguir un contrato, de la economía sumergida a la economía formal [37]. Cuando se ha dado, este “itinerario” ha supuesto una mejora de la situación, una ampliación de expectativas y la seguridad de una situación jurídica estable, con permiso y contrato de trabajo.

Al analizar la experiencia de la inserción de los inmigrantes en la Europa de la postguerra, autores como Wieviorka (1992) y Cohn-Bendit y Schimd (1996) han destacado la importancia de la movilidad social ascendente, consecuencia del largo período de expansión económica. La imagen es buena pero modificando parcialmente los contenidos[38]. Normalmente, movilidad social ascendente se suele entender en términos económicos, se mide en renta. En nuestro caso, el “itinerario” a que hacemos referencia lo podemos calificar de movilidad ascendente en seguridad. En ocasiones, en sectores regularizados o en puestos con contrato se gana menos que haciéndolo de forma sumergida. Lo que se gana es seguridad: de alta a la Seguridad Social, de permanencia legal, de mayores probabilidades de disponer de un trato no discriminatorio.

¿Qué obstáculos y problemas podemos reseñar en este “itinerario” laboral?. Nos referiremos a dos problemas centrales y se apuntaran posibles soluciones, unas operativas a corto plazo, otras a largo plazo. Sí, como se ha señalado, un itinerario positivo laboral supone -entre otros aspectos- el paso de la economía informal a la formal,  ello requiere que se abra una vía de regularización para los inmigrantes que, después de un tiempo en la economía informal, puedan presentar una oferta de empleo. Volvemos, otra vez, a la necesidad de una gestión inclusiva de la indocumentados que se muestra como verdadera clave de bóveda del proceso de inserción[39]. Otro aspecto hace referencia a la formación. Son los inmigrantes más cualificados, particularmente en oficios, los que tienen mayores posibilidades de “escapar” del círculo cerrado de economía sumergida e indocumentación.

El segundo problema hace referencia a la contradicción existente entre los requisitos de la normativa, la oferta de empleo, y la realidad de la inserción de los inmigrantes en buena medida en economía sumergida. Se ha planteado como solución, Colectivo Ioé (1999: 95), Torres (2002 a), la desvinculación entre el permiso de residencia y la situación laboral del inmigrante. Hay que potenciar, por supuesto, que el trabajador o la trabajadora inmigrante dispongan de contrato. Lo que se afirma es que la legitimidad de la estancia no puede depender de la acreditación de un contrato. Dicho de otra forma, la normativa debe adecuarse o como mínimo no entrar en abierta contradicción con la realidad de la sociedad “dual” y la particular inserción de los personas inmigrantes en ella. Son posibles otras formulas, aunque no exentas de problemas. Así por ejemplo, la política de selección de los inmigrantes de Canadá está basada en una serie de requisitos –algunos muy discutibles— pero que, en cualquier caso, no hacen de la existencia de una oferta de empleo, la condición sine quanon que legitima la entrada y la residencia legal [40].

Más que dificultades técnicas, que las tiene, la propuesta no parece viable a corto plazo por su falta de apoyo social y político. Sería necesario, previamente, modificar actitudes y criterios sociales muy solidamente anclados al respecto de la inmigración..

6.- A modo de conclusión. Por un proceso de inserción más inclusivo.

1.- Los dos millones de inmigrantes extracomunitarios residentes en España en 2003 constituyen un nuevo sector de la población española que inicia su inserción. Tanto por su número como por su significación social, este proceso va a conformar la España de mañana mismo.

Dentro de esta “España inmigrante”, la migración ecuatoriana constituye una buena muestra de algunas de las características de los flujos migratorios, así como de las tendencias de los últimos años. Muy poco importante hace apenas seis años, hoy se conforma como el colectivo más numeroso, con 390.000 nacionales en enero de 2003. Por otro lado, desde una inicial feminización se ha conformado, rápidamente, como una migración laboral familiar, de tipo permanente. Carácter dinámico de los flujos, rapidez en los cambios y conformación de una migración familiar, de poblamiento, serían otros tantos aspectos a destacar.

2.- La inmigración ecuatoriana, como buena parte de la extracomunitaria, es muy reciente. Inicia su proceso de inserción, marcada por una situación de precariedad social y con recursos económicos, profesionales, culturales y relacionales menguados, tanto por el cambio y la perdida que supone que supone la migración, como por la adaptación al nuevo contexto que representa la sociedad española. Esta situación de precariedad no tiene porqué perpetuarse. La mayoría de las mujeres y hombres inmigrantes son sujetos emprendedores, con buenas dosis de voluntad y energía, y con capacidad de adaptación y adecuación de su capital social al nuevo entorno.

Otras fuentes de precariedad no residen en los inmigrantes, sino en la sociedad española. Por un lado, se tiende a precarizarlos al conformarlos socialmente como “inmigrante extracomunitario” con las consecuencias jurídicas, sociales y simbólicas que hemos comentado. Por otro lado, la sociedad española presenta la doble cara de los sociedades post-industriales avanzadas. El alto dinamismo económico y la “tierra de oportunidades” aparece estrechamente vinculado a una estructura dualizada y desigual en la que operan dinámicas sociales que generan precariedad y exclusión, tanto para los inmigrantes como para los grupos autóctonos con menores recursos. 

Desde la precariedad no es posible participar, en pie de igualdad, en la conformación de la sociedad de recepción que pasa así a convertirse en sociedad de acogida. Desde la precariedad, económica, social, cultural y simbólica, no hay integración posible. Se trata, por tanto, de ayudar a superar lo antes posible dicha situación de precariedad y, sobre todo, de evitar que se consolide conformándose como exclusión. Por tanto, un buen proceso de inserción de los inmigrantes plantea unos requerimientos de inclusión de dos tipos: unos son de tipo específico y responden a necesidades propias de los inmigrantes; otros son de tipo general y pone sobre la mesa algunos de los problemas de nuestro funcionamiento social.

3. En la lectura que se propone del proceso de inserción, la sanidad, los servicios sociales y la educación aparecen como ámbitos de inclusión, con dinámicas que operan en un sentido de participación social “normalizada”. ¿Podemos extraer enseñanzas aplicables a otras dimensiones del proceso de inserción?. Aun con las limitaciones y problemas existentes, el giro “integrador” en educación, sanidad y servicios sociales, ha sido posible porqué se asentaba en sólidas bases: el reconocimiento de derechos, un amplio consenso social sobre dicho reconocimiento y una actitud inclusiva de los profesionales y de la propia administración. Estos tres elementos son básicos para un buen proceso de inserción de los inmigrantes y se trataría, cuestión no sencilla, de generalizarlos. En primer lugar, la consideración del inmigrante como sujeto de derechos y deberes. Normalmente se insiste sobre estos últimos, pero nos encontramos con que se regatea el derecho a la documentación, a regularizar su situación, el derecho a “tener papeles”. Necesitamos, igualmente, ganar a amplios sectores sociales para actitudes más abiertas, receptivas y positivas, hacia las gentes inmigrantes. La afirmación de derechos y una visión respecto a la inmigración que la contemple en su integridad humana, y no como simple mano de obra, compartida por amplios sectores sociales es lo que puede, y debe, fomentar prácticas administrativas más inclusivas en los diversos campos.

4. Para el colectivo ecuatoriano que se encuentra en las fases de llegada y asentamiento, como para todos los recién llegados, los factores que actúan como principales obstáculos y factores de exclusión lo constituyen la situación irregular, una inserción laboral precaria, a menudo en la economía sumergida, y el acceso a la vivienda. En particular, la conjunción entre economía sumergida y situación irregular aparece como un factor esencial, el más negativo, del actual proceso de inserción. Al mismo tiempo, constituye un problema muy complejo, sin soluciones definitivas a corto plazo.

Como se ha insistido en este texto, dicho problema cabe tratarlo desde dos perspectivas. Una es la perspectiva policial y restrictiva, que en la práctica castiga al inmigrante cuando no es responsable sino víctima. Como muestra la experiencia española bajo el gobierno del PP, dicha posición genera un circulo vicioso que, sin eliminar el problema, lo agudiza al consolidar a los inmigrantes indocumentados en una situación de marginación y exclusión sin salida.

La otra perspectiva apuesta, sin negar los aspectos contradictorios del problema, por una gestión inclusiva que se asiente sobre tres principios. Uno es el principio de realidad.  Es decir, reconocer que la bolsa de indocumentados constituye un elemento estructural que no cabe negar, sino más bien paliar, limitar sus efectos negativos y establecer las bases para –a largo plazo— eliminar. Supone, igualmente, una reflexión autocrítica sobre los problemas de nuestra normativa particularmente en aquellos aspectos, como la identificación entre contrato de trabajo y residencia legal, que se muestran más irreales y generadores de problemas.

Cabría, en segundo lugar, afirmar el principio de buscar soluciones. En este trabajo se han avanzado algunas líneas: establecer procedimientos ordinarios que permitan la regularización de quien aquí vive y trabaja, tanto por razones pragmáticas como por valores democráticos; avanzar, seguramente a medio plazo, en el sentido de desvincular el permiso de residencia y la situación laboral del inmigrante. Se trata, en mi opinión, de que la normativa no constituya, por irreal, una fuente de disfunción, problemas y exclusión.

El tercer principio, en fin, hace referencia a la primacía del derecho, de los derechos y de los valores democráticos. Se refiere a que en nombre de la “seguridad”, el “interés nacional” o la “lucha contra la inmigración ilegal” no se pueden limitar los derechos fundamentales de los “sin papeles”, ni establecer ciudadanos de primera y segunda, ni legitimar indeseables bolsas de exclusión socio-étnica que pueden ser muy rentables para determinados intereses económicos, pero que constituyen “bombas de relojería” para una sociedad que se pretenda multicultural, cohesionada y democrática.

La actual normativa de extranjería, LOE 14/2003, tanto en su articulado como por su filosofía, no parece compatible con los criterios aquí expuestos. La actual Ley y la gestión de la inmigración que muestra forman, a estas alturas, más parte del problema más que de la solución. Más bien, su única virtud la constituye señalar una serie de errores a no repetir. 

5. Una alusión, al menos, sobre la vivienda. El acceso a la vivienda constituye otro elemento básico del proceso de inserción, tanto por lo que hace a unos mínimos de calidad de vida de los inmigrantes, como por sus repercusiones sobre las dinámicas de interrelación que ya están en marcha en muchos barrios de nuestros pueblos y ciudades. La vivienda en España no es solo un problema para los inmigrantes, sino un problema que afecta a amplios sectores populares, dado sus precios.

Una política más inclusiva no se resuelve con medidas específicas para inmigrantes. Debe cambiar el cuadro de conjunto y apostar por una política decidida de vivienda social y de regeneración social y urbanística de las zonas degradadas de los centros urbanos y de los barrios populares, donde habitan tanto inmigrantes como los nacionales de menores recursos.

6. Una inmensa mayoría de la inmigración es muy reciente y está marcada, lógicamente, por las necesidades más acuciantes de los períodos de llegada y asentamiento: la documentación, la inserción laboral y la vivienda. Ello no debería hacernos olvidar otras dimensiones del proceso de inserción, como la socio-cultural e identitaria, que ya están actuando y que serán decisivas en un futuro próximo, cuando los hijos e hijas de los inmigrantes que hoy están en primaria se consoliden como “segunda generación”, con identidades mestizas.

7. La inserción de los inmigrantes no hace referencia, sólo, a la situación de estas nuevas y nuevos españoles. Nos plantea el tipo de sociedad que queremos y las bases, normativas, políticas y de funcionamiento económico y social, que permitan sustentar una convivencia democrática y una integración digna de ese nombre.

A menudo se habla de los problemas que nos plantea la inmigración. Dicho comentario es injusto en un doble sentido. Olvida las aportaciones económicas, sociales y culturales de la inmigración. Atribuye, por otro lado, a la presencia de los inmigrantes una serie de problemas que, parece, anteriormente no existían. Nada más lejos de la realidad. La precarización socioeconómica de los sectores más débiles y con menores recursos en una sociedad más competitiva, la economía sumergida, los problemas de la vivienda, los diversos síntomas de malestar respecto a la identidad y el sentido colectivo, la necesidad de readecuar el Estado-nación y la vieja ciudadanía a los nuevos tiempos... estos problemas no los han generado los inmigrantes. Son nuestros problemas. Simplemente, la presencia de los inmigrantes los hace más visibles al colorearlos étnicamente y hacer más patentes sus consecuencias.

* Francisco Torres Pérez es docente del Departamento de Sociología y Antropología Social,  Universidad de Valencia.  Ponencia presentada en la II Conferencia regional, Migración, desplazamiento forzado y refugio, Quito. Septiembre 2004

Bibliografía citada

APARICIO, Rosa y TORNOS, Andrés (2002) El Estado de Bienestar y la inmigración en España, Madrid, IMSERSO.

ARANGO, Joaquín (2002) “La inmigración en España a comienzos del siglo XXI: un intento de caracterización”, pp. 57-70, en GARCÍA CASTAÑO, F.J. y MURIEL LÓPEZ, Carolina (eds), La inmigración en España: contextos y alternativas. Volumen II. Actas del III Congreso sobre la Inmigración en España. Granada. 

ASEP (1998) Actitudes hacia los extranjeros, Madrid, IMSERSO.

BASTENEIR, Albert y DASSETTO, Felice (1995) “L’intégration des immigrés en Europe: un cadre conceptuel”, pp. 417-430, dans GERARD, H y PICHÉ, V (eds), La Sociologie des populations., Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.

CASAL, Marta y MESTRE, Ruth (2002) “Migraciones femeninas”, pp. 120-167, en Inmigrantes: ¿cómo los tenemos?. Algunos desafios y (malas) respuestas DE LUCAS, J. y TORRES, F. (eds.). Madrid. Editorial Talasa.

CASTELLANOS ORTEGA, Mª L y PEDREÑO CÁNOVAS, A. (2001). “Desde El Ejido al accidente de Lorca. Las amargas cosechas de los trabajadores inmigrantes en los milagrosos vergeles de la agricultura mediterránea”. Sociología del Trabajo nº 42.

COHN-BENDIT, Daniel y SCHMID, Thomas (1996) Ciudadanos de Babel. Apostando por una democracia multicultural, Madrid, Talasa Ediciones.

COLECTIVO IOÉ (1999) Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos, Valencia, Universitat de Valencia.

COLECTIVO IOÉ (2001) Mujer, inmigración y trabajo. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2000) Comunicación 757 sobre una Política Comunitaria de Inmigración. Bruselas.

DE LUCAS, Javier (1998) “La sociedad multicultural. Problemas jurídicos y políticos”,

en AÑON, BERGALLI, CALVO Y CASANOVAS (coords). Derecho y sociedad. Valencia. Tirant lo blanch.

DE LUCAS, Javier (2001) “Sobre las condiciones de la ciudadanía inclusiva (el test del contrato de extranjería)” Hermes, 1/2001.

DE LUCAS, Javier (2002 a) “Algunas propuestas para comenzar a hablar en serio de política de inmigración”,  pp. 23-48, en Inmigrantes: ¿cómo los tenemos?. Algunos desafios y (malas) respuestas DE LUCAS, J. y TORRES, F. (eds.). Madrid. Editorial Talasa.

DE LUCAS, Javier (2002 b) “Problemas teóricos y sociológicos de la inmigración en España”, Sociologia del diritto n 2.

DE LUCAS, Javier (2003) Globalización e identidades. Claves políticas y jurídicas. Barcelona. Centre d’Estudis de Temes Contemporanis.

DELGADO, Manuel (1998) Diversitat i integració. Lógica i dinámica de les identitats a Catalunya. Barcelona. Empúries.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, United Nations (2002). International Migration Report 2002.

DIEZ NICOLAS, J y RAMÍREZ LAFITA, MªJ (2001). La inmigración en España. Una década de investigaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. IMSERSO. Madrid.

GIMENEZ, C (1996). “La integración de los inmigrantes y la interculturalidad”. Arbor 607

GÓMEZ CIRIANO, E. (2001). “Ecuatorianos en España: Historia de una migración reciente”. Madrid. Cáritas Española.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2004 a). Los extranjeros residentes en España.1998-2002, Madrid.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2004 b). Extranjeros en España. Cifras INE nº 3/2004, Madrid.

IZQUIERDO, Antonio (2002 a) “Panorama de la inmigración en España al alba del siglo XXI”, pp. 247-264, en PIMENTEL SILES, M (coord.) Procesos migratorios, economía y personas. Almeria,  Instituto CajaMar.

IZQUIERDO, Antonio (2002 b) “Los preferidos del siglo XXI: la inmigración latinoamericana en España”, pp. 232-250, en GARCÍA CASTAÑO, F.J. y MURIEL LÓPEZ, Carolina (eds), La inmigración en España: contextos y alternativas. Volumen II. Actas del III Congreso sobre la Inmigración en España. Granada.

MARTÍN DÍAZ, E, MELIS MAYNAR, A Y SANZ CASAS, G (2000). Mercados de trabajo e inmigración extracomunitaria en la Agricultura Mediterránea. Junta de Andalucia, Generalitat Valenciana y Diputació de Barcelona.

MARTINEZ VEIGAS, U. (1997). La integración social de los inmigrantes extranjeros en España. Editorial Trotta. Madrid.

MESTRE i MESTRE, Ruth (2004). “Deu ex machina. Trabajadoras migrantes y negociación de la igualdad en lo doméstico”. Cuadernos de Geografía 71/2002. Universitat de València.

RAMÍREZ GOICOECHEA, Eugenia (1996) Inmigrantes en España: vidas y experiencias, Madrid, CIS.

SANTAMARÍA, Enrique (2002). La incógnita del extraño. Una aproximación a la significación sociológica de la “inmigración no comunitaria”, Barcelona, Anthropos.

SAYAD, Abdelmalek (1994) “Qu’est-ce l’intégration?”, Hommes & Migrations 1182, pp. 8-14.

SOLÉ, Carlota (coord.) (2001) El impacto de la inmigración en la economía y en la sociedad receptora, Barcelona, Anthropos Editorial.

TORRES PÉREZ, Francisco (2002 a), “La integración de los inmigrantes y algunos de los desafíos que nos plantea”, pp. 49-73, en Inmigrantes: ¿cómo los tenemos?. Algunos desafios y (malas) respuestas DE LUCAS, J. y TORRES, F. (eds.). Madrid. Editorial Talasa.

TORRES PÉREZ, Francisco (2002 b) “Inserción laboral e inserción social de los inmigrantes en las áreas agroexportadoras mediterráneas. La importancia de los contextos locales”, Áreas. Revista de Ciencias Sociales nº 22, Universidad de Murcia.

TORRES PÉREZ, Francisco (2004 a) “La inmigración en la Comunidad Valenciana. Proceso de inserción, factores de exclusión y requerimientos de inclusión”, pp. 115-155,

en Análisis y propuestas sobre políticas de inclusión. Valencia. Cáritas Comunidad Valenciana

TORRES PÉREZ, Francisco (2004 b) “Les immigrés, le processus d’insertion et les réseaux sociaux à Valence”, Hommes & Migrations 1250, pp. 24-37.

WHITOL DE WENDEN, Catherine (1999) L’immigration en Europe, Paris, La Documentation française.

WIEVIORKA, Michel (ed.) (1992) La France raciste, Paris, Seuil.

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