Autodefensas: entre el abuso y el descontrol
05/03/2013
- Opinión
Tras la entrega de 57 detenidos por la guardia civil de Ayutla, el 19 de febrero, vecinos afirman que continúan las capturas y los retienen en casas de justicia, donde son golpeados y amenazados. La UPOEG lo niega
La tarde declina afuera de la casa de la autodefensa de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) en Ayutla. En una hora, dos señoras y un señor arriban, cada uno por su lado, para preguntar por los familiares que brigadas armadas, algunas con uniformes de "policía comunitaria", sacaron de sus comercios con destino desconocido.
Nadie les da información. Esperan en vano. El hombre, un alfabetizador de educación pública, acepta hablar con EL UNIVERSAL a condición de que no sea revelada su identidad, por miedo a alguna represalia.
Denuncia que en los últimos días su familia ya sufrió dos detenciones arbitrarias, que en el poblado de El Mezón hay decenas de detenidos no entregados al gobierno estatal, y que en las colonias Vicente Guerrero y La Villa se exige a los vecinos participar en los rondines de vigilancia nocturna.
"Antes no se podía vivir aquí, era un martirio", dice sobre la violencia vivida bajo la delincuencia organizada que se frenó tras el alzamiento de la autodefensa, el pasado 5 de enero. "Pero ahora, ¿de la autodefensa también nos tenemos que cuidar?", se pregunta.
El llamado "comandante regional", niega que tengan gente cautiva. Si detienen a algún delincuente "se entrega al gobierno del estado", dice uno de los cinco comandantes que permanecen enmascarados, según él, por seguridad.
El dirigente y fundador de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, en entrevista en Marquelia, responde sobre las acusaciones contra la autodefensa: "Si hay pruebas de que alguien de nuestra gente torturó, que nos lo digan". Y precisa: "Pero que nos lo prueben".
Detenidos en El Mezón
Un compañero del alfabetizador también aceptó hablar pero desde el anonimato. Asegura que la UPOEG tiene cautivas e incomunicadas aproximadamente a 60 personas en El Mezón.
Que es mentira que la autodefensa haya entregado al gobierno estatal a los 57 presuntos criminales concentrados en enero en dicho poblado, en el que se les sometió a juicio popular.
Dice que lo sabe porque un familiar y dos vecinos fueron liberados el pasado fin de semana: fueron detenidos el 6 de enero; los acusaron de secuestradores y descuartizadores.
Tras ser recluidos un mes y tres semanas, los tres presentan marcas de golpes. Niega la posibilidad de un encuentro con ellos; están aterrados, bajo amenaza.
"Al principio los golpearon mucho, no los dejaban ir al baño, los soltaron con la condición de que tienen que ir a firmar cada quincena. Y los tienen amordazados, pues les dijeron que si hablan, los vuelven a agarrar".
Autodefensa sin legitimidad
En los últimos cinco meses en Guerrero surgieron cinco guardias ciudadanas indígenas en los municipios de Olinalá/Cualac, Huamuxtitlán y Tixtla, en la zona baja de la Montaña; Ahuehuepan, en la zona del Río Balsas; la de Ayutla/Tecoanapa, en la Costa Chica, y una de carácter mestizo en Coyuca y Acapulco.
El antropólogo mixteco Jaime García, del Centro de Estudios y Autogestión de la Montaña, dice que las expresiones indígenas brotaron por el hartazgo ante la violencia criminal.
No obstante, observa que mientras tales autodefensas buscan crear policías ciudadanas vinculadas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la de la UPOEG, que ya pertenece a la misma, pareciera ir en sentido contrario.
La CRAC-PC se fundó hace 17 años. Posee un sistema de justicia separado de los cuerpos de seguridad, se apega a los tratados nacionales e internacionales de derechos humanos y busca "reeducar" y reintegrar a los detenidos.
"Responden a un llamado de los pueblos y a ellos les tienen que dar cuentas, y por lo que se ve esto no lo está haciendo la UPOEG", señala.
Dice que la UPOEG nació hace dos años con fines de gestoría social; su cercanía con las autoridades es cuestionada por la CRAC-PC y busca alianzas con políticos y gobierno.
Como prueba menciona la reunión entre Bruno Plácido Valerio, el gobernador Ángel Aguirre y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en el DF. Cuestiona: "¿Cómo un líder indígena local logra esa reunión cuando la CRAC no la ha tenido en 17 años?".
Rondines forzosos y detenciones
En las colonias La Villa y Vicente Guerrero de Ayutla los vecinos deben participar obligadamente en los rondines nocturnos de forma semanal. A las 20:00 horas, un comandante toca las puertas de una calle determinada para que salgan los hombres y formen la brigada.
El alfabetizador narra el suceso. Dice que el comandante amenaza a los hombres: "Que si no van a ser guardias los encerrarán por tres meses".
El rondín dura de las 20:00 a las 5:00 horas. Los vecinos salen con armas de caza o machetes. Van en camionetas. Un conserje de una escuela se niega a participar. "Se lo llevaron amarrado y así lo trajeron tres días", menciona.
En la casa de Ayutla, una señora busca a su hija. Dice que una camioneta blanca con hombres de uniforme con la leyenda "policía comunitaria" se la llevó de su comercio a las dos de la tarde, en compañía de una embarazada.
La señora va con otra de sus hijas. Preguntan por ellas. Las dos esperan. Y esperan. "No es justo que nos tengan así, queremos saber dónde está mi hermana", se queja la muchacha.
A la mujer la liberaron en la madrugada, junto con seis personas. No le hicieron daño. Los comandantes justificaron que por "razones de seguridad" no informaron a su familia dónde la tuvieron cautiva. Le advirtieron que cuidara no tener clientela "de los malos".
Esa es la nueva realidad que testifican desde el anonimato, con miedo, pobladores de Ayutla de los Libres.
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