En estas últimas semanas el país ha vivido una de las peores crisis políticas de lo que va del régimen del presidente Alejandro Toledo y nunca como ahora, el tema de su renuncia o vacancia ha sido tan inminente. La situación llegó al extremo que su nivel de aceptación alcanza apenas el siete por ciento, el último gabinete que presidía el primer ministro Carlos Ferrero estuvo a punto de ser censurado en el Congreso ?faltó apenas un voto para ello- y su recambio ha sido el primer paso para tratar de superar la situación. A ello se ha sumado un reciente escándalo protagonizado por el ex jefe de los servicios de inteligencia, César Almeyda ?hombre de confianza de Toledo-, con la divulgación de un audio de las negociaciones que hacía con un general del Ejército que fue uno de los cajeros de Montesinos y que luego se suicidó estando con prisión domiciliaria. Este hecho, que se suma a otras denuncias de corrupción de prominentes miembros del gobierno, fue el detonante de la crisis que llevó a que unánimemente, desde los partidos de oposición y la mayoría de los sectores de la sociedad civil, se demandara la salida de Toledo; situación que incluso motivó a que la Organización de Estados Americanos (OEA) tuviera que intervenir llamando a todos los sectores sociales y políticos a defender la democracia y pidiendo su apoyo para evitar salidas que pongan en riesgo los precarios márgenes democráticos. Los factores de la crisis La grave situación política que atraviesa el país no es sino la expresión acumulada de una crisis mayor que arrastra cuestiones de fondo y que explican el entrampamiento de un proceso de transición democrática que enrumbó por caminos erráticos; a esto se han sumado un conjunto de desaciertos que han tenido como protagonistas al propio presidente Alejandro Toledo, su descompuesto partido Perú Posible y que han sido aprovechados por la mafia fujimontesinista que sigue dando muestra de que goza de buena salud y vitalidad. Como ya lo hemos señalado anteriormente, la transición democrática entró en crisis y se estancó desde el momento que el presidente decidió ignorar la voluntad de cambio que exigían los sectores sociales y populares que lo llevaron al poder. Mantener una política económica neoliberal que en poco se diferenciaba con el fujimorismo ha sido suicida para el régimen. Persistir en un modelo que sólo beneficia a las transnacionales y los grupos económicos y financieros, ha llevado al gobierno a un aislamiento con el movimiento social, a una crisis total con la base social que lo eligió. Los llamados poderes fácticos ?económicos y militares- enfrentan, sin embargo, una situación contradictoria, que explica su desconcierto en la crisis actual. Por un lado, son los beneficiarios directos de la política económica, y por otro, se resisten a reconocer el liderazgo político del presidente Toledo, quien, por cierto, les ha dado más de un motivo o pretexto para este juego, con su pésima gestión. Escándalo tras escándalo La actual crisis en realidad ha venido embalsándose particularmente en el último año. O si no recordemos los cambios que se han operado en el régimen en este lapso: la caída del primer ministro Luis Solari ?un hombre fuerte del partido de Toledo- y su reemplazo por Beatriz Merino, quien también cayó a fines del año pasado, arrastrada por acusaciones de nepotismo y escándalos de orden personal. El actual premier Carlos Ferrero no escapa de esta crisis pues ni siquiera ha podido ejercer realmente su cargo. A ello hay que sumar la obligada y bochornosa renuncia del primer vicepresidente y ministro de comercio exterior Raúl Diez Canseco, la salida del ministro de Trabajo Jesús Alvarado ?secretario general del partido de gobierno-, la caída de la ministra de la Mujer Nidia Puelles a cuatro días de asumir el cargo, y lo último, el escándalo del ex jefe de los servicios de inteligencia, abogado y hombre de confianza de Toledo, César Almeida, vinculado con la mafia fujimontesinista. Todos por denuncias de corrupción, sus protagonistas son militantes de Perú Posible, un partido en franco proceso de descomposición que se ha convertido en uno de los factores que ha contribuido también a agravar el escenario de crisis. Hay que mencionar, sin embargo, otros factores que han abonado a llevar la crisis política a los límites en que hoy se encuentra. La rearticulación de la mafia y la sensación creciente en la ciudadanía de que este régimen no es ajeno a ella; un ineficaz poder judicial incapaz de juzgar y sancionar la corrupción; la gran mayoría de la prensa escrita y televisada en una asfixiante oposición al régimen; los partidos de la derecha neoliberal que aprovechan los desaciertos del gobierno para golpear aunque apoye la política económica, el Partido Aprista con su vieja política de dos cañones, ligado a la corrupción y con una pésima gestión al frente de los gobiernos regionales; y finalmente, la presencia de un movimiento social que no renuncia a exigir y luchar en las calles por sus justos derechos económicos y mayores fuentes de trabajo. Cambios cosméticos Es pues todo este conjunto de hechos lo que explica la situación actual de crisis y entrampamiento de la transición y frente a lo cual se vienen planteando una serie de salidas, que surgen justamente desde quienes han contribuido a la crisis; salidas que por cierto, no están apuntando al fondo del asunto sino que obedecen a cálculos políticos y electorales, o que giran alrededor de formalismos legales o jurídicos. La caída del presidente Toledo es hoy por hoy una posibilidad vigente. Sin embargo, frente a lo grave de este hecho, se ha optado por una salida intermedia, con la conformación de un gabinete ?conversado? de tecnócratas independientes y profesionales ?aunque manteniendo a casi la mitad del anterior-, manteniendo al actual primer ministro Carlos Ferrero, las mismas prerrogativas presidenciales y descartando las propuestas que planteaban un ?presidente que reine pero no gobierne?. Sin duda la presencia más polémica es la de quien fuera primer ministro de Economía de Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, quien retorna a esa cartera y pretenderá retomar seguramente el camino de las privatizaciones, hecho que ya le costó su caída en junio del 2002, cuando pretendió vender las empresas eléctricas regionales. De manera que la salida por la que se ha optado no es necesariamente garantía de estabilidad o gobernabilidad y conlleva el riesgo de una nueva crisis, pues no se quiere ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión nos dice que el país tiene necesidad de un norte claro y alternativo frente a un sistema que ni funciona ni representa las aspiraciones de las grandes mayorías de los peruanos. Más aún cuando, las propuestas de salida se han restringido sólo al ámbito de los desgastados partidos políticos, al anodino Acuerdo Nacional o a los grupos de poder económicos, sin escuchar las voces que provienen de los sectores sociales y populares. Oportunidad para reorientar el país Si convenimos que no es solo el gobierno el que está crisis y que ésta abarca a los partidos políticos, al Congreso y al Poder Judicial -todos ellos compartiendo el mismo descrédito- tenemos que entender que una salida que ha surgido de este entorno no es garantía de nada. Es necesario tomar en cuenta las demandas de los sectores sociales a los que los partidos hace rato dejaron de representar y que vienen exigiendo el cambio de la política económica, reforma tributaria y la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente, lo cual implica apuntar a cambios estructurales del Estado orientados a construir una nueva República. La crisis actual nos plantea la oportunidad de poner no sólo en debate sino asumir de manera decidida las acciones para resolver aspectos sustanciales para dar estabilidad a la transición democrática y garantizar la gobernabilidad. Una democracia que vaya de lo formal o representativa hacia la democracia participativa, la revocatoria a todo nivel de las autoridades, modificar el sistema presidencialista actual por un régimen parlamentarista, fortalecer el proceso de descentralización con recursos para las regiones, la cuestión del régimen económico y el nuevo rol del Estado en la economía, la defensa de sectores claves como la agricultura, la educación y la salud, entre otros aspectos, pasan por el debate de una nueva Constitución Política; que por cierto, reemplace al actual mamotreto constitucional que fue hecho a la medida del la cleptocracia fujimontesinista. De manera, que como lo han sostenido representantes de los sectores sociales y movimientos gremiales, la crisis actual no se resuelve sólo con un nuevo gabinete u otros gobiernos que actúen dentro los parámetros en que se ha venido moviendo el régimen toledista. La convocatoria a una Asamblea Constituyente y acciones concretas como el cambio de la política económica, permitirían al nuevo gabinete dar curso a una salida electoral ordenada; es decir, una suerte de gabinete de transición. De esta manera la crisis actual habrá constituido entonces una oportunidad para enfrentar no sólo las urgencias de la hora actual sino para reorientar el curso del país y sentar las bases de una nueva República y fortaleciendo la democracia.