¿Justicia, o justicia descolonizada?

16/03/2012
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Nada me ha parecido tan monocultural y colonial en los últimos días, que los cuestionamientos irreflexivos al Magistrado Aymara Gualberto Cusi. ¿Por qué monoculturales y coloniales? Porque nadie echa el grito en el cielo porque la justicia “ordinaria”, de factura occidental-moderna -de los jueces y fiscales de traje y corbata- usen la biblia y recurran al dios hebreo para tomar declaraciones o realizar juramentos. Para conocimiento de los críticos, no existe ejercicio de la justicia ni del derecho al margen de una religión o de una espiritualidad. Por lo tanto, creer que existe o que deba existir una justicia “positiva” despojada de valores espirituales o religiosos, transversal a todas las culturas, es tanto como desear que la justicia y el derecho puedan ser posibles al margen del tiempo y de espacio.
 
Está la otra noticia de que Bolivia no es un país monocultural, aunque debemos aceptar que continúa siendo sumamente autocolonial en campos como la educación, la economía y la política, especialmente cuando encontramos que quienes se declararon aymaras o quechuas antes de asumir cargos de autoridad, ahora asumen posiciones coloniales, es decir, no-aymaras no-quechuas, contra una de las pocas autoridades judiciales que aún es consecuente con la cultura de la cual proviene, y con la posición indígena de la descolonización.
 
La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional establece el principio 3, que a la letra dice: “Interculturalidad. Reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en busca del vivir bien.” No se trata de un principio contra la cual se esté practicando la lectura de la coca, a la hora de tomar decisiones judiciales. Esta práctica es idéntica a la posiciones religiosa de quienes se encomiendan a dios, para obrar consciente o inconscientemente mal o bien.
 
A estas alturas del Estado Plurinacional, todos ya deberíamos saber que no podemos obligar a nadie a renunciar a sus prácticas culturales, creyendo que sería posible “sentir”, “saber”, “actuar” y “poder” al margen de una identidad cultural, religiosa o espiritual. Nada más anticonstitucional, porque se supone que “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión.” (Art. 4 de la CPE). Y no existe ninguna norma, reglamento o ley que prohíba consultar a la hoja de coca para administrar justicia, así como tampoco ninguna norma que prohíba a tod@s los tributarios de la justicia “ordinaria” persignarse o jurar, antes o después de ingresan a un juzgado, antes o después de asumir algún cargo en el Ministerio Público.
 
En todo caso, no corresponde a los no-aymaras o no-quechuas criticar si un magistrado del estado PLURI-nacional hizo bien o mal al articular sus decisiones judiciales a la práctica de la espiritualidad de la Pachamama. Ese juicio le corresponde a los mismos aymaras y quechuas, pero no a quienes viven bajo la sombra de la cultura occidental-moderna. Para las culturas andinas, “ser”, “saber” y “hacer” justicia consiste en practicar cotidianamente la espiritualidad de la Pachamama, y parte de ello es la consulta a la hoja de coca. De ese modo, nuestra espiritualidad se encuentra constituida sobre la justicia y la justicia sobre nuestra espiritualidad. Lo contrario, es decir el derecho supuestamente “positivo”, sólo es posible en la cultura occidental, a la que nunca nos cansaremos de criticar por ser origen de la mayor parte de los males de este mundo, depredado por el capitalismo y por su concepción de justicia y de derecho.
 
- Sen. Carmen García Mamani, Asambleísta Indígena-Quechua.
 
 
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